El Ministerio de Justicia de la Nación creó dos programas para combatir la ciberdelincuencia y coordinar la política criminal en materia de régimen penal juvenil, a través de las resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial.

A partir de la Resolución N°483/2026, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB). Asimismo, indicó que su implementación dependerá de la Subsecretaría de Política Criminal y que el asesor Mariano Tomás Rivas asumirá las funciones de la coordinación bajo modalidad ad honorem.

“Quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa, de conformidad con los objetivos y lineamientos establecidos”, aseguraron en el documento oficial.

Entre los desafíos a abordar, enumeraron la preservación y análisis de prueba digital, la ciberseguridad aplicada a investigaciones, los activos virtuales y el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en las modalidades delictivas.

En este sentido, las autoridades advirtieron que “el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes plantea nuevos desafíos para la política criminal, tanto por su posible utilización para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos como por su creciente aplicación en la investigación penal”.

El programa podrá conformar mesas de trabajo con organismos públicos, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, empresas y otros actores privados. También deberá adecuar el tratamiento de datos personales a la Ley 25.326 y promover la coordinación de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital con la Cancillería para los mecanismos de cooperación previstos en el Convenio de Budapest.

Con la creación del PRONACIB, el Ministerio derogó las resoluciones de 2016 que habían establecido y transferido el anterior Programa Nacional contra la Criminalidad Informática, además de la resolución de 2024 que creó una mesa de trabajo sobre ciberdelito. Ambas habían sido firmadas por Mahiques y publicadas en la edición del 25 de septiembre de 2026 del Boletín Oficial.

Por otro lado, en la Resolución 484/2026, se dispuso la puesta en marcha del Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal. De esta manera, el área actuará como instrumento marco para organizar sus tareas como autoridad de aplicación de la Ley 27.801, que reformó el sistema de responsabilidad penal adolescente.

“El Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil estará a cargo de un coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco”, señalaron.

En línea con esto, comunicaron que la asesora Débora Eliana Di Girolamo fue nombrada coordinadora del programa sin remuneración. Entre sus funciones figuran la coordinación de la aplicación del régimen en la justicia nacional, ordinaria y federal; la capacitación de quienes intervienen en el fuero; la producción de estadísticas y la articulación con provincias, la Ciudad de Buenos Aires y otras áreas del Poder Ejecutivo.

Uno de los ejes será la administración del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Por esto, las autoridades aprobaron su reglamento y un Manual del Supervisor Juvenil. Así, esos profesionales deberán acompañar el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a adolescentes, bajo protocolos que el programa buscará unificar.

También se incorporaron normas de asistencia integral para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes alcanzados por el régimen. De este modo, el programa coordinará esa tarea con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, con el objetivo de facilitar orientación, derivaciones, acceso a servicios y, cuando corresponda, patrocinio jurídico gratuito.

Por otro lado, el ministro Mahiques determinó que se deberá brindar apoyo al Comité Interministerial y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil. Asimismo, prevé mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de medidas, el desempeño institucional y la reincidencia, junto con protocolos de reserva para la sección especial que llevará el Registro Nacional de Reincidencia.

“Queremos que Cristina sea candidata. Ya no hay encuesta, provenga de donde provenga, que no marque la preponderancia de la figura de Cristina. Pese a los ataques recibidos y después de once años de haber sido presidenta. Si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a la figura de ella, y hubiera una decisión de que pudiera participar en las elecciones, iríamos a una fusta democrática, que enfrente a Milei y Cristina para que los argentinos decidan”.

La explicación que Máximo Kirchner brindó ayer en una entrevista con la AM 750 expone dos ideas que transitan dentro kirchnerismo en esta etapa de internas profundas y dañinas: existe un sector del peronismo, especialmente referenciado en Axel Kicillof, que prefiere desprenderse de la figura de la ex presidenta, y hay algunas vertientes del justicialismo que no cerraron filas ni jugaron a fondo para llevar adelante la lucha por la libertad de la ex mandataria.

