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Política Nacional

El Gobierno analiza cambios en la facturación de energía

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El presidente Alberto Fernández decretó que se mantenga el congelamiento de los servicios por otros tres meses, mientras los entes reguladores proceden con la renegociacion de la revisión tarifaria.

De cara a 2021, el Gobierno comenzará a estudiar cambios en las tarifas de energía. Si bien se mantendrá el congelamiento por los próximos tres meses, se avanzará en la renegociación de la revisión tarifaria. Semanas atrás, desde la Secretaría de Energía habían adelantado que los próximos aumentos comenzarán a regir a partir de marzo del año entrante.

A través del Decreto 1020/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo habilitó la renegociación tarifaria de la luz y el gas, que tendrá al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al frente del proceso.

A fines de 2019, cuando el Congreso aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declarando la emergencia pública tarifaria y energética, entre otras, se le delegó al Poder Ejecutivo facultades para “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos”.

Es decir, se facultó al Gobierno a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente. En este marco, el Poder Ejecutivo intervino administrativamente el ENRE y el ENARGAS.

Tras una auditoría llevada a cabo por ambos organismos, se determinó que “las tarifas que registraron aumentos sustanciales para los servicios públicos no han sido justas, ni razonables, ni transparentes”. Así, propusieron al Poder Ejecutivo iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente y proceder “a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios industrias” que se ha verificado durante el 2020, “en razón del mantenimiento tarifario al observar la evolución de los montos a facturar a usuarios del servicio público y por otro lado la evolución del nivel general de precios, salarios y actividad económica”.

Sin embargo, sobrevino la pandemia de coronavirus. Con ello se mantuvo el congelamiento de tarifas y se procedió a la prohibición del corte de servicios ante pagos adeudados. Estas circunstancias imposibilitaron el desarrollo de modificaciones en las tarifas de energía, aunque a partir de informes técnicos realizados por la Subsecretaría de Hidrocarburos y de la Subsecretaría de Energía Eléctrica el Gobierno, a través de sus entes, se ve en la necesidad de avanzar con el proceso referido.

De esta forma, Alberto Fernández y todos los ministros firmaron el decreto que fue publicado hoy, en el que se dio inicio a la renegociación de la revisión tarifaria integral vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal.

El ENRE y el ENARGAS estarán al frente del proceso, cuyo plazo no podrá exceder los dos años desde su entrada en vigencia. Sin embargo, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Energía podrán prever “adecuaciones transitorias de tarifas”. Los entes reguladores deberán organizar un banco de datos del proceso de renegociación, llevar adelante los regímenes de audiencia pública, de consulta pública y de participación ciudadana que resulten pertinentes.

“Los acuerdos definitivos o transitorios deberán formalizarse mediante actas acuerdo con las concesionarias o licenciatarias y los titulares del ENARGAS y del ENRE, así como del Ministerio de Economía, quienes los sucribirán ‘ad referendum’ del Poder Ejecutivo”, establece el artículo 5 del decreto. No obstante, “en caso de no ser factible arribar a un acuerdo”, el ENRE y el ENARGAS deberán dictar el nuevo régimen tarifario para los servicios públicos.

Ahora bien, de cara a posibles aumentos el año próximo, en el artículo 11 el Gobierno prorrogó por 90 días el congelamiento de las tarifas previsto en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que estaba próximo a vencer. A la par que se extendió la intervención del ENRE y del ENARGAS por un año o “hasta que se finalice la renegociación de la revisión tarifaria”. Mientras perdure la intervención, el ENRE mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR).

Semanas atrás, Darío Martínez, secretario de Energía, había confirmado que los aumentos se implementarán entre marzo y abril de 2021. Pero que los mismos se aplicarán en las tarifas de electricidad y gas con un esquema diferenciado, según los ingresos de cada usuario. De esta forma, el funcionario confirmó que un porcentaje de la población tendrá una tarifa subsidiada. “Esto no implica aumentar el porcentaje de los subsidios respecto al PBI, sino mantenerlo constante pero usarlo de mejor manera“, explicó.

“Hay que ver cómo está el país, cómo está el poder adquisitivo. Esto es fundamental. Nos interesa ver qué capacidad de afrontar tarifas tiene la sociedad argentina. Tenemos claro no aumentar los subsidios en términos porcentuales que están en 1,7% del PBI y no volver a las tarifas de la gestión anterior. Una vez que se salga del congelamiento, vamos a una tarifa de transición”, había adelantado Martínez.

