Quinta de Olivos, miércoles por la mañana. Javier Milei se levantó, miró su teléfono y vio la ratificación de una decisión que circulaba desde hace meses en el circuito de empresarios industriales: era el anuncio del cierre de Fate. A pocas horas de que se dictaminara la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Presidente supo que esa bomba mediática impactaría en la agenda de la semana, sumando tensión a un contexto signado por el inminente paro nacional de la CGT.

El cimbronazo que iba a producir la noticia hizo trabajar desde temprano a los guionistas de la Casa Rosada. Estos lanzaron un escueto mensaje que reflejaba la narrativa que debía seguir el Gobierno, la cual indicaba que la crisis de Fate no era nueva, que su cierre se producía por años de conflictividad gremial —SUTNA, el sindicato de los trabajadores del neumático, es uno de los más combativos a nivel nacional— y por las restricciones cambiarias que agravaron la situación.

“Lamentamos que hayan llevado a la empresa a una situación terminal, pero el Gobierno debe propiciar la competitividad de las empresas en beneficio de todos los argentinos”, afirmaron. El norte de la política macroeconómica del Gobierno no se puede tocar.

Horas más tarde, el tenor de la discusión cambió. Un interlocutor le preguntó al Presidente sobre la noticia, desafortunada no solo para los trabajadores sino también para el Gobierno ante la necesidad de impulsar una reforma laboral que ya era altamente cuestionada por algunos artículos, como el de las licencias médicas. “Casualidad cero”, respondió Milei.

La interpretación del hecho continuó. “Es un corrupto y un golpista”, acusó. El apuntado no era otro que el presidente de Fate y, al mismo tiempo, de Aluar, Javier Madanes Quintanilla. Otro metalúrgico del círculo rojo —semanas atrás lo había sido el CEO de Techint, Paolo Rocca— señalado directamente por el aparato oficialista.

Por coincidencia, Milei había agendado un encuentro con Manuel Adorni a las 10 de la mañana, tres horas antes de partir a Washington para participar del Consejo de Paz de Donald Trump. Terminaron hablando de este suceso y de lo costoso que el cierre de Fate podía ser para la narrativa del programa económico. “Fue hecho a propósito. Pidió cepo durante dos años. Le vamos a meter una conciliación obligatoria”, fue una de las conclusiones inmediatas de la audiencia, según supo Infobae.

Más que resolver la cuestión de la empleabilidad, la idea era forzar a que la compañía no pudiera cerrar las indemnizaciones ese día y que a los 920 empleados despedidos se les adicionaran los 15 días (con 5 días de posible prórroga) que dure la conciliación. “El infortunio de esa medida les va a salir caro”, dijeron en el Gobierno minutos después de haberle pedido a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que instruyera al secretario de Trabajo, Julio Cordero, para que notificara al directorio de Fate sobre esa medida. El resto es historia.

Qué se viene en la economía después de Fate, según el Gobierno

El caso de la histórica fábrica de neumáticos se vincula inevitablemente con cifras oficiales que son cada vez más mencionadas en los medios. Las últimas cifras de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación informaron que el empleo asalariado registrado en el sector privado cayó en noviembre pasado un 0,2% respecto al mes anterior, lo que implicó la pérdida de 13.100 puestos laborales. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) informó que en noviembre hubo una reducción neta de 21.938 empresas con empleados respecto a diciembre de 2023.

Las altas esferas de la Casa Rosada no minimizan la importancia de estas cifras, al menos en privado. Pero afirman que se trata de efectos más o menos esperados ante un cambio sustancial del régimen macroeconómico.

“En el modelo que impulsa Milei, donde la apertura económica y la eliminación de regulaciones genera un shock competitivo, es inevitable una transición de industrias donde Argentina no es competitiva y no pueden hacer frente a esa competencia, mientras otras donde sí lo somos crecen y se desarrollan”, sostiene un integrante clave del Gobierno.

Javier Milei interpretó con agudeza la desesperación social por bajar la inflación en 2023. A propios y extraños les marcaba que ese era el job description por el que había sido electo. De hecho, la baja sustantiva de la dinámica inflacionaria fue clave para la elección legislativa del año pasado: más del 40% de la sociedad le dio un voto de confianza para continuar con su programa. La recuperación económica no estaba en la misma magnitud que el éxito de la desinflación, pero el Gobierno pareció prometerle a los electores que con un Congreso más alineado se podían hacer las reformas que consolidaran el camino del crecimiento.

