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Política Nacional

El Gobierno analiza cambios en la facturación de energía

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El presidente Alberto Fernández decretó que se mantenga el congelamiento de los servicios por otros tres meses, mientras los entes reguladores proceden con la renegociacion de la revisión tarifaria.

De cara a 2021, el Gobierno comenzará a estudiar cambios en las tarifas de energía. Si bien se mantendrá el congelamiento por los próximos tres meses, se avanzará en la renegociación de la revisión tarifaria. Semanas atrás, desde la Secretaría de Energía habían adelantado que los próximos aumentos comenzarán a regir a partir de marzo del año entrante.

A través del Decreto 1020/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo habilitó la renegociación tarifaria de la luz y el gas, que tendrá al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al frente del proceso.

A fines de 2019, cuando el Congreso aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declarando la emergencia pública tarifaria y energética, entre otras, se le delegó al Poder Ejecutivo facultades para “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos”.

Es decir, se facultó al Gobierno a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente. En este marco, el Poder Ejecutivo intervino administrativamente el ENRE y el ENARGAS.

Tras una auditoría llevada a cabo por ambos organismos, se determinó que “las tarifas que registraron aumentos sustanciales para los servicios públicos no han sido justas, ni razonables, ni transparentes”. Así, propusieron al Poder Ejecutivo iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente y proceder “a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios industrias” que se ha verificado durante el 2020, “en razón del mantenimiento tarifario al observar la evolución de los montos a facturar a usuarios del servicio público y por otro lado la evolución del nivel general de precios, salarios y actividad económica”.

Sin embargo, sobrevino la pandemia de coronavirus. Con ello se mantuvo el congelamiento de tarifas y se procedió a la prohibición del corte de servicios ante pagos adeudados. Estas circunstancias imposibilitaron el desarrollo de modificaciones en las tarifas de energía, aunque a partir de informes técnicos realizados por la Subsecretaría de Hidrocarburos y de la Subsecretaría de Energía Eléctrica el Gobierno, a través de sus entes, se ve en la necesidad de avanzar con el proceso referido.

De esta forma, Alberto Fernández y todos los ministros firmaron el decreto que fue publicado hoy, en el que se dio inicio a la renegociación de la revisión tarifaria integral vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal.

El ENRE y el ENARGAS estarán al frente del proceso, cuyo plazo no podrá exceder los dos años desde su entrada en vigencia. Sin embargo, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Energía podrán prever “adecuaciones transitorias de tarifas”. Los entes reguladores deberán organizar un banco de datos del proceso de renegociación, llevar adelante los regímenes de audiencia pública, de consulta pública y de participación ciudadana que resulten pertinentes.

“Los acuerdos definitivos o transitorios deberán formalizarse mediante actas acuerdo con las concesionarias o licenciatarias y los titulares del ENARGAS y del ENRE, así como del Ministerio de Economía, quienes los sucribirán ‘ad referendum’ del Poder Ejecutivo”, establece el artículo 5 del decreto. No obstante, “en caso de no ser factible arribar a un acuerdo”, el ENRE y el ENARGAS deberán dictar el nuevo régimen tarifario para los servicios públicos.

Ahora bien, de cara a posibles aumentos el año próximo, en el artículo 11 el Gobierno prorrogó por 90 días el congelamiento de las tarifas previsto en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que estaba próximo a vencer. A la par que se extendió la intervención del ENRE y del ENARGAS por un año o “hasta que se finalice la renegociación de la revisión tarifaria”. Mientras perdure la intervención, el ENRE mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR).

Semanas atrás, Darío Martínez, secretario de Energía, había confirmado que los aumentos se implementarán entre marzo y abril de 2021. Pero que los mismos se aplicarán en las tarifas de electricidad y gas con un esquema diferenciado, según los ingresos de cada usuario. De esta forma, el funcionario confirmó que un porcentaje de la población tendrá una tarifa subsidiada. “Esto no implica aumentar el porcentaje de los subsidios respecto al PBI, sino mantenerlo constante pero usarlo de mejor manera“, explicó.

“Hay que ver cómo está el país, cómo está el poder adquisitivo. Esto es fundamental. Nos interesa ver qué capacidad de afrontar tarifas tiene la sociedad argentina. Tenemos claro no aumentar los subsidios en términos porcentuales que están en 1,7% del PBI y no volver a las tarifas de la gestión anterior. Una vez que se salga del congelamiento, vamos a una tarifa de transición”, había adelantado Martínez.

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Discapacidad: otro error evitable que el Gobierno deberá subsanar condicionado por los aliados en el Congreso

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El error autoinfligido que representó el recorte en el área de discapacidad en el Presupuesto obligó al Gobierno a acudir en una posición de debilidad a los partidos aliados, que terminaron en el centro de la escena y fortalecidos frente a un oficialismo alicaído y necesitado.

