La relación del Gobierno nacional y los 19 gobernadores aliados o con canal de diálogo está atravesada por la sostenida caída de la obra pública en las provincias, cuyo financiamiento está en manos de la Nación. Javier Milei necesita apoyo en el Congreso para la reformas que quiere impulsar – especialmente la eliminación o suspensión de la PASO en el plano electoral -, y los mandatarios están preocupados por el impacto en sus gestiones del recorte en el presupuesto vial y de infraestructura en sus distritos, consecuencia del ajuste fiscal impuesto por la LLA.

Según un informe de la consultora Labor, Capital & Growth (LCG), uno de cuyos principales socios es el economista y hoy diputado radical Martín Lousteau, en los dos primeros años de Milei, entre 2024 y 2025 el gasto de capital bajó a 0,4% del PBI cuando en los último dos años de Alberto Fernández era de 1,6%.

En lo que va de 2026, esta dinámica no cambió, ya que de acuerdo con ese trabajo el gasto de capital siguió bajando y se ubica, a julio de este año, en 0,3%.

Por otra parte, esta firma especializada en macroeconomía y política contabilizó 1.241 proyectos activos en el Presupuesto que, en conjunto, suman $2,6 billones (0,2% del PBI), aunque este monto fue recortado en un 10% a principios de año, ya que el crédito inicial era de $2,9 billones. En los primeros siete meses de 2026, LCG identificó que el Gobierno devengó pagos sólo para 435 proyectos por $700.000 millones, el 26% del crédito vigente.

Los proyectos con impacto en las provincias son dos de dos tipos: los financiados con las transferencias de capital a las provincias, que son las que deben llevar adelante la ejecución de las obras; y los ejecutados directamente por la Nación.

Ante el freno al financiamiento desde el Tesoro de la obra pública,bajo estas dos modalidades, los mandatarios locales buscaron acordar con la Nación el traspaso de rutas y obras de infraestructura a sus distritos, asumiendo con recursos propios la finalización y mantenimiento de esos proyectos paralizados que estaban bajo responsabilidad nacional.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, por ejemplo, acordó en julio asumir durante 20 años, con recursos propios, la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012.

En Chubut, Ignacio Torres logró en septiembre de 2025 un acuerdo que incluyó el traspaso de obras viales inconclusas – entre ellas, la finalización de la autovía de la ruta 3 entre Puerto Madryn y Trelew y trabajos en la ruta 40 – a cambio de una reducción de la deuda de la provincia con la Nación en $101.000 millones y dejar de pagar intereses. El ahorro generado, que según el gobierno de Chubut, iba a ser de $3.000 millones mensuales, sería destinado a la ejecución y finalización de obras prioritarias.

El otro mecanismo implementado por el Gobierno es la concesión de rutas nacionales al sector privado, a través de la nueva Red Federal de Concesiones. Así, la Nación busca transferir al sector privado la operación, mantenimiento y realización de inversiones en más de 9.000 km de rutas (de un total de 40.000 km en manos nacionales), bajo un esquema de concesión por peaje, sin subsidios ni aportes estatales, como parte del paquete de medidas económicas orientadas a reducir el gasto público y atraer inversiones.

El informe de LCG advierte, sin embargo, que “las licitaciones contemplan, en su gran mayoría, sólo el mantenimiento (pozos, grietas o pasto)”. Y que si bien este esquema “permite reducir las necesidades de financiamiento público, también plantea desafíos relevantes, por ejemplo, riesgos de renegociación de condiciones, algo que comenzó a verse de manera incipiente, presumiblemente por algunas deficiencias en los pliegos o ausencia de buenos estudios previos de demanda, costos y estado de la infraestructura”.

Obra pública de Nación

Según el informe de LCG, de enero a julio, la obra pública ejecutada por el gobierno nacional cae a una tasa del 38% anual real. Las obras del área de Transporte concentran el 43% del monto total devengado. El programa más importante, con montos asignados en todas las provincias salvo la Ciudad de Buenos Aires, es el de Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias, con $24.100 millones devengados y un 42% de presupuesto ejecutado. En la comparación anual – según analizó la consultora – este programa muestra una baja del 28% en términos reales.

