Después de que el Gobierno nacional obtuviera la media sanción en los proyectos de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal, el Congreso aprobó la designación de tres auditores generales de la Nación. El tema no estaba en el plenario, como tampoco en la convocatoria a sesiones extraordinarias realizada por el Ejecutivo, y provocó que varios legisladores de los bloques se retiraran del recinto a modo de reclamo.

Todo comenzó con un pedido de moción presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, para poder ocupar los cargos vacantes. “La propuesta concreta es que esta Cámara designe como auditores generales de la Nación a las siguientes personas: Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti”.

“Propongo que se vote la terna completa y que se autorice a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución a lo aquí establecido”, completó el diputado cordobés. Acto seguido, el recinto se tiñó de quejas, que cuestionaron la solicitud.

Frente a esto, el presidente de la banca del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, cuestionó: “Esta es la violación al artículo 65 de la Constitución Nacional”. Por esto, subrayó que “la práctica reglamentaria y la doctrina reconocen como única excepción al límite del temario cuestiones de privilegio y asuntos estrictamente internos de cada Cámara”.

Tras manifestar su desaprobación con la jura de los auditores, anticipó que se presentaría una denuncia en la Justicia por tratarse de una medida inconstitucional. “En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta Cámara”, reprochó.

“La designación de miembros de AGN (Auditoría General de la Nación) no se encuadra en ninguna de estas categorías, ya que integra un órgano de control externo que excede el funcionamiento del Congreso”, argumentó. Al remarcar que “no se puede tratar, es anticonstitucional”, aseguró que “la falta de códigos, de respeto por los compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza”.

A su reclamo, se sumó Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, por lo que su bloque optó por retirarse del recinto junto a las bancadas del PRO, la UCR, y Provincias Unidas.

A pesar de esto, la votación siguió su curso, se aprobaron los nombramientos e, incluso, se tomó juramento a dos de los auditores designados. En el caso de Calletti, asumió el cargo minutos más tarde, debido a que todavía no había llegado al Congreso.

“No sabemos quiénes son”, dijo a TN la diputada Karina Banfi, de la UCR, al recalcar que el tema no se había tratado en comisión previamente.

Previo a esto, se creía que la Auditoría General de la Nación iniciaría el 2026 paralizada, por la cantidad de vacantes existentes. Hasta esta madrugada, el organismo solo se encontraba compuesto por su titular, Jesús Rodríguez Olmos, debido a que ninguna de las Cámaras había designado a sus auditores. La Comisión Mixta Revisora de Cuentas, compuesta por Miguel Ángel Pichetto, y el legislador kirchnerista Juan Manuel Olmos, trabajó para sostener el plan de auditoría.

Así, la comisión bicameral logró en los últimos meses un avance significativo respecto a gestiones anteriores, agilizando el tratamiento de más de 550 expedientes y definiendo las Cuentas de Inversión correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020, que abarcan tanto la administración de Mauricio Macri como la de Alberto Fernández.

En la discusión sobre el Programa de Acción Anual (PAA) 2026, se planteó que, según la tradición parlamentaria, tras la aprobación de la bicameral y con las firmas de los presidentes de las comisiones de Presupuesto de Diputados y del Senado —los libertarios Alberto Benegas Lynch y Ezequiel Atauche—, el plan podría considerarse cerrado y validado.

No obstante, con la integración de los auditores nombrados por Diputados, aún quedaría pendiente la definición de los representantes del Senado en la AGN. Previo a esto, el bloque kirchnerista presionó al radicalismo para conformar una mayoría que les permita designar dos miembros propios y uno del partido centenario, con el objetivo de excluir a LLA de la conducción del organismo. Sin embargo, se trató de una estrategia que no dio los frutos esperados para la oposición.

A través de una resolución publicada este jueves en Boletín Oficial, la Jefatura de Gabinete de Ministros formalizó la delegación de facultades administrativas y disciplinarias en cada una de las distintas áreas que componen el organismo, bajo la titularidad de Manuel Adorni.

Mediante la resolución 162/2025, detallaron artículo por artículo las responsabilidades de cada una de las áreas que conforman la cartera. De esta manera, fijaron, entre otras cosas, que cada Secretaría de la Jefatura pueda efectuar designaciones transitorias de su personal, tal como prevé el decreto N° 958/2024 en su segundo artículo.

