“Desde el día que inició el camino de la ONU, tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos que entienden que ella puede ser nuevamente”. La definición no da lugar a dudas. Máximo Kirchner reveló en Infobae al Mediodía la segunda parte del planteo que el kirchnerismo venía haciendo hace tiempo sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner, que esa la decisión de la ex presidenta de tener voluntad de competir en el caso de que lo pueda hacer.

Hasta el momento, tanto el líder de La Cámpora como varios dirigentes del kirchnerismo duro, como Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli, Lucía Cámpora, Oscar Parrilli o Sergio Berni, entre otros, venían repitiendo su intención de que la ex presidenta sea la candidata del peronismo en el 2027. Pero desde ayer lo que quedó en claro es que la ex mandataria tiene la voluntad de ser y agotará todos los caminos posibles para lograrlo.

“Si Cristina no está en la boleta, el peronismo pierde mucha competitividad. Su capacidad electoral está vista. Fue tres veces en una boleta electoral. Dos veces como presidenta y una como vicepresidenta. Junto con Juan Domingo Perón son las personas que han ido a elecciones así y han sido electas”, aseguró Kirchner. Y agregó: “Si el próximo gobierno es peronista, la presidenta debe ser CFK”.

El principal y gran limitante sobre ese objetivo es la prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida que pesa sobre la ex mandataria en la condena de la causa Vialidad. Sobre esa situación se apalancó para que sus abogados hicieran una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de que el fallo sea revisado y sea suspendida la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”, dijo CFK el 29 de julio, cuando se comunicó la presentación ante la ONU y su defensa concretó un cambio en la estrategia judicial. Ese giro tuvo, a la luz de los hechos, un anclaje electoral bien claro. La ex mandataria hará lo posible para competir el año que viene.

Los pronunciamientos del Comité no son vinculantes, pero pueden tener impacto político e institucional y suelen ser invocados como antecedentes en discusiones jurídicas posteriores. Si el fallo es considerado, revisado y existe una postura favorable para los intereses de CFK, esa decisión de la ONU podría generar un gran cimbronazo político en la política argentina.

“Si Cristina es candidata, es presidenta, gana las elecciones”, dijo algunos días atrás el ex secretario general de la presidencia Oscar Parrilli. Su voz retrata el pensamiento que hay dentro del kirchnerismo desde hace tiempo, pero confronta con el que tiene otra parte importante del peronismo: la seguridad de que CFK es parte del pasado y que la fuerza política tiene que dar vuelta la página respecto a su ciclo político.

Con el pasar de las semanas, y ayer en su pico cumbre, debido a peso de la palabra de Máximo Kirchner, el kirchnerismo suma presión para que la ex Jefa de Estado esté en el centro de la discusión electoral del 2027. Si no puede ser candidata, al menos que tenga la mayor influencia posible en las negociaciones donde se ponen sobre la mesa la estrategia política, los lugares y los nombres en la lista, y los acuerdos provinciales.

La semana pasada en el mundo K hicieron girar algunas encuestas que muestran a la ex presidenta con capacidad de competir electoralmente. Es decir, tiene buenos indicadores de imagen positiva y una proyección competitiva ante un eventual balotaje con Javier Milei. Esos números, además del armado político que aún conserva, le dan espalda para mantener su influencia dentro de la discusión política y electoral.

Dentro del peronismo advierten que CFK se moverá con decisión para pesar en las decisiones electorales del año que viene. La gran mayoría considera que su sector tiene que ser parte de la alternativa, pero que su nivel de influencia tiene que ser menor al de otros tiempos. Ya casi nadie quiere al kirchnerismo al mando del proyecto político del PJ. Hay un cambio de ciclo y el peronismo no puede volver a ofrecer una opción con la misma identidad que en el 2019. Esa es la reflexión que atraviesa a algunas vertientes de la coalición.

En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hay quienes piensan que CFK solo quiere condicionar el crecimiento de Axel Kicillof y tratar de ganar volumen de cara al año electoral. En el círculo más chico del Gobernador intentan neutralizar la tensión y son concretos respecto al anuncio que hizo Máximo Kirchner. “Que cada uno tenga su estrategia. Lo importante es no joder a los demás y que todo el peronismo pueda acumular”, precisaron a este medio.

La idea que tienen el kicillofismo es esquivar la interna y limitarse a seguir, al pie de la letra, la estrategia trazada en La Plata, que implica darle volumen al MDF, evitar las confrontaciones con otros sectores y seguir ampliando el mensaje de cambio, respecto al modelo de Milei, por distintas provincias del país. El futuro, por el momento, está lejos de CFK y de una construcción asociada para fortalecer la alternativa peronista en el 2027.

Después de tres sesiones en menos de un mes y tras aliviar el peso de una mochila antes cargada de proyectos sin resolución, el Senado comenzó una semana que no tendrá casi nada -o nada- de actividad y La Libertad Avanza, que comanda Patricia Bullrich, aprovechará la calma pasajera para hacer cuentas e intentar destrabar el último lote de leyes que reclama el Ejecutivo de cara al bimestre restante del período ordinario, que finaliza el 30 de noviembre.

Una de las iniciativas que quedó en stand by es la ley de Sociedades que fomenta el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. En agosto fue la propia Bullrich quien anunció, durante un plenario de comisiones, modificaciones para que quedara explícita la responsabilidad final de personas físicas en las sociedades automatizadas.