Además, surge una tercera idea que tiene que ver con las encuestas que llegan a la mesa de CFK, su aprobación en la sociedad y su rol en el tiempo que viene. Su valoración positiva crece en el electorado a nivel nacional. La mantiene lejos del piso y cerca del techo que nunca ha podido atravesar. Pero, sobre todo, la pone dentro de la discusión clave que se desarrollará el año que viene cuando haya que definir las candidaturas. Desde el presidente y los gobernadores, hasta los intendentes y los legisladores.

En el kirchnerismo volvió a sonar el lema que identificó el proceso de unificación del peronismo en el 2019. Sin Cristina no alcanza y con Cristina sola no se puede. Lo que tienen en claro en el sector más duro del mundo K es que la ex presidenta mantiene una influencia determinante de cara al proceso electoral. En la gran mayoría de las encuestas que se hicieron en las últimas semanas, la ex presidenta logra tener una intención de voto cercana al 40% en los escenarios de balotaje y una imagen positiva que ronda entre el 40 y el 45%.

Esos números marcan una tendencia clara respecto a la negociación que viene. Aquel que quiere ser candidato a presidente dentro del peronismo, va a tener que negociar, acordar y contener con la ex mandataria. Y si no, en el caso de que se mantengan las PASO, tendrán que ganarle al candidato que ella respalde. Que, a esta altura de la novela del PJ Bonaerense, no será Kicillof. Sea como sea, pese a estar presa e inhabilitada para ejercer cargos públicos, CFK va a tener influencia en la discusión electoral que se aproxima.

En esos números y en la estructura política que aún conserva, reside parte de su fortaleza para tener peso específico en la organización política y electoral del año que viene. Sin embargo, el poder para digitar la estrategia y los nombres propios que la encarnen ya no es el de antes. Hay limitaciones marcadas. Tal vez la cara de la principal limitación sea Axel Kicillof que, a esta altura, es el candidato mejor posicionado que tiene el peronismo para las elecciones del 2027. El Gobernador se desalineó de la conducción de su mentora y empezó a jugar su propio juego, lo que exasperó al universo cristinista.

Kicillof tiene en su hoja de ruta un plan bastante claro. Quiere acumular adhesiones y estructura política, moldear su perfil nacional y en el primer semestre del 2027, cuando llegue el momento de las definiciones, sentarse a negociar con todo lo que tenga sobre su espalda. Así, creen algunos, y en el caso de que no haya PASO, obligará al kirchnerismo a aceptar su candidatura – porque es el que mejor mide y puede competir – o los expondrá a que rompan el peronismo y acompañen a otro candidato. Hipótesis de este tiempo. Lecturas de una rosca de interpretaciones inagotables.

En el cristinismo mantienen firme la idea de que deben hacer todo lo posible para que Cristina Kirchner sea la candidata. Es, sobre todo, una declaración de principios. La posibilidad de que realmente lo sea son muy bajas. Tampoco es una posibilidad que vaya como candidata en una boleta a afrontar unas eventuales PASO. Esa teoría, que salió de la boca de uno de los abogados de la ex presidenta, no es considerada con seriedad adentro del esquema ultra K.

La potencial candidatura de CFK, repetida por los principales dirigentes del entorno de la ex presidenta, irrita a algunos nombres propios del peronismo, que ven en el cristinismo a un grupo de políticos enfrascados en sus necesidades y en sus visiones estratégicas. Lo único claro a esta altura del calendario es que CFK va a jugar electoralmente el año que viene. El silencio en el que está sumida no tiene que confundir a los que miran sus movimientos políticos. Cuando llegue la hora, va a poner sus cartas sobre la mesa. Como es de esperarse, nadie sabe cuáles son y cuándo las jugará.

A menos de un mes y medio de que el papa León XIV pise suelo argentino por primera vez, la sede de Cáritas Argentina, ubicada en la calle Balcarce 236, en la Ciudad de Buenos Aires, se convertirá el miércoles 30 de septiembre en el escenario de un reclamo que anticipa esa visita. Legisladores de 12 bloques políticos, organizaciones sociales y representantes de la Iglesia católica presentarán allí, a las 10, un proyecto de Ley de Emergencia en Barrios Populares que busca garantizar por diez años el financiamiento de las obras de integración socio-urbana en los más de 6.400 barrios populares del país.

