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Política Nacional

El Gobierno analiza cambios en la facturación de energía

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El presidente Alberto Fernández decretó que se mantenga el congelamiento de los servicios por otros tres meses, mientras los entes reguladores proceden con la renegociacion de la revisión tarifaria.

De cara a 2021, el Gobierno comenzará a estudiar cambios en las tarifas de energía. Si bien se mantendrá el congelamiento por los próximos tres meses, se avanzará en la renegociación de la revisión tarifaria. Semanas atrás, desde la Secretaría de Energía habían adelantado que los próximos aumentos comenzarán a regir a partir de marzo del año entrante.

A través del Decreto 1020/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo habilitó la renegociación tarifaria de la luz y el gas, que tendrá al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al frente del proceso.

A fines de 2019, cuando el Congreso aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declarando la emergencia pública tarifaria y energética, entre otras, se le delegó al Poder Ejecutivo facultades para “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos”.

Es decir, se facultó al Gobierno a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente. En este marco, el Poder Ejecutivo intervino administrativamente el ENRE y el ENARGAS.

Tras una auditoría llevada a cabo por ambos organismos, se determinó que “las tarifas que registraron aumentos sustanciales para los servicios públicos no han sido justas, ni razonables, ni transparentes”. Así, propusieron al Poder Ejecutivo iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente y proceder “a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios industrias” que se ha verificado durante el 2020, “en razón del mantenimiento tarifario al observar la evolución de los montos a facturar a usuarios del servicio público y por otro lado la evolución del nivel general de precios, salarios y actividad económica”.

Sin embargo, sobrevino la pandemia de coronavirus. Con ello se mantuvo el congelamiento de tarifas y se procedió a la prohibición del corte de servicios ante pagos adeudados. Estas circunstancias imposibilitaron el desarrollo de modificaciones en las tarifas de energía, aunque a partir de informes técnicos realizados por la Subsecretaría de Hidrocarburos y de la Subsecretaría de Energía Eléctrica el Gobierno, a través de sus entes, se ve en la necesidad de avanzar con el proceso referido.

De esta forma, Alberto Fernández y todos los ministros firmaron el decreto que fue publicado hoy, en el que se dio inicio a la renegociación de la revisión tarifaria integral vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal.

El ENRE y el ENARGAS estarán al frente del proceso, cuyo plazo no podrá exceder los dos años desde su entrada en vigencia. Sin embargo, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Energía podrán prever “adecuaciones transitorias de tarifas”. Los entes reguladores deberán organizar un banco de datos del proceso de renegociación, llevar adelante los regímenes de audiencia pública, de consulta pública y de participación ciudadana que resulten pertinentes.

“Los acuerdos definitivos o transitorios deberán formalizarse mediante actas acuerdo con las concesionarias o licenciatarias y los titulares del ENARGAS y del ENRE, así como del Ministerio de Economía, quienes los sucribirán ‘ad referendum’ del Poder Ejecutivo”, establece el artículo 5 del decreto. No obstante, “en caso de no ser factible arribar a un acuerdo”, el ENRE y el ENARGAS deberán dictar el nuevo régimen tarifario para los servicios públicos.

Ahora bien, de cara a posibles aumentos el año próximo, en el artículo 11 el Gobierno prorrogó por 90 días el congelamiento de las tarifas previsto en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que estaba próximo a vencer. A la par que se extendió la intervención del ENRE y del ENARGAS por un año o “hasta que se finalice la renegociación de la revisión tarifaria”. Mientras perdure la intervención, el ENRE mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR).

Semanas atrás, Darío Martínez, secretario de Energía, había confirmado que los aumentos se implementarán entre marzo y abril de 2021. Pero que los mismos se aplicarán en las tarifas de electricidad y gas con un esquema diferenciado, según los ingresos de cada usuario. De esta forma, el funcionario confirmó que un porcentaje de la población tendrá una tarifa subsidiada. “Esto no implica aumentar el porcentaje de los subsidios respecto al PBI, sino mantenerlo constante pero usarlo de mejor manera“, explicó.

“Hay que ver cómo está el país, cómo está el poder adquisitivo. Esto es fundamental. Nos interesa ver qué capacidad de afrontar tarifas tiene la sociedad argentina. Tenemos claro no aumentar los subsidios en términos porcentuales que están en 1,7% del PBI y no volver a las tarifas de la gestión anterior. Una vez que se salga del congelamiento, vamos a una tarifa de transición”, había adelantado Martínez.

