La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que realizará un paro con movilización frente al Congreso el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. La decisión fue comunicada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó con dureza el proceso legislativo y la postura del Gobierno frente a los reclamos sindicales. Según detalló en diálogo con Infobae al regreso, la organización estableció su alineamiento con un frente de más de cien sindicatos que rechazan cualquier intento de acuerdo parcial en el tratamiento de la ley.

Aguiar explicó que el frente sindical entiende que el diálogo para realizar modificaciones parciales no resulta viable, ya que, a su juicio, “toda la ley de principio a final nos perjudica”. El dirigente remarcó que, si bien se eliminaron artículos que afectaban directamente a los sindicatos, permanecen intactos aquellos que considera lesivos para los trabajadores. “No puede aparecer como que canjeamos plata por explotación, plata por más precarización, justo de aquellas y aquellos que tenemos que representar”, expresó, planteando la dificultad de justificar cualquier acuerdo en esas condiciones.

El anuncio de la medida de fuerza llega en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y los principales actores sindicales. La movilización de ATE se sumará al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que también fijó una huelga nacional de 24 horas para el día en que se debata la reforma laboral en la Cámara baja. La adhesión de los gremios del transporte garantiza la interrupción total de colectivos, trenes, subtes y taxis en todo el país, lo que anticipa un fuerte impacto en la vida cotidiana.

El secretario general de ATE, quien obtuvo el respaldo de casi medio millón de estatales en la última elección interna, enfatizó que la postura de la organización no busca generar polémica interna en el sindicalismo, sino que refleja una forma de ejercer la representación gremial. Según sus palabras, “no estamos generando ninguna polémica. Simplemente, estamos expresando cada uno nuestra manera de pensar y de ejercer esta actividad”.

Consultado sobre la estrategia de movilización, Aguiar explicó que la decisión de convocar a un paro con movilización responde a la necesidad de evitar que el Congreso se quede sin la presión de la calle, lo que, según su visión, facilitaría el avance legislativo del oficialismo. “No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores”, consideró, haciendo referencia al debate en la Cámara Alta. El dirigente incluso ironizó sobre la dinámica parlamentaria, señalando que durante la votación en el Senado “hubo más valijas en el Congreso que en la estación de retiro durante las vacaciones”.

Aguiar también cuestionó el comportamiento de algunos legisladores, señalando que “muchos gobernadores, muchas de esas senadoras y senadores y de las diputadas y de los diputados que van a intervenir esta semana, hace solo pocos meses juntaron votos diciéndose peronistas en sus provincias y confrontando las políticas del Gobierno Nacional”. El sindicalista advirtió sobre una “malversación instantánea del voto” y puso en duda la legitimidad de ciertas transformaciones políticas recientes.

La preocupación por el impacto de la reforma laboral en los derechos de los trabajadores se extiende más allá de la estructura sindical. Según el propio Aguiar, la iniciativa oficial “ataca a los sindicatos para debilitar y desproteger a los trabajadores a la hora de discutir sus salarios y sus condiciones laborales”.

El dirigente advirtió que la aprobación de la ley pondría en riesgo “todos los derechos laborales que conocemos” y anticipó la posibilidad de profundizar el plan de acción si el proyecto avanza en el Congreso.

El paro y la movilización de ATE se inscriben en una etapa marcada por la alta conflictividad entre el Gobierno y los sindicatos. Esta será la cuarta medida de fuerza general enfrentada por el presidente Javier Milei en poco más de dos años al frente del Ejecutivo, un indicador de la presión social y gremial que atraviesa la gestión. El fenómeno no es nuevo: los presidentes no peronistas suelen experimentar más paros generales en menos tiempo que los mandatarios del Partido Justicialista, de acuerdo con un estudio de la Universidad Austral.

La estrategia sindical se apoya también en el rechazo a ciertos artículos específicos de la reforma. Entre los puntos más cuestionados figura el artículo que limita el pago de salarios completos durante licencias por enfermedad o accidente no vinculado a la actividad laboral.

Según el texto aprobado en el Senado, los trabajadores afectados recibirán el 50% del salario, con opción a alcanzar el 75% si la situación no responde a una acción voluntaria ni a conocimiento previo del riesgo.

Por el momento, la atención permanece puesta en la fecha en que la Cámara de Diputados convoque a sesión para debatir la reforma laboral. La movilización de ATE promete constituirse en uno de los focos de presión más relevantes durante la discusión parlamentaria, en un escenario de alta tensión política y social.

Javier Milei afrontará su cuarto paro general de la CGT a 802 días (o 2 años, 2 meses y 9 días) de haber asumido su gobierno (si la protesta se realiza este jueves).

