En lo alto del Gobierno aseguran que está totalmente descartado apelar al financiamiento extranjero y, en particular, de Estados Unidos para la construcción de la ambiciosa base naval integrada de Tierra del Fuego a la que el Presidente designó una primera partida esta semana.

Según pudo confirmar Infobae, en los últimos días se aceleraron las conversaciones con la administración Trump sobre la base que anunció Alberto Fernández en 2022 y que Milei se comprometió a construir el jueves por la noche en la cadena nacional donde también anunció una reforma para impulsar sanciones a las compañías o Estados que realicen actividad ilegal en la zona. “Cualquier base naval del mundo necesita y usa colaboración”, deslizaron. Pero, aseguraron, esa ayuda no será por erogaciones.

Milei apeló a una medida disruptiva en torno a la única causa que une a todos los argentinos, sin distinciones partidarias. Y en el Gobierno se disparó el entusiasmo perdido. El Presidente logró recuperar el control de la agenda pública y, en principio, el apoyo de la mayor parte del arco político -si bien con matices-. Ahora tendrá que explicar cómo ejecutará las medidas, en especial la de la base naval integrada. Y enfrentar los cuestionamientos de la oposición dura, que por ahora no actuó más que con algunos tuits, pero que, avisa por lo bajo, hará valer otras posiciones en el Congreso.

En rigor, la instalación de una base en Tierra del Fuego ya había sido anunciada en la administración de Alberto Fernández, pero los violetas dicen que la diferencia es que “esta vez sí” se empezarán a “poner los ladrillos” para ejecutar la medida. Sin embargo, cuando se consulta por los detalles, no hay respuesta sino un pedido de paciencia. “Dennos tiempo”, dijo un funcionario.

Después de la cadena nacional sobre Malvinas, Javier Milei pondrá al ministro de Defensa, el teniente Carlos Presti a explicar una de las principales incógnitas derivadas del discurso por cadena nacional: los detalles sobre el financiamiento para la base naval que anunció el jueves.

En el oficialismo miran como modelo la base de Punta Arenas, perteneciente a Chile, que provee servicios que la Argentina “mira desde afuera”, y se ilusionan con generar algo inclusive mejor. Pero el costo, previsto en 300 millones de dólares (hay quienes hablan de 400 o 500 en el propio oficialismo), excede ampliamente cualquier posibilidad presupuestaria del país. En especial, de una administración que milita a rajatabla e incluso contra sus propios intereses electorales el déficit cero. ¿Cómo se va a financiar el resto? “Va a ser sin dudas con fondos propios”, dicen en Balcarce 50, mientras trabajan con el -o los- discursos de Presti, un ministro que en general mantiene muy bajo perfil. Por ahora no hay planes de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, se ocupe del tema en su conferencia de prensa del martes en la Casa Rosada.

En concreto, el DNU 867/26, publicado el viernes en el Boletín Oficial, ya contempla una primera erogación vinculada con el proyecto. Como detallInfobae, dentro del refuerzo de partidas para Defensa aparecen $114.732 millones en adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo, destinados mayoritariamente a las obras de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego. La cifra, que representa una primera señal concreta de financiamiento con recursos propios, está muy lejos todavía del costo total de la obra.

Acudir a fondos provenientes de otros Estados está totalmente descartado, insisten en distintas dependencias nacionales. “Es Argentina”, sostuvo un importante alfil de Milei. No es difícil advertir que la llegada de erogaciones extranjeras generaría una fuerte reacción negativa sobre el manejo y el fin de la base, algo que quieren evitar a rajatabla. En especial después de que Milei anunciara por primera vez, junto a la generala Richardson y frente a marines norteamericanos, en 2024, desde Ushuaia, que planeaba darle impulso a la construcción de la base.

Las suspicacias están a la orden del día. Apenas después del solemne mensaje que emitió Milei hace tres días, varios dirigentes del kirchnerismo y la izquierda aseguraron que el futuro emplazamiento será, directamente, norteamericano.

Pero, a pesar de los cuidados con los fondos, los libertarios le restaron importancia a esos cuestionamientos. Sólo reconocen que evitarán que vengan fondos desde allí.

