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Política Nacional

El Gobierno analiza cambios en la facturación de energía

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El presidente Alberto Fernández decretó que se mantenga el congelamiento de los servicios por otros tres meses, mientras los entes reguladores proceden con la renegociacion de la revisión tarifaria.

De cara a 2021, el Gobierno comenzará a estudiar cambios en las tarifas de energía. Si bien se mantendrá el congelamiento por los próximos tres meses, se avanzará en la renegociación de la revisión tarifaria. Semanas atrás, desde la Secretaría de Energía habían adelantado que los próximos aumentos comenzarán a regir a partir de marzo del año entrante.

A través del Decreto 1020/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo habilitó la renegociación tarifaria de la luz y el gas, que tendrá al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al frente del proceso.

A fines de 2019, cuando el Congreso aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declarando la emergencia pública tarifaria y energética, entre otras, se le delegó al Poder Ejecutivo facultades para “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos”.

Es decir, se facultó al Gobierno a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente. En este marco, el Poder Ejecutivo intervino administrativamente el ENRE y el ENARGAS.

Tras una auditoría llevada a cabo por ambos organismos, se determinó que “las tarifas que registraron aumentos sustanciales para los servicios públicos no han sido justas, ni razonables, ni transparentes”. Así, propusieron al Poder Ejecutivo iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente y proceder “a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios industrias” que se ha verificado durante el 2020, “en razón del mantenimiento tarifario al observar la evolución de los montos a facturar a usuarios del servicio público y por otro lado la evolución del nivel general de precios, salarios y actividad económica”.

Sin embargo, sobrevino la pandemia de coronavirus. Con ello se mantuvo el congelamiento de tarifas y se procedió a la prohibición del corte de servicios ante pagos adeudados. Estas circunstancias imposibilitaron el desarrollo de modificaciones en las tarifas de energía, aunque a partir de informes técnicos realizados por la Subsecretaría de Hidrocarburos y de la Subsecretaría de Energía Eléctrica el Gobierno, a través de sus entes, se ve en la necesidad de avanzar con el proceso referido.

De esta forma, Alberto Fernández y todos los ministros firmaron el decreto que fue publicado hoy, en el que se dio inicio a la renegociación de la revisión tarifaria integral vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal.

El ENRE y el ENARGAS estarán al frente del proceso, cuyo plazo no podrá exceder los dos años desde su entrada en vigencia. Sin embargo, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Energía podrán prever “adecuaciones transitorias de tarifas”. Los entes reguladores deberán organizar un banco de datos del proceso de renegociación, llevar adelante los regímenes de audiencia pública, de consulta pública y de participación ciudadana que resulten pertinentes.

“Los acuerdos definitivos o transitorios deberán formalizarse mediante actas acuerdo con las concesionarias o licenciatarias y los titulares del ENARGAS y del ENRE, así como del Ministerio de Economía, quienes los sucribirán ‘ad referendum’ del Poder Ejecutivo”, establece el artículo 5 del decreto. No obstante, “en caso de no ser factible arribar a un acuerdo”, el ENRE y el ENARGAS deberán dictar el nuevo régimen tarifario para los servicios públicos.

Ahora bien, de cara a posibles aumentos el año próximo, en el artículo 11 el Gobierno prorrogó por 90 días el congelamiento de las tarifas previsto en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que estaba próximo a vencer. A la par que se extendió la intervención del ENRE y del ENARGAS por un año o “hasta que se finalice la renegociación de la revisión tarifaria”. Mientras perdure la intervención, el ENRE mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR).

Semanas atrás, Darío Martínez, secretario de Energía, había confirmado que los aumentos se implementarán entre marzo y abril de 2021. Pero que los mismos se aplicarán en las tarifas de electricidad y gas con un esquema diferenciado, según los ingresos de cada usuario. De esta forma, el funcionario confirmó que un porcentaje de la población tendrá una tarifa subsidiada. “Esto no implica aumentar el porcentaje de los subsidios respecto al PBI, sino mantenerlo constante pero usarlo de mejor manera“, explicó.

