La aprobación del Gobierno se ubica en el 35% y acumula una caída de 20 puntos desde el comienzo de la gestión, según la última medición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés. El dato fue presentado por el politólogo y director de la encuesta, Diego Reynoso, durante una entrevista con Infobae al Regreso.

En diálogo con Gonzalo Aziz, Reynoso explicó que el oficialismo logró mantener durante su primer año un nivel de aprobación cercano al 50%, pero comenzó a perder respaldo de manera sostenida desde fines de 2024.

“Se mantiene la aprobación del Gobierno en 35 puntos. Si yo lo comparo desde que llegó el gobierno hasta ahora, perdió 20 puntos de respaldo. Los 55 que tenía son más o menos lo que sacó en el balotaje, el primer mes de gestión”, señaló.

El politólogo aclaró que la caída no se produjo de manera abrupta, sino que fue acumulándose a lo largo de los meses. “Si yo medía mes a mes, no había diferencia estadísticamente significativa, porque el margen de error es de 3,16. Pero en la tendencia general, finalmente se acumulan 20 puntos de erosión de la gestión”, explicó.

Según Reynoso, el deterioro estuvo vinculado a un cambio en las expectativas y a una sucesión de conflictos que fueron afectando al oficialismo. Mencionó, entre otros episodios, el caso Libra, las denuncias vinculadas a la ANDIS y los audios que involucraron al Gobierno.

“Fue acumulándose, acumulándose, acumulándose. Ahí perdió mucho el Gobierno hasta la elección de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

Sin embargo, el resultado electoral bonaerense también produjo un efecto de concentración del voto oficialista. Reynoso señaló que parte del electorado que evaluaba alternativas, particularmente en el espacio de Provincias Unidas, terminó regresando al Gobierno ante el temor de un avance de otros sectores.

La economía vuelve a ocupar el centro de las preocupaciones

Más allá de los escándalos políticos, Reynoso destacó un cambio en las principales preocupaciones de la sociedad. Los salarios y, especialmente, el empleo comenzaron a ganar peso en las respuestas de los encuestados.

“A partir de ahí, entre escándalos y demás, empieza a aumentar en la demanda ciudadana la preocupación por los bajos salarios y por el empleo. Hoy el empleo está ganando a la preocupación por los salarios. Es la economía”, afirmó.

El dato se combina con otro indicador relevante de la ESPOP: el 69% de los argentinos se declara insatisfecho con la marcha del país. Para Reynoso, ese malestar también se refleja en las palabras utilizadas por quienes desaprueban al Gobierno.

“Esperanza siempre fue la palabra dominante entre el núcleo de respaldo de Milei. Pero se fue achicando y lo que empezó a crecer del otro lado era asco, vergüenza, rechazo. Pero dentro del otro lado fue decepción e incertidumbre, que corresponden a los que switchearon en el respaldo”, explicó.

Bullrich, Kicillof y Bregman, entre las figuras que mejoraron su imagen

La caída de la aprobación presidencial no significó, sin embargo, que una única figura opositora haya capitalizado automáticamente el desgaste. “En principio nadie capitaliza esos 20 puntos de caída del Gobierno. Pero hay algunas señales de tendencias claras”, planteó Reynoso.

Entre los dirigentes que mejoraron su imagen mencionó a Patricia Bullrich, que pasó del 28% al 37% de imagen positiva. También destacó a Axel Kicillof, cuya valoración creció desde aproximadamente el 25% hasta el 36% en los últimos diez meses.

Para el gobernador bonaerense, esa mejora representa además un desafío político. “Son cargos de gestión que estructuralmente te posicionan como candidato. Tu imagen crece y vos tenés que administrar la definición de tu candidatura y la gestión. Y eso te complica hacia adentro y hacia afuera”, analizó.

El tercer caso fue el de Myriam Bregman, quien experimentó un fuerte crecimiento después de los debates presidenciales y logró mantenerse por encima del 30% de imagen positiva.

La aprobación del Gobierno cayó al 35% y perdió 20 puntos desde el inicio de la gestión, según la encuesta ESPOP de la Universidad de San Andrés (Infobae en Vivo)

Reynoso, de todos modos, marcó una diferencia entre la valoración de un dirigente y su capacidad para convertirla en votos. “A la hora de votar hay una estructura muy fuerte de las identidades partidarias que derivan en voto”, explicó.

