En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su declaración jurada, en donde aseguró haber obtenido una ganancia de 300 mil dólares producto de haber invertido 200 mil dólares en Bitcoin. Tras haber adelantado su presentación por un día, el Gobierno defendió las explicaciones que brindó sobre el origen de su patrimonio.

Luego de la entrevista que el funcionario público brindó a La Nación +, varios integrantes del oficialismo salieron a respaldar públicamente a Adorni en la red social X. Uno de los mensajes destacados fue el del director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, Santiago Oría, quien sostuvo: “Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”.

“La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente”, afirmó Oría para después acusar al periodismo de haberlo acusado de “’chorros’ a diestra y siniestra con real malicia”. Además, cuestionó la interpretación que la prensa realizó sobre el Régimen Simplificado de Ganancias establecido por la Ley N° 27.799.

En línea con esto, el director de Realizaciones Audiovisuales apuntó: “Son unos operadores asquerosos dedicados a ensuciar gente. Actúan sin escrúpulos y no les importa la verdad: solo hacer daño. El costo que pagamos por meternos en esta mierda de la política a ver si podemos cambiar algo de este bendito/maldito país.” Minutos más tarde, el presidente Javier Milei amplificó el mensaje al republicarlo en su cuenta oficial y reforzar la postura del Ejecutivo sobre el caso.

De la misma manera, el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Sergio “Tronco” Figliuolo, también se sumó a la defensa en X. “Lo juzgaron, lo condenaron y le dieron perpetua en vivo 24/7: el tribunal superior de los medios de comunicación”, expresó el legislador, en alusión a la cobertura periodística respecto a las finanzas de Adorni.

Las explicaciones de Adorni sobre el origen de su patrimonio

El miércoles por la noche, el jefe de Gabinete justificó el origen de su patrimonio y la demora en la presentación de su declaración jurada tras ser cuestionado públicamente. Durante un diálogo con José Del Río para La Nación +, Adorni explicó que las ganancias informadas provienen de inversiones realizadas entre 2013 y 2018.

Según su relato, operó en al menos un total de ocho billeteras virtuales con un monto de 200 mil dólares que, a partir de los intereses obtenidos con Bitcoin, alcanzaron los 513 mil dólares. “Invertimos 200 mil dólares en Bitcoin y ganamos unos 300 mil”, afirmó el funcionario.

De la misma manera, detalló que el dinero inicial utilizado para invertir en criptomonedas era un ahorro personal reservado “para la educación y el futuro de sus hijos”. Asimismo, indicó que esos fondos provenían de “ahorros generados tras una vida en el sector privado”.

“Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, reconoció el jefe de los ministros al agregar: “No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro, no se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco, menos en esos años”.

Como resultado de la reconstrucción que realizó junto a su abogado, Adorni afirmó que comenzó a invertir fuertemente en 2014. “En agosto 2017, compré 13 Bitcoin a 3.356 USD; un día después compro 1 BTC más a 3 mil USD, después compro 1 bitcoin más por 7.233 USD y después liquido 10 en 5 meses después, en marzo de 2018, a 8.224 USD y liquido el total de la billetera por 6 mil USD”, detalló.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, las operaciones mencionadas estarían respaldadas por las “llaves” de acceso a las billeteras virtuales desde las cuales Adorni habría operado, lo que permitiría a la Justicia rastrear y acreditar la existencia de las inversiones.

Por este motivo, el funcionario defendió su accionar tras las acusaciones recibidas desde el inicio de la investigación judicial. “No soy un chorro y todo lo hice en la actividad privada; jamás en mi vida tuve un cargo público, hasta el 10 de diciembre de 2023, ni mi mujer ni yo”, aseveró el jefe de Gabinete.

“Desde el primer día, el aparato mediático me condenó y me tildó de ‘chorro’”, señaló al justificar su decisión de permanecer en silencio. También subrayó su intención de respetar el accionar del fiscal Gerardo Pollicita, quien está a cargo de la investigación.

Mediante el Decreto 437/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) a menos de un mes de haber sido designado.

La salida se produjo en medio de una interna en el directorio con Marcelo Nachón, vocal del ente y ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Según trascendió, las diferencias entre ambos venían de antes de la constitución formal del ENRGE y se profundizaron en las últimas semanas.

Sin embargo, la renuncia de Lamboglia se atribuye a “motivos estrictamente personales y su paso por el ente es valorado positivamente dentro de la estructura del organismo”. A su vez, está previsto que se inicie un nuevo concurso para la selección del próximo presidente del ENRGE, a fin de asegurar un proceso ordenado en la designación de autoridades.

“La salida de Néstor Marcelo Lamboglia no afecta la continuidad institucional del ENRGE, ya que el directorio mantiene su funcionamiento con total normalidad. Tras la dimisión, el vicepresidente Vicente Serra asumió de inmediato las funciones de la presidencia, garantizando que no exista vacancia ni interrupción en la gestión del organismo”, comentaron fuentes oficiales.

Lamboglia comunicó su decisión al resto de los miembros del directorio y también la formalizó con un memo enviado a través del sistema oficial GEDO. El ENRGE había iniciado recientemente su proceso de conformación tras la unificación de los entes reguladores del gas y la electricidad.

