El gobierno de Axel Kicillof intentará el año que viene restituir la reelección indefinida de intendentes, legisladores y concejales en la provincia de Buenos Aires. Para ello, necesitará forjar los acuerdos en la siempre compleja Legislatura bonaerense. La iniciativa busca derogar el límite de dos mandatos consecutivos establecido en 2016 y permitir que los cargos ejecutivos y legislativos municipales puedan ser elegidos sin restricciones, siempre que cuenten con el respaldo popular. Así lo manifestó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien consideró que la restricción actual tiene “carácter proscriptivo” y sostuvo que la elección de los representantes debe quedar únicamente en manos del electorado.

“Tenemos pensado llevar adelante alguna reforma. No está definido, pero sí vamos a seguir insistiendo, como lo hemos hecho todo este tiempo, en la reelección de los intendentes. Nosotros creemos que el sistema que estaba vigente en la provincia de Buenos Aires de reelecciones de los intendentes por parte de su pueblo es el sistema más democrático posible. Es el voto del pueblo el que define quién sin ningún tipo de proscripción”, planteó Bianco ante la consulta de cuál será agenda que el año que viene intentará impulsar el Ejecutivo bonaerense en materia política. El ministro remarcó que “impedir la reelección de una persona es proscriptivo”, y reconoció que esa visión coincide con la postura pública del Ejecutivo provincial.

El debate sobre la reelección indefinida será uno de los temas a discutir en 2026, año no electoral. La normativa actual impide que decenas de intendentes bonaerenses -82 puntualmente- busquen un nuevo mandato. Entre los jefes comunales que quedarían excluidos figuran históricos referentes del peronismo y de la oposición. Nombres como, Mario Ishii (José C. Paz), Julio Zamora (Tigre), Gustavo Menéndez (Merlo), Sebastián Abella (Campana), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Fernando Espinoza (La Matanza), Miguel Lunghi (Tandil), entre otros, no podrán postularse nuevamente bajo la legislación vigente.

La lista de intendentes impedidos de buscar la reelección en 2027 incluye a dirigentes del peronismo, el PRO, la UCR y partidos locales. Entre los más destacados se encuentran Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Achával (Pilar), Mariel Fernández (Moreno), Juan Andreotti (San Fernando), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Pablo Zurro (Pehuajó), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Pablo Petrecca (Junín), Érica Revilla (General Arenales), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Carlos Bevilacqua (Villarino), entre otros.

Este año hubo un intento de avanzar con la modificación; pero el plan quedó enfrascado en la interna del peronismo y la falta de acompañamiento con la oposición. La discusión generó divisiones internas en el oficialismo bonaerense. El Frente Renovador de Sergio Massa —impulsor de la ley que limita las reelecciones— había adelantado su rechazo a cualquier modificación. Un sector del kirchnerismo propuso restablecer la reelección indefinida solo para legisladores y concejales, excluyendo a los intendentes, lo que provocó malestar entre los intendentes que reportan en el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof quienes exigían igualdad de condiciones para todos los cargos electivos.

El exsenador provincial y hoy diputado peronista Luis Vivona, presentó un proyecto para modificar la ley, aunque en su versión inicial excluía a los intendentes. Vivona, de Malvinas Argentinas, forma parte del grupo de dirigentes aliado al cristinismo. Luego, la senadora Ayelén Durán, alineada con el gobernador, elaboró una iniciativa alternativa que incluía a los jefes comunales. Fundamentó que “limitar las reelecciones restringe el derecho del electorado a elegir libremente a sus autoridades”. El proyecto llegó para incluir a los intendentes y como respuesta política a la avanzada del cristinismo. El proyecto de Vivona se aprobó en el Senado, pero no corrió con la misma suerte en Diputados. Ahora, con Vivona en carácter de diputado, la iniciativa puede llegar a impulsarse nuevamente.

El gobierno de Kicillof sostiene que la restricción de mandatos responde a disputas políticas y no a un reclamo social, argumento que comparte la mayoría de los intendentes del peronismo bonaerense. “Nosotros vamos a seguir insistiendo en la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, siempre y cuando el pueblo los vuelva a elegir, y los vuelve a elegir porque tuvieron una buena gestión. Si no, no los reelige, como suele suceder”, enfatizó Bianco en lo que fue la última conferencia de prensa del año.

En su presentación, el ministro provincial también realizó un balance del año en materia de gestión e hizo especial hincapié en los fondos que el gobierno de Javier Milei retiene y no gira a la administración bonaerense en el marco del ajuste fiscal y presupuestario dispuesto desde que llegó a Casa Rosada.

El último dato era $12,9 billones con valores de agosto de este año. Según el cálculo que hacen en el gobierno bonaerense, actualmente, esa suma asciende a $14,7 billones. El monto se compone de $3.553.800 millones en concepto de deudas directas. $8.395.720 en saldos de obra pública comprometida por el gobierno nacional en PBA y $2.770.464 de deudas estimadas por la discontinuidad o retraso de programas nacionales.