Unidos en el rechazo a una medida polémica, el PRO, la UCR y algunos partidos provinciales terminaron condicionando con fuerza la agenda de La Libertad Avanza, que se vio obligado a ceder más de lo que planeaba. Es decir, que tuvo que aplicar exactamente el tipo de dinámica que los inflexibles hermanos Milei procuran evitar, especialmente en lo que atañe a las cuentas públicas.

La semana pasada se armó la tormenta perfecta. Mientras la Iglesia presionaba al Gobierno con la visita del Papa al Cottolengo San Orione, en noviembre, la titular del propio bloque de senadores, Patricia Bullrich, salía a despotricar contra la falta de consulta del recorte presupuestario. Todo en la previa del debate en comisión de la ley de Emergencia en Discapacidad.

Como resultado del error no forzado, que en la Casa Rosada atribuyen al Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo, el Gobierno fue forzado a negociar en inferioridad de condiciones.

En primer lugar, tuvieron que dar marcha atrás con el recorte en el Presupuesto, ayer, a través de un conjunto de profundas modificaciones en la previa de la “emplazada” reunión de comisión que tendrá lugar hoy. Con el agravante de que, aún con estos cambios, en el oficialismo siguen sin estar seguros de que obtendrán las firmas necesarias para aprobar el dictamen “menos peor” de cara al debate en el recinto. “Veremos qué pasa”, dijo, apenas, un alto funcionario nacional en la previa de otra jornada legislativa que promete tensión. Y que volverá a ubicar en el candelero el tema del presupuesto para uno de los grupos sociales más vulnerables.

A merced de la voluntad de los aliados y del peronismo federal, La Libertad Avanza tuvo que proponer un proyecto superador para subsanar el callejón sin salida y el severo daño politico y social que generó el recorte inconsulto en el área de discapacidad en el Presupuesto. En la nueva letra decidieron permitir que se actualicen los montos por inflación para los beneficiarios, mantener el nomenclador universal para las prestaciones, y dejar que la pensión sea compatible con empleos registrados. Eran algunos de los principales reclamos de las organizaciones que reúnen a las personas con discapacidad.

Las concesiones, todas, se hicieron para asegurarse, en teoría, el apoyo de los partidos más dispuestos a negociar. El precio, sin embargo, será más alto, advierten en LLA de Diputados. En especial cuando se trata del sector de Provincias Unidas (la reunión de ayer, liderada por el violeta Martín Menem, tuvo a Oscar Zago (MID), Javier Sánchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Avila (Elijo Catamarca), Nancy Picón Martinez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La neuquinidad).

Las concesiones terminaron siendo condición necesaria para bloquear la propuesta de la oposición dura, es decir el peronismo, el kirchnerismo y la izquierda. Y, al final, el “único” cambio, advertían anoche (triunfales) en la oposición, fue la eliminación de la palabra “emergencia”. Es que las partidas van a estar aseguradas, a pesar de las intenciones de aplicar la consigna “no hay plata” al sensible área de Discapacidad. Fue un cambio radical para un Gobierno que detesta ceder.

“Para este gobierno las personas con discapacidad son una prioridad”, dijo ayer por la mañana el vocero presidencial, Adrián Ravier. Y aseguró, contra los testimonios en primera persona de los afectados, que “ninguna persona con discapacidad se quedó sin el beneficio” desde que Javier Milei asumió la Presidencia.

En el bloque violeta aseguran que “siempre el plan legislativo fue estar bien con los aliados”, mientras otros lanzaban dardos contra Luis Caputo. Si bien lo eximen de haber querido hacer un daño político adrede, deslizan que no tuvo la capacidad de ver el riesgo, de no advertir lo que podría ocurrir. Es la línea que marcó Patricia Bullrich la semana pasada.

En paralelo, ayer, mientras el oficialismo y los aliados terminaban de ponerse de acuerdo en una reunión sobre la letra fina del dictamen de Discapacidad, en otro sector del oficialismo relativizaban la derrota en la discusión. “No estamos condicionados por Patricia. Siempre supimos que íbamos a tener que negociar”, sostuvieron, conscientes de que le regalaron a la disgregada oposición la posibilidad de encuadrar al Gobierno en una posición de “crueldad”.

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En su discurso ante la Asamblea de la ONU, Milei defenderá hoy la soberanía en Malvinas y ratificará su alianza estratégica con EEUU

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(Enviado especial a New York, Estados Unidos) Ante la Asamblea General de la ONU, Javier Milei defenderá hoy la soberanía nacional en las Islas Malvinas, ratificará la alianza estratégica con Estados Unidos, fijará posición sobre la inteligencia artificial y aportará su perspectiva sobre la economía mundial, atravesada por la puja de los recursos naturales y la fragilidad de la cadena de suministros.