Cómo se perfila el escenario hacia 2027

En cuanto a la intención de voto, Reynoso describió un escenario relativamente estable y todavía abierto. Según las mediciones de los últimos meses, el peronismo concentra alrededor del 25% o 26% de las preferencias, mientras que el oficialismo reúne un porcentaje similar.

Otro cuarto del electorado todavía no sabe a quién votar o prefiere no responder, mientras que el resto se distribuye entre distintas fuerzas, como el PRO, el Frente de Izquierda, sectores radicales, Provincias Unidas y el voto en blanco.

Para Reynoso, ese electorado será determinante a medida que avance la campaña. Al mismo tiempo, descartó que el deterioro del Gobierno esté generando una ruptura generalizada con el sistema político. “No noto movimientos antisistémicos. No de desafección política final y total”, afirmó.

Según su análisis, los votantes que se alejaron del oficialismo todavía buscarán una alternativa dentro del sistema. “Ese 20% que se decepcionó a lo largo de este tiempo con Javier Milei va a tratar o se va a realinear con la opción que más le quede, dependiendo de su grado de antiperonismo”, sostuvo.

Con un Gobierno que conserva un núcleo de respaldo cercano a un tercio del electorado, una oposición que todavía no logra capitalizar todo el desgaste y un cuarto de los votantes sin una definición, el escenario hacia 2027 permanece abierto. La evolución de la economía y, particularmente, del empleo aparece como uno de los factores que pueden definir hacia dónde se moverá ese electorado.

La derrota parcial en el Senado con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo consecuencias inmediatas dentro del Gobierno.

Este martes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunió a la mesa política en la Casa Rosada con una novedad: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue convocado por primera vez como invitado al encuentro. El mensaje fue directo: de ahora en más, todas sus iniciativas deberán pasar por ese filtro antes de llegar al Congreso.

La sesión del jueves pasado en la Cámara alta dejó una herida difícil de disimular. Para evitar el naufragio completo del proyecto impulsado por Sturzenegger, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, debió retirar del texto dos capítulos centrales: el que modificaba la ley de Tierras —que habilitaba la compra de campos por parte de extranjeros sin los límites actuales— y el que alteraba el régimen de Manejo del Fuego. “Las leyes con miles de temas no van más, trae problemas”, señalaron desde el Gobierno. Lo que quedó en pie fue una versión recortada a tres ejes: restricciones a la expropiación estatal, aceleración de desalojos y digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble. Dentro del oficialismo, el episodio fue leído como una derrota con media sanción de por medio.

El cuestionamiento interno apuntó a un problema de método: el proyecto de reforma de la ley de Tierras se redactó sin pasar por ningún análisis político previo. “El coloso” lo filtró y lo publicó en la red social X sin avisar a los legisladores. La queja se extendió también al decreto 690/2026, con el que Sturzenegger intentó desregular los servicios de practicaje y pilotaje en los puertos, y que derivó en un paro con pérdidas millonarias para el sector.

La reunión del martes, que se extendió por casi tres horas, sirvió para reordenar el calendario parlamentario y establecer una nueva jerarquía de prioridades.

La reunión del martes, que se extendió por casi tres horas, sirvió para reordenar el calendario parlamentario y establecer una nueva jerarquía de prioridades.

En ese sentido, el Gobierno definió que no quiere más ruido parlamentario y estableció sus prioridades: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —calificada por el presidente Javier Milei como prioridad absoluta— y la nueva versión de Inocencia Fiscal 2 encabezan la lista. El oficialismo obtuvo dictamen esta semana en comisión y apunta a una sesión en Diputados para el 26 de agosto. También se incluyó en el radar la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

En cuanto a Diputados, en el Senado todo el esfuerzo apuntará a la reforma política con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el Gobierno aspira a debatir en septiembre, pero que enfrenta resistencias dentro de los bloques aliados. Zonas Frías, con media sanción en Diputados, aguarda turno en el Senado aunque por ahora sin fecha clara. Proyectos como el Súper RIGI, la reforma de Salud Mental, la Ley de Sociedades y el de Ludopatía de La Libertad Avanza permanecen sin fecha de tratamiento.

