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Política Nacional

El Gobierno analiza cambios en la facturación de energía

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El presidente Alberto Fernández decretó que se mantenga el congelamiento de los servicios por otros tres meses, mientras los entes reguladores proceden con la renegociacion de la revisión tarifaria.

De cara a 2021, el Gobierno comenzará a estudiar cambios en las tarifas de energía. Si bien se mantendrá el congelamiento por los próximos tres meses, se avanzará en la renegociación de la revisión tarifaria. Semanas atrás, desde la Secretaría de Energía habían adelantado que los próximos aumentos comenzarán a regir a partir de marzo del año entrante.

A través del Decreto 1020/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo habilitó la renegociación tarifaria de la luz y el gas, que tendrá al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al frente del proceso.

A fines de 2019, cuando el Congreso aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declarando la emergencia pública tarifaria y energética, entre otras, se le delegó al Poder Ejecutivo facultades para “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos”.

Es decir, se facultó al Gobierno a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente. En este marco, el Poder Ejecutivo intervino administrativamente el ENRE y el ENARGAS.

Tras una auditoría llevada a cabo por ambos organismos, se determinó que “las tarifas que registraron aumentos sustanciales para los servicios públicos no han sido justas, ni razonables, ni transparentes”. Así, propusieron al Poder Ejecutivo iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente y proceder “a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios industrias” que se ha verificado durante el 2020, “en razón del mantenimiento tarifario al observar la evolución de los montos a facturar a usuarios del servicio público y por otro lado la evolución del nivel general de precios, salarios y actividad económica”.

Sin embargo, sobrevino la pandemia de coronavirus. Con ello se mantuvo el congelamiento de tarifas y se procedió a la prohibición del corte de servicios ante pagos adeudados. Estas circunstancias imposibilitaron el desarrollo de modificaciones en las tarifas de energía, aunque a partir de informes técnicos realizados por la Subsecretaría de Hidrocarburos y de la Subsecretaría de Energía Eléctrica el Gobierno, a través de sus entes, se ve en la necesidad de avanzar con el proceso referido.

De esta forma, Alberto Fernández y todos los ministros firmaron el decreto que fue publicado hoy, en el que se dio inicio a la renegociación de la revisión tarifaria integral vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal.

El ENRE y el ENARGAS estarán al frente del proceso, cuyo plazo no podrá exceder los dos años desde su entrada en vigencia. Sin embargo, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Energía podrán prever “adecuaciones transitorias de tarifas”. Los entes reguladores deberán organizar un banco de datos del proceso de renegociación, llevar adelante los regímenes de audiencia pública, de consulta pública y de participación ciudadana que resulten pertinentes.

“Los acuerdos definitivos o transitorios deberán formalizarse mediante actas acuerdo con las concesionarias o licenciatarias y los titulares del ENARGAS y del ENRE, así como del Ministerio de Economía, quienes los sucribirán ‘ad referendum’ del Poder Ejecutivo”, establece el artículo 5 del decreto. No obstante, “en caso de no ser factible arribar a un acuerdo”, el ENRE y el ENARGAS deberán dictar el nuevo régimen tarifario para los servicios públicos.

Ahora bien, de cara a posibles aumentos el año próximo, en el artículo 11 el Gobierno prorrogó por 90 días el congelamiento de las tarifas previsto en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que estaba próximo a vencer. A la par que se extendió la intervención del ENRE y del ENARGAS por un año o “hasta que se finalice la renegociación de la revisión tarifaria”. Mientras perdure la intervención, el ENRE mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR).

Semanas atrás, Darío Martínez, secretario de Energía, había confirmado que los aumentos se implementarán entre marzo y abril de 2021. Pero que los mismos se aplicarán en las tarifas de electricidad y gas con un esquema diferenciado, según los ingresos de cada usuario. De esta forma, el funcionario confirmó que un porcentaje de la población tendrá una tarifa subsidiada. “Esto no implica aumentar el porcentaje de los subsidios respecto al PBI, sino mantenerlo constante pero usarlo de mejor manera“, explicó.

“Hay que ver cómo está el país, cómo está el poder adquisitivo. Esto es fundamental. Nos interesa ver qué capacidad de afrontar tarifas tiene la sociedad argentina. Tenemos claro no aumentar los subsidios en términos porcentuales que están en 1,7% del PBI y no volver a las tarifas de la gestión anterior. Una vez que se salga del congelamiento, vamos a una tarifa de transición”, había adelantado Martínez.

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Duro diagnóstico de intendentes del PJ Bonaerense y la Iglesia: advirtieron por una aceleración de la crisis

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Hay un diagnóstico y una mirada similar entre los intendentes bonaerenses del peronismo y la cúpula de la Iglesia católica, que ayer se reunieron en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA): hay una preocupación creciente por la situación económica en los barrios del conurbano, por la falta de trabajo, por el aumento de pedidos de comida en los comedores y por el crecimiento del consumo de drogas en menores.