El discurso de Milei en Naciones Unidas funcionará como un corolario de la agenda geopolítica que está desplegando en Manhattan. El presidente ha fijado su atención en Malvinas, la disputa por los minerales críticos y la energía, la seguridad regional ante el avance de China y el debate sobre la regulación de la IA.

Pablo Quirno – por instrucción presidencial- ocupó anoche la banca de la Argentina en el recinto de la ONU para replicar sin eufemismos la posición pública del Reino Unido, que ayer desconoció -nuevamente- la soberanía nacional en las Islas Malvinas.

“Es evidente que la estrategia diseñada por el gobierno nacional, en cabeza del presidente Milei, lo que ha hecho es poner cierto movimiento en la situación que ha llevado al Reino Unido a hablar del tema con el presidente (Donald) Trump y durante su exposición en la Asamblea”, comentó ayer Quirno en el lobby del hotel Langham.

Horas antes, el premier británico Andy Burnham había desconocido la soberanía nacional en las Islas del Atlántico Sur, durante su discurso ante la Asamblea de la ONU.

“Esto tiene que ver con defender la Carta de las Naciones Unidas y el Estado de derecho. Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza y desafío al Estado de derecho, no solo de Rusia, sino también de otros, inclusocuando amenacen el derecho de los territorios británicos a seguir siendo británicos, como las islas Malvinas”, dijo Burnham.

Milei compartió ayer con Trump una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, que es una iniciativa regional diseñada por la Casa Blanca para enfrentar a los carteles de la droga que operan en tándem con China e Irán.

Durante su presentación ante los presidentes que integran el Escudo de las Américas, Trump explicitó sus argumentos para ejecutar este novedoso mecanismo multilateral destinado a frenar la ofensiva regional de Beijing.

Trump sostuvo:

“Hoy, le pido a los miembros del Escudo de las Américas que ayuden a asegurar la vasta riqueza natural de este país.Tienen una riqueza natural tremenda. Muchos en el mundo, probablemente ustedes tengan la mayor riqueza natural, y que no permitan que sea tomada por potencias externas hostiles.No podemos permitir que eso suceda. Ya no tendrán un país si eso pasa. Una vez que eso sucede, realmente no se regresa muy fácilmente”.

Y a su turno, Milei completó durante la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas que deliberó en la ONU:

“Estamos abocados para reconstruir el sistema de seguridad,l a inteligencia, la inteligencia de nuestro país, pero también tiene una dimensión económica, porque garantizar la estabilidad económica ante cualquier factor externo y asegurar el desarrollo de los recursos críticos que Dios nos dio”.

Milei repetirá esta línea argumental durante su presentación de hoy ante el plenario de la ONU.

La sintonía ideológica entre Milei y Trump, que aparecerá nítida en la exposición presidencial de la ONU, también tendrá a la tarde una derivación económica en el Consulado argentino en Manhattan.

Argentina y Estados Unidos firmarán un ambicioso proyecto de inversiones destinado a obras de infraestructura que permitirán un flujo constante de exportaciones de minerales críticos, materias primas y energía.

El objetivo primario del acuerdo sería cerrar un monto de 6.000 millones de dólares destinados a Argentina LNG, que es un proyecto multinacional que une a YPF con la petrolera italiana ENI y XRG de Emiratos Árabes.

La financiación avalada por la administración republicana sería respaldada por el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) e inversores privados.

La crisis en Medio Oriente ha complicado el transporte de energía a a través de los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandab, que están en jaque permanente por la Guardia Revolucionaria de Irán y los Huties de Yemen.

En este contexto, Estados Unidos busca permanentemente recursos clave para su desarrollo y cadenas de suministros que permitan aplacar la asfixia en Medio Oriente provocada por el régimen chiíta y su proxy en Yemen.

Argentina es socio estratégico de la Casa Blanca, tiene enormes reservas de energía y minerales críticos, y garantiza la cadena de suministros.

Esta enumeración geopolítica es clave en la argumentación política que explicitaría Milei en su discurso en la Asamblea General de la ONU.

La inteligencia artificial y la crisis en Medio Oriente tambien serán asuntos globales que Milei abordaría en su discurso en las Naciones Unidas.

El presidente opta por la ausencia de regulaciones para la IA -como propone Trump- y está alineado con la perspectiva de Israel frente a la compleja situación en Gaza y el estrecho de Ormuz.

Antes del mediodía (hora de la Argentina), Milei se presentará ante la Asamblea General de la ONU.