La reunión con los representantes del PRO apuntó, aunque lo nieguen, a avanzar con la eliminación de las PASO. El problema es que los amarillos solo tienen tres votos en el Senado y con ellos solos no alcanzan. Las conversaciones giraron en torno a cómo sumar al resto, con el esquema de prioridades y los plazos establecidos como marco.

El resto de la agenda legislativa del Gobierno acumula proyectos en espera. La ley de Hojarasca —que modifica o deroga cerca de 70 leyes— vio cómo el Senado desactivó la sesión prevista para este jueves, en la que era el único tema a tratar. Originalmente fijada para el 8 de agosto, esa instancia nunca llegó a concretarse.

Milei salió públicamente a respaldar a su ministro, y el vocero presidencial Adrián Ravier reafirmó en conferencia de prensa que Sturzenegger cuenta “con el respaldo del Presidente y de todo el Gobierno”. Lo que no obtuvo el funcionario fue una foto de respaldo de la mesa política: asistió a la reunión por convocatoria de Karina Milei, no por iniciativa propia. En el encuentro se definió priorizar el proyecto para reformar el mercado de capitales, mientras que las iniciativas aún no ingresadas al Parlamento quedarán para etapas posteriores.

El único engranaje del Gobierno que parece funcionar sin fricciones en el Congreso es el de las designaciones. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Poder Ejecutivo envió 203 pliegos judiciales al Senado en un año de gestión, un récord desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. De ese total, 103 ya fueron aprobados en dos sesiones: 74 el 4 de junio y 29 el 16 de julio.

La foto de Manuel Adorni junto a su esposa en Nueva York desencadenó un cambio sustancial en las perspectivas sobre las elecciones porteñas del año próximo. Hay quienes matizan esta cuestión y creen que los resultados de los comicios locales del 2025 -en los que La Libertad Avanza se impuso, dejando al peronismo unido en segundo lugar y al PRO en el tercero- sigue configurando una radiografía que explica la correlación de fuerzas en la Ciudad de Buenos Aires. Otros no.

Lo cierto es que La Libertad Avanza ya no tiene a un candidato claro como el exjefe de Gabinete. Al mismo tiempo, Patricia Bullrich, quien sacó el 50 % en la categoría a senadora en octubre pasado, no ve atractiva la idea de postularse para ser jefa de Gobierno. Además, cree que su espacio debe priorizar un acuerdo con el oficialismo local para incrementar las chances para que haya una segunda administración libertaria en la Casa Rosada.

Los delegados libertarios de Javier y Karina Milei en la Ciudad no lo dudan: “Seguimos siendo la fuerza que más posibilidades tiene de ganar”. La ratificación se produce en medio de las lecturas que hacen propios y extraños sobre cómo está repercutiendo la baja en la consideración de la gestión nacional que hubo en las últimas semanas. Esta impactó en los estudios de carácter nacional, pero más indeterminado está en cómo puede afectar a lo local.

Si esa es la percepción que esgrimen fuentes inobjetables de La Libertad Avanza, entonces está claro que esos argumentos buscarán ser utilizados en una negociación con el PRO. El lunes se produjo la primera conversación entre Karina Milei y Mauricio Macri -los máximos encargados de sus respectivos partidos- para empezar a concatenar una serie de reuniones que permita restablecer la confianza. Tal y como lo había adelantado Infobae, en las usinas del PRO veían que esa iba a ser la primera charla: se han percatado de que los asuntos de altísimo carácter político ahora no deben ser conversados con su hermano Javier.

Los objetivos de máxima de cada una de las fuerzas están claros: para los libertarios, ganar las elecciones presidenciales; para el PRO, retener los distritos que tiene bajo poder, sobre todo la Ciudad. Los incentivos llevan a que deba existir un acuerdo. Como parte de la negociación, los amarillos pueden sugerir que pueden entorpecer el objetivo de sus pares al poner un candidato nacional y hacer valer sus “siete a diez puntos” que tienen, impidiéndole a Milei la posibilidad de aspirar a ganar en primera vuelta (el escenario ideal para los libertarios, porque un balotaje implicaría mayor riesgo); mientras que los violetas les muestran los números de las elecciones legislativas y afirman que podrían arrebatarle la Ciudad. Pese a todo, los incentivos llevan a que deba existir un acuerdo.

