Brechas regionales

El informe también muestra que la informalidad no se distribuye de manera homogénea en el territorio, sino que presenta fuertes diferencias según la región.

Las menores tasas se registran en el Gran Buenos Aires, la región pampeana y la Patagonia, donde los niveles pueden ubicarse hasta 17 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional.

En contraste, las regiones del Noroeste (NOA), Noreste (NEA) y Cuyo presentan los valores más elevados, con tasas que superan el 48%.

Las diferencias se profundizan al analizar casos puntuales. Entre los aglomerados con mayor informalidad se destacan Gran Tucumán–Tafí Viejo, con niveles cercanos al 60%, y Gran San Juan, con más del 56%. En el otro extremo aparecen ciudades como Ushuaia–Río Grande (17,9%), Neuquén–Plottier (22,9%) y la Ciudad de Buenos Aires (24,2%), con tasas considerablemente más bajas.

Diferencias internas

El fenómeno, además, no es homogéneo y presenta fuertes diferencias internas. La incidencia es considerablemente mayor entre los trabajadores por cuenta propia, donde supera el 60%,mientras que entre los asalariados ronda el 38%. A su vez, los jóvenes son el grupo más afectado: cerca de 6 de cada 10 trabajadores de entre 16 y 24 años se desempeñan en la informalidad, una proporción muy superior al promedio general.

También se observan diferencias marcadas según el nivel educativo. Entre quienes no completaron la secundaria, la tasa de informalidad alcanza valores cercanos al 65%, mientras que desciende a alrededor del 17% entre quienes tienen estudios universitarios completos. Esta brecha pone en evidencia el peso del capital educativo como factor de protección frente a la precariedad laboral.

Las condiciones de inserción laboral también inciden de manera significativa. En empresas pequeñas -de hasta cinco trabajadores- la informalidad supera el 65%, mientras que en establecimientos de mayor tamaño cae a niveles cercanos al 12%. Sectores como la construcción y el servicio doméstico presentan los niveles más críticos, con tasas superiores al 75%.

Salarios más bajos

El impacto de la informalidad no se limita a la falta de derechos laborales. El informe señala que los trabajadores informales sufren una fuerte penalidad salarial: en promedio, ganan alrededor de un 44% menos que los trabajadores formales con características similares. Esta brecha se traduce en mayores niveles de vulnerabilidad social.

A modo de ejemplo, el informe cita el caso del ingreso mensual promedio de un hombre de entre 25 y 44 años de edad, con secundario completo o universitario incompleto, con un empleo formal en el sector Comercio y en una empresa de tamaño medio: $ 1,16 millones en el primer trimestre de 2025. En promedio, ese ingreso se reducía a $ 587 mil en el caso de los trabajadores informales con esos mismos atributos y trabajando en ese sector de actividad. Es decir, una brecha de 49%.

Además, la relación entre informalidad y pobreza es directa. Mientras que cerca del 24% de los trabajadores en general vive en hogares pobres, esa proporción asciende al 42% entre quienes tienen empleos informales. Además, una parte significativa de estos trabajadores percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza individual, lo que refuerza la idea de que tener empleo ya no garantiza salir de esa situación.

En su conclusión, el informe lamenta que “tener un puesto de trabajo en Argentina no es un reaseguro para vivir fuera de la pobreza”.

Fuente: Agencia DIB

Emergencia del sector energético

En materia tarifaria, el organismo elaboró cuadros provisorios que incluyen la actualización de los cargos fideicomiso, incorporando también los costos de operación y mantenimiento de activos de Enarsa, en línea con lo instruido por la Secretaría de Energía.

La consulta pública tendrá un plazo de quince días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial, período durante el cual empresas y usuarios podrán presentar observaciones y sugerencias a través de la web del organismo.

Finalizada esta instancia, el Enargas avanzará con la implementación de las medidas necesarias para la reasignación de capacidades de transporte y su correspondiente contractualización, con entrada en vigencia prevista para el 1° de mayo.

La iniciativa se inscribe en la emergencia del sector energético nacional declarada en 2023 y prorrogada hasta 2027, y busca garantizar un funcionamiento más eficiente, confiable y equitativo del sistema de transporte de gas natural, en un contexto de cambios estructurales en las fuentes de abastecimiento y en la configuración de la red.

Fuente: Agencia DIB