El Vaticano confirmó semanas atrás que León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, en su primer viaje apostólico a Sudamérica. Su paso por la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre, incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján, con una agenda que combina encuentros institucionales y momentos de cercanía con sectores vulnerables. En ese contexto, la Iglesia argentina eligió las semanas previas a la llegada del Pontífice para presentar un proyecto que, según sus impulsores, busca sacar a la integración socio urbana de la lógica de cada gestión de turno.

La convocatoria reúne a más de 140 diputados y diputadas de 12 bloques con representación de 11 provincias, y contará con la presencia de monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, quien encabezará la lista de oradores. Lo acompañarán, entre otros, los diputados nacionales Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Martín Lousteau (Provincias Unidas), Fernanda Miño (Unión por la Patria), Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Nicolás Massot (Encuentro Federal), todos firmantes del proyecto, además de Araceli Ledesma, referente comunitaria del barrio Lagomarsino, en Pilar, y líder de Desarrollo Comunitario de la fundación TECHO.

Un fondo casi inexistente

El proyecto de Presupuesto 2027 no contempla financiamiento específico para la continuidad de las obras de integración socio urbana, un vacío que se produce justo cuando se cumplen diez años de la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Según los datos del organismo, en el país existen 6.467 barrios populares donde viven más de cinco millones de personas, cerca de 1,7 millones de ellas niñas y niños.

Entre 2023 y 2026, la ejecución de obras de integración socio urbana cayó un 98%, de 171.863 millones de pesos a apenas 3.336 millones, de acuerdo con el informe 145 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Como resultado, hoy hay 671 obras paralizadas en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

El derrumbe del financiamiento tiene un origen preciso. El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado por el Decreto 819/2019, recibía el 9% de la recaudación del Impuesto PAIS. El Decreto 193/2024 redujo esa participación al 0,3%, una caída del 96,7% de los recursos, y a fines de ese año el impuesto dejó de existir, lo que dejó al fondo sin recursos afectados.

Justicia: el Congreso debe resolver el vaciamiento

“La iniciativa legislativa responde de manera directa a una decisión judicial”, le recordó a este medio el diputado Juan Grabois. En mayo de 2025, el Juzgado Federal de Pehuajó hizo lugar a un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones sociales, que habían cuestionado el Decreto 312/2025 por disponer la disolución del FISU sin prever un mecanismo alternativo de financiamiento. El juez Andrés Heim dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de ese decreto al considerar que la ausencia de recursos comprometía el goce efectivo de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, el hábitat y el ambiente sano, todos ellos amparados por la Ley 27.453 en su carácter de interés público.

La medida se reglamentó mediante el Decreto 819/2019, y el Congreso volvió a fortalecerla en 2022, lo que consolidó una política de Estado sostenida por gobiernos de distinto signo político.

La Ley 27.453, sancionada en 2018 con amplio consenso legislativo (fue votada por unanimidad), estableció el marco normativo del Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares en la Argentina. Sus principales disposiciones son:

• Declaración de interés público: el artículo 1° declara de interés público el Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares, reconociendo la situación de vulnerabilidad habitacional de millones de personas que habitan en esos barrios y estableciendo un marco legal para su integración urbana y social.
• Reconocimiento de derechos: la norma consagra el derecho a la integración socio urbana como un derecho cuya efectividad depende de la existencia de recursos concretos que le otorguen previsibilidad presupuestaria. Apunta a garantizar el acceso a una vivienda digna, a los servicios públicos esenciales y al hábitat en condiciones adecuadas.
• Seguridad en la tenencia de la tierra: según el Renabap, el 100% de los barrios populares relevados está amparado por esta ley, que otorga seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a sus habitantes, un punto central de la norma original.
• Emergencia socio urbana: a través de modificaciones posteriores, se incorporó el artículo 14 bis, que declaró la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares. Este es el artículo que el nuevo proyecto de ley busca ratificar y extender por diez años adicionales.
• Trayectoria transversal: la ley nació durante la gestión de Mauricio Macri en 2018, se profundizó con la creación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) durante la presidencia de Alberto Fernández, media

• En su fallo, el juez Heim sostuvo que la falta de financiamiento implicaba una regresividad inadmisible en términos constitucionales, en la medida en que el Estado argentino había asumido, a través de tratados internacionales con jerarquía constitucional incorporados por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, el deber de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, lo que le prohíbe retroceder sin una justificación estricta y debidamente fundada sobre los niveles de protección ya alcanzados.