Sí vislumbran ruidos en el aumento presupuestario para la SIDE que le dio Milei al tema Malvinas junto al de Defensa. Y, así como Presti explicará el financiamiento para la base militar, Cristian Augadra, que rige el organismo de inteligencia bajo las órdenes de Santiago Caputo, no brindará detalles. Los fondos son reservados. Y en todo caso tendrían que darle detalles sólo a la Comisión Bicameral del Congreso, que maneja el libertario (karinista) Sebastián Pareja.

En Balcarce 50, en off, defendieron el destinamiento de los fondos de la SIDE al tema malvinas. “La base y el consejo de seguridad forman parte del refuerzo de la protección del país”, justificaron. Y si bien adelantaron que no habrá más detalles, se mostraron convencidos en que esta vez lograrán aumentar los fondos. Santiago Caputo perdió la pulseada para obtener un fuerte aumento para el organismo el año pasado, cuando por primera vez en la historia el Congreso dio de baja un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Fue una de las grandes derrotas de Javier Milei. Y, esta vez, en el oficialismo creen que saldrá airoso. “Malvinas es una vaca sagrada. Va a ser muy difícil que le pongan peros sin quedar manchados”, sostuvo un colaborador.

Más allá de que el ex ministro de Economía y último candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, mantenga la incógnita y apenas participe en actos públicos, nunca se alejó del día a día del peronismo. Ahora, faltando poco más de un año para las elecciones presidenciales, su espacio empezó a apretar el acelerador, al menos en la provincia de Buenos Aires, donde tiene mayor caudal político propio. Los armadores de su partido político, el Frente Renovador, ya tienen luz verde para construir electoralmente hacia 2027 en el marco de una posible PASO dentro del peronismo, tanto a nivel nacional como provincial.

“Es fundamental en este proceso que nosotros fortalezcamos el territorio. Sergio necesita que, más allá de todo el trabajo que pueda estar haciendo y que va a seguir haciendo para llegar a una disputa, que seguramente va a ser una PASO con otros sectores del campo nacional y popular que también quieren ser gobierno nacional, va a necesitar tener el territorio”, dijo este viernes el diputado provincial y vicepresidente de la Cámara baja bonaerense, Alexis Guerrera. Las palabras del legislador están avaladas por Massa. Es uno de los que ordenan los asuntos que atraviesan al FR en territorio bonaerense. Junto a Malena y Sebastián Galmarini, el diputado provincial Rubén Eslaiman y el ministro de Transporte, Martín Marinucci, comandan las decisiones del sector en la agenda bonaerense.

Los dichos de Guerrera fueron pronunciados durante un discurso con el que cerró un plenario del Frente Renovador en la Cuarta sección electoral, realizado el último viernes.

Allí, Guerrera, fue por más y postuló a Massa para una posible candidatura nacional. Siempre en el marco de una PASO. La instancia de una elección Primaria es el escenario que espera transitar el peronismo para definir candidaturas. Si bien aún faltan varios meses y en el medio puede pasar cualquier cosa, a ese preacuerdo de defender las PASO se llegó semanas atrás cuando gobernadores, Massa, Máximo Kirchner y el senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora, se reunieron en el Hotel Emperador. Como se supo, el tema de las PASO estuvo en la mesa. En esa reunión había al menos dos precandidatos: el bonaerense Axel Kicillof y el propio Massa.

“¿Y por qué decimos que nosotros estamos preparados y Sergio es la figura que está más preparada en la Argentina? La Argentina que nosotros buscamos es esa Argentina en la que el Estado ponga el equilibrio entre el mercado y las familias argentinas. La Argentina va a necesitar, para la reconstrucción, mucho diálogo. Y nosotros ahí encontramos una de las mayores fortalezas de Sergio. Es un hombre de diálogo, es un hombre de construcción permanente, es un hombre que no le tiene miedo a sentarse con ninguno de los sectores de la Argentina. Es un hombre que entiende que es con el campo, que es con la industria, que es con la energía, que es con todos los sectores productivos, que es con las PYMES, pero que es con las familias argentinas trabajando adentro”, fue otro pasaje de Guerrera del plenario del FR en Junín.