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Luis Juez habló de Victoria Villarruel: “Tiene que acompañar la suerte del Presidente, si no, no aceptes”

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Luis Juez reavivó el debate sobre la dinámica interna en el Senado y la relación entre Victoria Villarruel y Javier Milei. El dirigente cordobés atribuyó las tensiones actuales a lo que describió como una transformación de la actitud de la vicepresidente, que fue impulsada por su entorno. “Tiene que acompañar la suerte del Presidente, si no, no aceptes”, dijo.

El diálogo entre la Casa Rosada y Victoria Villarruel es nulo desde hace tiempo y la salida de Guillermo Francos del Gabinete, que oficiaba como interlocutor entre las partes, hizo que la comunicación hoy sea inexistente.

Juez responsabilizó a los “adulones que rodean al poder” por alimentar las aspiraciones de Villarruel al estar en línea directa de sucesión, generando una desconfianza interna y dificultando la relación con Milei.

En diálogo con Luis Novaresio en A24, el senador nacional enfatizó que “no tiene sentido que no puedas acompañar a un tipo que te hizo diputada nacional y te hizo vicepresidenta”. Además, consideró que la titular del Senado se habría dejado llevar por la idea de que podría suceder al presidente en caso de una eventual caída del gobierno.

En ese sentido, el dirigente cordobés también abordó el impacto del poder en la conducta de los dirigentes políticos, afirmando que es “un gran afrodisíaco” y sostuvo que, incluso, quienes no provienen de estructuras políticas tradicionales pueden verse desestabilizados por tener aún más. De esta manera, el senador ironizó al decir que “si algún día se encapsula el poder, desaparece el Viagra”.

Asimismo, Juez recordó que, durante el primer año legislativo de Milei, trabajó para consolidar un bloque de 39 integrantes en el Senado, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la Cámara alta. Sin embargo, lamentó que las disputas internas y el clima de adulación hayan deteriorado la dinámica institucional.

En este contexto, recordó que la historia argentina demuestra que los vicepresidentes suelen convertirse en una complicación cuando no comprenden cuál es su función. “El Vicepresidente es una persona que tiene que acompañar la suerte del Presidente. Si no, no aceptes el cargo”.

Uno de los episodios que, según Juez, marcó un quiebre en la relación con Villarruel fue la discusión por el aumento de los sueldos de los senadores. El legislador calificó esa decisión como “una vergüenza de la que no se iba a poder volver”, y sostuvo que ese tipo de medidas contribuyó a profundizar las diferencias dentro del oficialismo.

Esta semana, este tema volvió a ser noticia luego de que Villarruel se desmarque nuevamente de la Casa Rosada para otorgarle un bono extraordinario a los empleados del Senado. La presidenta de la Cámara alta dispuso un pago único de $500.000 a los trabajadores de planta y, aunque la medida no alcanza a los senadores, reavivó las tensiones por la política salarial restrictiva del Gobierno.

Juez insistió en que Villarruel fue “devorada por el personaje” y que su transformación responde tanto a factores personales como al entorno que la impulsó a creerse con un protagonismo superior al que su cargo le exige.

Sobre su relación con Milei, el senador comentó que habló con él cuando estuvo en Córdoba el fin de semana ahí en Las Higueras para la presentación de los aviones de los F-16. Y añadió: “Seguramente me voy a juntar antes de fin de año”.

Pese a las diferencias que tuvieron este año por haber votado a favor de la declaración de la Emergencia Nacional en Medicina Pediátrica y en Discapacidad, Juez mencionó: “Yo lo escucho a Milei y me identifico con algunas cuestiones disruptivas” y aseguró: “Yo antes de las redes ya era un Milei sin pelo”.

Milei tiene una idea de lo que no hay que hacer. Sabe que a este país el populismo lo puso en el lugar donde lo puso, y creo que ahí tiene una gran posibilidad. Yo por eso lo sigo, por eso lo acompaño, por eso estoy convencido, por eso creo que no puede fracasar. No hay más nada. Para mayor claridad, fue la última elección. La gente dijo ‘esto no, por Dios, no me llevés ahí’. Pero muchas veces los pueblos vuelven al peor de su destino, vuelven a manos de los tipos que los han mancillado, humillado. Entonces, me parece que Milei sabe lo que no”, concluyó.

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El Gobierno enfrenta su primera prueba poselectoral: tensión por los tiempos para arrancar con el Presupuesto 2026

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El oficialismo se impuso el objetivo de aprobar el Presupuesto 2026 como primera prueba poselectoral. El proyecto vino ganando títulos durante semanas, marcadas por una larga serie de reuniones formales y conversaciones reservadas con gobernadores, para tratar de asegurar un rápido trámite en Diputados y el paso sin modificaciones por el Senado. Llegó ahora el día de traducir las negociaciones. Este miércoles arranca formalmente el período de sesiones extraordinarias, pero hay demora y la previa anotó recelos en la Cámara baja, además de versiones sobre hilos aún sueltos en las tratativas con los jefes provinciales.