  El magistrado exhortó de manera expresa al Congreso de la Nación a arbitrar los mecanismos necesarios para establecer un financiamiento adecuado y sostenible que garantizara la continuidad de la política de integración socio urbana.

  El proyecto que se presentará en Cáritas constituye la respuesta directa a ese exhorto judicial, tal como lo reconocen sus propios impulsores en los fundamentos del texto legislativo.

  El texto establece un piso presupuestario anual atado al Producto Bruto Interno (PBI), que arranca en el 0,0375% para el período 2027-2029, y crece de manera progresiva hasta alcanzar el 0,1125% entre 2034 y 2036. Ese porcentaje inicial equivale al nivel de inversión que el FISU alcanzó en 2021, año en que comenzó su despliegue territorial.

  El proyecto no crea ningún impuesto nuevo: establece una prioridad dentro de los recursos de rentas generales del Estado y dispone que los fondos nunca sean inferiores, en términos absolutos, a los del año anterior, incluso si el Presupuesto queda prorrogado. También ratifica y extiende por diez años la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental declarada en los barrios populares.

Fue el propio monseñor Carrara quien, antes de la presentación oficial del proyecto de Ley, habló sobre la importancia de su aprobación: “Los vecinos trabajan con laboriosidad con la ilusión de pasar del techo de chapa a la losa para después poder cobijar a sus hijos y nietos; para eso es necesario un diálogo”.

Antes de pronunciar esa frase, el titular de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, definió el concepto central de la propuesta que, según él, debe guiar la lectura de la problemática habitacional. “El concepto de integración socio urbana busca destacar el protagonismo de las vecinas y vecinos; que no solo dan que pensar, sino que piensan; no solo despiertan sentimientos, sino que sienten; y no sólo padecen las injusticias, sino que se organizan de modo creativo en la lucha por vivir mejor”.

Con financiamiento sostenido, el FISU llegó a ejecutar 1.322 obras en 1.164 barrios populares de las 23 provincias del país, generó 23.909 lotes con servicios y alcanzó a más de 1.300.000 personas. Casi 859.000 familias cuentan hoy con Certificado de Vivienda Familiar vigente, y el programa Mi Pieza redujo el hacinamiento del 43% al 21% en los hogares beneficiados.

Esas políticas fueron auditadas sin observaciones por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

La magnitud del reclamo se dimensiona al comparar el costo fiscal propuesto con otras erogaciones vigentes del Estado. El piso inicial de 0,0375% del PBI equivale a unos 387.000 millones de pesos (USD 260 millones) anuales, una cifra que representa apenas 1,3 veces menos que el costo de la exención a la renta financiera y 91 veces menos que el total de gastos tributarios del Estado en 2026.

Un consenso que atravesó gobiernos

La Ley 27.453, que declaró de interés público el Régimen de Integración Socio Urbana, se votó por unanimidad en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. La política se profundizó con la creación del FISU durante la presidencia de Alberto Fernández, y el Congreso la volvió a fortalecer en 2022, lo que consolidó una trayectoria de continuidad más allá del signo político de cada gestión.

Gisella Gazzotti, directora nacional de Incidencia en TECHO-Argentina, explicó los alcances de la iniciativa. “Impulsamos este proyecto que busca garantizar fondos del Presupuesto para los sectores más pobres de Argentina. Hoy en los barrios populares viven cerca de 1,7 millones de niños y niñas que se inundan cuando llueve, que crecen sobre un piso de tierra y que no hay manera de que puedan progresar sin invertir en su futuro. Buscamos que este proyecto de ley permita transformar la vida de todos ellos”, afirmó.

El proyecto que se presentará en Cáritas Argentina y que lleva la firma de diferentes espacios políticos es impulsado, entre otros, por la Mesa Nacional de Barrios Populares, que nuclea a Cáritas Argentina, TECHO y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) con el objetivo declarado de que la integración socio urbana deje de depender de la voluntad política de los gobierno de turno.