A medida que pasan los días, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibe más presiones para dejar el cargo por parte de propios y ajenos, pero por el momento resiste los cuestionamientos mientras avanza la causa judicial en su contra y un sector del Gobierno intenta negociar con las provincias para evitar que prosperen en el Congreso los pedidos de interpelación y de moción de censura.

Mientras una parte del oficialismo le comenzó a reclamar al funcionario que dé un paso al costado para terminar con la polémica, otra se encuentra conversando con la oposición y, a partir de eso, pudo suspender una votación clave en el Senado.

En el segundo grupo está el ministro del Interior, Diego Santilli, que en las reuniones que viene teniendo en las últimas semanas con los mandatarios locales en la Casa Rosada les pide un respaldo que hasta ahora no tiene del todo garantizado.

El caso de Patricia Bullrich, la líder del bloque de La Libertad Avanza en ese recinto, es particular, ya que fue una de las integrantes de la cúpula mileísta más críticas de Adorni, pero al mismo tiempo trabajó intensamente para que el resto de los partidos no consiga, al menos por ahora, removerlo por la fuerza.

Durante todo el miércoles, la legisladora mantuvo encuentros con los referentes de los otros espacios con el objetivo de impedir que durante el debate del proyecto de propiedad privada, el peronismo obtenga el número necesario para tratar la interpelación del ex vocero.

“Hay gestiones en el Senado, con Patricia, y del ‘Colo’ con los gobernadores. Hay muchos que plantean que no es razonable la remoción sin un fallo judicial y tampoco quieren quedar votando con José Mayans y los kirchneristas”, sostuvo una fuente al tanto de la trastienda parlamentaria.

Finalmente, la sesión que estaba prevista para este jueves se cayó y no tiene fecha para su convocatoria, aunque ahora el conflicto se traslada a la Cámara de Diputados, donde hay otros proyectos similares en contra de Adorni.

Sin embargo, de acuerdo con lo que pudo relevar Infobae, en varias provincias hay un hartazgo de la discusión en torno al ministro coordinador, niegan que haya habido contactos por parte de la Nación para conversar sobre esta cuestión e incluso exigen que se tome una medida antes de que el Congreso lo haga por su cuenta.

Esta es una posición que también tienen algunas bancadas cercanas a la gestión libertaria, como el PRO y la UCR, que hasta públicamente le exigieron a Javier Milei que le pida la renuncia a su jefe de Gabinete para así anular la estrategia de la oposición.

“A mí nadie me pidió nada. Pero a los aliados nos cansa ya que no tomen decisiones sobre el tema este”, expresó a este medio, con cierta molestia, uno de los gobernadores que más suele apoyar la gestión libertaria.

Otro de los mandatarios, que no es tan afín a la actual administración nacional, aseguró que los senadores y diputados que le responden “analizarán la situación y tienen total libertad para decidir lo que crean más conveniente”.

“Yo me manejo siempre dentro de la institucionalidad y converso con la Nación lo que tenga que conversar para mi provincia, por más que tengamos diferencias políticas. Este es un tema que tendrán que resolver ellos y, en todo caso, si nuestros legisladores consideran que se tiene que avanzar o no con alguna medida, lo expresarán llegado el momento, pero también es parte del sistema democrático”, agregó.

En tanto, en el norte también niegan contactos con la Casa Rosada y remarcan que “no les hicieron ningún pedido puntual y mucho menos sobre la situación de Adorni”, que consideran que es ”problema exclusivo del Presidente, que es quien tiene que decidir qué hacer”.

En Balcarce 50, por su parte, insisten con que las críticas y reclamos de los otros espacios no los afecta, ni siquiera si provienen de aliados, y ratifican que es únicamente Milei “el que elige quiénes lo acompañan”.

En este marco, algunos de los funcionarios que antes respaldaban con mayor entusiasmo al jefe de Gabinete hoy ya se muestran más cautos. A pesar de que ya anunció que el 2 de julio irá al Senado a brindar su informe de gestión, todavía no empezó a prepararlo.

“No comenzó porque estamos en el plazo para que los senadores envíen las preguntas que quieren hacerle. Tienen 5 días hábiles para cumplir con eso”, precisó un miembro de su equipo.