Ciencia, Tecnología e Innovación concentra el 21% de las obras a cargo de Nación, básicamente, por la construcción del Reactor RA-10, mientras que Defensa, otro 10% por el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). En estas dos últimas áreas, el grado de ejecución del crédito vigente no supera el 45%, y en Transporte se reduce al 36%.

Dentro de las obras cuya ejecución está en manos del Ejecutivo nacional, Infobae analizó su nivel de avance, a partir de los datos del sitio de Presupuesto Abierto, tanto de los que están bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad como los del área de Infraestructura del Ministerio de Economía.

De ese análisis, con datos al 30 de agosto, surge que en los mencionados organismos hay 278 obras contempladas en el Presupuesto 2026, incluyendo el Reactor Argentino Multipropósito RA10 perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), de las cuales 151 no tienen presupuesto vigente asignado (54%) y otras 176 están sin ejecución (63%).

A cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, aparecen 175 obras, de las cuales el 68% (119 proyectos) no tienen crédito vigente. El presupuesto inicial previsto era de $611.995 millones, pero se redujo un 16% ya que el vigente es de $514.285 millones.

De este monto, solo se ejecutó, al 30 de agosto pasado, el 56% por un monto de $286.525 millones, mientras que un 26% de las obras (solo 45) tienen algún grado de ejecución.

Otras 130 obras (el 74%) no tuvieron avance de ningún tipo. Entre las obras sin ejecutar aparecen: mantenimiento de rutas nacionales, construcción de autopistas, obras de seguridad, repavimentación de calzadas, pavimentación de rutas y construcciones de puentes, entre otras.

LCG analizó, a su vez, la distribución de la inversión de Nación directa en las provincias del área de Transporte entre enero y julio de este año. Buenos Aires se lleva el 19% del total devengado: $29.693 millones. El grueso de la inversión está asignado a la construcción de la autopista Pte. Juan Domingo Perón ($9.300 millones) y a las etapas III y IV del Programa de Movilidad y Accesibilidad Sostenible (MAS) en la Provincia ($10.300 millones), que apunta a mejorar la conectividad y el transporte público en el AMBA.

Las otras tres provincias que le siguen en la asignación de montos devengados por obra pública referidos a Transporte son Misiones, con $18.380 millones; Santiago del Estero con $18.865 millones; y Entre Ríos con $10.577 millones, según el informe de esa consultora.Le siguen Santa Fe ($8.033 millones); Salta ($7.239 millones) y Jujuy ($7.144 millones).

Bajo el área de Infraestructura Económica y Social del Ministerio de Economía, están listadas otras 102 obras, de las cuales la tercera parte (31%) no tiene crédito vigente.

Son 32 proyectos muy diversos sin presupuesto vigente asignado. Van desde la construcción de viviendas sustentables en Marcos Paz (PBA), Puerto Iguazú (Misiones) o en Paso de los Libres (Corrientes), hasta la modernización de la Línea Belgrano Sur de transporte ferroviario de pasajeros, pasando por

Infraestructura Penitenciaria, la ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes la impermeabilización y tratamiento de Fachadas del Hospital Garrahan

Incluyen también las obras en el Marco del Plan de Adaptación a Extremos Climáticos; la construcción de 10 radares meteorológicos; proyectos de agua potable en Concordia y Diamante (Entre Ríos), Corzuela (Chaco); un acueducto en Resistencia, y en Río Colorado y Santa Rosa (La Pampa); la ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales en Jáchal (San Juan), y la construcción de Colector Costanero, en Bariloche (Río Negro).

El presupuesto Inicial para esas obras era de $1,5 billones, pero se amplió a $1,7 billones, aunque la ejecución al 30 agosto pasado fue de solo $765.276 millones (el 45% del monto total vigente).