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Tras el pedido de Trump, el Gobierno se prepara para declarar organizaciones terroristas a otras 18 agrupaciones

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Javier Milei

Como estaba previsto, en el marco de la asamblea general de las Naciones Unidas, el presidente Javier Milei aprovechó para ratificar su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos que se vio reflejado no solo en la agenda que lleva adelante en Nueva York, que incluye reuniones con funcionarios norteamericanos, sino también en los gestos que viene dando su Gobierno para demostrar su afinidad.

Una de las medidas que tomó la gestión libertaria desde que llegó al poder fue, por ejemplo, declarar como organizaciones terroristas a varias de las agrupaciones criminales que operan en el continente y también son perseguidas por la Casa Blanca.

Esta no es una decisión menor y es algo que a Donald Trump le interesa, a tal punto que fue una de las cuestiones que remarcó este martes, en el marco del encuentro del “Shield of the Américas” (Escudo de las Américas), la institución que él mismo encabeza y que tiene como objetivo combatir al narcotráfico en la región.

Tal como reveló Infobae en una de las notas de la cobertura exclusiva, durante su exposición en esa mesa, el mandatario republicano les reclamó a los países aliados que forman parte de este grupo “que designen formalmente a los narcoterroristas como amenazas comunes a la estabilidad y que apliquen sanciones contundentes contra las 24 organizaciones terroristas extranjeras” designadas por su administración.

“Hoy, le pido a los miembros del Escudo de las Américas que ayuden a asegurar la vasta riqueza natural de este país. Tienen una riqueza natural tremenda. Muchos en el mundo, probablemente ustedes tengan la mayor riqueza natural, y que no permitan que sea tomada por potencias externas hostiles. No podemos permitir que eso suceda. Ya no tendrán un país si eso pasa. Una vez que eso sucede, realmente no se regresa muy fácilmente”, remarcó.

Hasta el momento, la Argentina solamente declaró como organizaciones terristas a seis de las 24 agrupaciones que el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, con quien Milei conversó el martes por la tarde en Nueva York, puso en su lista negra.

A nivel local, se trata de un proceso largo en el que intervienen los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Seguridad y, finalmente, de Justicia, por lo que la inclusión de una nueva red criminal en el denominado Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), puede demorar meses.

El circuito empieza con un legajo que pasa primero por Seguridad y Cancillería, que son los que recopilan los motivos por los cuales el país debería considerar a determinada estructura criminal como una amenaza nacional.

Una vez que el correspondiente informe está terminado, se lo entrega al área de Justicia, que actualmente está en manos de Juan Bautista Mahiques, para que analice el caso y termine de tomar la decisión.

Si bien hay un proyecto dentro del Gobierno para que el RePET pase a depender de la Unidad de Información Financiera (UIF), lo que agilizaría todos los trámites, por ahora continúa bajo la órbita de Mahiques y no hay precisiones respecto de cuándo eso podría cambiar.

El ministro sigue de cerca las instrucciones del Presidente para actuar, pero según pudo saber este medio, todavía no recibió ningún nuevo legajo de las 18 organizaciones que están en el ojo de los Estados Unidos y que todavía la Argentina no condenó.

Debido a que es un pedido muy reciente de Trump, la Cancillería y Seguridad tampoco habían avanzado, aunque en Balcarce 50 reconocían que “muy seguramente en los próximos días podría haber novedades”.

En lo que va de su mandato, Milei sí incluyó en el registro a otras de las agrupaciones narco latinoamericanas: en el 2025 incorporó al Tren de Aragua (25 de febrero), al Cártel de los Soles (27 de agosto) y a Los Lobos y Los Choneros (3 de octubre), mientras que en el 2026 avanzó contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (declarado el 26 de marzo) y Chone Killers (6 de agosto).

Todavía resta por colocar en esa categoría a Los Tiguerones; la Segunda Marquetalia; Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); Clan del Golfo; el Ejército de Liberación Nacional (ELN); la Mara Salvatrucha (MS-13); el Cártel de Sinaloa; el Cártel del Noreste; La Nueva Familia Michoacana; el Cártel del Golfo; los Cárteles Unidos; Viv Ansanm; Gran Grif; el Barrio 18; el Comando Vermelho; el Primeiro Comando da Capital (PCC); el Cártel de Juárez, y Los Viagras.

Si bien la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró durante una entrevista en el 2025 que tanto el Comando Vermelho como el Primer Comando Capital estaban en el RePET, nunca fueron incorporadas formalmente.

En aquel momento sí se abrió una investigación en Buenos Aires contra los dos bandos, después de un operativo policial en Río de Janeiro contra sus integrantes que dejó más de 120 muertos en el país vecino, pero el legajo no terminó todo el proceso administrativo.

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