El Presidente se posicionó esta semana nuevamente en el frente de batalla de su propia guerra, reagrupando nuevos enemigos en sus conflictos permanentes. De los empresarios prebendarios a las operaciones mediáticas en contra de su Gobierno; de la industria corrupta y chorra, a la denuncia de un complot para derrocarlo. Un líder bélico que reedita la herramienta del disciplinamiento. La inflación le dio una mala noticia, al cumplir 9 meses al alza y se dio vuelta una ecuación clave sobre la que se levantaba la construcción del relato libertario: por primera vez, la responsabilidad por la situación económica actual ya no recae en el gobierno anterior sino en Milei.

En ese contexto de tensión constante, el Gobierno se desentendió del impacto de la crisis por el viaje en el avión presidencial de Betina Angeletti, la mujer del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Demoró tres días en ensayar una única estrategia para enfrentar la crisis interna: convertir en víctima al funcionario, instalar un supuesto complot opositor para perjudicar a Milei y salir a contrarrestar el efecto nocivo con una campaña de apoyo en redes sociales. El ministro del Interior, Diego Santilli, fue el más enfático. “No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al Gobierno”.

Es una obviedad. Nadie sube a una comitiva oficial sin el aval de Presidencia. Lo dijo el propio Adorni. A su mujer la habían invitado. ¿Mensaje hacia arriba para socializar el daño? Fue durante su primera defensa, la misma en la que contó que llevar a su esposa a Nueva York era una necesidad por el tiempo que debía “deslomarse” trabajando. Era lunes, el caso crecía y todavía ningún ministro había salido a defenderlo. La presencia de Betina Angeletti en la delegación la reveló, posiblemente sin querer, Radio Jai el domingo a través de un posteo en redes sociales, cuando la pareja visitaba la tumba del rebe de Lubavitch. No había en el lugar otros medios acreditados. Difícil probar con los hechos las teorías conspirativas.

El apoyo ministerial lo arrancó Sandra Pettovello en la madrugada del martes, a las 2.20. “Siempre juntos”, le dedicó a Adorni. Para entonces, las versiones de un nuevo capítulo de la interna oficialista crecían al calor del escándalo. Todas las miradas se dirigían a Santiago Caputo, herido tras los últimos cambios del elenco de gobierno que volvieron a dejarlo al margen de áreas clave. Agustín Romo, diputado provincial y su mano derecha, se anticipaba al dedo acusador. “El que diga que Santiago Caputo opera contra el Gobierno, ese es el traidor”, escribió en redes sociales. En ese momento ya circulaba el video, en alta definición, que probaba el viaje familiar de Adorni a Punta del Este, en un taxi aéreo, en el último feriado de carnaval. Karina Milei posteó a las 14.51, cuando ya se replicaba el operativo en todo el gabinete. La sugerencia de salir a respaldar al funcionario quedó en evidencia por la sincronización con la que los ministros y principales dirigentes del oficialismo salieron a solidarizarse. Según relataron dirigentes libertarios, hubo un pedido de accionar en redes para defender al jefe de Gabinete y resaltar la Argentina Week, completamente opacada. Todos se plegaron. Menos una: Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario en el Senado se limitó a repostear. Detalles sutiles. Lo conversó con su equipo cuando llegó el pedido de la Casa Rosada. El solapado apoyo estaba estudiado. Nadie sabe hasta dónde llega el escándalo. Está claro que el temor no pasa por el devenir judicial, mínimo, del vuelo en el avión presidencial, sino que ahora la lupa se posará en todos los movimientos económicos y políticos de Adorni.

De influencia aún en las fuerzas de seguridad, Bullrich también quedó en la mira por el video filmado sobre la pista de San Fernando. “La poli no filma”, aclara un conocedor del área y apunta hacia agentes de inteligencia. Pasado mañana todos volverán a verse las caras, cuando Adorni encabece una nueva reunión de la mesa política en la Casa Rosada. La explosión interna que vive el gabinete alcanzó al ex intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, marginado por decisión de la ministra Alejandra Monteoliva. El hoy senador provincial quedó sorpresivamente corrido de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria cuya creación fue anunciada el 6 de diciembre por Bullrich. “La ministra define su equipo y la impronta de trabajo”, se limitaron a decir cerca de Valenzuela, quitándole responsabilidades a Karina Milei en la decisión. Mientras tanto, Valenzuela escribe un libro, de historia, con prólogo del Presidente. Cuentan cerca de Bullrich, que patrocinaba a Valenzuela, que ella tiene matices con Monteoliva, pero que siguen actuando de manera coordinada. En los despachos del ministerio sostienen que el exintendente pretendía el cargo mayor del área, y que eso precipitó la anulación de su nombramiento.

El vocero sin estrategia

Milei perdió algo más que su reciente slogan “la moral como política de estado”. Perdió sobre todo al jefe de operaciones de su batalla cultural. Pocas personas del círculo presidencial podían ponerse en la primera línea de fuego como Adorni para defender al Gobierno. La mayoría de los ministros no habla. Adorni es Milei. Pero es también el brazo comunicacional de la Casa Rosada, el portavoz oficial, el representante más fiel de Karina, la socia fundadora.

Sin una orientación clara, la comunicación de crisis terminó siendo anárquica. Es lógico. Nadie está preparado para ser vocero de sí mismo. Y eso le pasó a Adorni, que evitó admitir como un error que su mujer integrara la comitiva oficial, y en cambio, se disculpó vía redes sociales por una palabra: deslomarse. Regla número uno de comunicación de crisis: no exponerse a un vivo.