El 55% de las obras (56 proyectos) tienen algún grado de ejecución, mientras que el 45% (46 obras) no se iniciaron. Entre las obras sin ejecutar aparecen: obras de infraestructura hidráulica, de agua potable, de transporte y de acceso al hábitat.

En cuanto a la construcción del reactor RA 10, cuya construcción depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, tenía un presupuesto inicial de $48.578 millones, que se duplicó a $101.578 millones. El porcentaje de ejecución al 30 de agosto era del 77%, con $78.530 millones ya desembolsados para ese proyecto ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza (PBA).

La construcción de la base integrada en Tierra del Fuego, incluida el jueves por Milei en cadena nacional en su mensaje sobre Malvinas, estaba prevista en el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). En realidad, ya había sido anunciada en marzo de 2022, por el entonces ministro de Defensa Jorge Taiana, en el Gobierno de Alberto Fernández

Pero con la llegada de Milei a la Casa Rosada, el FONDEF fue desfinanciado. El presupuesto inicial para este año del FONDEF – destinado a reequipamiento de las Fuerzas Armadas – era de $91.765 millones, pero fue reducido en un 26%, ya que el vigente – según corroboró Infobae – es de $67.464 millones. De hecho, el artículo 30 de la Ley 27.798 de Presupuesto 2026 derogó el aporte del Estado al FONDEF. A finales de agosto, el porcentaje de ejecución de este Fondo para el “alistamiento operacional para la Fuerza Aérea, el Ejército,la Armada y el Estado Mayor Conjunto” era del 34%.

Tras su discurso en cadena nacional, este viernes se publicó el Decreto 867/26 que amplía recursos para el Ministerio de Defensa. Así, el Gobierno oficializó un refuerzo de casi $218.000 millones, de los cuales más de $200.000 millones serán utilizados para avanzar con la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuegoy terminar la Base Petrel, en la Antártida.

Transferencias de capital a las provincias

En cuanto a las transferencias de capital a la provincias, según los datos de la Secretaría de Hacienda analizados por LCG entre enero y julio de este año, sumaron $0,5 billones. La cifra equivale, de acuerdo a la consultora, a una caída del 52% en términos reales contra los mismos siete meses de 2025.

“Más allá de la magnitud de la caída total, lo relevante es que esta esconde una distribución muy desigual entre el total de las provincias”, advierte el informe. Apenas 4 provincias concentraron el 70% del total transferido. Se trata de Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis, gobernadas por mandatarios aliados al gobierno nacional o que tienen diálogo con el Gobierno. “Esta concentración podría estar reflejando esa negociación” con el Ejecutivo nacional, señala el trabajo.

Catamarca y Salta recibieron recursos casi exclusivamente para programas de Agua potable y Alcantarillados, y San Luis para Vivienda y Urbanismo.

San Luis, Catamarca y Salta también figuran entre los 6 distritos que recibieron más recursos en lo que va de este año que en el mismo período de 2025. Los otros tres son Santa Fe, Buenos Aires y Jujuy.

En el caso de Tucumán, las transferencias de capital muestran una caída interanual del 47%, a valores reales, pero producto de haber sido muy favorecida también en 2025, advierte el informe de LCG.

Esta provincia norteña concentró recursos para obras de Transporte de Energía Eléctrica – FNEE- y para obras por convenio Repavimentación de calzada en ex ruta nacional N° 7, prácticamente el único giro de la Dirección de Vialidad Nacional a las provincias.

En cambio, otros distritos no recibieron prácticamente transferencias de capital o por monstruos muy menores. Es el caso de Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan, Chubut, Córdoba y Misiones. Por ejemplo, esta última provincia figura solo con $1 millón devengado a finales de julio de este año en el informe de LCG, correspondiente al proyecto de Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BID Nº 2776 OC/AR). Por el mismo programa, Corrientes sí tiene un devengado de $938 millones, el 24% del crédito vigente.

Las provincias que este año no están recibiendo recursos tampoco estuvieron entre las destacadas en 2025. En todas estas, la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional, ausente en 2026, fue el proyecto más relevante.

