El inicio del ciclo lectivo 2026 está en peligro: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió este viernes un paro nacional docente para el 2 de marzo, como parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país, en reclamo de la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y de un aumento salarial que supere la inflación.

Por su parte, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.

En el caso de CTERA, el paro fue resuelto en un congreso extraordinario de la entidad, que lidera Sonia Alesso, donde, además del reclamo salarial, se exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.

Además, durante el congreso de CTERA se reiteró “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, en tanto demandó “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.

Durante el encuentro también se insistió en el rechazo de la organización al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno de Javier Milei y por eso se decidió impulsar acciones durante todo el mes de marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.

Por su parte, en un comunicado de prensa, la UDA, que lidera Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), dirigida por Fabián Felman, advirtieron al Gobierno Nacional que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si no convocas a paritarias”.

Los dos sindicatos subrayaron que “si no se concreta una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto con el sector docente podría profundizarse y prolongarse, lo que afectará —por imposición de las actuales circunstancias generadas por el Gobierno— el normal funcionamiento del ciclo lectivo”.

Además, destacaron la grave situación presupuestaria que atraviesa el sector: “La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de sus obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.

UDA y CEA señalaron que “se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el sistema educativo y el presupuesto destinado a la educación técnico profesional”, lo que “genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.

Por esa razón, insistieron en que “el Gobierno debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos”, al tiempo que reiteraron que “el salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”.

Ante la circulación de un borrador sobre un nuevo proyecto de reforma educativa, además, los gremios que integran la CGT adelantaron su rechazo: “Anticipamos nuestro rechazo al proyecto de Libertad Educativa, que detonará el sistema educativo argentino”.

Finalmente, tanto UDA como CEA remarcaron que “los docentes advertimos que las situaciones que se generan en el sistema educativo nos imponen defender la educación y los derechos salariales y colectivos de todos los trabajadores de la educación”, y concluyeron: “El Gobierno Nacional debe convocar a paritaria docente en el marco del artículo 10 de la Ley 26.075 para tratar condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo”.

Como anticipó el Ministerio de Capital Humano, los equipos técnicos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a cargo de Julio Cordero, definen por estas horas la cifra que aplicarán para multar monetariamente a los gremios de trenes y colectivos que se plegaron al paro del pasado jueves contra la reforma laboral. Lo cierto es que la medida fue adoptada a raíz del incumplimiento de las conciliaciones obligatorias vigentes en los conflictos de la UTA y la Fraternidad, luego de que se plegaran a la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Si bien hubo intenciones de avanzar con la quita de la personería gremial, el Gobierno Nacional redefinió la estrategia y se inclinó aplicar una multa monetaria tras incumplir el instrumento jurídico. “No hablamos de revancha ni venganza, lo que buscamos es dejar el mensaje de que incumplir con una conciliación es grave. Tienen que cumplir con la ley. Ellos están acostumbrados a hacer lo que quieren sin que nadie haga nada”, sostuvo una fuente inobjetable ante Infobae.

En la previa al paro del jueves, la Secretaría de Trabajo se anticipó y alertó a las organizaciones sindicales que cualquier acción directa representaría un incumplimiento de la instancia de conciliación. “La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”, remarcaron.

Hasta entonces, la cartera que lidera Sandra Pettovello, una de las ministras más elogiadas por el presidente Javier Milei, trabaja en las cifras que aplicarán contra los gremios. El número surge de un cálculo técnico por sobre la cantidad de empleados que cesaron sus tareas durante la jornada del pasado jueves en rechazo al tratamiento del proyecto de reforma laboral que se discutía en la Cámara de Diputados y que finalmente obtuvo media sanción.

“Una multa va a doler más. La idea es que sea alta y justa, de acuerdo al daño que produjeron”, sostuvieron por los pasillos de Balcarce 50 para explicar el cambio de estrategia.

La determinación se tomó a raíz de la violación al procedimiento de Conciliación Laboral Obligatoria en curso que compromente a ambos gremios. En el caso de la UTA, se dictó el 10 de febrero pasado y rige hasta el 26 del mes, a partir del anuncio del gremio de colectivos de hacer paros en el interior del país en el marco de un reclamo salarial. Mientras que en el caso de La Fraternidad tuvo lugar el 4 de este mes, por el mismo plazo, y venció el pasado jueves.