Recientemente, la Justicia ordenó una nueva batería de medidas orientadas a comprobar la coartada cripto del funcionario y a ampliar el alcance de la investigación por enriquecimiento ilícito, que tramita en el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió un informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el que se detallen todas las plataformas, exchanges, billeteras virtuales o intermediarios de otro tipo que hayan operado en el país desde 2012, un año antes de que el jefe de los ministros empezara a incursionar en la compra y venta de Bitcoin, según él mismo dio a conocer la semana pasada.

Tras horas de tensión, el oficialismo y bloques aliados del Senado lograron posponer esta tarde la sesión pensada para mañana, en medio de pedidos para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No cambia en casi nada la situación: el jueves 25 se aprobaría dicho mecanismo para convocar al funcionario de cara al 2 de julio, donde primero deberá lidiar con eso -y una potencial moción de censura, si no satisface a la oposición- antes del informe que se tiene agendado para esa fecha.

La resolución del asunto tuvo dos instancias. Pasadas las 16, la jefa libertaria, Patricia Bullrich, se juntó en las oficinas centrales de la Unión Cívica Radical (UCR) junto a bancadas aliadas para llevar una postura unificada a la reunión de Labor Parlamentaria de las 18, que se realizó en el despacho de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

En medio de diversas opiniones y una senadora que se fue ofuscada del encuentro, se arribó a un entendimiento sobre el final del convite, mientras otros legisladores ya aguardaban al resto de líderes de bloque, en Labor Parlamentaria. Al borde de la desprolijidad. Allí, oficialismo y dialoguistas se impusieron ante un kirchnerismo que, antes de la cumbre, deslizaba que bajaría igual al recinto en las próximas horas. Una especie de auto convocatoria. Con el entendimiento y el sendero definido, el cristinismo bajó las armas.

La interpelación de un jefe de Gabinete y la moción de censura precisarán en el recinto una mayoría absoluta del Cuerpo. Es decir, 37 voluntades. A esta altura queda más que claro que el número parece blindado. Por eso se relegó el informe del jefe de Gabinete. Asistirá a la Cámara alta, pero para enfrentar desde el inicio un complejo ida y vuelta con la oposición y, en caso de no surfear esa ola, una moción de censura el mismo 2 de julio. El primer paso tendrá que concretarse la semana próxima, algo que se da por descontado.

Por otra parte, Bullrich aprovechará esta ventana para ver si consigue, de cara al jueves 25, cerrar el demorado proyecto sobre propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Los aliados ya le desplumaron la iniciativa y reclaman más cambios. Grueso error de la porteña haber apurado un dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales; y Legislación General.

Que Adorni no ejecute primero su informe de gestión no podrá convertirse en motivo de queja para la Casa Rosada: el funcionario anunció días atrás, en una red social, que asistiría el 2 de julio. Para ello, tendría que haber enviado la conformidad y predisposición al Senado, con bloques que lo esperan desde mayo último. Recién anoche lo hizo y hartó a dialoguistas, que no pretenden gastar energía en ayudar al mileísta.

De cara al jueves 25, lo que aún no quedaba visible era la forma de habilitar la discusión de la interpelación para el 2/7. Al no contar con un dictamen, es un paso clave y necesitaría dos tercios. Tras lo pactado en Labor, esto no representaría un problema ni habrá jugadas por atrás para salvar a Adorni: se haría una interpretación operativa del artículo 101 de la Constitución y se aprobaría una moción por mayoría absoluta, sin paso previo. A fin de cuentas, el recinto es soberano y tiene la potestad final sobre sus decisiones.

En la sesión de la semana que viene quedó en fila -más no en el acta de Labor, lo que deja dudas- la ley “Hojarasca”, otro reclamo de Sturzenegger. Tras horas y la falta de un puñado de firmas, el oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría y la iniciativa quedó lista para ser sancionada. Diputados la aprobó en mayo pasado.

La reforma del sistema de selección de jueces de la Corte Suprema y otras autoridades judiciales que oficializó el Gobierno nacional sumó cuestionamientos de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, que advirtieron que los cambios representan un retroceso en materia de transparencia, participación ciudadana y diversidad en la integración del máximo tribunal.

Las críticas apuntaron al decreto 467/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, que modificó los decretos 222 y 588 de 2003. La norma eliminó la instancia que permitía a ciudadanos, universidades, asociaciones y organizaciones presentar observaciones o impugnaciones a las candidaturas antes de que fueran remitidas al Senado. La iniciativa también suprimió las referencias a la necesidad de contemplar criterios de igualdad de género, especialidad y procedencia geográfica al momento de proponer integrantes para la Corte Suprema.

