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El Gobierno extenderá precios máximos hasta el 31 de marzo

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La secretaría de Comercio analizará en las próximas semanas qué productos eliminará del listado de bienes con valores congelados.

El Gobierno publicará este lunes la extensión del programa Precios Máximos y no incluirá, por el momento, aumentos autorizados a los productos de alimentos y limpieza, entre otros rubros, que tienen sus valores en góndola bajo la órbita de la Secretaría de Comercio. El Poder Ejecutivo, además, analizará en los próximos días cómo continuará el deslistamiento de bienes de ese catálogo.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo, tal como se esperaba “Precios Máximos se va a prorrogar hasta el 31 de marzo inclusive”, afirmaron. “Si bien esta resolución rige exclusivamente para los productos de las góndolas de supermercados y comercios minoristas -no incluye a los productos frescos ni a las materias primas-, estamos haciendo un análisis sobre sobre toda la cadena alimenticia”, explicaron.

“Estamos trabajando en un esquema más general junto al Ministerio de Agricultura, quien ya inició negociaciones buscando armonizar los precios de toda la cadena alimenticia. Queremos asegurarnos que el precio internacional, que ha subido de manera reciente, no se traslade a los insumos, y al bolsillo de los argentinos y las argentinas”, apuntó la cartera productiva.

“En el contexto actual es necesario continuar con el congelamiento de precios finales, con algunas revisiones y monitoreos, cuidando particularmente los productos más sensibles y de primera necesidad. Tal como hemos venido haciendo desde los últimos meses de 2020, continuamos con el tratamiento diferenciado de algunos productos que no son de primera necesidad o que se comercializan en algunas versiones premium, donde avanzamos en su exclusión del listado de Precios Máximos”, apuntó Desarrollo Productivo.

“En ese sentido, actualmente se está evaluando la situación de algunos productos que no inciden en el consumo diario o que son producidos por muchas pymes para excluirlos del listado”, explicaron. A mediados de enero, la Secretaría de Comercio eliminó del catálogo una serie de bienes no considerados de primera necesidad.

Este domingo se venció el plazo original de vigencia de Precios Máximos, un programa que fue implementado a fines de marzo y que obligó a los supermercados a retrotraer los precios al 6 de marzo, tras una serie de incrementos en las góndolas que había detectado el Poder Ejecutivo con el inicio de las medidas de aislamiento social.

De esta manera, los precios de unos 2.300 productos quedaron congelados durante varios meses. El Gobierno habilitó un primer reajuste de precios en julio y un segundo en octubre, que fueron de hasta 6% en algunos productos. El desarme paulatino de este programa es uno de los reclamos de los empresarios del sector, que aceptaron incorporar más productos a Precios Cuidados a cambio de dejar de mantener fijos algunos precios.

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El proyecto del Ejecutivo para modificar la ley de Discapacidad encuentra resistencia en el Senado

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El Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación sin tener a ciencia cierta una idea del acompañamiento con el que cuenta. Se trata de la modificación de la Ley de Discapacidad que, al igual que lo que sucede con la de presupuestos universitarios, el Ejecutivo no cumple.

La iniciativa, que surgió de las entrañas de la Casa Rosada y que lleva consigo la marca de la interna en el “triángulo de hierro”, ya comenzó a enfrentar los primeros inconvenientes.

“Todavía no hablamos del tema”, reconocieron en el entorno de la titular del bloque de LLAPatricia Bullrich, lo que muestra que a pesar de que el Gobierno lo envió un fin de semana, en el bloque no se observa la misma vocación y apuro para su tratamiento.

Ese cambio de velocidad se debe a que Bullrich ya debe conocer de antemano que los socios que suelen acompañar al bloque libertario en las diferentes votaciones hoy miran el proyecto de reojo.