Si bien inicialmente la idea era quitarles la personería jurídica, en la administración libertaria plantean que se trata de un trámite extenso, que podría suponer trabas judiciales, por lo que avanzaron en un redireccionamiento del accionar a pedido de la Secretaria de Transporte. De esta forma, esperan darle además una “nueva oportunidad” para los gremios que, en caso de que desconozcan el pago, la administración libertaria retomará la idea de aplicar la pena máxima y avanzará con la quita de la personería gremial.

Con la media sanción de la reforma laboral obtenida en la Cámara de Diputados, y a la espera de la revalidación en el Senado luego de la eliminación del artículo 44 relativo a las licencias médicas, en Balcarce 50 festejaron el bajo acatamiento del paro convocado por la CGT. “Fue un paro muy tranquilo”, se vanaglorió una importante fuente con acceso al despacho presidencial que atribuyó la ausencia de una movilización masiva al impedimento de la central para convocar a las bases.

“Diría que entienden el momento histórico, pero la verdad es que no pueden juntar gente”, planteó un interlocutor violeta que supo tener buen diálogo con el sector y que se prepara para hacer frente a la judicialización que prometieron los gremios.

El Gobierno nacional anotó una nueva victoria legislativa, luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción a la reforma laboral durante la madrugada del viernes. Con un total de 135 votos afirmativos, el oficialismo logró que el proyecto de ley continúe en pie. La oposición se reflejó en 115 negativos, mientras que no hubo abstenciones.

La semana pasada, la Ley de Modernización Laboral había sido aprobada por el Senado, pero su camino legislativo no está terminado. A raíz de las modificaciones que se realizaron, para evitar que la iniciativa perdiera el apoyo de los bloques aliados, la norma deberá regresar a la cámara de origen.

Luego de que los cambios que pensaban aplicarse en el régimen de licencias médicas laborales fueran criticados por los espacios afines a La Libertad Avanza (LLA), el Gobierno accedió a eliminar el artículo 44 y el 208 del proyecto de ley.

Según trascendió, desde Balcarce 50 consideraron que era vital priorizar que se aprobara el paquete de modificaciones en general, aunque esto implicara desistir de negociar por mantener el articulado. Sobre todo, desde que expresaron que la meta era iniciar el nuevo año legislativo con las reformas tratadas durante el período de sesiones extraordinarias aprobadas.

De esta forma, la eliminación del artículo 44 del texto de la reforma laboral dejó sin efecto la modificación propuesta para el régimen de licencias por enfermedad. Con esta decisión, quedó restaurado el esquema tradicional que garantiza el pago íntegro del salario durante el período de licencia por enfermedad.

De acuerdo con el artículo 208 del texto original, la iniciativa suprimida contemplaba una reducción salarial según el origen de la afección. En el caso de enfermedades o accidentes por conductas voluntarias de riesgo, estaba previsto que el trabajador recibiera solo el 50% de su sueldo habitual, mientras que si se tratara de una situación ajena a la voluntad del empleado, el pago alcanzaría el 75%.

En línea con esto, se proponían límites temporales de tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo y seis meses para quienes sí las tuvieran, junto a una cláusula que exigía un plazo mínimo de dos años entre episodios de enfermedades crónicas para habilitar un nuevo derecho a cobro.

Por otro lado, la propuesta protegía estos pagos ante eventuales suspensiones laborales, de modo que las decisiones patronales por motivos económicos o disciplinarios no iban a alterar el cobro de los porcentajes estipulados. Al quedar fuera del paquete general, ninguno de estos recortes ni restricciones será aplicado.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, está previsto que la iniciativa vuelva a ser tratada por la Cámara Alta el viernes de la semana siguiente, cuando podría convertirse formalmente en ley.

Tras haber asegurado que el proyecto de ley siguiera en pie, el oficialismo esperaría otro resultado victorioso. Sobre todo, porque el Senado había expresado 42 votos a favor contra 30 negativos, cuando todavía estaban incluidos los recortes en los pagos para los trabajadores que pidieran una licencia médica.

A pesar de esto, los senadores aún tendrían la posibilidad de mantener el texto original o aceptar las modificaciones realizadas en la Cámara Baja. No obstante, para el Gobierno sería una prioridad cerrar el período de sesiones legislativas con la Ley de Modernización Laboral, la reforma en el Régimen Penal Juvenil y la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea aprobadas.

Además, entró en la agenda un nuevo marco legal propuesto por el Poder Ejecutivo para realizar cambios en la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue evaluada, luego de que un fallo judicial obligara al Gobierno a aplicar la norma que fue aprobada a mediados de 2024. Sin embargo, el objetivo será evitar que su aplicación afectara a la meta de mantener el equilibrio fiscal.