Los cuestionamientos fueron expresados en un documento conjunto firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la campaña GQUAL. Las entidades sostuvieron que la reforma implica “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género y, por ende, también para la calidad de nuestra democracia”. Además, señalaron que los cambios “debilitan los estándares sobre acceso igualitario a los cargos judiciales y reducen los espacios de escrutinio público sobre algunas de las decisiones más importantes de nuestro sistema institucional”.

En ese contexto, Clara Lucarella, coordinadora del Programa de Democracia de ACIJ, afirmó que “los aportes realizados por distintos sectores en el último proceso de designación de jueces de la Corte Suprema reflejaron que existe un interés y movilización en torno a estos temas”. Agregó: “Eliminar la posibilidad de que la ciudadanía pueda participar en el marco de las designaciones judiciales implica un obstáculo para el ejercicio del escrutinio público y un retroceso que daña la calidad de nuestra democracia”.

La reforma había sido anticipada por el Gobierno con el argumento de acelerar los procesos de cobertura de vacantes y reducir etapas administrativas. La Casa Rosada también sostuvo que la participación ciudadana continúa garantizada durante el trámite legislativo en el Senado, que conserva la atribución constitucional de prestar acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, las organizaciones rechazaron esa interpretación y señalaron que la instancia eliminada tenía una finalidad distinta. “La intervención de la ciudadanía en la etapa inicial permite aportar información, formular observaciones y enriquecer la evaluación que realiza el propio Poder Ejecutivo”, indicaron. A su entender, eso podía “influenciar su propuesta y conducir al Presidente a enviar otra”.

Ese mecanismo había sido establecido hace más de dos décadas por los decretos 222 y 588 de 2003, impulsados durante la presidencia de Néstor Kirchner. Las normas incorporaron estándares de transparencia y participación ciudadana para los procesos de selección de jueces de la Corte Suprema, magistrados, fiscales y defensores públicos.

Uno de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la modificación fue la necesidad de agilizar los nombramientos. Sin embargo, las organizaciones sostuvieron que el mecanismo eliminado demandaba menos de dos meses y que ese plazo resultaba “más que razonable” frente a los tiempos que suelen insumir las vacantes judiciales en la Argentina. “No caben dudas de que los beneficios de la participación son aquí mayores que sus costos de tiempo”, señalaron.

Otro de los aspectos cuestionados por las organizaciones fue la eliminación de los criterios vinculados con la igualdad de género y la diversidad para la integración de la Corte Suprema. Según el documento, la medida “obstaculiza la integración de un tribunal con perfiles diversos y distintas trayectorias, que sea más representativo de nuestra comunidad, y atenta contra el deber estatal de asegurar la igualdad de género en el acceso a los cargos públicos”.

Las entidades también cuestionaron uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno. “La afirmación del Poder Ejecutivo de que esos criterios no se encuentran expresamente previstos en la Constitución Nacional no es correcta”, señalaron. También recordaron que el derecho a la igualdad en la participación pública y política está reconocido en distintos tratados internacionales incorporados al bloque constitucional.

Las organizaciones vincularon la reforma con antecedentes recientes relacionados con las vacantes en el máximo tribunal. Recordaron que durante los últimos años distintas entidades formularon objeciones a las candidaturas impulsadas por el Poder Ejecutivo, tanto por los perfiles de los postulantes como por la ausencia de paridad de género en la Corte.

En el documento, señalaron que esas observaciones fueron presentadas justamente a través de los mecanismos de participación previstos por el decreto 222/03 y recordaron que posteriormente el Gobierno avanzó con designaciones por decreto. “Que la respuesta institucional frente a esa experiencia sea reducir los espacios de participación y los criterios de diversidad constituye una señal preocupante de cara al futuro”, afirmaron.

En el cierre del comunicado, las entidades reivindicaron el valor de los mecanismos de control ciudadano. “La participación ciudadana robustece la calidad de las decisiones y la rendición de cuentas, mientras que la diversidad dota de mayor legitimidad a nuestro sistema de justicia”, sostuvieron. Y concluyeron con una advertencia: “La designación de las autoridades judiciales es una de las decisiones de mayor trascendencia en nuestro país, y como tal, requiere de mayores controles, no de menos. En definitiva, son esas personas las que decidirán sobre nuestros derechos”.