Hay cierta expectativa por la construcción en la Cuarta. Se trata de la región noroeste de la provincia, donde el massismo controla los gobiernos locales de General Pinto, Chacabuco y Rivadavia. Sin embargo, la apuesta electoral del FR en la Cuarta sección es el distrito de Junín. Buscará que la senadora provincial Valeria Arata sea la próxima intendenta de ese municipio hoy gobernado por el PRO bajo la jefatura del senador Pablo Petrecca. El intendente interino, que buscará revalidar su lugar, es Juan Fiorini.

Un dirigente que habla diariamente con el ex ministro de Economía reconoce que “Massa va a estar siempre para disputar una candidatura presidencial. Tiene que ver con su personalidad, si ve que es posible, avanza y esta vez no va a ser la excepción”. Lo mismo dijo otro diputado provincial del FR, Carlos Puglelli, que además es el ex intendente de San Andrés de Giles: “Sergio Massa es un actor clave en esa consolidación de la unidad, y es la persona más preparada para la Presidencia”, dijo en declaraciones radiales.

Días atrás también hubo un plenario del Frente Renovador en la Tercera sección electoral, del que participaron legisladores y concejales. Fue en Florencio Varela. Antes los intendentes del FR en la Quinta sección electoral se reunieron en Maipú con referentes del espacio de los 27 municipios que componen la sección. De esa reunión se concluyó que, internamente, el massismo puede dar pelea en 14 municipios. Es parte de la “bandera de largada”, que internamente flameó el ex presidente del Club Atlético Tigre. Los 27 municipios de la Quinta aglutinan más de 1,3 millones de electores y representan aproximadamente el 9,3% del padrón de toda la provincia de Buenos Aires. El 19 de septiembre, el Frente Renovador llevará adelante un encuentro de Juventud. Se especula con que aparezca Massa. Ese mismo día, Kicillof cerrará el plenario federal del MDF, un acto que será en Avellaneda y en el que mostrará el estado actual de su propia construcción política. Sus armadores esperan que haya una masiva convocatoria.

Es en la provincia de Buenos Aires donde el Frente Renovador tiene su armado más sólido con intendentes y concejales propios, además de diputados y senadores bonaerenses dentro de los bloques de Fuerza Patria. Se mueven en un marco de acuerdo con los legisladores del cristinsimo. No así con el espacio del gobernador. El ejemplo más nítido es el posicionamiento de las reelecciones indefinidas. Por ejemplo, mientras el mandatario pide las reelecciones indefinidas de intendentes —que es un tema que se tiene que resolver en la Legislatura bonaerense—, diputados y senadores del Frente Renovador ya avisaron que no van a acompañar cambios a la ley que el propio sector impulsó y que limita los mandatos de los intendentes a una sola reelección.

Además, la senadora Malena Galmarini, pidió formalmente el envío del proyecto de reelecciones a la comisión de Reforma Política, que ella preside. No obtuvo respuesta del destinatario de la nota: el senador kicillofista, Germán Lago. El proyecto en disputa está en la comisión de Legislación General y, según supo este medio, de ahí no se va a mover.

En el MDF plantean que Kicillof tiene la mayoría de los intendentes del peronismo adentro del espacio y que algunos de ellos incluso están en condiciones de pelear por la sucesión de la gobernación bonaerense como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio Alak (La Plata) o Fernando Espinoza (La Matanza), además del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Por lo bajo, en el FR dejan correr que muchos de esos intendentes “están” porque “Axel les garantizó las reelecciones”, pero que “hay que ver qué pasa si no salen; hoy no están los votos”. Se especula que en los próximos días, la Liga de Intendentes —un grupo de jefes comunales que dicen no estar ni con Kicillof ni con La Cámpora y buscan un marco de unidad— se reúna con Massa, tal como lo hicieron esta semana con Máximo Kirchner y tiempo atrás con Kicillof, en lo que fue la presentación de credenciales propias. Entre esos intendentes se anotan quienes están a favor de las reelecciones indefinidas y quienes ya dan por perdida esa batalla y buscan poner sucesores. Por Avenida del Libertador, donde Massa tiene sus oficinas, pasan representantes de -casi- todos los sectores políticos.