Los intendentes, que solicitaron la reunieron y tienen, en algunos casos, vínculos aceitados con la Iglesia, plantearon la delicada situación que están empezando a ver, sobre todo en los últimos tres meses, en los municipios más poblados del conurbano. Ante la escuha atenta de Monseñor Marcerlo Colombo, titular de la CEA, que estuvo acompañado por el Obispo de Quilmes, Carlos Tisera, plantearon que la red social que se tejió en los barrios entre intendentes y el gobierno bonaerense para soportar el peso de la crisis, se está dañando y tiene cada vez más limitaciones para contener las demandas de necesidades básicas.

En el encuentro estuvieron presentes los intendentes Mariel Fernandez (Moreno), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Andrés Watson (Florencio Varela), Ariel Sujarchuk (Escobar), Fernando Espinosa (La Matanza) y Pablo Descalzo (Ituzaingó). También formaron parte del encuentro el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis; el senador provincial Mariano Cascallares; el dirigente sindical de AEFIP Roberto Álvarez Alberto Descalzo, histórico dirigente del peronismo bonaerense y ex intendente de Ituzaingó.

Cada jefe comunal describió la situación de su territorio y hubo coincidencia en remarcar que ven una “aceleración de la crisis” y que hay una “disgregación de la clase media debido a la pérdida de poder adquisitivo. ”Hay falta de laburo, falta de guita y un montón de gente con la tarjeta explotada, muy endeudada”, retrató a Infobae uno de los intendentes que más está padeciendo la situación en su territorio.

Una de las realidades que empiezan a ver con más frecuencia es la de la gente que tiene tres trabajos y, aún así, no logra llegar a fin de mes o pagar sus deudas. “Muchos se vuelcan a las aplicaciones o delivery, pero también hay una saturación de ese sector. Demasiada oferta para la demanda que existe”, planteó otro jefe comunal.

Hablaron de ciudadanos con “sueldos embargados” y jóvenes “vinculados al narcomenudeo y las adicciones”, como consecuencia directa del acceso al dinero fácil. La Iglesia hace tiempo que viene alertando sobre el crecimiento de la venta y consumo de drogras en los barrios más humildes del país. A esa compleja situación, se le suma la falta de recursos y el estado de crisis en el que están viviendo las instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad.

El 1 de abril, en una carta enviada al ministro de Salud, Mario Lugones, la Conferencia Episcopal hicieron un planteo crítico de la situación de las instituciones: “Muchas de ellas se encuentran en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”.

“Los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal. Las consecuencias ya comienzan a hacerse sentir: endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, imposibilidad de incorporar nuevas personas y deterioro en la calidad de los servicios”, escribieron un mes atrás. La preocupación no solo sigue existiendo, sino que aumentó.

En el seno de la Iglesia hay una “preocupación muy grande” por la falta de trabajo, ya que para la institución el trabajo es “un ordenador”. “Cuando no tenes trabajo, te daña la relación con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, y te daña a vos, porque empieza a jugar fuerte en la vida mental de la gente”, reflexionó un sacerdote con peso específico en la cúpula eclesiástica.

La realidad que están viendo no es la que expone el Gobierno, respecto a que los desempleados se reicertan en otros sectores de la producción. “El que pierde el trabajo, no encuentra otro. Hay gente que no llega a fin de mes, que cambia a sus hijos de colegio, que perdió su obra social, que no puede acceder a la medicación. La situación es compleja”, retrató una alta fuente del catolicismo.

La Iglesia tiene un diálogo institucional con la Casa Rosada que se mantiene a través de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el canciller Pablo Quirno. Son canales formales, de buen trato, a los que les falta respuestas concretas ante los reclamos que han hecho los directivos de la CEA. El vinculo con el Gobierno es tirante e infructuoso, aunque los canales de comunicación estén abiertos.

Algunos intendentes peronistas expresaron su mirada de la reunión en las redes sociales. “Compartimos el duro diagnóstico sobre la situación que se vive en nuestros barrios y la necesidad de que todos los sectores unamos esfuerzos para llevar trabajo y comida a la casa de cada una de las familias argentinas”, expresó Ferraresi.

El ex intendente de San Martín y actual funcionario provincial, Gabriel Katopodis, fue un paso más allá. “Estamos viviendo un mega endeudamiento de las familias, violencia intrafamiliar, miedo a perder el trabajo y multiempleo. Necesitamos fortalecer una red para sostener a la gente en nuestros barrios, a la clase media que está al borde del colapso”, expresó.