El nuevo terreno de disputa entre oficialismo y oposición es sobre quién logra imponer su narrativa respecto de si el modelo económico del Gobierno genera o destruye trabajo.

Esto está presente en los equipos comunicacionales de Milei. Ayer por la tarde, el secretario de Comunicación y Medios de la Nación, Javier Lanari, retrucó a las críticas por “la crisis de Milei” utilizando como caso testigo que Carrefour finalmente no se irá de Argentina y que invertirá más de 300 millones de dólares en más de 100 sucursales, generando 2.500 nuevos puestos de trabajo hasta 2027. Las inversiones encuadradas en el RIGI también permiten alimentar los argumentos oficiales: la minera Vicuña anunció la semana pasada más de USD 7.000 millones en inversiones hasta 2030. Por ese motivo, el Gobierno desplegará un fuerte operativo de promoción para lo que será el Argentina Week, que se desarrollará el mes próximo en Estados Unidos.

En el Gobierno describen que los principales ganadores del modelo macroeconómico son el agro, la minería, el sector petrolero y la economía del conocimiento. Admiten que las industrias, particularmente las ubicadas en las periferias de los conurbanos, pueden tener mayores dificultades de adaptación a las nuevas condiciones del régimen aperturista que propone Milei.

Ante la noticia de Fate, la Unión Industrial Argentina (UIA) recordó que la industria perdió casi 65.000 trabajadores en los últimos dos años. La oposición, en tanto, asegura que la reforma laboral no generará empleo. Y si lo hace, que no será suficiente para compensar las pérdidas que se producirán en los próximos meses.

Las negociaciones por la reforma laboral han mostrado que Milei y sus asesores son más pragmáticos de lo que demuestran. Salvo temas sensibles como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la ultraactividad y la prelación de los convenios por empresa, La Libertad Avanza cedió ante pedidos de sindicatos, cámaras empresarias y gobernadores; y sacó el proyecto más puro que podía sacar. Queda por ver qué planes tienen para el resto del año para desarrollar su programa político-económico.

Por lo pronto, una fuente de la mesa política asegura que hay margen para seguir con la hoja de ruta y que “arriba de 4% de crecimiento la gente lo va a empezar a notar en el bolsillo, en el comercio y en el empleo”.

Otra fuente agrega: “Para mí siguen siendo más los ciudadanos que se benefician del impacto de la baja de la inflación y la baja de los precios en bienes que los que hoy se perjudican. Es difícil determinar la profundidad del malestar social y más difícil es determinar qué ocurría primero, si el fuerte crecimiento o el agotamiento de la paciencia”.

En esa carrera, el oficialismo tiene diversas reformas en mente. Una de ellas es la tributaria, aunque ciertos funcionarios dudan de si debe implementarse en el corto plazo. “Es como el huevo y la gallina. Si te baja la recaudación no podés bajar impuestos porque incumplís la meta fiscal o, para cumplirla, tenés que ajustar más aún”, afirman.

Los planes del oficialismo tienen mayores posibilidades de concretarse siempre que no haya una alternativa política razonablemente estructurada que pueda interpelar al electorado con una mirada diferente. “Hasta el momento no existe”, dice, con alivio, un estratega libertario.

El nuevo horizonte político que tienen los libertarios

Pese a la noticia de Fate, estas últimas dos semanas fueron intensas en términos de señales políticas: La Libertad Avanza logró aprobar en ambas cámaras una reforma laboral con cambios audaces. Se demostró que el esquema de coordinación política actual está aceitado y que el oficialismo encontró los aliados justos para conseguir los votos necesarios para impulsar iniciativas difíciles.

Diversos integrantes de la mesa política reconocen que están sólidos. Otros son más escépticos y creen que hay una interna que se soslaya porque los resultados acompañan. “El día que esto se incline un poco van a salir los trapitos al sol y puede espiralizarse”, indica uno de ellos, aunque prefiere evitar ese escenario. Por el momento, las cosas marchan bien.

En particular, en el Gobierno observan lo que sucedió con la votación por la reforma laboral en el Senado: 42 votos positivos contra 30 negativos, a seis de la mayoría especial que se precisa para nombrar cargos de altísima relevancia en términos judiciales. Si se negocian ciertas ausencias, el número clave para conseguir los dos tercios baja. Es decir, el oficialismo está muy cerca de poder llenar casilleros clave de la Justicia sin la asistencia del kirchnerismo.