En las últimas horas, el massismo también mandó un mensaje a Kicillof a través de la diputada Sofía Vanelli. Fue en el XXII Congreso Provincial de Funcionarios y Funcionarias del Poder Judicial que se llevó adelante en Mercedes. Allí, la legisladora se refirió a las vacantes en la Corte bonaerense, en donde hay cuatro sillas vacías y el Ejecutivo —de 2019 a esta parte— no elevó ningún pliego para cubrir los lugares. “Considerando que pasó tanto tiempo y que no se impulsó ninguna gestión, sería más conveniente que la terna la eleve el próximo gobernador o gobernadora”, dijo, ya que “Axel Kicillof ya está concluyendo su segundo mandato”.

Dentro del peronismo y en la discusión de planos hipotéticos también corre la idea de que Massa podría ser candidato a la gobernación bonaerense. Nadie lo confirma y Massa sigue mirando el mapa nacional. “La unidad es lo más importante”, dijo Massa la semana pasada cuando fue a Rosario a acompañar la presentación de Diego Giuliano y respaldar la construcción del presidente del Frente Renovador en la provincia de Santa Fe. Hoy el esquema de unidad es el escenario que pone al peronismo en un formato competitivo ante Javier Milei, que irá por la reelección. El debate continúa sobre cómo llegar a esa unidad.

Existe un debate muy apasionado en el corazón del establishment industrial acerca del modelo productivo del Gobierno, su impacto en ese sector y su sostenibilidad. Ese debate volvió al centro de la escena pública esta semana, en el marco del evento anual que la Unión Industrial Argentina organizó el miércoles en la sede del laboratorio ELEA y que no tuvo participación del Poder Ejecutivo, con la sola excepción de Pablo Lavigne, a cargo de la secretaría de Coordinación Productiva.

Martín Rappallini, jefe de la UIA, cuidó quirúrgicamente sus palabras: consensuó el discurso con el resto de los miembros del comité, pero dejó algunas definiciones que Lavigne escuchó sin pestañar desde el auditorio. Remarcó que la producción está un 10% por debajo de los niveles del 2022, con caídas en algunos sectores en torno al 25 y el 30%, y destacó la caída en el empleo registrado: según el último relevamiento a mayo de este año, la industria, que concentre el 20% de la ocupación formal del país, perdió 93.760 puestos de trabajo en tres años. El 44,8% pertenece a la provincia de Buenos Aires. “La industria le está poniendo el hombro a la estabilización”, remarcó Rappallini, y agregó: “La economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación, tenemos que mirar la actividad, hay sectores muy golpeados, empresas trabajando por debajo de su capacidad”. Habló también de la contribución del sector con la recaudación -en torno al 30%-, y la preocupación por los altos niveles de contrabando, justo en momentos de definiciones irresueltas en la cúpula de la Aduana: hasta este viernes aún no se había formalizado la renuncia presentada por José Velis, jefe de ese organismo.

El Gobierno sabía que Rappallini expondría las dificultades del sector. Por eso ninguno de los ministros invitados confirmó su presencia. Ni siquiera Diego Santilli. La más llamativa fue sin embargo la ausencia de Mario Lugones, que hasta la mañana del mismo miércoles seguía ratificado entre la lista de invitados a la sede de ELEA en el conurbano: algunos de los organizadores se enteraron que finalmente no iría mientras viajaban esa mañana hacia el Gran Buenos Aires.

Luis Caputo, “Toto”, conoce de primera mano esas demandas. En su momento, la cúpula de la central empresaria le había reclamado una solución a los bienes transables, que produce un 25% de la industria y que sufre el impacto de la competencia con el exterior, en especial con China. El ministro quedó en contestar. Una demanda similar recibió el mes pasado, cuando visitó Catamarca y la licenciataria que fabrica ropa y calzado de seguridad de la marca Ombú le reprochó por la apertura excesiva de la economía.

Caputo oscila en sus respuestas. “La mayoría de los empresarios entiende que tiene que haber un cambio, que es difícil para algunos, que implica que hay que reconvertirse e invertir, algo que no estaban acostumbrados a hacer”, abundó en medio del evento industrial y tras las declaraciones del vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, que lo llamó “un trader que no sabe lo que es un torno”. Moretti no participó del agasajo y rara vez va a las reuniones del comité industrial. Por el contrario, desde esa central aseguran que tanto Rappallini como el resto de los directivos principales apoyan el rumbo del modelo de Javier Milei.