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Kicillof definió atar el desdoblamiento en Buenos Aires a lo que ocurra con las PASO a nivel nacional

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Axel Kicillof no desdoblará las elecciones en la provincia de Buenos Aires si el gobierno nacional no logra eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como se propuso en su anunciada reforma política que, de momento, no logra salir a las pistas. La gestión de Javier Milei quiere erradicar las Primarias. En lo formal, argumenta un ahorro de USD 150 millones, aunque hay un trasfondo político: evitar que esa instancia electoral para elegir candidatos no termine funcionando como una gran encuesta, que adelante los tiempos y que los resultados no sean los esperados. El Gobierno quiere una sola elección, con Milei yendo por la reelección: fuerte al medio. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral nacional, siguen con sigilo esta instancia mientras transitan la discusión interna dentro del peronismo.

Así como La Libertad Avanza esgrime un argumento presupuestario detrás del plan para eliminar las PASO, en Buenos Aires avisan que “no dan los tiempos” para separar las elecciones provinciales de las nacionales si se les suman las Primarias. “Sería hacer votar a la gente tres veces”, plantean cerca del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El famoso calendario electoral complejizaría un desenganche, más allá de los fundamentos políticos y estratégicos que pueden aparecer y sobre todo si Kicillof buscara una candidatura presidencial, que es por lo que está trabajando y que, de darse, anunciará el año que viene.

Un crongorama ajustado

La normativa electoral de la provincia de Buenos Aires establece plazos distintos para la convocatoria a las elecciones primarias y las generales. En el caso de las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas (EPAOS), la Ley 14.086 dispone que el Poder Ejecutivo debe convocarlas con una antelación no menor a 120 días ni mayor a 150 días respecto de la fecha de realización. La misma norma establece, además, que esos comicios deben celebrarse dentro de los 12 meses previos a la elección general y en la misma fecha que las primarias nacionales.

Para las elecciones generales provinciales, en tanto, la legislación bonaerense prevé que la convocatoria debe efectuarse con no menos de 60 días de anticipación al acto electoral. El gobernador tiene potestad para convocar a las elecciones generales en una fecha distinta de la fijada para los comicios nacionales. La potestad para realizar esa convocatoria se apoya en el artículo 144 inciso 7 de la Constitución provincial, además del artículo 66 de la ley provincial 5.109.

Ese marco permite que la Provincia defina su propio calendario electoral para los cargos locales, siempre dentro de los plazos que establece la legislación. La coincidencia con la elección nacional no funciona como una obligación para los comicios provinciales, sino como una alternativa prevista por el régimen de simultaneidad electoral. Aparece de forma explícita en el artículo 116 de la Ley Electoral de PBA: “El Poder Ejecutivo podrá, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, convocar a las elecciones simultáneamente con la elección de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación”, dice el texto. También puede no hacerlo y elegir su propia fecha, lo que —efectivamente— sería un desdoblamiento. Es algo que estudia Kicillof. Aún sin definiciones, cree tener una certeza: prefiere las PASO y si hay PASO no hay desenganche posible.

La situación cambia para las elecciones primarias en lo que respecta a las fechas. Según el régimen vigente en la Provincia, cuando el Poder Ejecutivo Nacional convoca a primarias nacionales para determinadas categorías, las primarias bonaerenses deben realizarse en la misma fecha, de acuerdo al artículo 2 de la ley 14.086.

Discusión política

Más allá del aspecto logístico, están el estratégico y el político. Hay dos posiciones distintas en el entorno de Kicillof que, por ahora, conviven. A favor de un desdoblamiento, está la eventual victoria que podría tener el peronismo en la provincia de Buenos Aires. En La Plata aseguran que con un candidato único, respaldado fehacientemente por todos los sectores del peronismo y con el gobernador presente en la campaña, se podría retener la provincia.

Esta tesis tendría como antecedente favorable lo que fueron las elecciones del año pasado, cuando Kicillof eligió desenganchar los comicios legislativos y obtuvo una victoria por casi 14 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza para cargos legislativos. En La Plata, tienen sobre la mesa, siempre y cuando no haya PASO, esa carta: creen que una victoria en Buenos Aires podría allanar el camino a un resultado de orden nacional.