El sector ligado a Santiago Caputo, que maneja la agenda judicial del Poder Ejecutivo, tiene intenciones de enviar más de 50 pliegos para jueces federales. Observan con atención lo que podría ser una futura negociación respecto de los cargos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque hay otros dirigentes que opinan que no hay que apurarse con ese tema. “Si la actual conformación no nos hizo problemas y podemos dosificar los esfuerzos para otras negociaciones, ¿por qué meternos en las charlas por la Corte?”, se preguntó un integrante del oficialismo.

La preocupación en la Justicia gira en torno al estado de las vacancias en los juzgados federales. Miremos lo que sucede en Santa Fe.

El Juzgado Federal de Reconquista quedará sin juez titular luego de que Aldo Alurralde asuma en la Corte Suprema provincial propuesto por el gobernador Maximiliano Pullaro. El Juzgado Federal de Rafaela está vacante luego de que su extitular, Marcelo Bailaque, presentara su renuncia (aceptada por Milei), antes de que el Consejo de la Magistratura iniciara un jury de enjuiciamiento para removerlo por presuntas investigaciones vinculadas a complicidad con el narcotráfico.

La jueza federal de Primera Instancia N° 2 de Rosario, Sylvia Aramberri, presentó su renuncia en mayo del año pasado y sigue sin un reemplazo formal. El Juzgado con competencia electoral de Santa Fe también permanece vacante, aunque desde hace finales de 2024. Ahora lo subrroga el juez federal de Venado Tuerto, Antonio Cuello Murúa, luego de que antes tuviera ese cargo el juez federal Gastón Salmain, que está a cargo del Juzgado Federal N°1 a pesar de haber sido procesado semanas atrás por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.

Estas acusaciones se enmarcan en una causa donde, junto a dos personas más, está acusado de manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior. Pese a tener prisión preventiva, esta no se efectivizó debido a que tiene inmunidad de arresto por ser juez. ¿Es verdad que Salmain está con altísimas chances de subrogar un juzgado federal por no haber reemplazantes? Situaciones insólitas de la vida judicial argentina, aunque en los pasillos tribunalicios ya están acostumbrados: “Es como el amor: lugar que no lo ocupa uno, lo ocupa otro”.

Volviendo a la esfera nacional, en la Justicia observan dos asuntos: que el Gobierno demostró tener números importantes en el Senado y que la oposición está desarticulada. “Me parece que deberían mirar menos en negociaciones por la Corte ahora. Si el año que viene consiguen números similares a 2025 van a poder nombrarlos más fácil y hasta pueden soñar con cambiar la Constitución”, opinan.

Hay quienes aconsejan mirar que en el Consejo de la Magistratura hay cerca de 16 vacantes de altísima influencia en trámite: desde tribunales orales federales hasta juzgados de instrucción, cámaras federales y casación penal federal. De cualquier manera, todos los ojos se posan sobre los cuatro concursos que se están realizando sobre los Juzgados 6, 9, 11 y 12 de Comodoro Py; un sitio que cualquier futuro exfuncionario querría tener a su favor.

A fuerza de pactos y negociaciones, el Gobierno tendrá su reforma laboral cuando el próximo viernes el Senado termine el trámite exprés que ideó la Casas Rosada para imponerse sin sobresaltos. Es la primera gran batalla de Javier Milei en su nueva construcción política, consolidada a base de acuerdos a medida para garantizarse sus objetivos, sin distinción de castas.

El sindicalismo y los gobernadores terminaron siendo los actores centrales que habilitaron el paso seguro de la reforma laboral por el Congreso. El pacto sindical libertario incluyó nulos reclamos provinciales. No hubo una sola marcha que hiciera siquiera dudar a alguno de los mandatarios de origen peronista de la inconveniencia de colaborar con Milei. “Si apostaron al acuerdo, iban a tener esta ley”, reprocha un dirigente de peso en el peronismo sobre el accionar de la CGT. Ni un bloqueo, ni una marcha a una casa de gobierno provincial.

