El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, define por estas horas si el próximo 1 de julio reunirá a las autoridades del Partido Justicialista de los 135 municipios. Será cuando se cumpla un nuevo aniversario del fallecimiento del expresidente y líder del movimiento justicialista, Juan Domingo Perón. Por eso, pese a que aún resta confirmar la locación, el lugar elegido sería la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos de quien fuera presidente del país desde 1946 hasta 1955 y de 1973 a 1974. Pero antes, buscará descomprimir la discusión interna. Lanzó una convocatoria desde el Movimiento Derecho al Futuro y el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires al banderazo que organizó el kirchnerismo al cumplirse un año de la detención de la expresidenta Cristina Kirchner por la Causa Vialidad.

Kicillof decidirá en los próximos días qué hacer el próximo 1 de julio. Para el Partido Justicialista es una fecha con un fuerte contenido simbólico. Perón falleció estando al frente del Gobierno y a partir de ese momento el día fue un punto de inflexión. Una de las ideas que cobraban fuerza por estas horas, según pudo saber Infobae, es realizar una reunión con los presidentes y presidentas de los PJ en los 135 municipios de la provincia. Es una idea que barajan los integrantes del consejo partidario, a la espera de que el mandatario dé el visto bueno.

La foto que se busca no está exenta de complejidad. Principalmente, con lo que suceda este sábado en el banderazo en respaldo a Cristina Kirchner que prepara La Cámpora en el Parque Lezama y que contará con la participación de intendentes y dirigentes muchos de los cuales presiden los PJ en sus municipios.

En medio de ello, las diferencias entre el cristinismo y el sector de Kicillof se agudizaron en los últimos días, luego de que circulase el recorte de un discurso de la legisladora porteña Berenice Iañez, que forma parte del Movimiento Derecho al Futuro de la Ciudad de Buenos Aires, en el que dice: “Cristina está equivocada y jode bastante las pelotas”. La afirmación reactivó las críticas del kirchnerismo al sector del gobernador y, en definitiva, al posicionamiento del mandatario bonaerense, a quien le piden que comparezca en San José 1111 y se reúna con Cristina Kirchner. “Kicillof me da mucha desconfianza”, consideró la intendenta en uso de licencia y diputada provincial por la Tercera sección electoral, Mayra Mendoza en declaraciones a Letra P, luego de los dichos de la legisladora. La tesis que maneja el cristinismo es que Iáñez dice lo que Kicillof piensa. Mendoza, primera línea de La Cámpora, es una de las voces de CFK en el ámbito bonaerense. La interna aparece por añadidura en cada movimiento dentro del peronismo. Luego, la dirigente quilmeña aseguró sobre el gobernador: “Alguien que no va a verla a Cristina y pueda charlar de todo, de lo que significa la gestión, del rumbo político, me da desconfianza”. También detalló que compartió ámbitos “con él donde no éramos pares, pero estábamos todos en la misma situación y de repente hay una distancia y uno realmente no lo entiende. No encuentro razones, no las hay”.

El sábado habrá un termómetro de cuál es el pulso del peronismo en su discusión interna. Desde hace tiempo que el cristinismo viene motorizando un gran acto en Parque Lezama. Será un banderazo —justamente es el Día de la Bandera— para reclamar por la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner. Este jueves desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el Partido Justicialista bonaerense lanzaron la convocatoria oficial para participar de la actividad. Hasta el cierre de esta nota no estaba confirmada la presencia del propio Kicillof. De momento, existía una posibilidad de que concurriera.

El último 1 de julio, el PJ bonaerense reunió al consejo partidario en la Quinta de San Vicente. Fue durante la presidencia de Máximo Kirchner. En 2024 se realizó un acto en el parque de la Quinta que contó con los discursos de Kicillof y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; entre los principales oradores.

Kicillof asumió formalmente al PJ bonaerense en abril de este año con lo que fue la primera reunión del consejo partidario. La misma se dio en La Plata. Allí, el tema CFK terminó imponiéndose. También se definió fomentar las afiliaciones al partido y lanzar cursos de formación política. Para el primer ítem se lanzó una app que funciona como preafiliación. El funcionamiento de la misma quedó a cargo del secretario general del partido, el intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Los cursos de formación son responsabilidad del intendente de La Plata, Julio Alak. El lanzamiento de los cursos de formación fue recordado por la irrupción de dos militantes kirchneristas, quienes desplegaron una bandera pidiendo la libertad de CFK y que fueron retirados de la sala por personal de seguridad.