Otros factores y elección unificada

Días atrás, el grupo de intendentes de la naciente Liga de Intendentes peronistas bonaerenses visitó al gobernadorFue una reunión netamente política. No se habló de gestión. Los jefes comunales que buscan bajar la espuma de la interna reinante en el peronismo bonaerense entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora piden reelecciones indefinidas. Ese tema también interviene en la definición de aplicar un desdoblamiento electoral.

La chance de que los intendentes puedan ir por otro mandato en sus distritos acomoda, por un lado, la discusión por la sucesión a la gobernación -ya que varios de los que hoy aparecen como posibles candidatos y son intendentes podrían quedarse en sus distritos- y por el otro, garantizaría su involucramiento pleno en la campaña. Ahí cobra fuerza una unificación de la elección y una campaña en conjunto: municipal, provincial y nacional, con Buenos Aires abarcando el 37% del padrón electoral.

Todo en un hipotético escenario de Kicillof candidato. En su equipo interpretan que hoy por hoy solo hay dos nombres para la contienda electoral del año que viene: Milei y Kicillof. Por eso, con esa idea es que están dispuestos a ir a una PASO. Además, creen que, de ir a una interna, el gobernador bonaerense podría validar credenciales de su propio armado político (el MDF) y evitaría llegar a la resolución de una candidatura y un ordenamiento interno mediante un acuerdo con el resto de los sectores. Por eso abona las PASO.

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Con miras al 2027, La Libertad Avanza idea acuerdos para ganar cerca de 70 intendencias en Buenos Aires

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La Libertad Avanza volverá a armarse el año próximo para competir en cargos provinciales en todo el país. El esquema de alianzas dependerá de cada distrito, pero hay algunos en los que el panorama parece algo más claro. Uno de ellos es la provincia de Buenos Aires, que tiene un mecanismo electoral que le da la victoria a quien más votos saque en la primera vuelta, ya que no existe la posibilidad de un balotaje. Si aspiran a tratar de ganar, los libertarios están forzados a materializar algún tipo de acuerdo.

Y es que quedó muy impregnado en el recuerdo de propios y extraños la experiencia del 2023. Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio) y Carolina Píparo (La Libertad Avanza) compitieron por separado por el cargo a gobernador sacando 27% y 25%, respectivamente. Si ambas fuerzas hubieran optado por una alianza, habría existido una chance alta de victoria frente a Axel Kicillof, que ganó aquellos comicios con un 45%.

Es por ese motivo que La Libertad Avanza no tiene incentivos para no acordar con el PRO en esos comicios. “Debería ocurrir un cataclismo para que eso no ocurra”, afirma una fuente del armado nacional. Con la venia de Karina Milei, el presidente provincial de LLA, Sebastián Pareja, comenzó a tejer conversaciones serias con el titular bonaerense del PRO, Cristian Ritondo, para establecer las primeras bases de un acuerdo.

Ambos ya tienen la gimnasia de haber tenido que colaborar juntos para el armado de la alianza que compitió el año pasado contra el peronismo-kirchnerista. El resultado no fue el esperado: el peronismo de Fuerza Patria obtuvo el 47% de los votos, mientras que la alianza de La Libertad Avanza alcanzó el 34%. En ese entonces, en sectores oficialistas ajenos al armado se cuestionó la forma en la que se realizó el armado, tanto por la elección de los candidatos que encabezaron las listas en las ocho secciones electorales como por no haber acordado con figuras como Pablo Petrecca (Junín), Manuel Passaglia (San Nicolás) y Javier Martínez (Pergamino).

A nosotros nos hubiera gustado competir solos sin el PRO para medir nuestra fuerza relativa”, afirma, casi un año después de ese suceso, una de las principales voces de La Libertad Avanza en territorio bonaerense. No se trata de un razonamiento que sea ajeno a lo que indican en el armado nacional, donde en más de una ocasión han marcado que no se arrepienten de la estrategia elegida en otras provincias y donde los libertarios perdieron por un amplio margen. “El 2025 es de construcción interna, el 2027 es para aliarse y ganar”, afirman.

Al margen de las consideraciones particulares sobre las modalidades del armado, los alfiles de La Libertad Avanza comenzaron a armar en la Provincia bajo la expectativa de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sea el candidato a gobernador. El presidente Javier Milei se lo comunicó personalmente en más de una ocasión. “El Colo” tiene las ventajas de tener un alto conocimiento público y el haber ganado dos elecciones legislativas en territorio bonaerense, entre ellas la del año pasado.