En la Tucumán de Osvaldo Jaldo se acumulan los reclamos de las empresas textiles que cierran. El caso emblemático es Hilado SA, que en enero dejó de producir e implicó la suspensión de 190 empleados de su planta en Los Gutiérrez. “Nadie fue a pararle la provincia”, se quejan en el peronismo. “Arreglaron ellos”, mastican bronca en el bloque. En pleno debate parlamentario, en la Catamarca de Raúl Jalil la empresa de electrodomésticos Neba arrancaba un proceso de despidos en su planta del parque industrial El Pantanillo. Tampoco hubo movilizaciones que lo hicieron pensar en abstenerse de colaborar.

El cierre de Fate cayó como una bomba en el Gobierno, en el día previo al debate en Diputados. Poco afecto a intervenir en los conflictos, esta vez la Casa Rosada intentó una jugada para ganar tiempo y evitar que la conflictividad se expandiera hasta el Congreso. Dictó casi en minutos la conciliación obligatoria que frena por 15 días hábiles los despidos. La medida solo posterga el final anunciado, pero para entonces Milei ya tendrá su nueva ley laboral. Con la sanción definitiva el viernes, la Casa Rosada apurará su promulgación. En el mientras tanto, desde el Gobierno intentaron desviar el foco de la discusión y centrarse en la responsabilidad del dueño del holding, Javier Madanes Quintanilla. “¿Conspiranoico yo?”, dejó un posteo el Presidente, para que los tuiteros salieran a descargar su malestar hacia el empresario. La Unión Industrial Argentina (UIA), que demoró en defender a Paolo Rocca al menos dos días después del “don Chatarrin” presidencial, esta vez activó más rápido un comunicado para quejarse de que la situación de Fate no era un hecho aislado. Los empresarios intentan reacomodarse al esquema de poder que se abrió desde la llegada de Milei al Gobierno. Los actores cambiaron. Rocca ya no ocupa el rol central con ascendencia en Balcarce 50. Ese lugar hoy es de la familia Bulgheroni.

En ese contexto de alta conflictividad, el oficialismo se vio obligado a ordenarse. En 48 horas dio una doble marcha atrás con el artículo del descuento salarial por enfermedad y despejó el camino en Diputados. Primero anunció que lo retocaba, en una redacción de imposible cumplimiento que calificaba a las enfermedades entre severas, incurables y degenerativas. El rechazo social fue tal que con el correr de las horas aceptó directamente su eliminación. Ya hay pases de factura con los aliados del PRO. En el bloque libertario dicen que Cristian Ritondo salió a marcarle la cancha al Gobierno en redes sociales cuando la decisión ya estaba tomada.

Con bastante más oficio, Martín Menem entendió que debía diversificar los apoyos para ampliar la base de sustentación. Su habilidad es su desconfianza. No depender de un sólo sector sino tener a varias tribus dispuestas a apoyar. Germán Martínez, el jefe de UxP, lo llamó los “packs”, pero lo cierto es que los libertarios armaron un menú de opciones a medida de las necesidades propias y ajenas. Los acuerdos terminaron siendo un tetris. El tucumano Javier Noguera dio quórum pero se ausentó en la votación. Ya estaba acordado. Lo sabía el bloque kirchnerista y lo sabían los libertarios. Está presionado por Jaldo. El acuerdo inicial que llevó a la unidad al peronismo provincial en las últimas elecciones legislativas implicaba que el diputado se quedaría en el bloque de UxP. Dirigentes provinciales dicen que Jaldo los traicionó a costa de presionar a Noguera con el ahogo financiero al municipio de Tafí Viejo, que gobierna Alejandra Rodrìguez, su mujer, y del que él fue intendente.

En el caso de los diputados por Catamarca, aportaron al quórum pero votaron en contra de la ley. No eran necesarios. El Gobierno tenía el apoyo de los legisladores de Santa Fe y Córdoba. Salta y Misiones no se despegaron de los mandatos oficiales. Permitieron el inicio de la sesión y votaron a favor, en un combo completo.

El Gobierno tenía asegurado el resultado a su favor sobre todo por el rol que jugó el bloque de Provincias Unidas, que preside Gisela Scaglia. En crisis de identidad, ese espacio no encuentra cohesión interna. Completamente divididos, decidieron mostrar algo de unidad anunciando que no darían quórum. Se desmarcó el rionegrino Sergio Capozzi, ex diputado de PRO. Ya estaba hablado que la mitad de ese conglomerado variopinto votaría a favor.