Lamboglia había sido designado presidente del ENRGE por un período de cinco años, el más prolongado entre los integrantes del directorio. Antes de asumir ese cargo, se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Con una trayectoria de más de 30 años en el sector energético, Lamboglia es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con especialización en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos por la Universidad Austral. Entre sus antecedentes figuran funciones como secretario letrado del Directorio y gerente de Control de Concesiones en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), coordinador legal de la Secretaría de Energía Eléctrica, asesor letrado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y asesor jurídico de Yacyretá.

En tanto, el ingeniero Vicente Serra había sido nombrado vicepresidente por un plazo de cuatro años, mientras que el licenciado Marcelo Alejandro Nachón asumió como vocal primero con un mandato de tres años. Los cargos de vocal segundo y tercero fueron asignados a la doctora Griselda Lambertini y al ingeniero Héctor Sergio Falzone, quienes cumplirán funciones durante dos y un año, respectivamente. Todos los nombramientos se realizaron bajo el artículo 6° del Decreto N° 452 del 4 de julio de 2025 y entraron en vigencia en la misma fecha.

El ENRGE se creó en julio de 2025 como parte de un proceso de simplificación administrativa impulsado por la Ley de Bases. El organismo busca unificar las funciones de los antiguos entes reguladores del gas (Enargas) y la electricidad (ENRE), con el objetivo de mejorar la coordinación y el control de ambos sectores. De esta forma, el ENRGE depende de la Secretaría de Energía y busca optimizar la fiscalización de los servicios públicos, alineándose con estándares internacionales como los propuestos por la OCDE.

El organismo nació con un plazo máximo de 180 días, a partir de julio del años pasado, para iniciar formalmente sus operaciones. Según fuentes del sector, el proceso de designación de directores presentó dificultades debido a los altos requisitos de calificación profesional para los cargos y al congelamiento salarial en el sector público, factores que complicaron la cobertura de las vacantes.

La CGT iniciará el precalentamiento para un nuevo plan de lucha contra el Gobierno en pleno Mundial de Fútbol: la semana próxima, la conducción cegetista recibirá a las confederaciones que agrupan a sindicatos de la industria, el transporte y la energía para debatir sus próximos pasos. Aún no hay pleno consenso para realizar el quinto paro general contra Javier Milei, pero todos coinciden en que la central obrera tiene que encontrar alguna forma de canalizar la protesta social.

Ese será el eje del encuentro que tendrá lugar el miércoles próximo, en la sede de Azopardo 802, entre los principales líderes de la CGT y las cúpulas de Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA).

En rigor, será el primer paso: para la semana siguiente está prevista una reunión del Consejo Directivo cegetista y no se descarta que luego se convoque a un plenario de secretarios generales o incluso al Comité Central Confederal, el máximo órgano ejecutivo de la CGT, para oficializar las medidas que surjan del debate previo.

Toda esta secuencia confirma que, luego de que la última semana se enfocó en denunciar al Gobierno en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la dirigencia de la CGT comenzó a replantear su estrategia moderada y definirá cómo protestar contra las medidas oficiales y la situación socioeconómica.

“Nos van a llevar puestos”, afirmó un jefe de la CGT al aludir la sensación que predomina en la dirigencia de que la Casa Rosada avanzará aún más con su ofensiva contra el sindicalismo. Una prueba de ello, agregó, es la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral que, según la central obrera, “constituye una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afecta principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la OIT”.

Todavía no hay acuerdo pleno en la dirigencia sindical sobre qué tipo de medida de fuerza puede ser más efectiva. En el sector dialoguista creen que no hay espacio para otro paro general, aislado, porque no modificará las políticas que lleva adelante la administración libertaria. El ala dura, por su parte, presiona para concretar un paro de 36 horas con movilización, como una forma de ganar la calle.

En medio de estas disidencias, como anticipó Infobae, en la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), están conversando con otros gremios del sector con un objetivo: realizar un paro docente luego del 19 de julio, fecha en que finalizará el Mundial de Fútbol, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo sigue en $500 mil.

En la Unión Docentes Argentinos (UDA) y otros gremios educativos de la CGT se intensifican las quejas porque “ya se cumplió un año sin aumento del salario mínimo y su valor se mantiene por debajo de la línea de pobreza”.

Este año, resaltaron, se realizaron 6 encuentros de la Paritaria Nacional Docente (el último fue hace 2 meses) sin resultado alguno, ya que fue rechazada por insuficiente la oferta del gobierno nacional de subirlo a $650 mil en marzo y a $700 mil en abril, y los funcionarios no mejoraron la propuesta de aumento.

Para organizar el paro docente, el secretario de Políticas Educativas de la CGT también sumó a las conversaciones a otros sindicatos del sector como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), miembro de la CTA de los Trabajadores, y a distintos gremios universitarios para tratar de concretar una fuerte protesta en todo el país.

¿Puede sumarse toda la CGT al paro docente y extenderlo a todas las actividades? Hoy no se descarta ninguna posibilidad, aunque la idea de los dirigentes cegetistas es trabajar para que una posible huelga nacional cuente con la adhesión de sectores de las pymes, jubilados, discapacitados y la clase media en general

El cotitular de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) se refirió la semana pasada a la posibilidad de una medida de fuerza: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados, pero todo se discute y decide en el seno del Consejo Directivo de la central obrera. Nunca se descarta un paro general como medida concreta de respuesta”, enfatizó, tras lo cual recordó que “esta CGT ya hizo cuatro paros y catorce movilizaciones al Gobierno”.

Aunque haya dudas acerca de qué estrategia es la mejor, todos los caminos que recorrerá la CGT a partir de la semana que viene conducen a una nueva protesta.