Ritondo es quien funge como su principal promotor y armador para promocionarlo como cabeza de lista de la boleta bonaerense. Y es que en el PRO no dudan de que no hay otro mejor candidato para poder enfrentar al peronismo-kirchnerista. Allí rechazan cualquier tipo de posibilidad de que Santilli pueda competir para candidato a jefe de Gobierno porteño. Los rumores fueron desmentidos tajantemente por todos los sectores consultados por Infobae.

Solo en ese escenario es que los parejistas más fieles es que continúan realizando un operativo clamor para posicionar al armador como eventual candidato. Incluso, la lógica con la que buscan sugerirla es la siguiente: “Si Santilli encabeza la boleta, LLA podría tener incentivos para poner candidatos en todos los municipios. Con Sebastián como candidato, se podría respetar cada distrito”.

Hay muchos distritos que podrían sentirse aludidos, incluso Vicente López, el municipio donde mejor le fue a la alianza libertaria-amarilla el año pasado. “Que lo hagan. Si hacen eso ningún intendente del PRO va a acordar con ellos. Es fácil: boleta aparte y ganan igual. No hay nada más difícil que ganarle en su propio distrito a un intendente que mide bien. Si ese es el proyecto al que aspira el Presidente para la Provincia, va a perder”, afirmó una de las voces más importantes del PRO a nivel nacional. Infobae consultó al entorno de Santilli para obtener su opinión, pero no recibió respuestas hasta la publicación del artículo.

Lo cierto es que en la mente de Pareja está la idea de realizar acuerdos en decenas de municipios, tanto con el PRO como con el radicalismo que el senador nacional Maximiliano Abad conduce en la Provincia. Ya hubo conversaciones entre ambos en el último tiempo. De todos los distritos correligionarios que hay hoy en día, Pareja tiene la certeza de que quiere competir en municipios históricos como Tandil, donde gobierna Miguel Ángel Lunghi. “A La Libertad Avanza le fue muy bien ahí y nos vemos con chances”, afirman en su entorno.

Según estimaciones del armado provincial que le concedieron a Infobae, creen que podrían tener chances de imponerse en 70 municipios de la Provincia si es que se rigen bajo un esquema de acuerdos. En cambio, si La Libertad Avanza decide ir por su cuenta en todos los distritos, solo podrían pintar de violeta algo así como 25 municipios.

En diálogo con Infobae, Cristian Ritondo, dio su lectura de cómo viene siendo el acuerdo con los libertarios en Buenos Aires: “El criterio es uno y vale para los dos: en cada municipio va el que mejor mida, con encuestas en la mano. Donde el mejor sea del PRO, lo ponemos nosotros. Donde el mejor sea de LLA, va LLA. Lo que importa es sumar y derrotarlo al kirchnerismo. Eso es lo más importante. El PRO tiene mucho para aportar en esa construcción: estructura, fiscalización y dirigentes que ya conducen”.

Serán meses de realizar mediciones de cara a lo que será la definición de candidaturas. Aunque para eso falta mucho. Es por esa cuestión que resulta impreciso determinar qué espacio puede quedarse con las cabezas de lista en intendencias o para los Concejos Deliberantes, porque pueden surgir nombres que tal vez no estaban en el radar. Un ejemplo de esto está en Bahía Blanca: La Libertad Avanza quiere que el candidato a intendente sea el basquetbolista y campeón olímpico en Atenas 2004, Juan Ignacio “Pepe” Sánchez. “Estamos convencidos que el año que viene la ganamos”, afirman con entusiasmo desde el armado.

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Uno por uno, cómo votó cada senador la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

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Después de más de diez horas de debate, el Senado dio media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Con un total de 37 votos a favor contra 33 negativos, el Gobierno logró avanzar con las modificaciones sobre el régimen de desalojos exprés y las expropiaciones.

Pese a que el oficialismo se había asegurado el apoyo de los aliados, en la recta final el proyecto sufrió varias modificaciones. Primero, se optó por eliminar el capítulo tres que pretendía aumentar el tope de venta de tierras nacionales a extranjeros ante el retroceso que mostraron varios legisladores.

Sin embargo, se dio un cambio de última hora, luego de que se gestara un ambiente de rechazo general al apartado que buscaba modificar la actual Ley Nacional de Manejo del Fuego. La decisión fue confirmada por el senador fueguino Agustín Coto, previo a que se iniciara la votación.

