El Poder Ejecutivo autorizó la entrada de tropas de Estados Unidos al territorio nacional para el desarrollo del ejercicio militar “Daga Atlántica”, que comenzará el 21 de abril y concluirá el 12 de junio de 2026. También aprobado el despliegue de fuerzas locales para el ejercicio naval “PASSEX”, que se desarrollará en la Zona Económica Exclusiva entre el 26 y el 30 de abril.

El decreto fue publicado el 17 de abril en el Boletín Oficial y fue firmado por el presidente Javier Milei y el Gabinete de ministros. Estos ejercicios, según la normativa oficial, fortalecen la imagen internacional de la Argentina como un socio confiable en materia de estabilidad regional y seguridad global.

La extensión del conflicto bélico en Medio Oriente obligó a posponer los ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, que se iban a realizar a principios de abril. La nueva programación apunta a mantener el compromiso bilateral de defensa mientras ambos países ajustan sus recursos ante un contexto internacional cada vez más complejo.

De acuerdo con lo dispuesto, el ejercicio “Daga Atlántica” reunirá a fuerzas argentinas y estadounidenses en áreas jurisdiccionales terrestres, aéreas, marítimas y fluviales, con actividades en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, ubicada en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, las actividades de “PASSEX” contarán con la participación del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley de la Armada de los Estados Unidos de América, que navegarán por la Zona Económica Exclusiva argentina durante cinco días. Las fuerzas locales desplegarán personal y medios para ejercicios conjuntos de adiestramiento naval, en cumplimiento de acuerdos bilaterales previos.

Ambos ejercicios buscan ampliar la interoperabilidad y la integración doctrinal, así como estandarizar procedimientos, fortalecer la defensa de áreas estratégicas y habilitar a las Fuerzas Armadas argentinas para participar en futuras operaciones multinacionales.

El proyecto de ley para permitir estos ejercicios ya había sido enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para su tratamiento, pero hasta la fecha de emisión del decreto no había recibido dictamen en la Cámara de Diputados. Esta demora llevó a recurrir al mecanismo excepcional del decreto de necesidad y urgencia, previsto en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y regulado por la Ley 26.122.

Frente a esto, el Gobierno argumentó que la falta de participación “afectaría significativamente el adiestramiento naval en operaciones combinadas con la Armada de los Estados Unidos”, al privar a las fuerzas argentinas de la transferencia de conocimientos. El decreto destaca que la experiencia de las fuerzas especiales de EEUU en contextos reales de combate se considera “un recurso invaluable”.

En palabras del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas, dirigido por el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, estas prácticas buscan “incrementar la preparación militar y fortalecer la defensa regional a través de entrenamientos conjuntos, intercambios de expertos en la materia y el implemento de prácticas operacionales compartidas”.

Durante la coyuntura internacional de mayor inestabilidad, el Gobierno ratificó su “alineamiento estratégico sin ambigüedades” junto a la administración de Donald Trump, quien anunció en los últimos días un alto al fuego en Irán. El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, expuso que la relación bilateral se sustenta en “coincidencias políticas y en una complementariedad económica cada vez más relevante”.

Quirno subrayó ante el auditorio que la visión común incluye el respeto a la libertad, la preponderancia del sector privado y la búsqueda de “cadenas de valor seguras en el hemisferio”. Además, enumeró una serie de áreas estratégicas contempladas en la agenda conjunta: minerales críticos, energía e inversiones figuran entre los principales acuerdos y mecanismos de cooperación.

El Registro Nacional de Armas suprimió la obligación de presentar la habilitación municipal como requisito previo en los principales trámites administrativos que gestiona a nivel nacional, una decisión que busca agilizar y simplificar la operatoria de múltiples sectores regulados. La resolución, publicada el 17 de abril de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina, ajusta la normativa nacional de cara a la desregulación promovida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 de 2023, que impulsa la libre circulación de bienes, servicios y trabajo en el país.

Según la disposición firmada por Juan Pablo Allan, director ejecutivo del Registro Nacional de Armas, la supresión del requisito responde a la constatación de que la exigencia de habilitaciones municipales provocaba una duplicidad de requisitos y generaba una carga administrativa y burocrática tanto para el gobierno como para los ciudadanos. El organismo expone que los regímenes locales no solo difieren en sus exigencias, sino que dificultan la estandarización documental a nivel federal, complicando la gestión administrativa nacional. En consecuencia, la eliminación de este requerimiento busca facilitar el acceso y la tramitación de las gestiones ante el registro.