Jorge Macri no está presente en la mesa negociadora que dispusieron Mauricio y Karina. Tampoco están los alfiles de los otros gobernadores PRO. “Son dos instancias diferentes. La mesa de diálogo con el Gobierno la lideran Fernando de Andreis y Cristian Ritondo por indicación de Macri”, marcan desde su equipo. Es decir, no es que ese equipo va a definir aún lo que vaya a pasar en la Ciudad ni que la ausencia de alguien vinculado al mandatario porteño se produzca por las conocidas rispideces que tienen entre ambos. “Antes de hablar de cualquier acuerdo electoral, primero hay que reconstruir la confianza que está dañada, porque en los últimos dos años el Gobierno nunca cumplió con la palabra”, agregan.

Mientras los emisarios de El Calabrés buscan restaurar su confianza con la Casa Rosada, en las oficinas de Uspallata hacen sus propias proyecciones. Creen que la fuerza relativa del PRO se recuperó en los últimos meses. El cachetazo que recibieron en las elecciones del año pasado sirvió como una suerte de revulsivo para cambiar el eje de la gestión. Ahora la narrativa comunicacional se centra en el “orden” y la “seguridad”, utilizándose a los “okupas”, los “trapitos” y “los delincuentes”, muchas veces aludiéndose a que se busca “proteger a los porteños de lo peor del Conurbano”.

¿Será efectiva la centralización de esa narrativa de cara al año próximo? Se sabrá al momento de los comicios, pero el actual jefe de Gobierno percibe que hay una derechización del electorado porteño. Es por eso que cree que mientras más consolide esos ejes en el tiempo, el votante más las asociará con su figura. “A nosotros el tiempo no nos juega en contra, nos juega a favor. Si ellos quieren competir, no tenemos problema en que sea en octubre. Tampoco que sea en mayo, junio o julio”, afirma una importante fuente.

Para abonar a su lectura optimista del asunto, marcan que el electorado porteño está compuesto por un 60 % de personas dispuestas a votar a opciones del polo central hacia la derecha y un 40 % del centro hacia la izquierda. Y en ese primer bloque, creen que existe la posibilidad de que el oficialismo local haya ganado un par de puntos, acercándose a los libertarios. El asunto es la competencia: creen que no sería lo mismo competir contra Patricia Bullrich o Diego Santilli -figuras instaladas en términos de conocimiento público- que la presidenta distrital de LLA, Pilar Ramírez, o algún tapado. Aun así, en términos de lo que dice ocasionalmente en privado el asesor presidencial Santiago Caputo, un candidato con bajo conocimiento es mejor que alguien con imagen negativa, porque el conocimiento se construye.

“Para que haya un acuerdo tiene que haber una filosofía de que ambas partes salgan beneficiadas. En este caso debería ser ‘yo te doy la nacional y nosotros decidimos sobre nuestro distrito’, tanto la forma de competir como lo demás”, indica una figura del PRO a este medio.

La Libertad Avanza tiene proyecciones completamente diferentes al oficialismo porteño. “El PRO sigue tercero cómodo, compita quién les compita. Es una jugada riesgosa si la proponen”, afirma una fuente del armado local, quien avisa: “Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro juego. Porque es lo que quiere Karina”.

Ese comportamiento consiste en seguir liderando la batería de reformas que se discuten en la Legislatura, algo que reconoce un importante legislador del bloque peronista: “Hoy en día pareciera que la agenda legislativa la maneja Pilar Ramírez”. En su entorno avisan que el bloque va a avanzar con dos iniciativas fuertes que se han presentado en el ámbito nacional y que se trasladaron al ámbito local: las versiones porteñas de la Ley Bases y de la Reforma Política, la cual tiene como objetivo principal la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Infobae pudo acceder al último anteproyecto porteño de la Ley Bases. Tiene 125 artículos e incluye fusión de dependencias y organismos, eliminación de Unidades de Proyectos Especiales (UPE), la conversión de todas las empresas y sociedades con participación estatal en Sociedades Anónimas (entre ellas Sociedades del Estado como Corporación Buenos Aires Sur, Subterráneos de Buenos Aires y Facturación y Cobranza de los Efectores Públicos) y otros segmentos que implican la reducción de la estructura gubernamental.