“Vamos a seguir reclamando públicamente y con las siete denuncias que hemos presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este contexto de ajuste, caída del empleo, caída de la actividad económica, caída del consumo, recorte sobre los fondos de la provincia de Buenos Aires, es que nosotros hemos llevado adelante nuestra gestión durante los últimos dos años”, puntualizó el integrante del Gabinete de Kicillof.

La imagen de un militante de extracción peronista prendiendo fuego un árbol de Navidad frente a la Municipalidad de Lanús, que gobierna un intendente de La Cámpora, resumió mucho mejor que la deserción de tres senadores del PJ en el debate del Presupuesto el estado de situación que atraviesa el partido que todavía preside Cristina Kirchner. Internas descarnadas, ausencia de liderazgo y un virtual sálvese quien pueda.

Las dos viejas columnas de poder del peronismo -el Senado de la Nación y la provincia de Buenos Aires- crujieron la semana, que pasó como nunca antes. Ya el PJ gobierna un cuarto de las provincias del país, perdió la primera minoría en Diputados y tiene la menor representación en la Cámara alta desde el regreso de la democracia. Y en la provincia de Buenos Aires, centro de gravedad de la política argentina de los últimos 40 años, hay una lucha a cielo abierto por el poder, con una conducción kirchnerista que es discutida por la mayoría de los barones del Conurbano.

Todo a pedir del gobierno de Javier Milei, que pasó en algo más de cuatro años de ser el único libertario en el Congreso, a convertirse en solitaria referencia de poder real del sistema político. Convivió durante los dos primeros años de Gobierno con otros dos soles: Mauricio Macri y Cristina Kirchner. A cada uno se lo fagocitó a su modo. El líder del PRO está recluido en Cumelén, con la mayoría de su partido pintado de violeta -o en vías de hacerlo-, y la ex presidenta se recupera de la operación de apendicitis para volver a San José 1111 y continuar cumpliendo la pena de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“En el peronismo hay dos cosas que no se perdonan: morirse y perder elecciones”, le dijo a Infobae uno de los senadores más importantes del interbloque Popular, el nuevo nombre que eligieron los integrantes del panperonismo en la Cámara alta, siguiendo la costumbre de rebrandearse después de cada derrota. Es una frase que la realidad, pertinaz, pone a prueba. Se lo transmitió a este cronista antes del fuego en Lanús y de las fugas en las votaciones del viernes.

Repliegue en el Senado

Este medio había anticipado que había tres senadores de Convicción Federal que iban a votar con el Gobierno. No lo hicieron una vez, sino que lo hicieron 20. Para el voto en general y en particular del Presupuesto, y en el debate de la Ley de Inocencia Fiscal. El catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés reconocen el liderazgo de manera abierta o solapada de Raúl Jalil -el gobernador peronista preferido de la Casa Rosada- y apoyaron las dos iniciativas que eran decisivas para la gestión Milei.

Lo relevante de esos votos es que no eran imprescindibles. Las dos leyes se votaron por 46 y 42 votos a favor, entre cinco y nueve más que los 37 exigidos. Podían no haber estado y las iniciativas se iban a aprobar igual. Fueron apoyos que encerraron un mensaje político, más que solo una conveniencia presupuestaria.

El presidente Milei había planteado el objetivo de construir una mayoría reformista, un consenso capitalista que venciera al modelo populista. El gobierno de Trump esperaba también que el oficialismo lograra una coalición que le diera sustentabilidad a las reformas.

La deserción de esos tres senadores puso un mojón clave para el debate que viene, que puede ser más complejo. No sin picardía, la estrategia del Gobierno -donde talla fuerte Santiago Caputo- fue colocar el futuro debate de la ley de modernización laboral con la Ley de Glaciares, que necesitan los gobernadores del norte, entre los que están, claro, el catamarqueño Jalil, pero también el salteño Gustavo Sáenz, que en otro tiempo se quejaba de que el “poncho no aparece”. Entre la CGT y el desarrollo de la minería, es más que previsible qué priorizarán los mandatarios peronistas.

¿Por qué es importante esta reconstrucción? Porque la última votación del año parlamentario confirmó que el peronismo pasó de ser mayoría en el Senado y condicionar el rumbo del Gobierno a quedar reducido a un bloque que está a un paso de perder el tercio que le impediría, por ejemplo, trabar el nombramiento de jueces de la Corte. Hasta el 9 de diciembre, la bancada kirchnerista había armado una coalición opositora que tenía 37 votos.

Entre el fuego y las desdichas

El fuego del arbolito de Navidad de la Municipalidad de Lanús no vino solo. Antes de esa protesta tan sugestiva -piqueteros de organizaciones de base peronistas protestaron, incendiaron y se fueron- se había producido un choque público entre la ex intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el diputado Juan Grabois por el estacionamiento medido en ese municipio que gobierna La Cámpora.

