El balotaje en Brasil, los insultos de Javier Milei a periodistas en la cena de la Fundación Faro, la negativa presidencial a reconocer el triunfo de Lula da Silva y la negociación en torno a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional comprimieron en una semana todas las tensiones que el PRO acumula: ser oficialismo y ser oposición. El resultado –o el efecto colateral-, fue una convergencia discursiva con Patricia Bullrich que, pragmática, comenzó un operativo para diferenciarse de las posiciones más extremas del Presidente.

La señal más reciente llegó el domingo, horas después del balotaje en Brasil. Mientras Javier Milei —que había respaldado abiertamente a Flávio Bolsonaro durante la campaña y compartido publicaciones que cuestionaban el proceso electoral— guardaba silencio, la cuenta oficial del PRO en X fue una de las primeras voces de la dirigencia argentina en reconocer el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva.

“El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente. Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática”, publicó el partido. El texto concluyó con una felicitación directa al mandatario reelecto y con una declaración de vocación de “diálogo y cooperación” en la relación bilateral.

A título personal, Mauricio Macri también se pronunció el lunes: “Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”. En otro comunicado, elaborado por la Secretaría de Relaciones Internacionales del partido, conducida por Fulvio Pompeo, se advirtió que “los resultados electorales importan: cambian prioridades, alianzas y rumbos”.

“Para Argentina consideramos que es estratégico el vinculo con Brasil. Tenemos muchos temas de interés común y de largo plazo. También compartimos desafíos”, señaló Pompeo a Infobae. El contraste con Milei y el gobierno nacional quedó evidente en varios planos. Milei todavía se niega a reconocer el triunfo de Lula y colaboró para que Flávio Bolsonaro viaje rumbo a Estados Unidos, desde donde se autoproclamó “verdadero presidente electo de Brasil” y agradeció a Donald Trump y al mandatario argentino.

Desde el PRO, además, ampliaron el análisis a un contexto regional más amplio, como los procesos electorales en Israel, Estados Unidos y España: “Hace falta una diplomacia inteligente, capaz de construir relaciones estratégicas incluso con quienes piensan distinto”.

En la misma línea se manifestó Bullrich. “La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia, escribió la senadora y excandidata presidencial por Juntos por el Cambio. La exministra de Seguridad reconoció las profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero las subordinó a una lectura pragmática: países que comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación. La declaración se alineó punto por punto con los comunicados del PRO, y contrasta con el silencio —y los antecedentes— del Presidente.

Bullrich también dedicó un párrafo a Bolsonaro, el candidato derrotado al que Milei había apoyado abiertamente, para deslizar una advertencia sobre la calidad democrática: “Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel. La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia”.

La semana pasada el partido ya se había desmarcado de Milei tras las descalificaciones del Presidente hacia su par de España, Pedro Sánchez, y una periodista durante su visita a Madrid, y los agravios contra la prensa en la cena de la Fundación Faro, donde sostuvo que los periodistas que cubrieron la causa $LIBRA “se tienen que quemar en la hoguera” y los llamó “hijos de puta”, “ensobrados” y “mercenarios de la mentira”.

La conducción nacional del partido trabajó un borrador con una postura más fuerte contra Milei. Finalmente, se resolvió difundir un texto más moderado: “La libertad de prensa, el respeto por quienes piensan distinto y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas son valores que se cuidan todos los días, no solo durante una elección”.

Las críticas más duras quedaron a cargo de dirigentes que, en su mayoría, prefieren trazar una distancia mayor con el oficialismo. María Eugenia Vidal, titular de la Fundación Pensar, advirtió que el Presidente “cruza un límite” y que “la libertad no se defiende desde una hoguera, sino con respeto y coherencia”. Silvia Lospennato opinó que “normalizar la violencia verbal es jugar con fuego”. Martín Goerling, titular del bloque PRO en el Senado, y el precandidato presidencial Hernán Lacunza también expresaron sus reparos.

Un mes antes, el 23 de septiembre, otra llamada de atención. Esta vez, el contexto fue la política en materia de discapacidad: el PRO cuestionó de forma directa al Gobierno por incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que, según el partido, “debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones”. “En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó”, afirmó el texto, que concluyó con una frase que sintetiza la postura del partido frente a la alianza con LLA: “Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos.”

El encuadre doctrinario de todos estos movimientos lo dio el diputado nacional Fernando de Andreis, uno de los colaboradores más cercanos a Macri. En una extensa publicación en X, explicó que las intervenciones públicas del PRO responden a una decisión consciente de abrir debates de largo plazo que la “urgencia de la coyuntura” desplaza de la agenda. “Brasil, por su historia y su peso estratégico, es un socio clave: cuidar ese vínculo requiere diálogo, cooperación y una mirada práctica sobre los desafíos comunes”, escribió.

En esta línea, el partido ahora podría abrir otra ventana de diferenciación: el estado de la infraestructura y la paralización de la obra pública. Mientras tanto, tiene que definirse la organización de los acuerdos electorales de cara a 2027, con la mesa que coordina el jefe de Gabinete, Diego Santilli, desde Casa Rosada.