El ministro de Kicillof aseguró también que “el Gobierno nacional está encerrado, desconectado y sin reacción” y que “no hay plan de salida”. “Lo que abandonan lo están sosteniendo las parroquias, las organizaciones y los municipios con un esfuerzo tremendo”, sostuvo.

La mirada de la Iglesia sobre la gestión del Gobierno en los barrios es realmente crítica. Aunque evite hacerlo en forma pública, el pensamiento subsiste en el corazón de la CEA. Creen que la Casa Rosada tiene una mirada de favorecer la ayuda individual, como el aumento en la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar, pero, al mismo tiempo, están desfinanciando el sistema comunitario de ayuda en los barrios. “Les aumentas las asignaciones pero les sacas las obras en los barrios o la capacidad de acceder a los medicamentos”, reflexionaron. La situación les preocupa mucho.

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“Está todo mal”: el desafío de Bullrich a Adorni desató el enojo de Karina Milei y se profundiza la interna libertaria

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Fiel a su estilo, Patricia Bullrich volvió a demostrar su condición de líbero y expuso en público lo que varios admiten en privado: la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, enturbia la imagen del Gobierno y empantana los planes de gestión. Lo hizo a contramano de las declaraciones públicas que funcionarios y legisladores expresan sobre el tema, y forzó al presidente Javier Milei a salir en rescate del funcionario.

“Ni en pedo se va”, sentenció Milei desde Estados Unidos en declaraciones a LN+, y anticipó además que el ministro coordinador adelantará la presentación de su declaraciones jurada con límite el 31 de julio. Según supo este medio, la fecha estará sujeta a los movimientos en la causa judicial, pero hay planes de hacerlo en un plazo de 25 a 30 días.

La escena no es nueva y pinta de cuerpo entero a la senadora que desde los inicios de la gestión evitó tomar partido en la interna para transitar su propio camino. “Siempre estuve por los márgenes, a mi me gusta trabajar mucho la representación. Yo me juego”, se autodefinió Bullrich luego de presionar al exvocero.
En más de una oportunidad, Bullrich contó que luego de quedar afuera del balotaje presidencial convocó a su equipo a una reunión para indicarles que no había otra alternativa que acompañar a Javier Milei en la segunda vuelta. Así, se transformó en la primera referente política en alinearse con el libertario, tomando una definición clave que terminó por sentar las bases del triunfo de La Libertad Avanza en 2023.
Salvando las distancias, resulta llamativo una publicación en X hecha el viernes pasado por el diputado nacional Damián Arabia que viene acompañada por una foto de un encuentro con Bullrich y la diputada Sabrina Ajmechet. “Se vienen cositas”, reza la publicación.
Esa reunión no fue una más: se trató de una declaración de principios de una nueva estrategia política de parte del bullrichismo. La jefa del bloque libertario había llegado a la conclusión de que debía pasar a la acción y explicitar que si Adorni no daba un horizonte con explicaciones contundentes, el caso iba a seguir erosionando la credibilidad del Gobierno y su sustentación política.

Su entorno primero lo hizo trascender por lo bajo y sobre el cierre de la tarde del miércoles, para evitar cualquier interpretación, fue ella misma quien se encargó de materializarlo públicamente en un reportaje con Eduardo Feinmann, quien le dedicó una “carta abierta” al ministro coordinador publicada en Infobae en la que planteó que permanecer en el cargo “es insistir en el error”.

“El jefe de gabinete el otro día dio un discurso en el Congreso de la Nación, estaba todo el gabinete, la ciudadanía, estaba como en cadena nacional y él dijo algo contundente. Él dijo: ‘Yo tengo una explicación a los gastos que hice y tengo’. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato, porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes”, afirmó Bullrich este miércoles en A24.

En la misma línea, completó: “¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. Si dijo que él tiene todo probado, esa prueba para mí tiene que ser inmediata. Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana“.

Fiel a su formación política, la exministra considera que debe rendir cuentas por sus acciones principalmente con el Presidente, con quien habló primero el lunes por teléfono para adelantarle su posicionamiento sobre lo que debía hacer con Adorni. No hizo lo mismo con Karina. La jugada hecha ayer fue un claro gesto de autonomía que sorprendió incluso en aquellos que hace tiempo tienen intenciones de desafiar a la hermanísima pero no se atreven. “Patricia se animó y todos nosotros no”, se reía una de estas personas.