En Infobae en vivo, la discusión sobre el artículo 208 de la reforma laboral se volvió central tras la difusión del texto que habilita recortes salariales ante accidentes o enfermedades ajenas al trabajo.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Fede Cristofanelli, se analizó el origen y las consecuencias de la modificación introducida. Jastreblansky subrayó: “Invierte la carga de la prueba. El empleador tendrá derecho a pagar la mitad, no es una obligación, sino que la ley le abre la puerta. Probablemente la mayoría se agarre de esto para hacerlo, está claro”.

El texto del artículo 208 y la controversia sobre los derechos laborales

Manu Jove remarcó la ambigüedad del texto legal: “Lo de ‘el trabajador tendrá derecho’ hace ruido por cómo está planteado, pero al mismo tiempo se convirtió en un eslogan casi vacío de la oposición más férrea, el kirchnerismo, el peronismo. Esta idea de ‘la ley viene a quitar derechos’ empezó a instalarse con este artículo”. Jastreblansky recordó que la votación en el Senado se realizó con el proyecto repartido apenas seis minutos antes, lo que alimentó el desconcierto: “Muchos senadores se enteraron de este artículo y no sé si llegaron a leerlo porque hubo imágenes de cómo repartían el texto final de la ley de reforma laboral minutos antes de votar”.

La polémica también se concentró en la figura de Federico Sturzenegger, señalado como principal impulsor de la desregulación: “Desde que Sturzenegger entra al mundo Milei, lo único que él quiere hacer es cambiar, casi refundar las normas en Argentina y desregular todo lo posible”, sostuvo Jastreblansky. El staff recordó su impronta performática: “Es el hombre que andaba con esas carretillas, creo que literalmente, con pilas y pilas de hojas de artículos y leyes para derogar. El hombre detrás de la Ley Bases, incluso antes de ser funcionario formal”, sumó Jove.

Judicialización, conflicto de intereses y la reacción del Gobierno

El programa abordó el impacto judicial y los eventuales conflictos de interés vinculados al entorno del Gobierno. Jastreblansky explicó: “Muchas de las desregulaciones terminaron judicializadas y la justicia la frenó. Él dice: ‘Estoy estudiando qué hizo la Revolución Francesa con el sistema judicial, porque el sistema judicial es el último reducto de la casta’”. La periodista recordó el caso de la adjudicación directa de un contrato entre Cancillería y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por la esposa de Sturzenegger: “Es una adjudicación directa por especialidad, no hubo licitación. Se presenta un conflicto de interés, eso es así. Tenés que darle intervención a los organismos de control y en este caso se hizo. La Oficina Anticorrupción y la Sindicatura de la Nación dictaminaron sobre esta situación”.

El debate también incluyó las críticas a la estrategia oficialista de instalar casos extremos como “lastimarse jugando al fútbol” para justificar la reducción salarial. Paula Guardia Bourdin planteó: “Lo que hace es girar el eje del debate a una pavada, como es el romperte la pata jugando al fútbol, y lo quita de las enfermedades graves”. Jastreblansky enfatizó: “La primera parte del artículo dice que si tenés una enfermedad inculpable te pueden reducir hasta el 75% del sueldo. Si tenés un cáncer, ¿el empleador te va a pagar el 75% y no te va a cubrir esa licencia que hasta ahora te cubría el 100%?”.

Presión política y alternativas para destrabar la reforma laboral

Con la aprobación en Diputados en riesgo, el staff analizó las opciones que barajan los legisladores ante el rechazo social y político. Jastreblansky anticipó: “Empiezan a surgir algunas ideas para no tocar la ley como está: hacer una segunda ley de un solo artículo que aclare todo esto y diga que en casos de enfermedades gravísimas todavía el empleador tiene que cubrir el 100% del sueldo. Otros dicen de empacharlo desde la reglamentación y ahí aclarar que no aplica para casos de enfermedades graves”.

Jove señaló que la fragmentación política en Diputados abre la puerta a múltiples reclamos: “Aquellos dispuestos a acompañar la reforma dicen: ‘Si se abre la ventana para meter una modificación, aprovecho y te pido por acá, te pido por allá, hay que cambiar esto, ya está’. El bloque de Provincias Unidas ya votó en disidencia. El PRO y parte del radicalismo presionan para sumar sus propios temas. Si modifican el artículo, todos quieren meter la cuchara y se complica la aprobación”.

El debate evidenció la tensión entre la urgencia oficialista por sancionar la reforma antes del inicio de las sesiones ordinarias y la resistencia de sectores que advierten sobre la regresividad de los cambios. La opinión pública, atravesada por la discusión sobre derechos laborales y la credibilidad de los controles estatales, sostiene el tema en agenda mientras crecen las negociaciones legislativas.