A partir de haberse logrado la mayoría requerida, el dictamen será enviado hacia la Cámara de Diputados para su respectivo tratamiento. No obstante, en la Cámara Alta quedará pendiente la revisión de las solicitudes de Anabel Fernández Sagasti (Bloque Justicialista – Mendoza) y Flavio Fama (UCR – Catamarca) para participar de forma virtual.

En las últimas horas, los senadores habían pedido una solicitud excepcional por cuestiones de salud. Pese a que la vicepresidenta Victoria Villarruel las había aprobado, ambas quedaron sujetas al voto del resto de los miembros del Senado. Finalmente, se acordó que la cuestión sea tratada por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Quiénes votaron a favor

  • Maximiliano Abad (UCR – Buenos Aires).
  • Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza – San Luis).
  • Romina María Almeida (La Libertad Avanza – Entre Ríos).
  • Carmen Silvia Alvarez Rivero (La Libertad Avanza – Córdoba).
  • Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social – Misiones).
  • Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza – San Luis).
  • Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza – Jujuy).
  • Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza – Jujuy).
  • Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza – Entre Ríos).
  • Patricia Bullrich (La Libertad Avanza – Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
  • Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza – Neuquén).
  • Agustín Coto (La Libertad Avanza – Tierra del Fuego).
  • Andrea Marcela Cristina (Frente PRO – Chubut).
  • Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas – Corrientes).
  • Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza – Río Negro).
  • Eduardo Horacio Galaretto (UCR – Santa Fe).
  • Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza – Chaco).
  • Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO – Misiones).
  • Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza – Salta).
  • María Victória Huala (Frente PRO – La Pampa).
  • Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza – Córdoba).
  • Mariana Juri (UCR – Mendoza).
  • Daniel Ricardo Kroneberger (UCR – La Pampa).
  • Carolina Losada (UCR – Santa Fe).
  • Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza – Neuquén).
  • Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza – Tierra del Fuego).
  • Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza – Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
  • Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza – San Juan).
  • María Emilia Orozco (La Libertad Avanza – Salta).
  • Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza – La Rioja).
  • Francisco Manuel Paoltroni (La Libertad Avanza – Formosa).
  • Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social – Misiones).
  • Silvana Lorena Schneider (UCR – Chaco).
  • Rodolfo Alejandro Suárez (UCR – Mendoza).
  • Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut).
  • Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR – Corrientes).
  • Eduardo Alejandro Vischi (UCR – Corrientes).

Quiénes votaron en contra

  • Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal – Catamarca).
  • Beatriz Luisa Ávila (Independencia – Tucumán).
  • Adán Humberto Bahl (Justicialista – Entre Ríos).
  • Daniel Pablo Bensusán (Justicialista – La Pampa).
  • Jorge Milton Capitanich (Justicialista – Chaco).
  • José María Carambia (Movere por Santa Cruz).
  • Lucía Benigna Corpacci (Justicialista – Catamarca).
  • Julieta Corroza (La Neuquinidad).
  • Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista – Buenos Aires).
  • Juliana Di Tullio (Justicialista – Buenos Aires).
  • Natalia Elena Gadano (Movere por Santa Cruz).
  • María Celeste Giménez Navarro (Justicialista – San Juan).
  • María Teresa Margarita González (Justicialista – Formosa).
  • Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista – Santa Cruz).
  • Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista – Santa Fe).
  • Carlos Alberto Linares (Justicialista – Chubut).
  • Cándida Cristina López (Justicialista – Tierra del Fuego).
  • María Florencia López (Justicialista – La Rioja).
  • Juan Luis Manzur (Justicialista – Tucumán).
  • Ana Inés Marks (Justicialista – Río Negro).
  • José Miguel Ángel Mayans (Justicialista – Formosa).
  • Sandra Mariela Mendoza (Convicción Federal – Tucumán).
  • María Carolina Moisés (Convicción Federal – Jujuy).
  • Elia Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).
  • José Emilio Neder (Justicialista – Santiago del Estero).
  • Mariano Recalde (Justicialista – Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
  • Jesús Fernando Rejal (Justicia Social Federal – La Rioja).
  • Flavia Royón (Primero los Salteños).
  • Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal – San Luis).
  • Martín Ignacio Soria (Justicialista – Río Negro).
  • Sergio Mauricio Uñac (Justicialista – San Juan).
  • Alejandra María Vigo (Provincias Unidas – Córdoba).
  • Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).

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