Las razones de la colaboración: fondos y algo más

El peronismo emprendió automáticamente la caza de traidores. En rigor, los gobernadores que apoyaron a Milei son dirigentes que ya están afuera del esquema en el que sigue gravitando Cristina Kirchner. No hubo fisuras en el bloque, que ya es bastante. Buena parte de la colaboración se explicará en fondos para obras que comenzarán a verse en los balances oficiales en los próximos días. Son ya razones sistémicas. Como los gobernadores peronistas que apoyaron a Mauricio Macri, incluso mayor en número que ahora. Provincias ahogadas que necesitan fondos nacionales y también un derrotero de derrotas electorales. El triunfo de Milei en las últimas elecciones se explica también por la pérdida de votos del peronismo en las provincias del Norte.

“Las encuestas me dicen que la gente quiere diálogo”, le dijo Raúl Jalil a un integrante del bloque de UxP cuando intentaba convencerlo de que no colabore con Milei. Con miedo, llegó a confesarle que si la votación era una semana después, perdía. Son gobernadores, además, electoralmente amenazados por La Libertad Avanza. Jaldo ganó gracias a la unidad, pero con un electorado conservador, difícil que pueda bloquear en 2027 el avance de la ola violenta. Deberá volver a pactar con el sector de Juan Manzur, si es que todavía tiene margen. Gustavo Sáenz perdió en Salta capital y tendrá problemas para reelegir ante el crecimiento de Emilia Orozco en su territorio. Dicen en las filas libertarias que apuesta a ser el vice de Milei. El Frente Renovador de Misiones también vio colapsar sus chances electorales cuando en octubre quedó en segundo lugar, detrás de La Libertad Avanza. Son mandatarios que no tienen, además, jefes nacionales que los ordenen. Ellos son sus propios jefes.

La sustentabilidad de los acuerdos es todavía una materia pendiente para el nuevo manual de conducción de los libertarios. Por ahora son pactos débiles, coyunturales y poco duraderos. En el Gobierno saben que el año próximo, con las elecciones en puerta, los pactos se disolverán. “¿Cuánto aguantan algunos diputados?”, se preguntan en los bloques opositores, como el caso de la periodista neuquina Karina Maureira que se quebró en llanto en plena sesión y pedía rever algunos artículos, como la derogación del estatuto del periodista, y terminó votando por su eliminación.

Entre los gobernadores de corte puramente opositor el más complicado económicamente es el riojano Ricardo Quintela. Llamó la atención en el bloque peronista la ausencia del diputado de su provincia Sergio Casas.

En plata, la reforma laboral mermará aún más las cuentas provinciales. A pesar de que lograron quitar del capítulo impositivo la baja del impuesto a las Ganancias para las sociedades, hay varias rebajas a impuestos que se coparticipan. Según cálculos de la oposición, totalizan 2285 millones de dólares, entre ellos, el impuesto a los bienes de lujo que se copartica en un 80,6%. Son los artículos que van del 191 al 196 de la ley.

Disciplina libertaria

La guardiana del número esta vez fue Silvana Giudici. Y no sólo del número. También se encargó de ordenar la sesión. Nadie podía hablar. Ni moverse. Ni pelearse. En medio del debate tuvo que ir a separar al diputado libertario Manuel Quintar, que casi la duplica en altura, que ya estaba cara a cara con el peronista Aldo Leiva. Cualquier descontrol en la sala podía provocar el levantamiento de la sesión. Por eso ahora avanzó en una sanción a Florencia Carignano por desconectar los cables de los taquígrafos. La orden era clara: sólo podían hablar 3 personas: el miembro informante, Lisandro Almirón, que pidió permiso para leer su discurso; el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni; y la propia Giudici. Se cumplió. El bullrichismo terminó copando los bloques tanto en el Senado, con la propia Patricia al frente, como en diputados después del pase masivo de dirigentes del PRO a LLA. “Quedamos todos ordenados, incluso los macristas que se sacaron de encima a Vidal y Lospennato y ahora ya no tenen debate interno, están alineados con nosotros, ya no tienen doble identidad”, sostiene una de las principales espadas legislativas del Gobierno.

El oficialismo pasó el mayor momento de tensión sin sobresaltos. Fue apenas minutos después de las 21.30 cuando el peronismo se dio cuenta que no había quórum y propuso una moción de orden para terminar la sesión. Sonaron las alarmas. En ese momento presidía Luis Petri la sesión, que llamó rápidamente a Menem, tomó el control, y avanzó con Giudici en estirar los minutos para conseguir que los libertarios con hambre a esa hora volvieran a sentarse. La diputada contraatacó. Se vengó y pidió adelantar el cierre del debate. Finalmente hubo acuerdo.

