Axel Kicillof en Misiones con el gobernador Hugo Passalaqua. Sergio Uñac en La Pampa con Sergio Ziliotto. Sergio Massa en San Fernando con La Liga de intendentes. Distintas vertientes del peronismo nacional hermanadas en un acto en homenaje a José Manuel de la Sota. Un esquema legislativo compacto sostenido por distintas vertientes del justicialismo. Las postales se repiten en el tiempo y empiezan a formar una línea de actos regulares.

Las distintas vertientes del justicialismo siguen transitando por separado el proceso de reorganización del espacio político. Las heridas internas siguen vigentes, pero todas las tribus parecen caminar en un sentido. Entienden que hay que acumular señales de unidad con el pasar de los días. Todas sirven para mejorar el clima en la convivencia interna y mostrarle al Gobierno que existe la posibilidad de articular las diferencias.

El gobernador de Misiones recibió en los últimos dos meses a Uñac, los integrantes del PJ Federal y Kicillof. Está jugando su propio juego en la provincia, donde hace pocas semanas firmó el divorcio con Carlos Rovira, el caudillo todopoderoso que mantenía el control político del partido provincial desde principio del milenio.

Los dirigentes de las tres vertientes del peronismo le plantearon lo mismo: la necesidad de armar un gran frente nacional para enfrentar al gobierno de Milei. Quienes integran la estructura principal del peronismo quieren a Passalaqua adentro de la alternativa nacional. Y el misionero ha dado claras muestras de querer acoplarse.

En San Fernando, Massa mantuvo un encuentro con un puñado de intendentes que han tratado de aislarse de la interna bonaerense. Estuvieron Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar) y Gastón “Gato” Granados (Ezeiza), entre otros. Asado de por medio, en la conversación el líder del Frente Renovador dejó en claro que la unidad es el factor central para ser competitivos el año que viene.

La reunión no tiene personajes nuevos en sus filas, pero sí deja expuesta la convicción de trabajar con un mismo objetivo. Deben fortalecer la estructura política del peronismo bonaerense y bajar el ritmo de la interna de poder. Tanto Massa como los intendentes de La Liga intentan tomar distancia del conflicto kirchnerista y evitar desgastarse en esa pelea que varía entre los momentos de mayor y menor intensidad.

Desde el sur también llegan señales de unidad importantes. El último fin de semana el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, fue proclamado como el nuevo presidente del PJ de Santa Cruz. Lo logró con una lista de unidad, luego de que se bajaran otras dos listas representadas por Pablo González y Javier Belloni.

Grasso tiene en su hoja de ruta la intención de contener a distintos sectores del peronismo santacruceño y revitalizar el partido de cara a las elecciones del año que viene. Enrolado en el PJ Federal, el intendente pretende trabajar en cerrar heridas y contener a distintos sectores del justicialismo, para lograr una mayor fortaleza territorial. El objetivo de máxima está claro: tratarán de que un peronista vuelva a gobernar la provincia y dé por terminada la etapa de Claudio Vidal.

El encuentro de dirigentes peronistas en el homenaje a José Manuel de la Sota dejó una buena sensación en el peronismo. Muchos de los presentes consideraron que fue un gesto de buena voluntad haber asistido al encuentro sabiendo que se iban a cruzar con dirigentes con los que no tienen la mejor relación.

El ejemplo más claro quizás haya sido el de Massa y Juan Schiaretti. El “Gringo” jugó a favor de Milei en el balotaje del 2023 y dejó que se abriera fuego contra el entonces candidato del peronismo cuando puso un pie en Córdoba. Señales claras de la política electoral. El martes ambos estuvieron sentados en la primera fila del auditorio que homenajeó al ex gobernador de Córdoba.

Entre los presentes muchos decodificaron que el lugar de pertenencia, en algún punto, los une a todos. Desde el peronismo cordobés hasta el kirchnerismo. Aun en sus grandes diferencias. Todos son peronistas. De izquierda o de derecha, del sector sindical o de las tribus más conservadoras del interior. Pero todos son parte del mismo partido y deben interpretar que las circunstancias y las necesidades los obligan a una convergencia para forjar el armado de una gran alternativa nacional.

Tras la caída de los estandartes libertarios de la lucha contra la corrupción, por el caso Adorni, y la diferenciación de la “casta”, el Gobierno despliega una nueva batalla cultural y reacomoda el orden de los emblemas. Además de la causa Malvinas, que Javier Milei abraza desde la semana pasada como flamante bandera principal de La Libertad Avanza (LLA), el Gobierno se volcó de lleno a la discusión sobre inseguridad, reflotada con fuerza por el fallo de la polémica jueza que frenó la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires.

