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Política Nacional

El Gobierno analiza cambios en la facturación de energía

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El presidente Alberto Fernández decretó que se mantenga el congelamiento de los servicios por otros tres meses, mientras los entes reguladores proceden con la renegociacion de la revisión tarifaria.

De cara a 2021, el Gobierno comenzará a estudiar cambios en las tarifas de energía. Si bien se mantendrá el congelamiento por los próximos tres meses, se avanzará en la renegociación de la revisión tarifaria. Semanas atrás, desde la Secretaría de Energía habían adelantado que los próximos aumentos comenzarán a regir a partir de marzo del año entrante.

A través del Decreto 1020/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo habilitó la renegociación tarifaria de la luz y el gas, que tendrá al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al frente del proceso.

A fines de 2019, cuando el Congreso aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declarando la emergencia pública tarifaria y energética, entre otras, se le delegó al Poder Ejecutivo facultades para “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos”.

Es decir, se facultó al Gobierno a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente. En este marco, el Poder Ejecutivo intervino administrativamente el ENRE y el ENARGAS.

Tras una auditoría llevada a cabo por ambos organismos, se determinó que “las tarifas que registraron aumentos sustanciales para los servicios públicos no han sido justas, ni razonables, ni transparentes”. Así, propusieron al Poder Ejecutivo iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente y proceder “a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios industrias” que se ha verificado durante el 2020, “en razón del mantenimiento tarifario al observar la evolución de los montos a facturar a usuarios del servicio público y por otro lado la evolución del nivel general de precios, salarios y actividad económica”.

Sin embargo, sobrevino la pandemia de coronavirus. Con ello se mantuvo el congelamiento de tarifas y se procedió a la prohibición del corte de servicios ante pagos adeudados. Estas circunstancias imposibilitaron el desarrollo de modificaciones en las tarifas de energía, aunque a partir de informes técnicos realizados por la Subsecretaría de Hidrocarburos y de la Subsecretaría de Energía Eléctrica el Gobierno, a través de sus entes, se ve en la necesidad de avanzar con el proceso referido.

De esta forma, Alberto Fernández y todos los ministros firmaron el decreto que fue publicado hoy, en el que se dio inicio a la renegociación de la revisión tarifaria integral vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal.

El ENRE y el ENARGAS estarán al frente del proceso, cuyo plazo no podrá exceder los dos años desde su entrada en vigencia. Sin embargo, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Energía podrán prever “adecuaciones transitorias de tarifas”. Los entes reguladores deberán organizar un banco de datos del proceso de renegociación, llevar adelante los regímenes de audiencia pública, de consulta pública y de participación ciudadana que resulten pertinentes.

“Los acuerdos definitivos o transitorios deberán formalizarse mediante actas acuerdo con las concesionarias o licenciatarias y los titulares del ENARGAS y del ENRE, así como del Ministerio de Economía, quienes los sucribirán ‘ad referendum’ del Poder Ejecutivo”, establece el artículo 5 del decreto. No obstante, “en caso de no ser factible arribar a un acuerdo”, el ENRE y el ENARGAS deberán dictar el nuevo régimen tarifario para los servicios públicos.

Ahora bien, de cara a posibles aumentos el año próximo, en el artículo 11 el Gobierno prorrogó por 90 días el congelamiento de las tarifas previsto en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que estaba próximo a vencer. A la par que se extendió la intervención del ENRE y del ENARGAS por un año o “hasta que se finalice la renegociación de la revisión tarifaria”. Mientras perdure la intervención, el ENRE mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR).

Semanas atrás, Darío Martínez, secretario de Energía, había confirmado que los aumentos se implementarán entre marzo y abril de 2021. Pero que los mismos se aplicarán en las tarifas de electricidad y gas con un esquema diferenciado, según los ingresos de cada usuario. De esta forma, el funcionario confirmó que un porcentaje de la población tendrá una tarifa subsidiada. “Esto no implica aumentar el porcentaje de los subsidios respecto al PBI, sino mantenerlo constante pero usarlo de mejor manera“, explicó.

“Hay que ver cómo está el país, cómo está el poder adquisitivo. Esto es fundamental. Nos interesa ver qué capacidad de afrontar tarifas tiene la sociedad argentina. Tenemos claro no aumentar los subsidios en términos porcentuales que están en 1,7% del PBI y no volver a las tarifas de la gestión anterior. Una vez que se salga del congelamiento, vamos a una tarifa de transición”, había adelantado Martínez.