En privado, Jorge Macri dice no tener problema en que avancen las iniciativas porteñas. “Que lo hagan”, dijo en una reunión reciente en Uspallata. Pareciera que es una forma en la cual busca mimetizarse con la narrativa libertaria, tal y como sucedió con la Ley anti Trapitos que se sancionó dos meses atrás. El Gobierno de la Ciudad salió a marcar que la modificación del Código Contravencional fue presentada por ellos en febrero de 2025, pero los libertarios apuntan a que el impulso político para tratarlo este año fue de ellos. Cada uno se anotó la victoria.

Una de las normativas replicadas del ámbito nacional que podría tratarse en las próximas semanas es la incorporación del silencio positivo de la Administración, esto quiere decir que ciertos requerimientos o autorizaciones quedarán autorizadas de facto si es que no son contestadas por el GCBA en un plazo de hasta 60 días. Esta cayó en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, presididas por dos personas que responden de manera directa a Ramírez, Solana Pelayo y Nicolás Pakgojz.

La dinámica intensa que se verá en la Legislatura también busca ser aprovechada por el peronismo. Días atrás, el legislador Federico Mochi presentó una iniciativa en línea con la discusión nacional: una iniciativa de Prevención y Asistencia Integral al Consumidor Sobreendeudado, el cual crea la Oficina de Protección y Alivio Financiero, la cual debe brindar asistencia jurídica gratuita que desemboque en un acuerdo conciliatorio o derive el caso al Ministerio Público de la Defensa.

Nota al margen. El 3 de septiembre se tratará en una sesión especial las propuestas para designar al Fiscal General del Ministerio Público (el jefe de los fiscales de la Ciudad) y el Defensor del Pueblo de la Ciudad y de sus adjuntos. Para el último cargo asumirá María Rosa Muiños, exlegisladora y esposa del armador del peronismo porteño Juan Manuel Olmos. Para el primer puesto se materializará el arribo formal de Matías López Zavaleta, que asumió de manera interina en ese cargo luego de que Juan Bautista Mahiques renunciara para ser Ministro de Justicia de la Nación.

El futuro fiscal general es vinculado con Daniel Angelici. Oficialistas y opositores reconocen que el arribo de “El Tano” es una de las causales por las cuales la gestión de Jorge Macri logró mejorar la eficiencia en la gestión. También por la llegada de Gabriel Sánchez Zinny en lugar de Néstor Grindetti en la Jefatura de Gabinete; y de Christian Gribaudo como secretario administrativo de la Legislatura, trabajando en conjunto con Matías López, vicepresidente primero del recinto.

De vuelta al peronismo, son pocos quienes creen que hay margen para que el peronismo pueda imponerse el año próximo. Hay una incógnita sobre qué alianzas establecer y qué candidatos colocar. Existe el dilema de qué hacer con Horacio Rodríguez Larreta: si concederle unas PASO o no. Muchos creen que si se lo conceden, La Cámpora podría amenazar con romper. Quienes miran de afuera el panorama ven que Olmos buscará esperar lo máximo posible para encontrar un candidato de síntesis: que pueda medir por afuera del votante histórico, pero que pueda retener el voto propio ante una izquierda que continúa performando de buena manera. En tanto, el exjefe de Gobierno porteño podría buscar nuevos aliados en la bolsa de posibles candidatos para el año próximo.

El cofundador de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, tiene intenciones de candidatearse nuevamente en el ámbito porteño como ya lo hizo en 2021 (bajo LLA) y en 2025 (con la UCEDÉ con frente). El influencer financiero también podría haberse presentado en ese entonces con el Partido Integrar, del exlegislador Daniel Amoroso. El dirigente apuesta a que Claudio “El Turco” García pueda conseguir una banca el año próximo apalancándose en el votante del centro-sur de la Ciudad.