“Lo mejor que le puede pasar a este chico es irse”, sentenció ante Infobae una fuente del oficialismo en referencia a la situación de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y cuya polémica lleva más de tres meses en la agenda mediática. La definición parece ser solo una expresión de deseo y contrasta con la voluntad manifiesta del presidente Javier Milei, que se niega a correr a su ministro coordinador y se muestra “irascible” con quienes osan sugerirle su remoción.

Tras los tironeos con los aliados y la oposición en el Congreso, el Poder Ejecutivo logró fijar un nuevo plazo de gracia: el jueves 2 de julio, día en el que el jefe de Gabinete aspira a brindar el primer informe de gestión ante la Cámara de Senadores con intención de neutralizar —sin éxito hasta ahora— el avance del pedido de interpelación, que podría tratarse el martes próximo en Diputados.

La semana corta lo tuvo todo. El despegue masivo de los socios del PRO y la UCR, nuevas versiones de renuncia, un potencial uso de licencia y hasta el supuesto ofrecimiento de varias embajadas. Al respecto, varios integrantes del Gabinete sostuvieron que ninguna de las opciones estuvo en carpeta.

En las dos tribus que convergen en el ecosistema libertario coinciden en que el futuro de Adorni —a priori— es otro. “No lo van a echar y tampoco va a renunciar”, precisaron desde uno de los vértices del Triángulo de Hierro ante este medio. “Nunca estuvo planteado que se fuera”, coincidieron del otro. “Son todas operaciones. Salieron con todo”, intentaron neutralizar desde el entorno del afectado.

El mandatario no solo no encuentra motivos para correrlo del cargo, como planteó la senadora Patricia Bullrich, una de las que cuestiona al funcionario, sino que prepara un nuevo gesto de apoyo. El sábado se mostrará con Adorni en la ciudad de Rosario durante el acto por el Día de la Bandera en una nueva foto para la colección en medio de los dardos.

“El Presidente sabe que cualquier reemplazo es peor para él. Primero, porque implicaría menos poder y segundo, porque va a producir peores resultados para el gobierno”, admitió una importante voz con acceso al despacho presidencial. La afirmación alude al lugar que el ex vocero representa en la interna libertaria dado que, pese a responder directamente a Karina Milei, mantiene buena sintonía con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Un hombre que frecuenta la quinta de Olivos reveló ante este medio que, en una oportunidad, intentó abordar el tema con el mandatario, quien se mostró visiblemente molesto. “Lo intenté y no me fue bien. No vuelvo a hacerlo”, admitió al tiempo que justificó el accionar del libertario en su “carácter inflexible”.

“Javier Milei lo banca a muerte. Si la justicia llegara a decir lo contrario, ahí verá, pero hasta acá confía ciegamente en él”, expresó un funcionario en diálogo con Infobae.

El estilo de Milei es otra de las explicaciones que encuentran en el oficialismo para desoir los intentos de los bloques aliados y de algunos propios que reclaman la dimisión del funcionario. “El Presidente es distinto al resto. No le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Va a estirarlo al máximo y realmente esa forma de pensar siempre fue su ficha ganadora”, destacaron desde el entorno del libertario.

“Javier suele hacer cosas contraculturales y esta es una. Cuando todos piden que lo entregue, lo va a sostener porque cree que hay una doble vara de hipocresía en el planteo periodístico y político sobre el tema”, precisaron desde el entorno del consultor. “No lo va a entregar al sistema. Además, Santiago y Karina tienen al jefe de gabinete que quieren”, expresaron desde el karinismo.

Desde la irrupción de la polémica, cuando se detectó en marzo la presencia de Bettina Angeletti en la delegación presidencial que viajó a Nueva York para la Argentina Week, la administración libertaria evitó afrontar crisis y en su lugar, corrió el horizonte. Desde hace meses, el ministro coordinador supera desafíos fijados en los distintos plazos políticos establecidos. En los últimos meses, hizo frente al primer informe de gestión en Diputados, presentó la actualización de su declaración jurada y ahora, se esperanzan con una nueva visita a la Cámara Alta.

En Casa Rosada aseguran que “no hay nada claro”, y pese a que varios actores niegan la chance de una salida anticipada, hay quienes se atreven a no descartar la posibilidad. En paralelo, frente al universo de opciones, una mesa de representantes del Ejecutivo que intenta desarticular los intentos de intimar al jefe de Gabinete en el Congreso.