El foco apuntó en las últimas horas al despacho de Martín Menem. Se esperaba una señal sobre la inmediata recomposición de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero finalmente trascendió que recién a principios de la semana que viene sería dado ese paso, con la intención de sesionar uno o dos días después. El punto es que la demora se debería a antes que nada a cuestiones que tiene que resolver el Ejecutivo: con quiénes y cómo cerrar acuerdos, porque no habría elasticidad suficiente con todos los gobernadores.

Diego Santilli ya recorrió casi todo el circuito de las provincias consideradas para el diálogo, es decir, descontando opositores duros, por decisión de Olivos, no como fruto de desaires a una convocatoria oficial. La respuesta a las demandas es una cuestión que no se limita al ministerio del Interior, porque pesa Luis Caputo. Vale un ejemplo notorio: las tratativas con la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación que generó la poda de CFK -con Alberto Fernández presidente- suma una o dos reuniones por semana, pero hasta ahora sin acuerdo sellado.

Desde el oficialismo, insisten en proyectar un panorama optimista. No parece sencillo. Hablan de una negociación que finalmente le permitiría contar con el apoyo de peronistas alejados de UxP, provinciales y buena parte sino todo el interbloque armado por el PRO, golpeado por los saltos hacia LLA, y parte del radicalismo. Necesita avanzar más en el heterogéneo espacio abierto al diálogo y, a la vez, insistente con sus demandas. Le hacen falta 34 diputados para tener quórum, además de asistencia firma de su bloque, que creció a 95 integrantes.

El tratamiento a la carrera que Olivos se trazó como objetivo para coronar el Presupuesto aumentó las expectativas sobre una rápida constitución de la referida comisión de Diputados. Y tal vez por eso mismo, resultó llamativa la postergación hasta la semana que viene. El clima anotaba además algunas tensiones sobre el criterio para distribuir las 49 sillas de Presupuesto y Hacienda.

Durante la jornada, mientras se sucedían conversaciones en la presidencia de la Cámara, circuló la información según la cual podrían restarle un lugar al interbloque de Provincias Unidas y uno también al PRO-UCR. La discusión tiene antecedentes y remite al modo de considerar el peso de cada sector, como bloque exclusivamente o en función de interbloques. Pero, por supuesto, se trata de una cuestión política, que sería más evidente si termina siendo beneficiado algún socio del oficialismo.

La primera cita de PyH aprieta aún más el calendario violeta. La intención sería integrar la comisión el lunes o martes, imponer dictamen el miércoles y llevar el tema al recinto veinticuatro horas después. El acuerdo político con aliados y dialoguistas debería ser repetido en el Senado, también velozmente, para aprobar la ley antes de fin de año. Ese es el plan, claro, pero antes debe ser resuelto el capítulo de las tratativas con los gobernadores.

Vinculada con ese desenlace, aunque con características propias, la apuesta violeta en el Senado está centrada en la reforma laboral. El proyecto llegaría el jueves o viernes a la Cámara alta y se estima que, en el mejor de los casos, podría tener dictamen hacia fin de año. Es un desafío que se plantea personalmente Patricia Bullrich, después de algunos pasos en falso o contratiempos como elemento desgastante.

En este caso, a diferencia del Presupuesto, el tema trasciende el terreno “estrictamente político” e involucra a organizaciones sindicales y empresariales. La CGT está a la espera del texto del proyecto, más allá de las versiones que la ponen en guardia y de los guiños que trascienden. Los jefes cegetistas comenzaron a tener encuentros con representantes de la oposición y gobernadores. Por lo demás, la agenda formal para un trámite legislativo como el que se avecina incluye la convocatoria a las entidades directamente afectadas y a expertos en la materia.

Cada uno de los proyectos incluidos en el temario de extraordinarias tiene artículos sensibles, desde la “modernización laboral” a la ley de glaciares y los dólares del colchón. Resulta difícil para el Gobierno articular un sistema de alianzas sólidas que funcione indistintamente frente a cualquier iniciativa. La prueba inicial, por lo pronto, está atada al Presupuesto.