La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para avanzar con el tratamiento de los proyectos de morosidad y la emergencia en discapacidad y establecer un cronograma de dictámenes. En esta puja, los bloques disidentes a La Libertad Avanza (LLA) lograron imponerse y convocaron a una sesión para esta semana y así evitar que los proyectos queden sin tratamiento legislativo.

A solo una semana de que LLA rechazó el debate en el recinto, el bloque abrió la comisión de Finanzas que encabeza el libertario Santiago Pauli, quien recibió a los diputados con un cronograma. Pauli estableció dos reuniones informativas adicionales. La primera para mañana por la tarde, es decir un día antes de la sesión que pidió la oposición y la segunda para el miércoles de la semana que viene. Una vez concluida, el oficialismo dispuso otras dos reuniones: el 23 de septiembre y el 30 de septiembre como fecha para dictamen. Pauli señaló que se compromete a trabajar para la unificación de giros.

Sin embargo, diferentes bloques opositores rechazaron el cronograma y ratificaron la sesión para este miércoles, que no tendrá como objetivo aprobar esas iniciativas. Los bloques críticos intentarán que el pleno emplace a las comisiones y fije una fecha para tener los dictámenes sobre proyectos vinculados con la morosidad y la emergencia en discapacidad.

En este contexto, acusaron a La Libertad Avanza y los legisladores dialoguistas de intentar dilatar el tratamiento de los proyectos que buscan dar una respuesta a la problemática de la morosidad.

“Aprendieron los peores vicios de lo que denominan casta política. Esto es una maniobra para ganar tiempo”, disparó Cecilia Moreau. “Esta cámara tiene que legislar para dar una respuesta sobre una emergencia que afecta a millones de argentinos y el gobierno lo niega sistemáticamente”, agregó.

La primera respuesta llegó de la diputada ex PRO hoy LLA, Laura Rodríguez Machado, quien señaló como necesario sumar a la jornada de oradores “a los sindicalistas y las financieras”. Esto generó el primer griterío en la sala donde se destacaron las acusaciones de “seguir dilatando” el debate.

La diputada Myriam Bregman siguió en la lista de oradores y señaló que les llamaba la atención “que arranque la comisión con un cronograma que es más largo que la Copa Libertadores”. “Ratificamos la sesión del 9 de septiembre y que vengan con un cronograma que llega hasta Navidad es una tomada de pelo. Pedimos suspender los pagos, es urgente declarar la emergencia y suspender los cobros”, aseguró.

Por el tercer sector de la oposición que empuja la sesión del 9 de septiembre, Unidos, tomó la palabra el diputado Pablo Juliano, quien también calificó el llamado a esta comisión informativa y el cronograma como una “tomada de pelo”. “Hace una semana pedí tratar el tema y el oficialismo y sus socios se negaron. Y en esta discusión hay un gran ausente que es la Comisión de Defensa del Consumidor. Es un tema que no tiene una sola salida pero que es transversal”, consideró.

El diputado radical reiteró que irán al recinto. “No somos estúpidos, tenemos más de 40 proyectos. Lo que vamos a hacer el 9 de septiembre es darnos un cronograma que termine en una sesión y una sanción, no en una tomada de pelo”, afirmó.

Luego de estos primeros planteos comenzaron los oradores invitados por LLA, la UCR y el PRO que hicieron un repaso de la problemática pero no así de posibles soluciones.

Lunes por la tarde. Al ser consultado por un periodista en una conferencia en el Salón Oval, Donald Trump afirmó que Estados Unidos podría revisar su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas. La declaración no tardó en circular y el sector de Santiago Caputo lo vio rápido; es el que más sigue la política estadounidense de todo el oficialismo y tienen el algoritmo de X entrenado para situaciones como esas. Al ocurrir, la reacción de muchos de ellos fue instantánea: en un lapso de pocos minutos, varios enviaron el mismo mensaje a su grupo de WhatsApp.