Aquella normativa habilitaba a los funcionarios responsables de cada área a designar y prorrogar transitoriamente al personal en cargos inferiores a Subsecretario, tanto de planta permanente como extraescalafonarios, en organismos centralizados y descentralizados bajo su jurisdicción y conforme a la estructura vigente. Este cambio estuvo acompañado por la prohibición de los cargos hereditarios en la administración pública mediante el Decreto 959/2024.

En este sentido, la reciente norma concedió la potestad de “prórroga de las designaciones transitorias y las asignaciones de funciones previstas” para el personal propio y otorgó la misma atribución a los titulares de los organismos descentralizados bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete “respecto de los agentes dependientes de cada uno de ellos”.

Seguidamente, la resolución detalló que las Secretarías quedan habilitadas para promocionar al personal que revista planta permanente, también conforme establece el Decreto N° 958/2024 respecto de los agentes en cada Secretaría. A su vez, se las habilita a tomar otras decisiones que en el mencionado decreto estaban a cargo del Jefe de Gabinete, Ministros, Secretarios de la Presidencia, Procurador del Tesoro de la Nación y a los Vicejefes de Gabinete. De esta manera podrán contratar, renovar o prorrogar bajo cualquier modalidad.

En cuanto a la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, el texto establece las atribuciones contempladas en los artículos 2°, 3° y 4° del 958/2024, los cuales refieren a la facultad de efectuar y prorrogar designaciones, regular la posibilidad de disponer promociones para el personal de planta permanente y otras asignaciones de funciones dentro de la estructura administrativa. Estas competencias solo aplican sobre agentes que integren unidades organizativas con rango inferior a Secretaría y que dependan directamente del jefe de Gabinete.

En paralelo, la autoriza a designar personal de gabinete, además de poder ejercer las facultades previstas en el Decreto N° 619/2016―que regula puntos específicos sobre contrataciones en la administración nacional― y el Decreto N° 750/1977, que establece normas sobre la contratación y designación del personal de gabinete, asegurando respaldo para nombramientos y vinculaciones temporales vinculadas a funciones de asesoría y asistencia.

En cuanto a las competencias disciplinarias, el artículo 7° faculta a cada Secretaría a aplicar medidas disciplinarias para sus propios agentes, siguiendo lo dispuesto en la Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. La misma prerrogativa recae sobre el personal de las unidades inferiores mencionadas.

De esta manera, añadieron también que la Subsecretaría de Gestión Administrativa dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dispondrá comisiones de servicios para que personal bajo su órbita realice tareas temporales fuera de su unidad o jurisdicción original. Respecto a la gestión de licencias, el artículo 9° habilita a las áreas encargadas de recursos humanos de ambas Secretarías a conceder licencias previstas en el régimen vigente, excluyendo solamente aquellas referidas a estudios o investigaciones. En tanto, tendrán “facultades para la concesión y limitación de la situación de excedencia, por un período no inferior a tres meses ni superior a seis meses”, prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para la Administración Pública.

La rescisión de vínculos laborales con personal de planta también está contemplada dentro del texto, en el marco del mencionado CCT, al mismo tiempo que refiere a la finalización de contratos reglados en el sector público bajo modalidades distintas a la planta permanente, y según el Decreto N° 1109/2017, que establece procedimientos y condiciones para la contratación y rescisión de estos vínculos en la administración nacional.

La resolución dedica un apartado al otorgamiento y limitación de la licencia para integración familiar, competencia que recae en los responsables de recursos humanos de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa y la Subsecretaría de Gestión Administrativa. Además, confiere a las dos Subsecretarías de Gestión Administrativa la facultad de otorgar o limitar las compensaciones por gastos fijos de movilidad para agentes a su cargo.

Por su parte, el artículo 16° delega en la Subsecretaría de Gestión Administrativa dependiente de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa y en la Subsecretaría homónima dependiente de Innovación, Ciencia y Tecnología la aplicación de las facultades previstas en el Decreto N° 895/2018. Dicho decreto establece procedimientos y facultades específicas para la administración presupuestaria y de recursos, abarcando aspectos como la asignación y ejecución de partidas presupuestarias y el control de gastos en el sector público.

El artículo 17° habilita a las Secretarías a suscribir convenios de colaboración que no impliquen erogaciones presupuestarias, es decir, acuerdos con provincias, municipios u otras entidades públicas o privadas en los que no se comprometan recursos financieros del Estado nacional. Esto permite formalizar acciones conjuntas, asistencia técnica o cooperación institucional de manera descentralizada.