“No hay forma de que los gobernadores compren esto porque les tira un problema. ¿A cambio de qué?”, dijo un senador de uno de los bloques de las provincias respecto a un pedido de su jefe político de acompañamiento. “Si me preguntan, me parece que es cualquier cosa el proyecto de ley”, agregó.

Si el oficialismo quisiera avanzar en esta ley necesitará del apoyo del bloque de la UCR y del PRO. El problema con el que se enfrenta es que casi la totalidad de los senadores de estos bloques votaron en contra del veto presidencial y a favor de la ley de Emergencia en Discapacidad, que es la que deroga el proyecto enviado por el Ejecutivo.

Del bloque de la UCR, que está compuesto por 10 senadores, 9 votaron en contra del veto y solo una no votó porque asumió el pasado 10 de diciembre -la chaqueña Silvana Lorena Schneider. Lo mismo sucede con el bloque PRO: sus tres senadores votaron en línea con el radicalismo y con el peronismo. Pero no son solo los senadores, los partidos tampoco acompañan el proyecto. “Es invotable esto”, se le escuchó decir a un senador de la oposición dialoguista. “Totalmente inoportuno”, dijo otra legisladora que suele acompañar al oficialismo. “Hay una ley que no cumplen y que votamos”, agregó a Infobae la senadora.

Como si ese antecedente no fuese suficiente, buena parte de los senadores -inclusive la titular del bloque de LLAPatricia Bullrich– recibieron en los últimos días mensajes en sus celulares y correos electrónicos de diferentes referentes del colectivo de la discapacidad. Los mismos que durante el año pasado visitaron sus despachos para pedirles que mantengan su postura. A esto se le suma que a partir de mañana esos mismos referentes empezarán a pulular por los despachos de la Cámara alta para tener conversaciones con los senadores en busca de un compromiso personal.

En los pasillos del Senado de la Nación entienden que el proyecto de ley no tiene mucho futuro, pero dejan una puerta abierta. “Todo es posible, pero no parece haber un espíritu de acompañamiento”, señaló un senador de la oposición. “Todo parece apuntar a que salió esto en medio de la interna que tienen los libertarios porque es inentendible que quieran ir por los discapacitados y que hayan mandado esto sin haber sondeado a los bloques”, afirmó el legislador peronista.

La norma que ingresó a la Cámara alta aún no fue girado a ninguna de las comisiones y todo parece apuntar a que esa falta de ímpetu se mantendrá por unos días. “Todo es para indignar más que lo que indigna Adorni – Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, investigado por enriquecimiento ilícito- pero no parece tener futuro un proyecto que retrotrae todo cuando todos salvo los libertarios votaron por la emergencia en discapacidad”, agregaron desde el peronismo.

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Kicillof encabezó una audiencia en la Corte Suprema para reclamar fondos que adeuda Anses

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El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes una reunión en la Corte Suprema de Justicia frente a representantes del Gobierno de Javier Milei en la que la Provincia volvió a reclamar la devolución de $2,2 billones que Anses debe al sistema jubilatorio bonaerense.

Tras la audiencia, la segunda que reúne a ambas jurisdicciones, Kicillof confirmó un nuevo encuentro para el próximo 10 de junio donde, dijo, el Gobierno nacional “hará una propuesta concreta de cuáles serían los montos concretos a transferir”.

“Hoy estamos discutiendo la Caja de los Jubilados que Nación le tiene que transferir a la Provincia. De las 13 provincias que tienen cajas propias, a 10 ya les llegó una transferencia de Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo y lo terminamos judicializando”, remarcó en la puerta del máximo tribunal.

En ese sentido, el mandatario contó que en esta oportunidad hubo un compromiso para una tercera audiencia en donde tiene que haber una propuesta concreta de la gestión libertaria sobre cuáles serían los montos concretos a transferir. Habrá que esperar entonces hasta el 10 de junio para ver qué solución encuentra esta problemática.