“Hay que ver cómo está el país, cómo está el poder adquisitivo. Esto es fundamental. Nos interesa ver qué capacidad de afrontar tarifas tiene la sociedad argentina. Tenemos claro no aumentar los subsidios en términos porcentuales que están en 1,7% del PBI y no volver a las tarifas de la gestión anterior. Una vez que se salga del congelamiento, vamos a una tarifa de transición”, había adelantado Martínez.

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Nación reconoce que la inflación volverá a subir en marzo, pero espera una desaceleración desde abril

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El INDEC dará a conocer este martes a las 16 el dato de inflación de marzo y en la Casa Rosada anticiparon que “no será bueno” a causa de la suba de los combustibles por la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, el Gobierno sostiene que el programa económico es “inamovible” y esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) empiece a desacelerarse a partir de abril.

El equipo económico que comanda Luis Caputo estima que la inflación se ubique entre 3% y 3,3%. Es una cifra similar al dato correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires, que trepó de 2,6% en febrero a 3% en marzo.

De acuerdo a las estimaciones de la Casa Rosada, la inflación de marzo estuvo impulsada por el alza del precio del petróleo a nivel mundial, que tuvo su correlato en la Argentina con un aumento de más de 20% de los combustibles en el último mes.

Sin embargo, en la Casa Rosada se muestran optimistas y aseguran que los datos preliminares de abril dan señales de mejora. Bajo esa proyección, un funcionario aseguró que “el rumbo no se toca”.

En una de sus últimas intervenciones en redes sociales, el Presidente reconoció que los últimos meses “fueron duros”, pero enfatizó que el país está mucho mejor desde que asumió la gestión en diciembre de 2023 y pidió paciencia para no “dinamitar lo logrado”.

“¿Significa esto que todos están mejor? No. Y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos”, manifestó el mandatario en un posteo publicado en X.

Para la Casa Rosada, la economía todavía arrastra las consecuencias que generó la incertidumbre electoral del año pasado y creen que a raíz de eso se incrementaron las tasas de interés y repercutieron sobre la actividad.

“Fue el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado”, aseguró Milei.

Pese a ese contexto, en el Gobierno señalaron que este martes, a un año del levantamiento del cepo cambiario para personas humanas, el dólar se mantiene en un valor similar a precios constantes.

Con ese argumento, el Presidente rechazó este domingo estar atravesando un mal momento económico y ratificó que la Argentina “va camino a ser el país con mayor crecimiento de la región”.

Según explicaron en Balcarce 50, el foco del Gobierno está puesto en el próximo trimestre, donde pronostican que “van a salir dólares por las orejas”.

Fuente: TN

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El Gobierno les ordenó a los ministros que bajen más el gasto para garantizar el superávit fiscal

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El Gobierno instruyó a los ministerios a profundizar el ajuste del gasto público en medio de una caída sostenida de la recaudación tributaria, que ya acumula ocho meses consecutivos. La decisión apunta a resguardar el superávit fiscal y cumplir con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto de mayores presiones sobre las cuentas públicas.

Según confirmaron fuentes oficiales, la Casa Rosada definió una nueva pauta presupuestaria para el gabinete. El esquema contempla un recorte adicional del 2% en el gasto corriente y del 20% en el gasto de capital. Desde el Ejecutivo evitaron precisar el monto total de ahorro que se busca alcanzar. Tampoco dieron detalles sobre cómo se aplicará el recorte en cada área.

La medida se inscribe en el plan de ajuste que ya venía en marcha. Hasta marzo se registraba una reducción del gasto del 3,3% en rubros clave como la obra pública, las transferencias a provincias y los salarios del sector público. La baja en los ingresos fiscales fue el factor determinante para avanzar con una nueva ronda de recortes.