El Presidente es consciente de ese apoyo, más allá de las críticas y el impacto en el sector. Eso explica, tal vez, por qué ha sido hasta ahora una de las variables de su programa que no se permitió modificar. “Voy a redoblar la ortodoxia”, dijo el viernes en Misiones. Satisfecho, todavía, por la repercusión de la cadena nacional del jueves -la grabó en tres oportunidades hasta que se conformó finalmente con el tono del discurso, mientras los ministros esperaban con masitas y Santiago Caputo se encargaba de que trascendiera su sello detrás del éxito de la estrategia comunicacional-, que le permitió copar la agenda mediática con las medidas anunciadas en favor del reclamo de soberanía sobre las Malvinas.

El Gobierno está dividido. Milei es la cabeza de una propuesta de apertura regulada por el mercado y beneficios fiscales para grandes inversiones sin ningún salvavidas para aquellos que no se adapten a las nuevas reglas del modelo. También Federico Sturzenegger, cada vez más resistido puertas adentro. Caputo podría embanderarse en ese bando, pero sabe, íntimamente, que habría que promover algunas concesiones para que el 2027 sea, en términos electorales, “un paseo por el parque”. El ala política, con Santilli y Patricia Bullrich como puntas de lanza, es la que propicia medidas más heterodoxas para paliar el impacto del programa libertario en la industria o en otros rubros castigados como la construcción y el comercio. Una encuesta que se analizó en despachos oficiales arrojó que la “preocupación” en la sociedad por el empleo creció de julio del 2025 a julio último del 30% al 51%. Esa inquietud es transversal a casi todas las provincias, con mayor permeabilidad en territorio bonaerense: cerraron 1.306 fábricas industriales desde mayo del 2023. Dieciocho meses consecutivos de caída.

En ese contexto, el debate en el Senado por el Súper RIGI, que tiene media sanción de Diputados, volvió a colocar a la industria bajo la lupa, y se espera que este martes, en la reunión de la mesa política encabezada por Karina Milei, se analicen los cambios que los senadores aliados propusieron después de una serie de conversaciones con sectores de la industria, en particular la metalmecánica.

El Gobierno llamó a un cuarto intermedio después de que en las reuniones de comisión la senadora Bullrich no pudiera garantizar una respuesta favorable de la Casa Rosada. En especial al pedido para llevar a un piso mínimo del 20% de contratación de proveedores locales respecto de los bienes para el desarrollo de los proyectos de inversión. Y que exista un diferencial del 15% en el precio respecto a los bienes importados para que las empresas argentinas compitan en igualdad de condiciones con los proveedores del exterior, una política aplica, por ejemplo, Brasil, que integra incluso el bloque BRICS junto a China. Hasta ahora, el proyecto de Diputados estipula que ese piso contemple, además de los bienes, obras y servicios, lo que llevaría a que se diluya ese porcentaje en rubros, como gastronomía, logística u hotelería, que se desarrollan de manera natural en el país.

Para la mesa política, ese stand-by en las negociaciones fue una mala noticia porque los reclamos fueron presentados por senadores aliados como Carlos Espínola, Flavia Royón, Maxi Abad o Martín Goerling Lara, que trabajaron con empresarios y en sintonía con el peronismo, con legisladores como Jorge Capitanich, que diseña un plan de gobierno para ofrecerle al peronismo en 2027. “Se van a hacer modificaciones, no se sabe si todas las que están pidiendo, pero eso va a salir”, reconoció una fuente oficial. La letra chica de esas tratativas está en manos de Bullrich, y existieron algunos pedidos al presidente de la Cámara baja, Martín Menem: Santilli recién empezaría a hablar en el tramo final con los gobernadores.