El quórum lo consiguieron incluso holgados. “Teníamos 132, pero como lo conseguimos 10 minutos antes decidimos abrir la sesión”, aclaran los libertarios. Rocío Bonacci había pinchado un neumático en el camino e hizo rever los números. Ahí se mezcló otra desconfianza: la demora en sentarse de Fernando de Andreis, mano derecha de Mauricio Macri. A su lado explicaron que “no hay ningún mensaje subliminal”, pero las desconfianzas son hoy el mayor activo de los libertarios. El otro gobernador que aportó fue Claudio Vidal, ex dirigente sindical. “(José) Garrido es más anti K que Milei”, lo describen en el peronismo. En el Senado, los dos representantes de Santa Cruz votaron en contra, pero se desmarcaron en el FAL. Temeroso, el Gobierno había trabajado para que José María Carambia, que es abogado laboral, cambiara su voto en uno de los artículos más complicados, aunque no fue siquiera necesario.

El apoyo a la reforma laboral fue casi idéntico que en el debate del año 2000. Germán Martínez había revisado los números en la previa. Entonces salió 137 a 93. El jueves fue 135 a 115, una mejora del rechazo. Premio consuelo. El triunfo de los libertarios se magnifica aún más si se tiene en cuenta que la oposición no logró dar de baja ninguno de los títulos más polémicos. Llamó sobre todo la atención el paso sin tensión del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que estaba contenido en un único título y que podría haber caído con un acuerdo opositor. Pero sólo perdió 5 diputados. Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez, Jorge Rizzotti y Capozzi. La radical Karina Banfi se abstuvo. Es el Fondo que Luis Caputo admitió que usaría para financiar al Tesoro. “Nosotros buscamos recomponer el mercado de capitales. Como parte de la reforma laboral, con el FAL, se va a alimentar un nuevo mercado de capitales. Son USD 4000 millones por año que va a alimentar el mercado de capitales”, dijo el ministro en diciembre pasado cuando la contribución prevista era del 3% de cada salario y ahora es del 2,5% para las Pymes y 1% para las empresas grandes.

Contraataque judicial

El viernes mismo, a horas de la aprobación en el Diputados, los abogados de la CGT hicieron un Zoom para fijar la estrategia judicial. Es el camino más seguro, pos pacto, que el sindicalismo siempre puso como objetivo para frenar la reforma laboral. Participaron desde Huguito Moyano a Marta Pujadas, mano derecha de Gerardo Martínez, para delinear las presentaciones. Ya no habrá más paros. El mayor temor ahora es la reglamentación, donde puede meter mano Federico Sturzenegger y que queden sin efecto los cambios acordados. El sindicalismo consiguió mantener las contribuciones a las obras sociales en un 6%, el financiamiento gremial vía cuota solidaria y cuota sindical con límite del 2% y la ultraactividad de los convenios hasta que las partes se pongan de acuerdo en la suspensión.

La apuesta es aprovechar la ventana de 180 días que establece la norma para la disolución del fuero laboral y presentar ahí medidas cautelares. Cuentan a su favor con la posición de rechazo de la Asociación de Magistrados y del presidente de la asociación latinoamericana de jueces del trabajo, Roberto Pompa, que expuso en el plenario de comisiones. “Ninguno quiere ser empleado municipal”, dice un dirigente sobre el rechazo judicial al pase al ámbito de la justicia porteña. Ya hablan de $89.000 millones en indemnizaciones para todo el fuero que desaparece.

Ganar la votación, perder la discusión

Más allá del contundente triunfo parlamentario, el Gobierno no logró imponerse en términos discursivos. El artículo de las licencias por enfermedad pareció despertar a la sociedad. Nadie habló de modernización y hasta los propios diputados guardaron sus discursos en el bolsillo ante la orden de que la prioridad era aprobar la ley.

Sin dudas, el Gobierno perdió el debate digital, zona en la que suele sentirse a gusto. Durante todo el mes “se sostuvo una tendencia negativa en el sentimiento de las audiencias digitales hacia Milei, tras cuatro meses de balance positivo”, es el análisis de la consultora Ad Hoc sobre la conversación en redes, el campo de batalla libertario. Según este informe, “el debate sobre la reforma laboral le traccionó un 48,5% de negatividad” al Presidente. Tuvo un pico el 12 de febrero, con más de 225 mil menciones al tema laboral después del debate en el Senado y el escándalo del artículo 44. En volúmen, es comparable con la reacción generada por el cierre de Fate, que se llevó un 60% de negatividad.