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Kicillof afianza la relación con Hugo Moyano, Daer y la CGT para su proyección electoral a nivel nacional

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“El pueblo argentino ya canta las nuevas canciones: Axel presidente”. El intendente de Ensenada, Mario Secco, no dudó este martes por la noche en postular al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como el candidato opositor para las elecciones del año que viene. Al lado de Secco, Kicillof aplaudía. Fue durante un multitudinario acto por la inauguración del nuevo edificio municipal en el distrito ribereño. El mandatario provincial cada vez esquiva menos la posibilidad de ser candidato y en esa tarea busca ir cerrando el respaldo de distintos sectores; el sindicalismo es uno.

El lunes último, el mandatario recibió a Hugo y Huguito Moyano del gremio de Camioneros y al secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Octavio Argüello, que además es el referente del gremio en Tres de Febrero y San Martín. Del encuentro también participó el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, quien está a cargo de sostener los puentes con el mundo sindical.

Uno de los próximos pasos es avanzar en la construcción del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), rama Trabajo. Ya existen el MDF Ciencia y Universidad, el de Salud y el de Educación. Para eso, los gremios preparan la conformación de este espacio. De eso se habló en la reunión entre los Moyano y el Ejecutivo. También tendrá participación activa la UPCN. De hecho, el gremio de los trabajadores del Estado forma parte del nuevo PJ bonaerense que preside Kicillof, ya que la rama gremial del partido está integrada por Fabiola Mosquera.

Sin embargo, la relación entre el Ejecutivo y la familia Moyano no es semejante para con todos sus integrantes. Con Pablo Moyano, por ejemplo, hay latente cierta tensión que tiene que ver con los conflictos con las empresas de recolección de residuos en algunos municipios.

Como contó Infobae, en el distrito de Villa Gesell se atraviesa el mayor foco de conflicto. Ante esta situación, Pablo Moyano forzó una reunión con Kicillof y ahora, ante la no resolución de la situación, advierte nuevamente que podría parar la recolección de residuos en toda la provincia.

El próximo 28 y 29 de mayo se llevará a cabo el Congreso Bonaerense del Trabajo. Será en Mar del Plata y el cierre del mismo estará a cargo de Kicillof. Los Moyano fueron invitados, junto a otro grupo de referentes gremiales. Antes habrá otras actividades de corte sindical en las que Kicillof o referentes de su gobierno serán protagonistas.

El viernes Kicillof estará en la provincia de Córdoba. El viaje, como adelantó Infobae, será un termómetro político y electoral para el mandatario bonaerense. La provincia que gobierna Martín Llaryora tiene un fuerte componente antikirchnerista en su electorado. Kicillof buscará allí ampliar su base de representatividad.

Una de las actividades que tiene es con el ex titular de la CGT y actual secretario general del gremio de Sanidad, Héctor Daer. El mandatario bonaerense es la apuesta electoral y política del antiguo triunviro de la Confederación General del Trabajo. Ambos cerrarán el 61.º Congreso Nacional de FATSA en la ciudad de La Falda, Córdoba.

La semana que viene, el gobierno bonaerense presentará el proyecto de ley que busca regular y dar un marco legal a los trabajadores de las aplicaciones. Este miércoles, Correa brindó una entrevista en Infobae a las Nueve y ante la consulta sobre el destino de quienes quedan fuera del alcance del Estado, reconoció que “en la realidad que impera es sumamente imposible sostener los puestos de trabajo cuando no hay política industrial”. Además, destacó la importancia creciente de la economía de plataformas: “Incide mucho la adquisición de motocicletas por parte de la población. Muchos van a trabajar al Rappi, están tratando de sobrevivir de esa manera. Es el colchón de hoy, la última frontera, como lo fueron los remises o las canchas de pádel en los noventa”.

Parte del movimiento sindical se empieza a recostar en Kicillof y hace su juego en la interna del peronismo. Se da en paralelo en los cruces entre la CGT y el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. El también expresidente del PJ bonaerense encabezó un acto en Cañuelas por el Día del Trabajador. Allí elevó un mensaje a los líderes sindicales: “A la compañera –Cristina Kirchner- que los bancó, que los defendió, que le hicieron paro por ganancias, y después agacharon la cabeza y se fueron a brindar con Macri. Eso no se hace. ¿Quién carajo se creen que son? ¿Cómo vamos a convocar a los argentinos para que nos voten, si tenemos este tipo de miserias entre nosotros? Cuando le pusieron un fierro en la cabeza, también se borraron. A ver si entienden que necesitamos que los compañeros de la CGT recuperen el coraje de defender a los trabajadores. Ahí vamos a hacer la unidad”.

La respuesta llegó este miércoles de parte de uno de los secretarios generales de la CGT, Cristian Jerónimo. En diálogo con Infobae al Amanecer, el líder sindical destacó la política económica de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pero planteó: “¿Quién es Máximo Kirchner para decirnos a la CGT qué es lo que tenemos que decir o dejar de decir? Es un compañero más. ¿Qué es un mesías?“.

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