La Cámara de Transporte de Santiago del Estero respondió en forma contundente contra los nuevos reclamos salariales del Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, que anticipó su rechazo al esquema actual de las paritarias en la actividad, con acuerdos pactados por 6 meses con cláusulas de revisión y al otorgamiento de sumas no remunerativas.

La entidad empresarial, que agrupa a pymes y es liderada por Federico Lo Bruno, hizo hincapié en la gravedad del contexto actual y advirtió que la crítica situación financiera del sector amenaza la sustentabilidad de las fuentes laborales y la continuidad de cientos de empresas de transporte automotor de cargas.

En un comunicado, destacó que el sector enfrenta un escenario donde “los costos operativos superan en muchos casos los ingresos, producto de tarifas que se encuentran muy por debajo de los valores reales que requiere la actividad para ser sustentable”.

Alertó que esta situación ha provocado cierre de empresas, reducción de flotas y la pérdida diaria de empleo en la provincia y en todo el país. Pese a reconocer la importancia de los análisis técnicos sobre el salario real, la cámara santiagueña sostuvo la necesidad de que tales planteos “deben ser canalizados y debatidos en la mesa de negociación paritaria, ámbito natural donde las partes —trabajadores y empresas— participamos activamente y asumimos compromisos concretos, con pleno conocimiento del contexto macroeconómico, sectorial y regional en el que se desarrolla la actividad”. Además, remarcó que no se generan “ahorros” ni “beneficios extraordinarios” derivados de los acuerdos salariales actuales, tal como señaló Camioneros.

Acerca de las recurrentes críticas a la rentabilidad empresarial, la cámara del interior fue enfática: “Sin rentabilidad no hay empresas, sin empresas no hay empleo, sin empresas no hay salarios, ni aportes ni contribuciones abonados en tiempo y forma”.

Resaltó que “demonizar” la ganancia de las empresas implica desconocer que sólo mediante resultados positivos se pueden mantener los compromisos asumidos con trabajadores, proveedores y el fisco.

La entidad también cuestionó la continuidad de los bonos extraordinarios pedidos por el sindicato para la obra social cuando estos se exigen incluso para trabajadores no afiliados, especialmente considerando que “la calidad de las prestaciones se ha deteriorado gravemente, con servicios deficientes o inexistentes en amplias zonas del país, incluida nuestra provincia”.

“La situación de la obra social resulta crítica, sin que ello se traduzca en mejoras concretas ni para los trabajadores ni para las empresas que realizan los aportes”, agregó el comunicado empresarial.

Respecto del tema salarial, insistió en que “todo acuerdo salarial vigente ha sido previamente consensuado y firmado por las partes”, subrayando la existencia de un compromiso mutuo y bilateral de respeto a lo acordado, “tanto en sus alcances como en sus limitaciones”.

En su mensaje final, la cámara de Santiago del Estero reiteró que la prioridad indeclinable debe ser “la continuidad del sector y la preservación de las fuentes de trabajo”. Sin embargo, consideró que “el transporte de cargas atraviesa una crisis profunda, con cierre de empresas, reducción de flotas y pérdida diaria de empleo” y advirtió: “Esta realidad exige responsabilidad, diálogo y esfuerzos compartidos, no la confrontación ni la estigmatización de quienes sostienen la actividad”.

La firme postura del líder del Sindicato de Camioneros adquiere más relevancia porque en los primeros días de febrero comenzarán las negociaciones con los empresarios para acordar la paritaria 2026. Y, en los hechos, desafiará la pauta salarial fijada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que ahora busca acuerdos anuales y por debajo de la inflación prevista, y podría trabar la homologación de lo pactado por parte del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

(Enviado especial a Davos, Suiza) Por invitación formal de Donald Trump, Javier Milei sumará a la Argentina a la Junta de la Paz (Board of Peace) que intentará resolver los conflictos globales bajo el liderazgo del presidente de los Estados Unidos.

“Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como miembro fundador, el Board of Peace, una organización creada por el presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”, sostuvo Milei en su cuenta oficial de X cuando recibió la comunicación oficial de la Casa Blanca.

Hoy Milei, junto a representantes de Paraguay, Belarus, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Qatar y Egipto, estará junto a Trump para lanzar un organismo multilateral que puede disputar el rol global de las Naciones Unidas.

El presidente de Estados Unidos invitó también a Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Noruega, Suecia y Rusia. Emmanuel Macron ya adelantó que no integrará el Board of Peace, mientras que Vladimir Putin aún no ha contestado a la Casa Blanca.

La respuesta negativa de Macron provocó la inmediata reacción de Trump, quien adelantó que aumentará los aranceles de ciertos productos franceses si no cambia de opinión.

Macron rechazó la amenaza del líder republicano.

La presencia de Milei en la ceremonia de inicio de la Junta de la Paz exhibe la profunda relación estratégica entre Balcarce 50 y el Salón Oval.

El Presidente estará acompañado por Karina Milei -secretaria general-, Pablo Quirno -canciller-, Luis Caputo -ministro de Economía- y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación.

“Hace tiempo, Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad, abrazó dosis crecientes de socialismo y su versión más hipócrita, que es el wokismo. Ahora les traigo buenas noticias: el mundo ha comenzado a despertar; la mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad; por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagará su deuda civilizatoria como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y los valores judeocristianos. El futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente“, pronosticó el mandatario argentino en su discurso en Davos.