El frente fiscal, además, enfrenta condicionantes adicionales. Por un lado, iniciativas legislativas en discusión podrían incrementar el gasto o afectar la recaudación.

Entre ellas se menciona el proyecto de financiamiento universitario impulsado por la oposición y la reforma laboral. Por otro lado, el programa económico está atado al cumplimiento de una meta exigente con el FMI.

Con el organismo, pactó un superávit primario de 2,2% para este año, aunque en el Presupuesto 2026 lo estableció en 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

Según los últimos datos oficiales, en el primer bimestre, acumuló un superávit primario cercano al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y un superávit financiero equivalente al 0,1% del PIB.

En lo que va del año, varias partidas mostraron caídas significativas. Los salarios del sector público, uno de los componentes más relevantes del gasto, registraron una baja del 6,1% en el primer trimestre, al pasar de $3,9 billones a $3,7 billones a valores corrientes. También se redujeron las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), con una caída del 3,7%, desde $3,2 billones a $3 billones.

Otros rubros evidenciaron ajustes más profundos en términos porcentuales. Los programas sociales disminuyeron un 29,8%, mientras que las transferencias a provincias cayeron un 50,9%. En contraste, los subsidios económicos —que incluyen el financiamiento estatal de tarifas de servicios públicos— aumentaron cerca de un 67% interanual.

Este comportamiento se dio incluso en un contexto de reducción de subsidios impulsada por la Secretaría de Energía. Distintos análisis atribuyen el incremento a la cancelación de deudas acumuladas con el sector energético, que fueron saldadas a comienzos de año.

Fuente: TN

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El trimestre clave que mira Javier Milei para la economía y las amenazas internas en el Gobierno

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La consultora 1816 -probablemente, la más leída por el círculo rojo- publicó su último informe especial dedicado a la incesante suba de la mora en los créditos. Este dato creció por decimosexto mes consecutivo para el caso de las familias y llegó al 11,2%; un número marcadamente mayor al de las empresas, tan solo de 2,9%. “El dato consolida la idea de que hay una economía con récord de PBI y consumo privado, pero que al mismo tiempo está mostrando dificultades para derramar en amplios sectores de la sociedad”, indican. Con un mismo conjunto de datos, oficialismo y oposición hacen de la coyuntura actual dos narrativas diferentes.

En el Gobierno no niegan el monitoreo de la mora y reconocen que está creciendo a un ritmo preocupante, aunque marcan que no depende enteramente de ellos. Una fuente de acceso directo al despacho presidencial consultada por Infobae marcó que “los bancos se acostumbraron a vivir en connivencia con el Estado” y que “ahora que tienen que actuar de bancos, están prestando el dinero de manera poco inteligente”.

Es una lectura parecida que el presidente Javier Milei le convalidó a una persona que le consultó días atrás, a quien le recomendó un fragmento dicho por el economista Salvador Di Stefano en La Casa Streaming: “Los bancos pasaron a prestar del 4 % del PBI al 12 %. Si las empresas son más fiables que las familias, ¿por qué no les prestaste a ellas que generan más trabajo y después, a futuro, cuando se recompongan, les prestamos más a las familias?“. Ese razonamiento tuvo el sello de aprobación de la Quinta de Olivos.

La actividad y la dinámica de la economía son asuntos que se han consolidado en la agenda de los principales medios. Los estrategas comunicacionales de la Casa Rosada lo saben, aunque el que salió a hablar por decisión propia fue el mismo Milei. Marcó que los procesos de mejora “no avanzan a la misma velocidad para todos” y pidió paciencia: “El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”.

La vuelta de la advertencia del “Riesgo Kuka” surge en una semana en la que surgieron “trascendidos” de diferentes proyectos presidenciales del centro hacia la derecha que estarían siendo impulsados por sectores políticos y empresarios. Uno de los más resonantes fue el del banquero Jorge Brito. El economista Carlos Melconian habló en público sobre su intención de lanzarse al plano nacional. El pastor evangelista Dante Gebel hizo su publicación más sugestiva en meses trabajando desde Europa con su equipo político, entre ellos el exfundador de La Libertad Avanza, Eugenio Casielles.