La CGT ajusta los detalles organizativos de la movilización de este jueves contra la reforma laboral del Gobierno: los sindicalistas creen que podrán llevar a unas 150 mil personas a la Plaza de Mayo como una demostración de fuerza, pero el desafío que se plantean además es cómo evitar que haya infiltrados que ocasionen disturbios.

Aunque se terminará de resolver este miércoles, lo más probable es que se lea un documento muy crítico de la administración libertaria ante los manifestantes y que cada cotitular de la CGT hable unos 5 minutos.

La dirigencia cegetista quedó muy preocupada luego de que la sede central del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA), ubicada en la ciudad de Buenos Aires, fue vandalizada este lunes, en un episodio al que la central obrera vinculó con una supuesta señal intimidatoria dirigida a todo el sindicalismo, en un contexto de creciente tensión por la reforma laboral.

El líder del SEIVARA es Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la CGT junto con Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros), por lo que el ataque contra las oficinas del sindicato, en la avenida Juan de Garay 371, en CABA, puso en alerta a todos los dirigentes ante la posibilidad de que se produzca una escalada de episodios similares contra otros gremios.

En el sindicato de Jerónimo, los atacantes rompieron muebles y documentación, en particular de su oficina, y se llevaron 3 discos rígidos de computadoras.

Ese episodio hizo que los sindicalistas decidieran reforzar el dispositivo de seguridad en la zona de Plaza de Mayo para minimizar la posibilidad de incidentes y tratar de detectar a tiempo si hay infiltrados que causen disturbios para dejar asociada a la CGT con la violencia.

También existe temor de que haya enfrentamientos de las columnas de los sindicatos con las agrupaciones de izquierda, que se movilizarán a la Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral y reclamar a la CGT que defina un paro nacional en contra del proyecto del Gobierno.

En la CGT creen que podría haber funcionarios detrás del ataque contra el sindicato de Jerónimo, aunque no están seguros de que hayan estado involucrados agentes de la SIDE porque está bajo el control del asesor presidencial Santiago Caputo, de buena relación con los sindicalistas.

Los mismos recaudos de seguridad se tomarán en el interior del país ya que habrá movilizaciones de la CGT contra la reforma laboral en todas las provincias.

En los últimos días, el triunvirato de la CGT mantuvo reuniones con diputados nacionales de Unión por la Patria y con intendentes bonaerenses del PJ para coordinar acciones en contra de la reforma laboral y su presencia en la movilización hacia la Plaza de Mayo.

En el primer caso, las autoridades cegetistas recibieron en la sede de Azopardo 802 a los diputados de Primero la Patria que integran el bloque de Unión por la Patria: Guillermo Snopek, Nicolás Trotta, José Glinsky, Santiago Roberto, Pablo Todero, Cristiano Andino, Jorge Chica y Raúl Hadad. Allí hablaron sobre una estrategia común contra una reforma laboral que “profundiza la precarización y consolida un modelo de ajuste regresivo”.

Los diputados, según trascendió, advirtieron que la iniciativa oficial no sólo no generará empleo genuino, sino que implica “un retroceso deliberado en derechos laborales y debilita la negociación colectiva”. A su vez, los dirigentes gremiales destacaron que el proyecto impulsado por el Gobierno “apunta al corazón mismo del modelo de relaciones laborales argentino”.

Allí se acordó avanzar en una articulación política y parlamentaria con la CGT para frenar la reforma laboral y defender “un modelo de desarrollo basado en trabajo digno, producción nacional y derechos plenos”.

Este lunes, por otra parte, el triunvirato de la CGT y su secretario adjunto, Andrés Rodríguez (UPCN), también estuvieron con intendentes del PJ para coordinar acciones vinculadas con la movilización a Plaza de Mayo.

Los intendentes que asistieron fueron Waldemar Giordano (Colón), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Fernando Raitelli (Brandsen), Juan Mancini (Suipacha), Federico Achával(Pilar), Julián Álvarez (Lanús), Mayra Mendoza (Quilmes) y Damián Selci (Hurlingham).

“Estaremos acompañando al movimiento obrero organizado en las calles el próximo jueves 18 para impedir que avance la reforma laboral precarizadora que el oficialismo nacional pretende imponer en el Congreso“, dijo Mayra Mendoza al finalizar la reunión.