Los gestos diplomáticos de Milei son correspondidos por Trump.

El gobierno fue respaldado por Estados Unidos durante la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y cuando fue necesario el apoyo financiero para evitar problemas en los mercados, la Secretaría del Tesoro asistió al Banco Central.

“Amo a la Argentina, su presidente está haciendo un muy buen trabajo”, afirmó Trump durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026.

De hecho, en Davos se valoran los resultados del plan de ajuste de Milei, que bajó la inflación, los niveles de pobreza y redujo el déficit fiscal, y se añade inmediatamente el fuerte apoyo de Estados Unidos a la Argentina.

La ceremonia de constitución de la Junta de la Paz creada por Trump será a las 6.30 (hora de Argentina), y ocurrirá en el auditorio principal del Foro de Davos.

Tras varias idas y vueltas, el Gobierno ultima detalles del decreto que disolverá el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) como se conoce hasta entonces y el Ministerio de Seguridad se prepara para abrir una licitación entre las principales prepagas para avanzar en la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), según confirmaron a Infobae altas fuentes calificadas.

Como contó este medio, la determinación del Poder Ejecutivo es segmentar la tercera obra social más cuantiosa del país, que nuclea actualmente a más de 600.000 afiliados entre activos y pasivos, y que arrastra una deuda de más de $200 mil millones y falencias en las prestaciones.

Al respecto, una importante fuente de la administración liberaria admitió que el decreto está listo para ser firmado por el presidente Javier Milei y que podría publicarse en el Boletín Oficial de la semana próxima. Lo cierto es que el mandatario se encuentra actualmente en Suiza, con agenda en el exterior y con fecha de retorno al país para el próximo viernes. A su retorno, podría concretarse la tan ansiada firma que le permitiría a las carteras iniciar formalmente con el proceso interno.

Una vez que la disolución se oficialice para Prefectura y Gendarmería, el Ministerio de Defensa pasará a hacerse cargo de la cobertura para el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, mientras que el de Seguridad Nacional abarcará la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional. Con la mente en esa posibilidad trabaja desde hace tiempo la cartera que lideró hasta diciembre Patricia Bullrich y que hoy lo hace Alejandra Monteoliva.

Según supo este medio, la ministra se encuentra a la espera de la oficialización de la disolución para dar forma a la estructura jurídica de una obra social nueva e iniciar un proceso de licitación con las principales prepagas del país para garantizar la cobertura de los efectivos que hoy reclaman la faltante de prestaciones.

“Necesitamos que nos firmen el divorcio. Desde hace meses trabajamos en la tarea, impulsamos una mesa de trabajo con expertos, e incluso coordinamos con el Ministerio de Salud y los jefes de las fuerzas porque tenemos alrededor de 197 mil beneficiarios entre efectivos activos, retirados y familiares y queremos dar respuestas”, se sinceraron.

La lógica planteada cambia en el Ministerio de Defensa, que no considera la disolución total como opción viable y sostiene que aún trabajan en el tema y restan definiciones por tomar. La cartera que lidera actualmente el teniente general Carlos Presti cuenta con estructura que le permitirá cumplir con las prestaciones. “Nunca estuvo planteada la disolución de la obra social. Las Fuerzas Armadas tienen estructura militar, por lo que la mejor manera de garantizar cobertura federal es aprovechar y potenciar la red de hospitales militares que hoy en día tienen de todo tipo: alta complejidad, intermedios, entre otros”, aseguraron.

La problemática de IOSFA, uno de los principales reclamos de los efectivos de ambas fuerzas, se presenta como “una prioridad” para ambas carteras, que además coinciden en detectar los atrasos en la escala salarial, otra cuenta pendiente para los flamantes ministros que pujan por atender la demanda.

Si bien la obra social en la que trabaja Seguridad alcanzará a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval en su etapa inicial, no descartan que con el tiempo pueda incorporar a la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Con respecto a la deuda registrada por la obra social -se estima en torno a los $200 mil millones-, en Casa Rosada aseguran que el Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo está en control de la situación. Sin embargo, hay quienes le atribuyen casi el 70% de la cifra a las prestaciones de Prefectura y Gendarmería. Desde la cartera apuntada admiten que cuentan con el mayor volumen de afiliados retirados, pero contraponen que tiene el aval de Economía para avanzar y la garantía de que “se resuelve internamente”. Ambas carteras mantuvieron reuniones con autoridades del Palacio de Hacienda que estudia el uso de fondos para cubrir el déficit.

La primera en plantear la necesidad de solucionar el conflicto fue Patricia Bullrich, quien junto a su par de Defensa de aquel entonces, Luis Petri, supo encabezar más de un intercambio en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, donde se barajó incluso la posibilidad de dividir el instituto. En la continuidad de la gestión, Alejandra Monteoliva redobló esfuerzos para intentar acercarse a una solución.

En el mientras tanto, advierten que funcionará una especie de “IOSFA residual” hasta la regularización de la prestación por lo que los afiliados de las Fuerzas de Seguridad recibirán atención en paralelo al proceso de transformación interno. “Hasta ahora la respuesta es discursiva, pero Alejandra está dispuesta a trabajar para mejorar el bienestar de las fuerzas. Para eso necesita que le firmen el divorcio”, expresaban desde su entorno.