Lo cierto es que el Gobierno sigue con alguna preocupación ese proyecto, también los jefes provinciales, porque existieron episodios en el marco del RIGI ya sancionado que prendieron luces de alerta en un tema de altísima sensibilidad como el empleo local y la industria. El caso más resonante es el de la minería, particularmente en dos proyectos: Río Tinto, en Salta, y Vicuña, en San Juan. La multinacional minera, en su obra de litio en territorio salteño, fue la primera en encender las alarmas con la importación directa de china de galpones metálicos y estructuras para el proyecto Rincón, con precios muy por debajo de la industria nacional, sin aranceles, y por un volumen similar a la capacidad local. Ese debate se trasladó después a San Juan, con el mega proyecto minero que ya se comprometió a desembolsar USD250 millones para la provincia pero que generó un malestar, especialmente dentro de la empresa, por las repercusiones que generó, cuando se adjudicó, según explicaron fuentes locales, un 25% del montaje del campamento Batidero a una UTE liderada por PowerChina. Se trata de 2.500 plazas que el proyecto necesita para este año. Según fuentes provinciales, el 90% de la mano de obra utilizada para el montaje corresponde a trabajo local, algo que desde la industria ya dan por descontado: por eso insisten con incluir entre las modificaciones esenciales al Súper RIGI que el piso mínimo del 20% quede exclusivo para “bienes”.

Ese revuelo hizo que el gobernador Marcelo Orrego apurara una ley de “compre local” enfocada en el desarrollo minero que había comenzado a trabajarse mucho antes de la polémica con Vicuña.

El debate por la importación de bienes chinos y el impacto en la industria local alcanzó incluso a la industria minera, una de las actividades centrales que motorizaron el crecimiento de la economía en estos años. “No nos podemos pasar de rosca”, admitieron fuentes del sector. Franco Mignacco, de la minera Exar, con proyectos en Jujuy, a cargo del departamento alusivo en la UIA, es consciente de esa discusión interna que llegó a oídos del Gobierno. Incluso surgieron versiones de alguna discrepancia del ministro Caputo con José Morea, el country manager de Vicuña Corp, un egresado del cardenal Newman muy vinculado al canciller Pablo Quirno que quedó en el ojo de la tormenta.

¿Ilusión u optimismo? Ese debate en el establishment industrial animó a un sector a pensar en una serie de alternativas al proyecto de reelección de Milei que llegaron a poner incluso otra vez como candidato a Mauricio Macri -un intento fugaz, por cierto- o a Bullrich, que todavía aparece como opción de parte del círculo rojo.

Pero el deterioro del empleo formal, la inestabilidad del repunte económico y el bajo consumo son algunas de las variables que entusiasman al peronismo, que se debate entre la ilusión de volver al poder y el optimismo por una derrota de La Libertad Avanza el próximo año. “Creemos que el Gobierno puede perder, el problema es que no sabemos si nosotros podemos ganar”, resumió un dirigente bonaerense que trabaja en una alternativa.

Ese optimismo peronista está alimentado, en buena medida, por el impacto del programa económico en la provincia de Buenos Aires, que suele registrar, desde que asumió Milei, los peores indicadores. Un intendente de un municipio populoso del conurbano asegura que, en estos meses, el Presidente alcanzó su nivel más bajo en imagen desde que desembarcó en el gobierno. Dicen, además, que los vecinos le demandan cada vez más trabajo, y que el cierre de empresas, medianas y pequeñas, es cada vez más notorio.

Esa fotografía de la actualidad coincidió en las últimas semanas con la reaparición, pública y privada, de Sergio Massa, cuyos movimientos recientes empezaron a ser seguidos con lupa por el círculo rojo empresario, sindical y político. Es más: en parte de la dirección de la UIA están convencidos de que la elección del próximo año volverá a dirimirse, otra vez, entre Milei y el ex ministro de Economía. “La estructura y los movimientos de Sergio son los de un candidato presidencial: es el único con relación directa e influencia en algunos gobernadores”, reconoció un intendente del conurbano de la nueva liga de jefes comunales del peronismo que podrían reunirse con él en estos días. Entre esos gobernadores alistan, por ejemplo, al salteño Gustavo Sáenz.

El futuro de Massa es una incógnita para un peronismo que sigue enfrascado en una guerra a cielo abierto entre el cristinismo y Axel Kicillof, otra vez agravada tras un muy tímido acercamiento reciente por la puesta en escena de estos días que Máximo Kirchner organizó frente al departamento de su madre, en San José 1111, por el aniversario del intento de asesinato, que incluyó al cancionero de La Cámpora contra aquella declaración del gobernador, cuando pidió “nuevas canciones”.