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Magario y Otermín suenan para conducir el PJ Bonaerense y crecen las disidencias entre Kicillof y los Kirchner

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“No le vamos a dar el PJ a Máximo ni a ningún aliado de él. A partir de ahora hay que dar todas las peleas y todas las discusiones”. Fuerte y al medio. Así pateo un importante dirigente del grupo político más chico que rodea a Axel Kicillof. El aliado al que se refiere tiene cargo, nombre y apellido. Es el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

En el kicillofismo, donde se engloba el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), fortalecen la idea de que quien conduzca debe estar alineado al Gobernador. El encargado de remarcarlo ayer, durante una entrevista en radio La Red, fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que dejó entrever dos posturas que dan vueltas hoy por el gobierno bonaerense: que el nombre impulsado por Kicillof sea el de la vicegobernadora, Verónica Magario, y que se realicen elecciones internas en el partido.

“Hay muchos compañeros que podrían ejercer esa responsabilidad política de excelente manera. Después, quien sea, lo tendrán que decidir los afiliados al partido”, sostuvo Bianco. Luego, agregó que Magario “además de su carrera política, es quien más representa directamente los intereses del Ejecutivo Provincial”. Fue un guiño claro.

El sector del gobernador bonaerense empieza a cerrar filas sobre la posibilidad de que la vicegobernadora sea la presidenta del partido, aunque también aseguran que hay varios intendentes con capacidad y voluntad de conducir el PJ Bonaerense el próximo año.

Magario ha ganado confianza en el círculo más chico de Kicillof y empezó a aparecer en la boca de varios dirigentes cercanos a Kicillof como una opción viable para llegar a la presidencia del partido. El Gobernador no tiene intenciones de ser el presidente del partido, pero quiere a alguien de su confianza en esa silla. Si no es él, la matancera aparece como una opción viable.

Lo que todos tienen claro en el kicillofismo es que no avalan la continuidad de Máximo Kirchner o el desembarco de un intendente cercano. Quieren imponer un dirigente cercano para que desembarque en medio de una negociación tumultosa y cruzada, o para que compita en una elección interna y empiece, a través de los votos, a saldar las diferencias que atormentan al peronismo bonaerense.

“¿Cómo va a ser prenda de unidad una persona que negocia por un sector?“, se preguntaron cerca del Gobernador respecto al jefe comunal de Lomas de Zamora. Otermín es un dirigente de estrecha relación con Máximo Kirchner, a través del ex intendente lomense Martín Insaurralde, que sigue teniendo influencia en las discusiones de poder de la política provincial.

Durante las negociaciones por el armado de la alianza electoral y las listas de candidatos, Otermín fue uno de los nombres propios que trianguló información entre la gobernación bonaerense, el massismo y la familia Kirchner. Tiene buena relación con todos los sectores, pero está parado de un lado de la línea que divide a Kicillof de Cristina Kirchner. Más allá de los buenos modales y de su vocación de hablar con todos. Hace equilibrio, pero tiene un lugar de identificación bien marcado.

Otro nombre que suena para llegar a la cúpula del PJ Bonaerense es el de Federico Achával. Hace un año que el intendente de Pilar está presente en la ronda de nombres propios con posibilidades de ocupar cargos importantes en el peronismo de la provincia. Fue uno de los promocionados para encabezar la boleta de diputados nacionales y también para competir por la senaduría de la Primera sección electoral. Hasta aquí solo fueron rumores.

La opción de que Máximo Kirchner siga al frente del partido se diluye con el pasar de las semanas. En el MDF no avalan otro mandato, mientras que por fuera del esquema de Kicillof algunos intendentes, que tratan de hacer equilibrio en la interna, creen que la información que hizo correr el líder camporista de que quería continuar en la presidencia, tiene que ver más con una postura para negociar que con una decisión auténtica.

“Máximo quiere una salida elegante. Si no dice que quiere seguir, se lo llevan puesto y lo patean en el piso. Y eso no está bien. Esta postura le da aire para negociar. El nombre de Otermín aparece en ese contexto”, analizó un intendente del conurbano bonaerense que trabaja por una paz que nunca llega.

En La Plata impulsan la idea de hacer unas elecciones internas. “El peronismo necesita democracia interna. Necesitamos votar. Puede haber algunos sillazos, puede haber alguno que se robe una urna. Es algo mínimo al lado de que voten una gran cantidad de afiliados en un partido que se está muriendo”, fue el análisis crudo de una figura de renombre dentro del peronismo bonaerense.

La interna siempre tiene un equipo de intendentes que la repelen. Encuentran argumentos en los daños colaterales, el dinero que se debe gastar y la falta de logística para hacerlo. El peronismo hace muchos años que esquiva una competencia interna. Ya sea en una elección partidaria o en una nacional.

La fecha estimada en que debe realizarse el acto electoral es entre febrero y marzo. En eso hay acuerdo de las partes. Por eso para fin de este año o, como máximo, el principio del 2026, debe estar resuelto cómo se va a decidir la conducción del PJ Bonaerense.

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