Los dos líderes de esos primeros espacios son defenestrados por el propio Milei y su entorno, así como el armador político de Gebel. Ven con sospecha las noticias de estos proyectos presidenciales y las presiones para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sea removido de su cargo. “Si logran voltear a un ministro, demostrarán su poder”, reposteó ayer Milei un tuit redactado por el diputado nacional Alejandro Fargosi. Ese marco es uno de los que hace que el Presidente y Karina Milei no se apresten a remover a Adorni de su cargo.

Al menos tres fuentes del círculo presidencial marcaron a Infobae que ven en este trimestre como el más determinante de cara a las elecciones del año próximo.

Es una prueba de fuego. Durante estos meses tienen que generarse las condiciones para una buena reactivación”, afirma uno de ellos, mencionando la sostenida compra de reservas que se espera hacia adelante, el tipo de cambio estable y la tasa de interés baja. De darse este escenario, creen que el optimismo podría crecer en agosto y septiembre. Parece faltar mucho recorrido para llegar a esa estación.

La preocupación principal entre varios integrantes que asisten a las reuniones de Gabinete es el funcionamiento de la política interna.

Adorni, en calidad de jefe de la administración del Estado, está disminuido en la consideración de varios libertarios de altísimo rango. En las primeras semanas de los escándalos judiciales y mediáticos, marcaban en el off the record que debía renunciar a su cargo o que el Presidente debía pedir su corrimiento. Ahora se encuentran ante la incómoda situación de que sigue ratificado tanto por Javier como Karina Milei, las dos personas más importantes del Ejecutivo.

“Me operó a más no poder y ahora me pide que esté presente en las reuniones”, dice, resignada, una persona que figuró el lunes en la reunión de Gabinete en Casa Rosada. No es el único caso.

Ante los rumores de posibles desplazamientos, en boca de los funcionarios libertarios hubo dos nombres de ministros que surgieron como los más probables para entrar en su lugar. A uno de ellos se le notó espantado con esa posibilidad: “Es una picadora de carne ese lugar. Si me obligan lo tendré que hacer, pero no me gustaría para nada”. Infobae escuchó la misma opinión de otras dos figuras del Gobierno que habían sido mencionadas durante los días en los que se mencionaban presuntos candidatos para reemplazarlo.

Si a la gran cúpula del Ejecutivo le parece una suerte de cargo de altísimo voltaje, ¿por qué Adorni no podría continuar en el cargo, con la posibilidad de tratar de recuperar su imagen perdida de cara al año próximo? Es una decisión que Milei está dispuesto a tomar. Por lo pronto, Adorni viajará esta semana con Karina a Vaca Muerta y cuando Milei se vaya a Israel en una semana buscará comunicar que dejará al jefe de Gabinete en el país para que se haga cargo de la administración libertaria. Eso sí, cerca de Milei ya dicen que en las próximas semanas, “el vocero de la gestión va a ser el Presidente”.

La pregunta que se hacen en más de un despacho del Gobierno es cuánto más está dispuesto a avanzar el tándem del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Nos están dando una señal, porque no es normal un avance así de rápido. Tampoco nos sorprende”, afirman fuentes judiciales del Ejecutivo. La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia no gustó en algunos sectores de Comodoro Py porque consideraban un hecho que allí iba a desembarcar Guillermo Montenegro, de estrechísimo vínculo con Lijo.

El karinismo mira con atención esta cuestión porque en los tribunales federales de la Capital Federal también se halla la Causa Libra. Casualidad o no, la esposa del juez que lleva ese expediente, Marcelo Martínez de Giorgi, fue elegida por Mahiques para cubrir el Juzgado Federal de Hurlingham. Hubo gestos a otros importantes miembros de la familia judicial. Si los cálculos de los operadores judiciales libertarios no fallan, la avanzada de un sector de la Justicia Federal podría mermar con el pasar de los meses. “Aun así, no hay ser humano que pueda asegurar impunidad en Comodoro Py. Es un organismo vivo con sus propias lógicas y cada cual juega su juego”, avisa una fuente judicial ligada al Gobierno.