Nueva operativa para fábricas, depósitos y agencias de seguridad

La resolución derogó el requerimiento de presentar habilitación municipal para la inscripción y rehabilitación de depósitos de nitrato de amonio en solución, fábricas y depósitos a cielo abierto de este compuesto regulado. Estos requisitos habían sido establecidos por la Disposición N° 220/08 y sus anexos, pero a partir de ahora, la documentación será ajustada según las competencias jurisdiccionales específicas, sin necesidad de presentación de certificaciones municipales ante la administración nacional.

Del mismo modo, la modificación de la Disposición N° 35/14 afecta directamente a usuarios colectivos inscriptos como agencias de seguridad, transportadoras de caudales y entidades financieras. Desde la entrada en vigencia de la nueva norma, la presentación de la constancia de habilitación municipal deja de ser obligatoria para inscripciones, reinscripciones, apertura de sucursales, solicitudes de prórroga o cambio de domicilio. El nuevo texto determina que solamente se requerirá la constancia otorgada por la autoridad jurisdiccional competente, sin especificaciones adicionales. Así lo establece el apartado J) del Anexo I modificado, que detalla: “constancia de la prórroga de la habilitación otorgada por la autoridad jurisdiccional competente. La misma será valorizada según lo estipulado en la normativa vigente”.

La resolución del Registro Nacional de Armas subraya que suprimir la exigencia documental ante el organismo no exime a los administrados de cumplir con la legislación vigente en sus jurisdicciones locales. Corresponde a cada autoridad local verificar el cumplimiento de las normas municipales, provinciales o nacionales aplicables en materia de seguridad, control de materiales y habilitación de actividades específicas.

A partir de la publicación, el nuevo régimen es aplicable de forma inmediata

La nueva disposición entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, esto es, el 17 de abril de 2026. Las autoridades aseguraron que la medida fue dictada con intervención previa del servicio jurídico competente y en virtud de las facultades previstas en las leyes nacionales vigentes.

El texto oficial precisa la derogación de los puntos específicos en los anexos de la Disposición N° 220/08 y la supresión del requisito en el apartado L) del Anexo II de la Disposición N° 35/14, lo que implica el fin de la obligación de presentar la certificación municipal acompañada de designación de director técnico o jefe de seguridad con categoría de usuario legítimo de armas.

De este modo, el Registro Nacional de Armas redefine sus exigencias documentales alineándose con la tendencia a la simplificación administrativa y el impulso a la desregulación a nivel nacional, con el objeto de optimizar simultáneamente la eficiencia estatal y la facilidad de acceso para los usuarios de los regímenes específicos bajo su alcance.

El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, realizó el primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, un relevamiento hecho en conjunto con 19 provincias que dio como resultado una cifra total de 9.421 personas, de las cuales el 83% son varones y el 17% mujeres.

El operativo, coordinado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Subsecretaría de Promoción Humana, implicó la participación simultánea de equipos nacionales y provinciales que emplearon una plataforma digital especialmente diseñada, llamada DataCalle, integrada al Sistema Social (SiSoc), la cual fue utilizada por 17 de las 19 administraciones provinciales participantes.

“Convocamos a todas las provincias y diecinueve se adhirieron. Por primera vez, no solo se llevó adelante este relevamiento, sino que además fue digital”, afirmó Martín Lepera, subsecretario de Promoción Humana, durante una conversación con este medio. “Recorrimos la calle y también los dispositivos, y cargamos los datos en una aplicación que permite trabajar sin conexión. A las ocho de la mañana cada provincia ya tenía sus resultados en un tablero”, agregó.

Solo 5 provincias —Provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego— no participaron del operativo. Sobre las razones de esta ausencia, Lepera explicó: “No nos dieron motivos, los citamos y convocamos formal e informalmente, pero no manifestaron objeciones metodológicas”.

El relevamiento se realizó durante una misma noche en todas las jurisdicciones, combinando una metodología observacional con entrevistas voluntarias. “El ochenta y cuatro por ciento de las personas accedió a responder el cuestionario”, detalló Lepera. De ese universo, el 91% tiene Documento Nacional de Identidad (DNI).

Del total de personas censadas, el 92% son mayores de 18 años y el 6% menores, mientras que el 2% restante no pudo ser observado con precisión. El relevamiento también arrojó información sobre la trayectoria en situación de calle: el 32% lleva más de dos años en esa condición, el 18% entre uno y dos años, y el 9% menos de un mes. Motivos como el consumo problemático, conflictos familiares, separación o exclusión del hogar emergen entre las causas principales.