“Realmente me cuesta creer que los dos tenemos los mismos intereses y respondemos a la misma conducción. A veces dudo de cuál es tu conducción, Juan Grabois, y qué es lo que verdaderamente representás”, le dijo la actual diputada bonaerense al dirigente, en un audio que difundió Infobae en exclusiva. Furiosa, la ex intendenta lo había compartido en un grupo cerrado de WhatsApp, después de enviárselo al teléfono del dirigente de “Argentina Humana”.

En La Cámpora sospechan que ambas acciones tienen una misma inspiración. En el entorno de Máximo Kirchner no descartan la mano de alguno de los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro. El peronismo bonaerense, cuando lucha por el poder, se vuelve insondable y caprichoso.

“Cristina está presa de manera injusta, está internada, convaleciente, y los ves a estos haciendo un acto de lanzamiento de campaña Axel 2027. Encima nos mandan patoteros a extorsionar y a prender fuego todo. No tienen límites”, se quejó un dirigente que, obviamente, no simpatiza con el gobernador bonaerense.

Son postales de una provincia que enfrenta una delicada situación económica-financiera y que tiene al gobernador que puso en marcha un proyecto presidencial y que busca, en primer lugar, desalojar a Máximo Kirchner de la Presidencia del PJ, apoyado en intendentes, gremios y líderes como Gildo Insfrán. Encima, está apuntado por un Javier Milei fortalecido en el inicio de su tercer año de gobierno. Dejó de decirle “burro” o “soviético”, por un tiempo, que puede ser breve.

El senador José María Carambia (Moveré Santa Cruz) presentó un proyecto para que los médicos extranjeros que ingresen en residencias y cobren una beca por la misma deban pagar una cuota. No sólo eso: tendrán que ser distribuidos por todo el país para saldar “situaciones de inequidad”.

La iniciativa modifica el artículo 2 de la ley 22.127. El vigente plantea que “las residencias serán cumplidas mediante beca anual con una modalidad y remuneración a establecer por el organismo de conducción del Sistema, bajo un régimen de actividad a tiempo completo y con dedicación exclusiva”. El texto que empuja el legislador sostiene dicho párrafo, aunque agrega -sobre el final- que el régimen en cuestión está destinado “para aquellos argentinos nativos, por opción o naturalizados”.

Más importante es lo que le sigue: “Los extranjeros deberán abonar un monto a establecer por el organismo de conducción del Sistema para acceder a cumplir las residencias. La modalidad será bajo un régimen de actividad a tiempo completo y con dedicación exclusiva”. Y añade: “El monto recaudado se destinará a incrementar la remuneración percibida por los médicos residentes argentinos nativos, por opción o naturalizados. Además, el organismo de conducción del Sistema distribuirá los médicos residentes extranjeros entre los distintos establecimientos formadores del país, considerando criterios de federalismo y equidad territorial”.

El senador fundamentó: “Actualmente, el Sistema Nacional de Residencias de la Salud otorga, tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros, una beca anual financiada con fondos públicos, sin diferenciar entre quienes utilizan el Sistema de manera permanente y quienes lo hacen transitoriamente para su formación. Este diseño ha derivado en situaciones de inequidad, en las que la inversión estatal termina subsidiando la capacitación de profesionales extranjeros, en detrimento de la mejora de las condiciones de los médicos argentinos nativos, por opción o naturalizados”.

Según Carambia, la distribución nacional de los residentes “busca evitar la concentración de profesionales en determinadas jurisdicciones y promover una formación más equilibrada, que contribuya a fortalecer la presencia del personal de salud en todo el territorio nacional”.

“La iniciativa persigue un triple objetivo: proteger a los médicos residentes argentinos nativos, por opción o naturalizados, asegurando que la beca anual que perciben sea más justa y acorde a su esfuerzo y dedicación; fortalecer el financiamiento del sistema de salud pública, evitando que la formación de profesionales extranjeros implique una carga económica injusta para el Estado argentino; y consolidar las capacidades sanitarias federales, garantizando una distribución más equitativa y solidaria del recurso humano en todo el país”.

Por otra parte, Carambia expresó que “la medida se enmarca plenamente en los principios consagrados por la Constitución Nacional; en particular, en su artículo 16, que consagra la igualdad ante la ley y en el artículo 20, que reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos, salvo los expresamente reservados a estos últimos”. Y sentenció: “El acceso a las residencias de la salud no se limita, sino que se organiza bajo un régimen económico diferenciado, basado en un criterio objetivo y razonable, orientado a proteger los recursos públicos, garantizar mejores condiciones para los profesionales nacionales y fortalecer la distribución federal de los recursos humanos en el sistema sanitario nacional”.

La fecha de la iniciativa es del 13 de noviembre pasado. Apareció tras meses de discusiones entre el Ejecutivo libertario y la oposición en el Congreso por la declaración de la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema-, una ley que vetó la Casa Rosada y luego fue insistida por Diputados y el Senado, con dos tercios de los votos de sobra. El texto de Carambia no podrá analizarse en comisiones hasta el 1 de marzo próximo, excepto que sea incluido en sesiones extraordinarias.