Hay 14 pliegos que interesan mucho en el Gobierno y que están en manos de la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura. Cuatro juzgados, cuatro vacantes en Casación y seis lugares en el Tribunal Oral Federal. Ninguno de estos procesos se verá modificado por el proyecto que impulsan los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya que su propia iniciativa para modificar el esquema de selección de los magistrados fue presentada con posterioridad.

Los dos cortesanos habían pedido que su propio proyecto fuera aprobado “a libro cerrado”. Aquello no convencía al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que pese a no integrar la Comisión de Selección, fue el jueves a una reunión para calmar a algunos consejeros que amenazaban con voltear la iniciativa de la Corte y, además, proponer que los contratos del Poder Judicial pasara a ser determinado por el Consejo.

Uno de los que tomó la palabra en ese encuentro fue el representante del Poder Ejecutivo, el secretario de Justicia, Santiago Viola, que dijo que no había motivo para tratar de manera apresurada esa cuestión. El jueves a las 12.30 horas tiene agendado un encuentro tanto con Rosenkrantz como Lorenzetti. Seguramente allí les diga que el reglamento que proponen necesita modificaciones y que hacer algo a libro cerrado no tiene posibilidades reales, como ya se lo ha adelantado a su círculo íntimo.

La nueva mesa judicial que responde de manera directa a Karina Milei vio con atención una reunión que mantuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo; el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; y el juez federal Mariano Borinsky en el despacho que el asesor presidencial tiene en el primer piso de la Casa Rosada.

Uno de los presentes marcó que se habló sobre la modificación integral del Código Penal que el magistrado había liderado en su redacción con una mesa de especialistas. Mahiques, en tanto, optó por dividir la reforma en dos: una más pequeña que se trate en las próximas semanas con algunas tipificaciones y otra más amplia que termine de implementar cambios más abarcativos. “Corremos el riesgo de que la implementación sea incorrecta y se arribe a algo parecido a lo que ocurrió con la Ley Blumberg”, afirmó una fuente a Infobae. Otra altísima fuente desmintió que esto haya sido tema de conversación.

¿Está la intención de ciertos sectores del Gobierno de promocionar a figuras encumbradas de la Justicia para la Corte Suprema y la Procuración General? Es una de las consultas que se hacían en el entorno de la hermana, que recuerdan las visitas de Montenegro por la Casa Rosada cuando se lo mencionaba como un probable postulante para el Ministerio de Justicia. En el entorno de Santiago Caputo afirmaron que la voluntad del Presidente era clara: “No se van a negociar cargos judiciales que impliquen dos tercios de la Cámara”. Es decir, los dos cortesanos y el Procurador.

La política judicial sirve para traspolar cómo funciona la interna entre karinistas y caputistas sobre otras decisiones del Gobierno. Esto preocupa sobremanera a otros integrantes del Gobierno que no pertenecen explícitamente a ninguno de los dos bandos. “Es algo que le quita inercia a la gestión y se perpetúa”, afirma un responsable de una cartera ministerial. Que se haya agregado la situación del jefe de Gabinete tampoco ayuda a que se asiente una dinámica que deje a todos cómodos.

Aun así, habrá que estar atentos. Hay una fuente de cercanía absoluta con el Presidente que augura que uno de sus pares “va camino al degüello”. Si es cierto, se tratará de una novedad total en el Gobierno. Caso contrario, una nueva señal de que el oficialismo convive con un clima imposible que nadie estuvo dispuesto a solucionar. Ni siquiera con números de aprobación de la gestión que se encuentran en niveles históricamente bajos.

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