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“Milei alcanzó un récord histórico”: el Gobierno celebró la aprobación de otros 67 pliegos judiciales en el Senado

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La Oficina del Presidente celebró este jueves un récord histórico en materia de designaciones judiciales tras la aprobación por parte del Senado de la Nación de 67 pliegos judiciales enviados por el Gobierno Nacional, con el acompañamiento de todos los bloques políticos de la Cámara Alta. Así se precisió a través de un comunicado oficial en el que se remarcó que la administración del presidente Javier Milei se convirtió así en la gestión que mayor cantidad de jueces logró aprobar en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994.

“La Oficina del Presidente celebra la aprobación por parte del Senado de la Nación de 67 pliegos judiciales enviados por el Gobierno Nacional, con el acompañamiento de todos los bloques políticos de la Cámara Alta”, comenzó el comunicado compartido a través de las redes sociales.

Con esta aprobación, el Gobierno del Presidente Javier Milei alcanzó un récord histórico en materia de designaciones judiciales, convirtiéndose en la administración que más jueces logró aprobar en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994”, destacaron en el mismo mensaje en base al registro que logró el Gobierno.

El comunicado que compartió la Oficina del Presidente

La sesión se realizó este jueves a partir de las 11 y fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien retomó la conducción del recinto luego de tres semanas de inactividad de la Cámara Alta. La jornada, de baja intensidad política, incluyó además el ingreso de 24 nuevos pliegos judiciales girados a comisión y la aprobación de cinco convenios internacionales.

El comunicado de la Oficina del Presidente subrayó de manera particular la labor de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, a quien atribuyó la construcción de los consensos con todos los espacios políticos que hicieron posible la aprobación.

También destacó la gestión del ministro de JusticiaJuan Bautista Mahiques, por el trabajo realizado para avanzar en la cobertura de las vacantes judiciales. Mahiques asumió la titularidad de la cartera en marzo de 2026, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, y desde entonces motorizó el envío de candidatos a la Cámara Alta con el objetivo de reducir el alto porcentaje de vacantes en juzgados, defensorías y fiscalías del fuero federal y nacional.

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Bullrich adelantó que el Senado retomará el debate por la reforma electoral: “Suspender o eliminar las PASO es parecido”

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La senadora Patricia Bullrich confirmó el jueves que el oficialismo buscará reabrir en las próximas semanas el debate de la reforma electoral en el Senado. La discusión incluye la posible eliminación o suspensión de las PASO, mientras el Gobierno negocia apoyos con el PRO, la UCR y partidos provinciales.

Hasta ahora, el tema que tiene como eje principal la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el financiamiento de los partidos políticos, que solo se trató en una jornada, pero que el oficialismo decidió no seguir con el debate en comisión frente a la imposibilidad de conseguir un consenso que le asegure los votos.

En declaraciones al canal A24, Bullrich trazó el mapa de la negociación que el oficialismo tiene por delante. La senadora fue directa al señalar que tanto eliminar como suspender las PASO apuntan al mismo objetivo: “Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, afirmó.

Uno de los argumentos centrales que esgrime La Libertad Avanza (LLA) para impulsar el cambio es el costo que las primarias le imponen al calendario de gobierno. Según Bullrich, mantener las PASO implica perder casi un año de gestión: “Lo que no queremos es que se acorte cuatro meses el Gobierno, el año que viene está casi perdido”, señaló.

Pero la senadora aclaró que la posición del oficialismo no equivale a suprimir cualquier mecanismo interno de selección de candidatos. “Los partidos tienen que tener una forma de resolver cómo se eligen los candidatos, porque no se puede elegir todos centralizadamente o a dedo”, planteó.

Según informó Infobae, el Gobierno analiza tres escenarios concretos: la eliminación total de las PASO, la suspensión de las primarias por un ciclo —como ocurrió en las legislativas de 2025—, y la posibilidad de habilitar una primaria sin carácter obligatorio. Fuentes de la mesa política citadas por ese medio advirtieron que “no hay proyecto si no hay acuerdos políticos confiables y estables”, y que ningún espacio está dispuesto a resignar una herramienta electoral sin garantías.

En ese escenario, el foco del oficialismo está puesto en los bloques que pueden aportar votos para construir la mayoría en la Cámara Alta. Bullrich fue explícita al respecto: “Convencer a la Unión Cívica Radical, que tiene diez senadores; convencer al PRO; convencer a los partidos provinciales que nos acompañan”, enumeró en A24.

En paralelo, de acuerdo a lo que pudo saber este medio, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reactivó el diálogo con los gobernadores, en un esfuerzo por ampliar los entendimientos más allá del Congreso.