En esta audiencia, también estuvieron presentes Pablo López, ministro de Economía bonaerense; Marina Moretti, presidenta del IPS, y Santiago Pérez Teruel, asesor General de la provincia de Buenos Aires. Por el Nación participaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario Legal y Administrativo, José Ignacio García Hamilton, y asesores de Anses.

Los reclamos de Axel Kicillof por más fondos

El Gobierno de Kicillof reclama deudas que se remontan a 2020 y argumenta una falta de pago total desde Nación a partir de 2024. Pide fondos que el Estado nacional debería transferir a la Provincia en virtud de una simulación que marca cuánto cobraría un jubilado de la caja provincial si se hubiera jubilado dentro del régimen nacional, cálculo por el que se pagan adelantos a cuenta de una auditoría, que la administración nacional afirma que no está finalizada.

En concreto, la Provincia presentó la demanda en abril de 2024 para reclamar que Nación restableciera “las transferencias y las actualizaciones correspondientes” a la compensación por el déficit de las cajas jubilatorias reconocida en la ley 27.701. El reclamo acumulado, a valores actualizados, asciende a unos 2,2 billones de pesos.

Esta avanzada de parte de la Provincia se enmarca en un contexto en el que el Gobierno tiene que resolver diferentes reclamos sectoriales por elevadas cantidades de fondos. Pero puntualmente con la administración provincial, hay otros siete reclamos judicializados por más de $15 billones de pesos. Entre ellos están el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

“El Gobierno nacional tiene una deuda con nosotros de más de $15 billones”, dijo Kicillof tras la audiencia y ejemplificó con el Presupuesto actual de provincia de Buenos Aires para que se tome dimensión del reclamo. “Tenemos $44 billones, la deuda es casi un tercio de nuestro presupuesto“, cerró.

Fuente: Agencia DIB

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Plantean reconstituir el Consorcio Intermunicipal Bahía Blanca-Rosales

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Por medio de un proyecto de resolución el concejal Daniel Medina propuso, desde Coronel Rosales, reactivar el Consorcio Intermunicipal para tratar temáticas de Transporte, Ambientales y de desarrollo económico, que fuera creado en el año 1995, en los gobiernos de Osvaldo Rigoni y Jaime Linares.

“Han pasado 30 años desde la celebración de dicho pacto, que hoy no se encuentra formalmente operativo. En el presente, la necesidad de recomponerlo es aún mayor. Tenemos en común un sistema de transporte cuyo control depende de decisiones provinciales cuando la realidad es regional. Lo mismo sucede en materia ambiental y de desarrollo. Ambos distritos han crecido exponencialmente y muchos de los reclamos comunitarios son compartidos. En materia de legislación creo que sería prudente comenzar a tener una mirada más regional que nos permita compatibilizar la situación de ambos distritos de cara al futuro”, afirmó Medina.

El concejal de Bien Común remarcó que los recientes aumentos en la 319 y la conectividad entre ambas ciudades, con miles de personas que se trasladan entre ambas urbes, deben ser un punto de encuentro para gestiones comunes compartidas desde el plano ejecutivo y legislativo y lograr una mayor fluidez en tal sentido.

“Hay aspectos ambientales como los controles de calidad del agua y el aire, y la situación del tratamiento de los residuos. Son tópicos que nos deben unir en estudios comunes y agendas conjuntas. Lo mismo sucede con la gestión del desarrollo y unificar esfuerzos en el impulso de la búsqueda de inversiones para la región. El crecimiento urbanístico es el principal fundamento para reactivar este consorcio y potenciar la vinculación comercial, industrial, la recuperación de la conectividad ferroviaria para pasajeros desde Bahía Blanca a Buenos Aires, entre otros muchos puntos de interés estratégico”, sostuvo.

También dijo que la iniciativa será tratada en la próxima sesión del Concejo Deliberante, en el marco de diferentes presentaciones sobre la situación del transporte que une las cabeceras de Bahía Blanca y Coronel Rosales.

Fuente: La Nueva.

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