El partido a dos velocidades
El contraste entre la retórica pública y doctrinaria y la práctica parlamentaria, las dos velocidades que configura al partido en su relación con LLA, quedó en evidencia con la negociación en torno al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el oficialismo anunció por cadena nacional y pretendía dictaminar con urgencia.

Después de semanas de negociaciones y postergaciones por falta de acuerdos, La Libertad Avanza aceptó modificaciones sustanciales para sumar las 60 firmas que obtuvo el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, celebrado este martes. El PRO, que reclamó cambios, y la Unión Cívica Radical (UCR) fueron decisivos para alcanzar ese número.

Son diferencias de práctica y de tono, sobre todo entre dirigentes como Vidal, Lacunza o Lospennato, quienes priorizan la preservación de una identidad republicana e institucional que los distinga del estilo y los excesos de LLA de cara a las legislativas de 2027, y el ala ejecutiva, encabezada por De Andreis y Cristian Ritondo, que garantiza la gobernabilidad de Milei en Diputados.

En cuanto a Bullrich, en el PRO reconocen como “una buena noticia” los últimos movimientos de la senadora, aunque los circunscriben a una clave electoral. “Le habla a nuestro electorado, al que votó a Milei en segunda vuelta pero hoy no está conforme con el Gobierno”, admitió un importante dirigente a Infobae. De todas formas, aseguran, no hay relación entre los ex aliados, salvo a nivel institucional, en el Senado, a través de Goerling. El propio Macri, y muchos en el partido, no cicatrizan que la exministra haya negociado en soledad su incorporación el gobierno de Milei, y renunciado a la identidad amarilla para sumarse a las filas de LLA. Es una herida que aún no cierra.

Con picardías de último momento de aliados que ya se convirtieron en rutinarias, el Senado sesionará desde las 14 de hoy con un temario que, como cuestión central, tiene a la nueva ley de salud mental que busca aprobar el oficialismo. No aparece entre los primeros puntos de una agenda que incluye un guiño a beneficios fiscales para inversiones a partir de los USD 12 millones, y la regulación del mercado de bonos de carbono, entre otros puntos.

Al comienzo del convite se rendirán homenajes al ex senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja) y al ex titular del gremio APL, Norberto Di Próspero, quienes murieron días atrás. Se sumará a esto un recordatorio por un nuevo aniversario de la partida del ex presidente Néstor Kirchner. Y jurará Claudia López en reemplazo del ex legislador. No se descartan cuestiones de privilegio desde la oposición.

También es un misterio la posibilidad de lío en el recinto por un proyecto de resolución avalado en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer para forzar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a que asista el miércoles 18 de noviembre próximo para dar un informe de gestión, algo reclamado desde hace un largo tiempo por el kirchnerismo y, ahora, por otras bancadas.

El motivo es por el incumplimiento del artículo 101 de la Constitución y la obligación de ir al Palacio, una vez por mes, siempre que se intercale entre ambas Cámaras. Desde la Rosada ya informaron horas atrás la predisposición del funcionario para asistir el 25-11.

Para la ley de salud mental se vislumbran dos ítems que todavía no cierran en un par de oficinas aliadas. El primero está relacionado con los recursos -como no podía ser de otra manera- pese a que, ayer, el propio oficialismo adelantó que sería más taxativa la puesta a punto de la iniciativa para amortiguar quejas. Algunas provincias, resisten.

En segundo lugar, se reanudó -como adelantó meses atrás Infobae– la puja entre profesionales de la salud mental, que generó una disputa entre Nación y provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Varios integrantes de dicha entidad insisten con igualar en prioridad a psicólogos y psiquiatras.

¿Qué plantea el articulado? En las internaciones, se reemplazará la exigencia del psiquiatra por médico -aunque con preferencia hacia dicha especialidad- o con formación en salud mental, con otro firmante -se apunta a que sea psicólogo-, quien sí tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta. Como para el último caso también está escrita la palabra “preferentemente”, se consensuó quitarla para que no haya margen a interpretaciones y debido a que no existe un reemplazo de la profesión de psicólogo.

Anteayer, este medio relató que fuentes al tanto de las negociaciones comentaron las fuertes presiones para equiparar a ambos profesionales. Incluso, con universidades metidas en el medio y un senador que es médico, pero que apoyó el reclamo de los psicólogos y convirtió una disputa en una insólita batalla.

RIIR

El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) desde los USD 12 millones para grandes empresas fue promovido por el titular de la Unión Cívica Radical en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes). El mismo consideraría como planes productivos a los destinados “a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”.

Al revisar la versión final de la propuesta se vislumbran modificaciones reclamadas por su compañero de bancada Maximiliano Abad (Buenos Aires); el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), y del peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), a favor de insumos locales.