La medida de titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Pascual y el video que exhibió su postura en un caso de asesinato cometido por un menor, le dejaron servida al oficialismo la disputa contra el kirchnerismo. “Nos la ponen fácil”, reconocieron con satisfacción en la Casa Rosada.

En un momento incómodo para la Casa Rosada, que acumula derrotas en el Congreso y teme por el futuro de la reforma política, la viralización de la grabación de una antigua, indignante entrevista de Pascual fue vivido como un triunfo. El golpe final, a su favor, dijeron, en las disputas con la oposición por la “narrativa” de los temas de la agenda pública.

La batalla en ese terreno se les había hecho cuesta arriba con el capítulo de la ley de Tierras de la ley de “inviolabilidad de la Propiedad Privada” de Federico Sturzenegger, que terminó cayendo estrepitosamente en el Congreso. Y el tema de la aplicación de la ley penal juvenil hizo sentir cómodo y seguro al oficialismo en las últimas 48 horas.

La inseguridad, de hecho, empieza a subir, según algunas consultoras, en la lista de prioridades de los argentinos. Y en el Gobierno dan por descontado -y esperan- que sea uno de los grandes ejes de discusión en la campaña bonaerense.

Mientras enfrentan un panorama complicado en el Congreso —con la reforma política trabada y, ayer mismo, un revés legislativo por el tema del endeudamiento y los fondos para discapacidad—, se abrazaron al efecto político del caso de la jueza Pascual

El respaldo de Mauricio Macri a la postura del oficialismo en la confrontación con Axel Kicillof fue música para los oídos libertarios, que vislumbran una alianza con el PRO en la Provincia. Mientras Diego Santilli, jefe de Gabinete y aspirante libertario a disputar la provincia de Buenos Aires en 2027 se ponía al frente de los cruces contra la cuestionada jueza bonaerense.

El humor libertario en la Provincia contrasta con los últimos indicadores económicos, que aparecieron en rojo, ayer, y con el clima en el Congreso nacional. Al punto de que, en medio de los tropiezos por la discusión sobre la creciente morosidad, y en plena sesión, Karina Milei tuvo que acudir al Palacio Legislativo.

Sin embargo, mientras la oposición festejaba haber logrado sesionar a pesar de la resistencia oficialista y haber emplazado la discusión en comisiones, en Balcarce 50 hacían una lectura opuesta y se mostraban triunfales. “Salió incluso mejor de lo esperado”, dijo un funcionario. “Con los plazos previstos anteriormente, no pudieron tratar proyectos sin dictamen y lo pasamos a comisiones, y todo lo que lo que se dictamine no tendrá costo fiscal”, agregó.

En paralelo a la ola de funcionarios, tuiteros que se sumaba, junto al propio Milei, a la discusión sobre la inseguridad en PBA, la administración libertaria se mostraba decidida a no dejar caer la causa Malvinas. Un tema que funciona como consenso transversal y genera bajo desgaste político, al que el Presidente no dejó de referirse en sus últimas alocuciones, incluyendo la reunión de Gabinete del lunes, y su discurso de ayer por la mañana en la inauguración del Museo de los Granaderos. Y desde los comunicados oficiales de la Oficina del Presidente, y de la Cancillería.

Según adelantaron en la Casa Rosada, el tema de las Islas probablemente vuelva a aparecer en la reunión que convocó el Presidente con diputados y senadores propios prevista para el lunes por la tarde en Casa Rosada, a pesar de que el motivo original del encuentro sea analizar la economía y generar “cercanía” entre el jefe del Ejecutivo y los legisladores de LLA.

La lectura que se hace en el oficialismo es que entre un Congreso hostil y una economía que no da respiro, Malvinas y seguridad le permiten a Milei disputar la agenda pública sin depender enteramente de las variables económicas ni de los números en las comisiones y el recinto.

La pregunta que queda abierta es cuánto puede durar ese efecto antes de que la realidad legislativa y económica vuelvan a imponerse. Con la reforma política empantanada, el frente parlamentario complicado, en la Casa Rosada saben que la ventana para sostener esta agenda alternativa no es ilimitada.

El primer ministro británico, Andy Burnham, prometió este miércoles ante la Cámara de los Comunes que el Reino Unido será “implacable” en la defensa del derecho de los isleños de Malvinas a ser británicos, en una sesión parlamentaria dominada por el debate sobre el gasto en defensa y el recrudecimiento de las tensiones con Argentina.

“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos. Esto nunca cambiará con este gobierno, y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo”, afirmó Burnham durante la sesión de preguntas parlamentarias. El premier no citó por su nombre a Milei ni a Argentina en ningún momento de su intervención.