En medio de las negociaciones, en algunos despachos de Balcarce 50 denuncian que Bullrich exagera posiciones al sostener que las bancadas socias no quieren acompañar al Ejecutivo. “Es más una ansiedad de ella que de los aliados”, garantizó una integrante de la mesa política que se encargó de realizar su propio relevamiento legislativo.

Con el calendario fijado, los legisladores violetas pelean la interpretación del articulo 101 de la Constitución mientras los equipos de la subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales a cargo de Ignacio Devitt, uno de los encargados de negociar con los aliados, trabajan en la elaboración del discurso que el ex vocero dará ante la Cámara Alta y con el que espera conformar a quienes piden su remoción del cargo.

Recluido, pero en funciones, el ex vocero se muestra optimista respecto a la causa, aunque las últimas novedades judiciales volvieron a aumentar la presión política. Tras la filtración de los gastos en ropa de cama y blanquería, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria de su hermano Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas. “No es funcionario del Gobierno”, se jactaban desde la mesa chica.

Pese al complejo escenario, en la administración libertaria se esperanzan con la nueva parada y aspiran a recuperar la iniciativa política tras el informe de gestión. Sin embargo, mientras la Justicia y el Congreso marquen el ritmo de la discusión, Adorni continúa siendo el protagonista de un cuento borgiano, en el que el tiempo no resuelve el conflicto, apenas lo desplaza. Cada plazo cumplido posterga la polémica; ninguno, por ahora, la resuelve.

Con el bajo perfil que los caracteriza, el juzgado federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak y la fiscal María Laura Roteta, avanza a paso firme en la segunda etapa de la investigación sobre el fentanilo contaminado que está asociado a 90 muertes de pacientes. El expediente ya tiene a 13 personas procesadas, entre ellas el propietario de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, directivos y responsables de la elaboración del potente anestésico.

En esta segunda etapa, la pesquisa pone la lupa sobre los organismos de control responsables de certificar la calidad de los medicamentos que se comercializan y que los laboratorios cumplan con las estrictas normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Se trata de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismos que dependen del Ministerio de Salud de la Nación.

En el juzgado de Kreplak esperan que en los próximos días la fiscal Roteta presente su dictamen impulsando la acción respecto de los funcionarios de la autoridad de control, ANMAT, INAME y eventualmente el Ministerio de Salud de la Nación.

En el período investigado, el Instituto Nacional de Medicamentos estaba a cargo de Gabriela Mantecón Fumado. El 21 de agosto de 2025, el titular de la cartera de Salud, Mario Lugones, por medio de la Resolución 2415/2025 publicada en el Boletín Oficial, decidió apartarla preventivamente del cargo. La medida se tomó luego de una investigación de Infobae donde se estableció que se produjeron demoras para tomar medidas sobre los laboratorios que producían medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera de las normas de buenas prácticas.

La desvinculación preventiva se dio a conocer horas después de la detención de Ariel Fernando García Furfaro, el dueño de HLB Pharma.

La ANMAT estaba a cargo de Agustina Nélida Bisio. El 6 de enero pasado el Gobierno Nacional formalizó su renuncia.

Bisio, quien ocupaba la dirección desde 2023 pero integraba el organismo desde hace dos décadas, alegó “razones personales” en su nota de dimisión enviada al ministro Mario Lugones. No obstante, fuentes oficiales vincularon su salida al desgaste tras un año marcado por la crisis del fentanilo y sus derivaciones.

“La connivencia o complicidad son aún desconocidas”

La fiscalía ya anticipó su criterio sobre el tema en varias oportunidades a lo largo del voluminoso expediente que investiga la peor tragedia sanitaria del país. En el dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, la fiscal opinó sobre la insuficiente información aportada a la causa por parte de la ANMAT y las obligaciones del organismo en la ventana de tiempo en la que se elaboró el fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes.

Sobre la ineficiencia y negligencia de los organismos de control, la fiscalía hizo suya la opinión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colaboró en la investigación: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible”.

Los fiscales también sostuvieron: La suma de estas irregularidades y deficiencias —dolosas o culposas—, junto con la insuficiencia de las acciones regulatorias que se habrían implementado, comprometieron gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal”.

La fiscal Roteta fue muy crítica (como el juez) sobre la actitud pasiva que habría tenido la ANMAT en el retiro de las ampollas contaminadas de Fentanilo HLB Pharma distribuidas en droguerías, clínicas y hospitales de todo el país. “La información recabada y comunicada al juzgado, relativa al retiro efectivo de los medicamentos cuya calidad se vio comprometida, resulta escasa y a todas luces insuficiente”.