Carbono

La norma establece un “marco jurídico aplicable a la titularidad, registro y comercialización de créditos de carbono generados por proyectos que se desarrollen en el territorio nacional y establecer el marco habilitante para su participación en los mercados de carbono nacionales e internacionales”.

Deudores alimentarios

Anoche -20 horas- avanzó, ya de manera oficial, el dictamen que crea “en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación el Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos (ReNUAM)”, que tendrá “por objeto la conformación de una base de datos unificada, dinámica, de soporte digital y de acceso público y gratuito, que consolide e interconecte la información de las personas inscriptas en los Registros de Alimentantes Morosos de todas las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Para llegar a la meta se unificaron las ideas del peronista pampeano Pablo Bensusán y de la aliada filo radical Elizabeth Terenzi (Chubut).

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que se presentará el próximo 25 de noviembre en el Senado para dar su primer informe de gestión ante los representantes parlamentarios. Será la primera vez que un funcionario del gobierno de Javier Milei visite la Cámara Alta desde que se presentó Guillermo Francos.

Según trascendió de fuentes oficiales, el anuncio del ministro coordinador se dio un día antes de que se trate un proyecto de resolución que planeaba citarlo el próximo 18 de noviembre. Hace 16 meses que un jefe de Gabinete no se presenta en el Senado para dar el informe de gestión.

El desenlace se produjo tras una comunicación directa entre Santilli y la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich. Ambos acordaron la fecha del 25 de noviembre, lo que anticipó y desactivó la iniciativa legislativa que los bloques opositores tenían previsto incluir en el Plan de Labor Parlamentaria de la sesión del día siguiente. Esa propuesta buscaba fijar el 18 de noviembre como fecha de presentación, amparada en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

La presión parlamentaria venía acumulándose desde hacía semanas. El bloque justicialista, que conduce el senador José Mayans, había formalizado un proyecto de resolución para convocar a Santilli ante la Cámara Alta, ante la prolongada ausencia de cualquier jefe de Gabinete en el recinto. Los bloques acordaron incluir ese debate en el Plan de Labor Parlamentaria de la sesión del día siguiente, pero la confirmación de la visita voluntaria del funcionario modificó el panorama antes de que la iniciativa llegara a votación.

La Constitución Nacional establece en su artículo 101 que el jefe de Gabinete debe presentarse una vez por mes ante cada cámara del Congreso para exponer sobre la marcha del Gobierno. El incumplimiento de esa obligación se extendió durante toda la gestión de Santilli, quien asumió el 30 de junio de 2026 y hasta ahora no había concurrido a ninguna de las dos cámaras.

Una vez confirmada la presentación, la Jefatura de Gabinete enviará formalmente el pedido al Congreso y se abrirá el período para que los senadores remitan sus preguntas por escrito. Esas consultas serán enviadas antes de que Santilli concurra al recinto, de modo que el funcionario llegue con las respuestas preparadas.

En la sesión, Santilli expondrá sobre aspectos de la gestión del Gobierno y luego responderá las preguntas de los senadores presentes. La presentación ante la Cámara de Diputados quedará pendiente para una fecha posterior, ya que la Constitución exige la comparecencia mensual en ambas cámaras de forma independiente.

El último funcionario que cumplió con esa obligación constitucional fue el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en junio de 2025, y su presentación quedó en la memoria parlamentaria por razones que exceden lo protocolar. Esa tarde, Francos abandonó el Senado antes de completar su informe después de que la senadora Cándida López (Tierra del Fuego) lo acusara de “mentiroso” desde el estrado. “No tolero que me falten el respeto. ¿Para qué me voy a quedar, si no me creen?”, dijo Francos a periodistas acreditados en la Cámara Alta antes de retirarse.

La misma sesión había incluido un episodio llamativo: la senadora rionegrina Silvina García Larraburu le sugirió al entonces jefe de Gabinete que el presidente Milei evaluara la posibilidad de indultar a Cristina Kirchner. La presentación de Francos fue la última en la que un integrante del Ejecutivo pisó el recinto del Senado.

La reforma electoral complica el vínculo del Gobierno con los bloques en el Congreso

La confirmación de la visita de Santilli llega en un momento en que la relación del oficialismo con el Poder Legislativo atraviesa tensiones. Según informó Infobae, el margen del Gobierno para avanzar con la reforma electoral se achica y persisten dudas sobre si cuenta con los votos suficientes para obtener media sanción en el Senado. El propio Santilli asegura ante el ala política que dispone de los apoyos necesarios, aunque entre los gobernadores radicales hay resistencias que aún no se resolvieron.

Uno de los reparos proviene del mendocino Alfredo Cornejo, que se resiste a acompañar la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Octubre —al que solo le queda una semana— era el período clave para habilitar el debate en la Cámara de Senadores según el calendario de la Cámara Nacional Electoral, y el tiempo se agota sin que el dictamen esté cerrado. La propia Bullrich describió a Santilli como “un optimista consuetudinario” en una entrevista con Infobae en Vivo, al referirse a los avances en la negociación.