Cuando disertó en el Senado, Sturzenegger se refirió a ello y a la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain. En ese sentido, señaló que “tanto en el caso de las DAO, donde incluso se pone que solamente están permitidas las DAO donde los beneficiarios oficiales están dispuestos a manifestarse, o en las automatizadas, que están sujetas a todos los regímenes de responsabilidad de las sociedades anónimas”, no habría “ningún problema”.

En tanto, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez, aseguró: “Se incorporan personas humanas como representantes de estas DAO, en el artículo 260. Hoy las DAO existen, están operando sin ningún tipo de regulación concreta. Podemos mirar para otro lado y no regularlas, pero, justamente, lo que estamos haciendo es regularlas”. La porteña fue clara y habrá modificaciones que propuso ella y otras que acercaron aliados.

Por otra parte, desde comienzos del corriente mes que se dejó de hablar de los textos sobre Súper RIGI -inversiones a partir de USD 1.000 millones- y otro de radicales, para proyectos desde USD 12 millones. Un par de legisladores exige ampliar el término “precio/calidad”, para no favorecer siempre la importación de insumos, algo que activó las alarmas en varios despachos a la hora de ver el desarrollo del sistema RIGI.

Para evitar el efecto contrario, piden que el valor “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones. El Gobierno no descarta quedarse sólo con el RIGI vigente, aunque hará un intento para saldar el asunto. “Por ahora no aparece una diagonal que facilite su llegada al recinto”, reconoció un experimentado senador a Infobae.

Otra ley que desde que arrancó su discusión pareció tener un trámite complejo y que ahora se acerca a una eventual definición es la relacionada con la salud mental. Si bien no hay algo concreto para dictaminar, desde el oficialismo y otra bancada con varios votos deslizaron a este medio que las conversaciones están aceleradas.

Hay un debate interesante que el Ejecutivo no aceptará: que los psicólogos tengan el poder de decisión de internar o medicar. “Sí estarán en los equipos, pero necesitamos que sí o sí haya un médico psiquiatra para que el protocolo sea sólido”. Llamó la atención la insistencia de representantes de algunas provincias en este punto. La Casa Rosada ya dijo “no” y sostendrá su postura.

Una iniciativa con despacho ya firmado y que no pudo tratarse en la sesión del jueves pasado fue la relacionada con el mercado de huella de carbono, un reclamo de distritos ya que no sólo se apunta a una cuestión ambiental, sino que implica ingreso de dinero.

A horas del encuentro, una picardía de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut significó una piedra en el camino. Según confiaron a Infobae quienes siguen de cerca la negociación, los responsables de haber dinamitado Ficha Limpia -con un repentino cambio de postura- buscan puentear un consentimiento para proyectos que la normativa internacional demanda.

El juez federal Ariel Lijo ordenó ampliar el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni para el período comprendido entre el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011, es decir, desde que comenzó su vida activa a los 18 años hasta la fecha a partir de la cual ya fue investigado en la causa que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado la medida para acceder a sus declaraciones juradas, inscripciones tributarias, actividades declaradas, datos aportados por terceros y eventuales adhesiones a blanqueos, moratorias o regímenes de exteriorización de activos.

La medida también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, bajo el mismo criterio, por el período comprendido entre el 10 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2011.

Por otro lado, Lijo autorizó la realización de una diligencia probatoria para constatar la explicación brindada por el imputado en el requerimiento de justificación patrimonial.

La medida consiste en convocar al defensor Matías Ledesma para que se presente en Comodoro Py acompañado por el perito de parte, “muñido del sobre en cuestión y de una computadora portátil propia, en miras de que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas a través de billetera de administración -como ser Sparrow o Electrum- y consigne en la función ‘Sign’ o ‘Verify Message’, en cada una de estas direcciones de bitcoin, un mensaje que será proporcionado por esta parte en el mismo acto”.

La resolución de Lijo establece que, una vez realizada esa operación, personal técnico de la Policía Federal Argentina efectuará una verificación criptográfica de las firmas correspondientes a cada una de las ocho direcciones. La diligencia será grabada y las claves privadas deberán quedar bajo acceso exclusivo de la defensa técnica.

El requerimiento fiscal

La Fiscalía Federal N° 11 busca reconstruir los ingresos y bienes del matrimonio desde que sus integrantes alcanzaron la mayoría de edad, luego de que la defensa atribuyera el capital aplicado desde 2014 a ahorros familiares previos y a operaciones con bitcoin.

Con esta medida, el Ministerio Público Fiscal busca verificar la explicación de la defensa sobre ocho direcciones de bitcoin que habrían sido utilizadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.

Según la presentación de Pollicita, la liquidación de esas tenencias habría generado USD 591.544,61, monto que fue invocado como origen de los USD 565.000 declarados en efectivo en el país bajo el rubro “venta de activos”.

Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá informar las fechas, los montos, las entidades intervinientes, el destino declarado y el resultado de las validaciones de cada operación.

La fiscalía requirió a la ANSES la historia laboral completa de los dos integrantes del matrimonio, con sus aportes, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas previsionales, actividades autónomas o monotributistas y prestaciones registradas.

También pidió a los registros de la propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires información sobre los inmuebles que hubieran tenido a su nombre. El requerimiento incluye las fechas de adquisición y transferencia, los porcentajes de titularidad, los gravámenes y los datos de las escrituras.

La investigación también alcanzará a los vehículos y motovehículos registrados, con detalle de dominios, marcas, modelos, años, altas, bajas y prendas inscriptas. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá remitir esos antecedentes.