La sesión fue impulsada por la líder conservadora, Kemi Badenoch, quien planteó el tema de las Islas Malvinas directamente. “No es ningún misterio que Argentina está ahora amenazando a las Malvinas (…) y tenemos que mostrar que la soberanía de este territorio británico no es negociable”, afirmó, según consignó EFE. En otro pasaje de su intervención, Burnham prometió el mayor presupuesto de defensa desde la Guerra Fría.

En 2013, un referéndum celebrado en el archipiélago del Atlántico Sur —bajo administración británica desde 1833— arrojó resultados contundentes: el 99% de los participantes eligió permanecer bajo soberanía del Reino Unido. Esos resultados son desde entonces invocados por todos los gobiernos británicos para zanjar la cuestión de la soberanía.

Burnham mencionó a las Islas Malvinas (utilizó el nombre “Falklands”) en un solo momento durante la sesión, que se extendió por más de una hora, en respuesta a la pregunta de la legisladora Badenoch sobre el gasto en defensa y la cesión de las islas Chagos. “No vamos a entregar nuestra base en (la isla) Diego García. Estamos en conversaciones con Estados Unidos sobre eso, y siempre respetaremos el derecho de los isleños de las Malvinas a elegir ser británicos. Eso nunca cambiará bajo este gobierno, y seremos implacables en defenderlo”, sostuvo.

Con relación a los cuestionamientos sobre el gasto en defensa, indicó: “Cumpliremos nuestro compromiso con la OTAN: 3,5% para 2035, con una fecha objetivo para el 3%, y todo eso se detallará en la revisión de gasto”. Y agregó: “Este canciller, más que ningún otro, estará dispuesto a proveer ese financiamiento a nuestras Fuerzas Armadas. El compromiso de este gobierno con la defensa del país es absoluto”.

Un día antes a la presentación de Burnham, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, compareció ante el Parlamento y buscó bajar la tensión: “El Reino Unido quiere continuar manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina con respecto a un rango de intereses compartidos”, indicó en su exposición.

La cuestión Malvinas se reactualizó el viernes pasado, cuando Milei afirmó que “corren vientos favorables” al reclamo argentino sobre las islas, después de que el presidente estadounidense Donald Trump se mostrara dispuesto a “revisar” la tradicional postura de neutralidad de Estados Unidos en el conflicto.

Milei fue más lejos y avanzó con denuncias y sanciones a las compañías extranjeras que extraigan recursos naturales —principalmente petróleo— de las islas “sin autorización argentina”.

En esta línea, y en paralelo al debate en Westminster, el gobierno argentino intensificó su ofensiva judicial e inició procedimientos sancionatorios contra otros 15 empresarios que habrían violado las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, que prohíbe realizar actividades hidrocarburíferas en aguas circundantes a las Malvinas sin autorización argentina. La medida se suma a otros procedimientos ya iniciados.

Entre los nuevos alcanzados figuran Shlomo Eliahu Holdings, accionista de Navitas Petroleum, de Israel; cuatro accionistas de Rockhopper Exploration: Aberdeen Group y HBOS Investment Fund Managers, del Reino Unido; SMR Advisors, de Mónaco; y Mizrahi Tefahot Bank, de Israel. También quedó incluido David Harry Williamson Dobson, presidente no ejecutivo de Borders & Southern Petroleum, compañía dedicada a la exploración de hidrocarburos en las islas desde hace años. Dobson, financista con trayectoria en minería y petróleo, fue uno de los fundadores de Kirkland Lake Gold y tiene residencia en Mónaco.

La lista suma además a seis accionistas y directivos de Eco (Atlantic) Oil & Gas: Gil Holzman, cofundador y CEO; Keith Hill, con más de cuatro décadas en exploración y exdirectivo de Shell y Occidental Petroleum; Peter Nicol, exresponsable del sector petrolero en Goldman Sachs; Alan Friedman, abogado y cofundador de la empresa; Gadi Levin, director financiero; y Alice Carroll, vicepresidenta de Desarrollo de Negocios. Eco Atlantic busca obtener exposición a la licencia PL001 offshore Malvinas mediante la adquisición de JHI Associates, cuya licencia es lindera al proyecto Sea Lion.

Entre los proveedores estratégicos alcanzados por las sanciones sobresale Bluewater, empresa neerlandesa propietaria del buque Aoka Mizu, la plataforma flotante de producción prevista para Sea Lion.

El gobierno además realizó una denuncia penal ante la Cámara Federal porteña, a cargo del canciller Pablo Quirno con patrocinio del procurador del Tesoro Sebastián Amerio, contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. La acusación invoca el artículo 7 de la Ley 26.659, que establece penas de entre cinco y diez años de prisión. “La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, se indicó desde la Oficina del Presidente en un comunicado.