La fiscal también le pidió al juez Kreplak que advirtiera las consecuencias que podrían enfrentar los funcionarios si no cumplían con el retiro del potente anestésico adulterado: “Se informe a las autoridades del organismo sobre las eventuales consecuencias penales que podría acarrear el incumplimiento de tal orden, que constituye una obligación de resultados concretos”.

En la causa está acreditado que fue el juzgado a cargo de la investigación, y no la ANMAT, quien se hizo cargo de retirar el medicamento contaminado.

De esa manera la fiscal María Laura Roteta describió en detalle la posición crítica sobre la responsabilidad y el accionar de los organismos de control, señaló omisiones, demoras, falta de rigor y una respuesta ineficiente ante el escándalo del fentanilo contaminado, y advirtió sobre posibles consecuencias penales.

Ahora el juzgado de Kreplak espera el dictamen de la fiscalía sobre las acciones a impulsar sobre los funcionarios que estaban a cargo de los controles a los laboratorios.

“No surgen controles posteriores”

El juez también se manifestó sobre la ANMAT y el INAME de manera crítica. En su resolución de 401 fojas del 25 de septiembre de 2025, a través de la cual procesó a los 13 imputados, entre ellos el propietario de los cuestionados laboratorios, Ariel García, su hermano Diego y su madre Nilda Furfaro, expresó:

• “La ANMAT constató que Ramallo estaba elaborando en áreas no habilitadas utilizando como envases ampollas plásticas no autorizadas (estas deficiencias son consideradas críticas). Además, detectó otras irregularidades: falta de grupo electrógeno, documentación de máquinas en inglés y a nombre de otra firma cuando debería estar en español y a nombre de Ramallo, falta de medidores de presión en el sistema de tratamiento de aire, falta de planos, entre otras. Como consecuencia de la inspección, el 15 de enero de 2024 la ANMAT expresó que ‘DE LA INSPECCIÓN REALIZADA SURGE QUE EL LABORATORIO NO CUMPLE CON LA DISPOSICIÓN VIGENTE DE VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA EL RUBRO SOLICITADO’ (la mayúscula es original del expediente). Dejó indicado que el laboratorio debe corregir las deficiencias advertidas. Del expediente no surge del mismo que se haya constatado la subsanación de las falencias advertidas.”

• “Entre el 21 de febrero y el 3 de marzo de 2022 se llevaron a cabo inspecciones sobre Ramallo. ANMAT constató deficiencias y otorgó distintos plazos para subsanarlas, tales como temperaturas fuera de parámetros aceptables, condiciones de dosificación que incumplen las Buenas Prácticas de Fabricación en áreas de fraccionado en bolsas flexibles de PVC. Las deficiencias advertidas por ANMAT fueron notificadas al laboratorio el 22 de marzo de 2022. Ramallo presentó un plan de acción para subsanar las falencias detectadas que fue considerado aceptable por ANMAT. Sin embargo, no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto.”

• “Pese al reporte cursado por el nosocomio entrerriano (de contaminación bacteriana), basado en estudios realizados por sus profesionales, la ANMAT no puso en conocimiento de Laboratorios Ramallo el desvío de calidad ni ordenó el retiro del mercado del lote. Sin embargo, como se sabe, el brote efectivamente existió e, incluso, tomó estado público.”

El juez también detalló múltiples hallazgos de la ANMAT y el INAME sobre el laboratorio, pero no se registraron seguimientos posteriores para verificar que se subsanaron falencias en la elaboración de medicamentos en áreas no habilitadas, uso de envases plásticos no autorizados, falta de documentación, control de calidad, ausencia de libros de producción, daños en instalaciones, productos comercializados en presentaciones no autorizadas, fragmentos extraños en medicamentos y falta de trazabilidad de lotes.

El juez señaló que la ANMAT prohibió el uso de ciertas áreas y lotes, y condicionó la rehabilitación a una nueva inspección con resultado favorable, pero remarca que “no consta en el expediente la subsanación de las falencias ni la clausura efectiva”, salvo la “inhibición de actividades productivas” dictada recién con la Disposición ANMAT 3158/2025, tras el escándalo por el fentanilo contaminado. Es decir, después que se conocieron las primeras muertes reportadas por el Hospital Italiano de La Plata.