La mayoría de las encuestas coinciden en que la imagen del Presidente se estancó, sin lograr superar el 45%, que para la magnitud y duración del ajuste igual sigue siendo alta. El índice de confianza del consumidor que elabora la Universidad Di Tella dio en febrero una caída del 4,7%. QSocial, que elabora un monitor de percepción de inflación, estableció que 7 de cada 10 argentinos se vieron obligados a recortar gastos esenciales para poder llegar a fin de mes. Para la consultora Pulso Reserch “la aprobación de gestión se ha estabilizado en torno al 44% por tercer mes consecutivo y el rechazo registra una tendencia a la baja hace 5 meses, desde las elecciones legislativas de octubre pasado”. El principal activo de Milei sigue siendo el pasado: “La responsabilidad sobre la situación económica se mantiene como uno de los principales elementos que inviste de indulgencia al gobierno: el 48% culpa al gobierno anterior y el 38% le recrimina la situación al gobierno actual”.

En el pasado se explica buena parte del éxito político del Presidente que decidió aprovechar a fondo la ventaja que le dejan sus hipotéticos oponentes.

Si el Senado convierte en ley la reforma laboral que impulsa Javier Milei, como se prevé que suceda el viernes próximo, no sólo se producirán cambios para los trabajadores sino también modificaciones profundas que impactarán de lleno en el poder sindical.

En el proyecto, que la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes, se eliminó el polémico artículo 44, que reducía al 50% o al 75% el pago de los sueldos durante las licencias por accidentes y enfermedades inculpables, pero quedaron intactos los vinculados con las indemnizaciones, la creación de un mecanismo de banco de horas y las vacaciones, entre otros cambios que afectan los derechos individuales.

Para el poder sindical, el enorme alivio que negoció con el Gobierno fue dejar a salvo el financiamiento de los gremios al mantener las cuotas solidarias (aunque con un tope del 2% de descuento salarial) y, además, eliminar el artículo que reducía de 6% a 5% las contribuciones patronales para las obras sociales, lo que garantiza el actual flujo de fondos para el sistema sindical de salud.

Sin embargo, los dirigentes de la CGT no pudieron atenuar ni quitar de la reforma laboral al menos unos 10 artículos que, tal como están redactados, confirmarán lo que dijo la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, al defender el proyecto: “Cambia de cuajo el modelo sindical argentino”.

El modelo al cual alude la senadora oficialista, ideado por Juan Domingo Perón, tiene al Estado entre sus pilares constitutivos: los sindicatos no son autónomos del Poder Ejecutivo y requieren de su aval para determinar qué organización es la más representativa por rama de actividad y será la que recibirá la personería gremial, una figura que le otorga el “poder de lapicera” para firmar los convenios colectivos y administrar sus propias obras sociales, entre otros derechos exclusivos.

La reforma laboral de Milei debilitará el “unicato” sindical que retiene hoy el poder de manera centralizada, quitándole atribuciones en materia de negociación colectiva, convenios colectivos de trabajo, derecho de huelga, fueros sindicales y asambleas, por ejemplo.

El primer punto del proyecto que será demoledor para el poder sindical es el artículo 98, que reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (50% y75%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, con el fin de evitar la paralización total de los servicios. Ya figuraba en el DNU 70 dictado por Milei apenas asumió su gobierno y luego en el decreto 340, y en ambos casos fueron suspendidos por la Justicia.

La novedad es que, por un lado, se incorporó la recolección de residuos entre las actividades esenciales que deberán garantizar un 75% de servicios mínimos en caso de huelga, y, por otro, se incluyó que las fuerzas de seguridad en ningún caso podrán brindar una cobertura menor al 100% de la prestación normal de su servicio.

El artículo sobre las cuotas solidarias, que establece que no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores (hoy no tienen tope alguno y existen sindicatos como SMATA que reciben un 4%), también dejó a salvo los aportes, contribuciones y cualquier otro concepto firmados en los convenios en beneficio de entidades empresariales, aunque con un 0,5% de tope.

En su versión anterior, la reforma laboral jaqueaba a las cuotas solidarias al eliminar la obligación de los empleadores de ser agentes de retención de esos aportes y, además, establecer que sólo podía ser retenida en caso de ser pactada por convenio colectivo de empresa y contar con el consentimiento explícito del trabajador.