La reforma que impulsa el oficialismo excede la discusión sobre las PASO. Bullrich adelantó que el debate abarcará también el financiamiento público de los partidos, los espacios cedidos en televisión y la existencia de lo que ella denominó “partidos truchos”. “Hay un montón de partidos que son truchos”, apuntó, y agregó que el objetivo es “bajar la plata pública en la política”. Además, otro foco será reducir la cantidad de publicidad electoral que, según argumentó una fuente a este medio, ya nadie mira: “En año electoral, la gente apaga la televisión porque está saturada”.

Desde sectores del propio oficialismo conviven lecturas divergentes sobre las chances reales de la reforma. Una fuente con acceso al despacho presidencial fue categórica: “La reforma electoral probablemente no suceda y finalmente se terminen suspendiendo las PASO el año próximo”. Otras voces dentro de la administración mantienen una postura más optimista, aunque reconocen que los primeros acuerdos electorales recién comenzarán a tomar forma en octubre. El proyecto ingresó por el Senado, pero todavía no cuenta con los votos necesarios para su tratamiento en el recinto.

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Tras la reunión con Kicillof y para saltar la interna del PJ, la Liga de intendentes estuvo con Máximo Kirchner y pidió un acuerdo de unidad

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El peronismo bonaerense avanza en las negociaciones de unidad de cara al 2027. Los dirigentes, dispuestos a pulir un acuerdo que contenga a todos los sectores, suman reuniones que tienen un peso específico dentro de las conversaciones que están abiertas y se multiplican con velocidad.

Este jueves al mediodía la Liga de Intendentes, conformada por once jefes comunales de la provincia de Buenos Aires, se reunió en Merlo con Máximo Kirchner. El encuentro tuvo como fin poner sobre la mesa una serie de temas vinculados a la gestión pero, sobre todo, inscribirlo en una continuidad de reuniones que sirven para mostrar la voluntad de buscar un consenso político y electoral.

“La reunión tiene una lógica de unidad similar a la de la reunión en el Hotel Emperador y al encuentro que organizó el ‘Gitano’ Quintela en La Rioja. Todo va por el mismo camino”, expresaron cerca del líder de La Cámpora. Con la interna aplacada y la proximidad del año electoral, el peronismo empezó a activar una serie de conversaciones vinculadas a acercar posiciones para ser todos parte de un mismo proyecto.

De la reunión, que se realizó en Merlo, participaron el intendente anfitrión Gustavo “Tano” Menéndez y sus colegas: Mariel Fernández (Moreno), Gastón Granados (Ezeiza), Juan Pablo García (Dolores), Marisa Fassi (Cañuelas), Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Tito Sanzio (Baradero), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Federico Otermín (Lomas de Zamora). El espacio lo integran también Juan de Jesús (La Costa) y Federico Susbielles (Bahía Blanca), aunque estuvieron en el encuentro.

Los intendentes le manifestaron a Kirchner su solidaridad con la situación de Cristina Kirchner, que lleva más de un año detenida en el departamento ubicado San José 1111, donde cumple la condena dispuesta en la causa Vialidad. En conjunto, expresaron su respaldo a la presentación que sus abogados hicieron en ante las Naciones Unidas y la decisión de acudir a tribunales internacionales.

Durante el tiempo que duró la reunión también conversaron sobre el impacto de la política económica del gobierno de Milei en los municipios, el deteriorio de las pymes, la suba de tarifas y la eliminación de la zona fría, un tema que preocupa mucho a todos los intendentes.

En lo que respecta al debate político, coincidieron en la importancia de trabajar en el tejido de una alternativa nacional y le plantearon al líder camporista que tienen la voluntad de seguir ampliando el espacio con intendentes de otros lugares del país. Es decir, romper las barreras bonaerenses, mantener la identidad intendentista, pero sumar voces de otros rincones.

La Liga tiene como objetivo principal ser un eje que atraiga la unidad del peronismo de la provincia. Un esquema que diluya algunas de las diferencias que subsisten entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), La Cámpora y el Frente Renovador (FR), que son las tribus más grandes.

Buscan ser un polo de atracción del discurso de unidad. Una muestra de eso es que un mes atrás se reunieron con Axel Kicillof y hoy lo hicieron con Máximo Kirchner. Insisten con un mensaje claro. El Gobernador y Cristina Kirchner tienen que sentarse y buscar un acuerdo.

Los jefes comunales entienden que el peronismo bonaerense debe hacer equilibrio en la discusión de poder que existe en la provincia. Para eso tienen que reivindicar el rol de Cristina Kirchner y, al mismo tiempo, respaldar la gestión de Axel Kicillof en la gobernación. Hay que darle un marco lógico y menos dañino a la convivencia, pese a que todos entienden que está al rojo vivo la discusión por el liderazgo y las candidaturas.

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