En cuanto al nivel educativo, el 52% completó la educación primaria pero no terminó la secundaria, el 16% tiene la primaria incompleta o ninguna escolaridad, el 16% concluyó la secundaria y el 9% posee estudios superiores. “Estos datos nos permiten desmitificar ciertos prejuicios: la situación de calle no se resuelve solo con una cama, requiere un abordaje integral”, puntualizó Lepera.

La dimensión laboral, según el informe al que accedió Infobae, muestra que el 53% de las personas realiza alguna actividad laboral: el 43% en trabajo informal, el 27% en economía popular y el 25% en estrategias de supervivencia, como tareas callejeras. Además, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% ingresos previsionales y el 8% otros ingresos.

Sobre las condiciones de vida, el 44% asiste a comedores, el 46% duerme en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios) y el 40% en la vía pública. El 15% manifestó tener alguna discapacidad, aunque solo el 42% de ese grupo cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El relevamiento fue posible a partir de un proceso de trabajo técnico y político conjunto entre la Nación y las provincias, con una estandarización metodológica que permitió la comparabilidad federal. “Pasamos de la reacción ante la urgencia a la planificación, de la dispersión a la coordinación, de la intuición a la evidencia”, describieron en Capital Humano.

El operativo cumple con lo dispuesto por la Ley 27.654, que exige la elaboración de un diagnóstico federal sobre las personas en situación de calle y aquellas en riesgo, con el fin de orientar políticas que garanticen su identidad e integridad física.

De cara al futuro, la secretaría anticipó que el relevamiento nacional se realizará una vez al año, tal como establece la normativa vigente. “Este primer relevamiento es un piso para seguir consolidando el plan de abordaje integral y fortalecer la red nacional de dispositivos. El año próximo vamos a trabajar para que las provincias que no participaron se sumen, y avanzar en la creación de un sistema federal de dispositivos de atención”, sostuvo el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordóñez.

En relación al sistema de contenidos, el Ministerio de Capital Humano publicó este lunes la Resolución 295/2026 que crea el programa Formando Capital Humano, un portal virtual que reúne una oferta de cursos y programas armados desde la cartera ministerial para diferentes sectores etarios, pasando de la infancia hasta la tercera edad.

Además, destacó que la herramienta “agrupa todos los contenidos por ciclos de vida” y permite que cada usuario arme su propio trayecto de aprendizaje de acuerdo a sus intereses y características.

La plataforma fue desarrollada bajo el concepto mobile first, ya que el 95% de los potenciales beneficiarios accede a internet principalmente desde un teléfono celular, mientras que el acceso a computadoras no supera el 10%. El portal integra contenidos y recursos de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Entre las principales innovaciones, la plataforma ofrece test de autoconocimiento apoyados en inteligencia artificial, que perfilan a cada usuario y recomiendan cursos adecuados según sus habilidades y conocimientos. “La persona no se tiene que adaptar totalmente a la plataforma, sino que la plataforma se adapta a vos”, señaló Lepera. Además de cursos con certificación, se incluyen recursos descargables que pueden consultarse sin conexión, y un recetario que permite filtrar contenidos de nutrición según la ubicación, la estación y los ingredientes disponibles, lo que contribuye a mejorar la alimentación en todo el territorio.

El sistema también incorpora el “voucher Formando Capital Humano”, un mecanismo que reemplaza los subsidios directos del plan “Volver al Trabajo”. Los exbeneficiarios pueden acceder a un cupón que habilita la inscripción a cursos, con un seguimiento digital de su uso y estado. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 1.500 centros de formación profesional adheridos, 4.500 cursos y más de 6.800 comisiones.

Guido de Graaff, subsecretario de Políticas Sociales, reemarcó que la plataforma permite unificar datos y recomendar trayectos formativos en función de las tendencias del mercado de trabajo local, lo cual facilita la inserción laboral. “El vínculo con el sector privado y orientar las capacitaciones hacia lo que sea demandado es condición sine qua non de lo que vamos a ofrecer de formación”, aclaró.

Por su parte, Ordóñez definió al portal como “un acompañamiento de trayectoria profesional, de formación, de gente que no está en el sistema laboral o profesional de la manera habitual”. Ordóñez resaltó la integralidad del sistema y su alcance nacional, que permite a cualquier usuario, incluso en zonas rurales o comunidades alejadas. Desde su lanzamiento, la plataforma superó las 150.000 visitas, el 91% de ellas desde dispositivos móviles, y fue destacada por organismos internacionales como el PNUD, que solicitó documentar el proceso para presentarlo como una iniciativa regional en tecnología y política social.