La reforma laboral también afecta el poder concentrado de los sindicatos a través del artículo 126, que restringe la ultra actividad, principio vigente hasta ahora que otorga continuidad a los convenios colectivos de trabajo tras su fecha de vencimiento hasta tanto no se firme un nuevo acuerdo. En el proyecto, de todas formas, se amplía qué subsiste al vencer el convenio: se añaden “las condiciones y beneficios individuales directos del trabajo y los beneficios otorgados para el trabajador”, no sólo las condiciones de trabajo como figuraba antes.

Las cuotas solidarias, a la vez, quedan protegidas porque el proyecto afirma que “las cláusulas obligacionales mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes”.

Una modificación clave de la reforma laboral es la que establece la supremacía de los convenios de ámbito menor a los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. En la legislación actual, un convenio de actividad prevalece sobre los convenios inferiores (como los acordados a nivel de empresa), salvo que éstos sean más favorables para el trabajador.

En la práctica, el proyecto les da más entidad a los convenios que se pactan por región o por empresa, lo que le quita fuerza de negociación a los sindicatos con personería, y permite que se acuerden en condiciones inferiores a los convenios de actividad o nacionales.

Otro artículo que afecta el poder centralizado de los sindicatos es el que facilita el otorgamiento de la personería los sindicatos por empresa. Según la ley vigente, “sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión”.

En la reforma laboral, el artículo 136 dice que “podrá otorgarse personería gremial a un sindicato de empresa cuando su cantidad de afiliados cotizantes fuere, durante un período mínimo y continuado de 6 meses anteriores a su presentación, superior a la cantidad de afiliados cotizantes en el ámbito de la misma empresa a la asociación con personería preexistente, cualquiera sea el grado o el ámbito material, territorial y personal de actuación de esta última”.

Por otra parte, el artículo 134 hace un agregado que apunta de manera directa contra los líderes de los sindicatos: al sustituir el artículo 20 ter de la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales, considera como una de las infracciones muy graves “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”. El agregado de “instar y/u organizar” permitirá que las sanciones previstas por la ley alcancen no sólo a los ejecutores de bloqueos o tomas sino también a los líderes de los sindicatos que hacen esas protestas.

Los conflictos de encuadramiento sindical, que son muy comunes y puso de moda Camioneros por sus reclamos para sacarles afiliados a otros gremios, incorporan dos novedades contempladas en el artículo 144: por un lado, reduce el plazo de resolución de estos diferendos de 60 días a 20 días hábiles, y, por el otro, introduce una dimensión disciplinaria que antes no existía en este artículo: permite a la Secretaría de Trabajo sancionar toda conducta gremial que afecte a terceros. Es decir, si no quiere ser penalizado, Hugo Moyano tendrá que evitar los bloqueos contra empresas en las que tenga reclamos de encuadramiento de los trabajadores.

Para el gremialismo también es inaceptable el artículo que limita las asambleas sindicales adentro o afuera de los lugares de trabajo al exigir que deba pedirse autorización previa al empleador, tanto del horario como el tiempo de su duración, y establecer que “el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la asamblea”. Este punto del proyecto libertario busca impedir que las asambleas se conviertan en medidas de fuerza encubiertas.

La reforma laboral les quita atribuciones a los delegados sindicales. La ley vigente dice que la cantidad de horas retribuidas que puede utilizar un delegado para su actividad gremial se define por convenio colectivo, mientras que el proyecto actual propone que se limiten a 10 horas mensuales, lo que “significa una intervención directa en la negociación colectiva y en la voluntad de las partes con el objetivo de impedir la acción gremial”, según un análisis del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo CETyD (EIDAES-UNSAM).

En el artículo 139, por otra parte, se introducen cambios en relación con quienes están amparados por la tutela sindical: se elimina la protección a suplentes y congresales, “lo que dificulta la conformación de listas sindicales o de delegados y obstaculiza la generación de nuevos cuadros sindicales en los distintos ámbitos”, según un informe sobre la reforma laboral que hizo el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma.

El artículo 130 del proyecto oficial, por otra parte, se refiere a la Articulación de los Convenios Colectivos y contempla la posibilidad de que la autoridad administrativa del trabajo pueda “decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando se alegare y demostrare sumariamente que su aplicación genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población”.