Esas nuevas canciones parecen haber surtido efecto, al menos en el plano judicial por algunos movimientos recientes que tuvieron como mojón principal los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para la estratégica Cámara Federal de la capital, dos camaristas que pasaron las audiencias y la votación del Senado sin que el kirchnerismo planteara ni una sola discrepancia, ni siquiera en la voz del lenguaraz Martín Soria, y que juraron a mediados de semana rodeados de una muy concurrida tribuna. Ese repliegue táctico del cristinismo despertó un revuelo en redes sociales, con acusaciones cruzadas. El jefe de La Cámpora enfureció con esas especulaciones. Tiene motivos para enfurecerse, también para inquietarse, junto a su madre, por el juicio oral que podría iniciarse hacia fin de año por la investigación de Hotesur-Los Sauces que lo tiene en el banquillo de los acusados. Se trata, tal vez, del expediente más sensible para la familia, ahora en manos del Tribunal Oral Federal 5, que tiene una vacante -subrogada- que debe ser nominada y remitida al Senado por el ministro Juan Bautista Mahiques.

No es, de todos modos, el único fuero que despierta el interés del círculo rojo judicial y político. En el contencioso administrativo federal, donde se resuelven, por ejemplo, los actos administrativos de la gestión del gobierno, hay cuatro vacantes en la cámara. Es una zona de gran influencia por parte de Sergio Fernández, que dejó atrás una enemistad de mucho tiempo con su hermano Javier. Uno de los candidatos que quiere uno de esos sillones es el juez Martín Cormick, vinculado a Kicillof.

En el entorno del gobernador, que tiene un vínculo distante con el Poder Judicial, siguen de costado esos procesos. No figura entre sus prioridades. En julio, designó como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura provincial a Santiago Pérez Teruel, uno de sus asesores cercanos en la materia que empezó hace tiempo a fatigar algunos despachos relevantes. Pero sigue sin resolver las cuatro vacantes en la Corte Suprema.

Esa definición se encamina a quedar bajo la órbita de la próxima administración provincial, el objetivo principal de Santilli, el jefe de Gabinete de Milei que amplía su zona de influencia puertas adentro. El viernes, designó oficialmente a Adrián González al frente del Correo Argentino. La llegada de González coincidió con la salida de Aimé Vázquez, “Meme”, ex mano derecha de Manuel Adorni, que la había elevado al directorio de esa empresa estatal, clave para el desarrollo del proceso electoral del 2027. Santilli tiene en su poder otros asuntos más sensibles, como la licitación del predio de Tecnópolis, que arrastra una puja empresaria muy caliente y que el ministro coordinador lleva en persona.

Pero hay dirigentes de LLA y del PRO que todavía quieren que el jefe de Gabinete decline sus aspiraciones bonaerenses y compita el año que viene por la Jefatura de la ciudad de Buenos Aires. Según supo este medio, hay conversaciones entre figuras muy importantes del Gobierno y del entorno de Mauricio Macri detrás de esa pretensión. El expresidente aún deja trascender que no está seguro de querer que su primo Jorge Macri busque la reelección, a pesar de que las encuestas marcan una mejora en la gestión local. En ese plano, existieron hasta conversaciones entre Fernando de Andreis y Horacio Rodríguez Larreta. “Hay que volver al PRO histórico”, le habría transmitido el diputado al ex jefe de gobierno.

“Así se manejan los primos hasta que siempre terminan juntos”, opinó una fuente del PRO. Es una hipótesis que tiene cada vez más adeptos: que el jefe del PRO negocia su cuota de poder pero que, al final del camino, terminará por apoyar al jefe de gobierno. Por las dudas, Karina Milei sigue con su propio proyecto, e incorporó hace algún tiempo a una asesora de Patricia Bullrich: María Oneto, a cargo del fondeo de la campaña presidencial de la ex ministra del 2023. Todos desconfían de todos. “En el 2023 les dimos los votos gratis, esta vez los vamos a hacer valer”, explicaron cerca del ex presidente.