Lejos de quedar clausurado, el caso ya tiene causas judiciales en marcha. Sobre todo por la caja de pandora que se abrió por el vuelo a Uruguay en relación al patrimonio declarado por el jefe de Gabinete y su pareja. Hasta ahora, se sabe que pagó 5000 dólares por el pasaje a Nueva York que no usó y dudosos 3600 dólares por el taxi aéreo a Punta del Este para un destino con sobrada ruta comercial. El cuestionamiento moral impacta sobre todo porque llega en un momento complicado para el Presidente, que en todas las encuestas tocó su piso de popularidad. Según Pulso Research, la mitad de la población ya responsabiliza a Milei por la situación económica. “Por primera vez, quienes atribuyen la situación negativa a las decisiones actuales del gobierno (46,9%) superan prácticamente a quienes culpan a la gestión anterior (41,6%), quebrando una tendencia que sostuvo al oficialismo durante 2024 y 2025”, es la conclusión general del estudio.

Kuka risk

Milei se abrazó a la idea de reflotar el pasado en el discurso que dio en Nueva York. ¿Lo habrán traducido como Kuka risk? En el auditorio de la Argentina Week, organizada por la embajada en Estados Unidos, el JP Morgan y el Bank of America, volvió a mencionar esa variable como explicación del parate económico. Milei eligió promocionar el país desde la retórica política. Pidió aplausos para Karina Milei, sentada en la mesa principal con Betina Bulgheroni, por haber logrado reconvertir el Congreso a su favor, y prometió otra vez las misteriosas 90 reformas que ingresarán al parlamento. En su marketing político, resaltó la reforma laboral como puntapié para la libertad empresarial a despedir y cargó duramente contra los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla.

“Fue un evento similar a IDEA en Mar del Plata, con 95 por ciento de argentinos”, relató uno de los asistentes. Estaban todos, salvo los dos apuntados por el Presidente. Les dijo prebendarios, corruptos y chorros, golpeando el atril. La Unión Industrial Argentina (UIA) salió con una comunicado en queja y este martes tendrá reunión de su junta directiva. Se espera otro pronunciamiento. Entre los propios empresarios coinciden, sobre todo en los más críticos, que parte de la pasividad de respuesta industrial está dada por el interés particular de los principales jefes de la central fabril. De hecho, Techint, que coronó la llegada de Martín Rapallini al organismo, volcó sus inversiones al sector energético y necesita contener la relación con Milei en función de las licitaciones que están en marcha en ese área, en las que compite. El propio Rapallini es socio en el proyecto minero San Jorge, en Mendoza.

Nadie fue a buscar al Argentina Week financiamiento. Ya lo tenían. Para los empresarios y, sobre todo, para los inversores, no hay plan B. Incluso entre hombres de negocios no tan afines al oficialismo reconocen que si el peronismo no logra consolidar un candidato de centro, pro mercado, como opción electoral, el empresariado seguirá apoyando a Milei aunque lo ataque. El mano a mano con quienes deciden es lo que cuenta. Lo sabe Luis Caputo, que se reunió con representantes de Dow Chemical, Río Tinto, Chevron, Dreyfus o Coca Cola, en paralelo al foro.

El misterio Talvi

Más allá de los anuncios de inversiones prepactadas, el discurso de Milei transparentó las diferencias tras bambalinas con el equipo económico cuando le advirtió a Santiago Bausili que tuviera cuidado al comprar reservas con los dólares porque le iban a salir por las orejas. “Si fuera por mi…”, aclaró, y lo dejó ahí, para sonrisa incómoda del presidente del Banco Central. A pesar de lo ideológico, pareciera imponerse en Milei el pragmatismo en los hechos porque a contramano de su negativa a acumular reservas, terminó aceptando la decisión de fortalecerlas. Lo que no aceptó fue tomar deuda en Wall Street al 9% anual en dólares, otra propuesta, esta vez rechazada, que terminó con la salida de quien era el secretario de finanzas, Alejandro Lew.

El ruido político económico sigue dando vueltas a partir de la incorporación, hace solo una semana, de Ernesto Talvi, economista uruguayo, en el equipo de Caputo. Entre sus últimas declaraciones, reconoce que puede resultar más efectivo un mecanismo gradual de reducción de la inflación y focalizarse en la actividad económica. “Argentina necesita, como en su momento le pasó a Uruguay, acumular reservas propias, y eso obliga a emitir para comprar dólares. Eso puede implicar que haya que tolerar una inflación algo más alta de lo deseable”, declaró hace 4 meses ¿Cambio de rumbo? Esa es la incógnita que genera algún tipo de incertidumbre, el factor clave para la toma de decisiones entre los inversores. “Ni en pedo”, suele responder Milei ante la pregunta de un giro en el plan.

De Macri a Kicillof

El dato clave estuvo en la presencia de los gobernadores aliados. Muchos de ellos con serios conflictos desatados en sus provincias. Esta semana hubo reclamos de estatales en Santa Cruz, Catamarca y Jujuy, en esta última con protesta policial incluida. La incógnita es cuánto dura ese apoyo de los gobernadores a Milei si la protesta social gana las calles por mucho tiempo. Son aliados efímeros.

Esta semana vuelve a escena Mauricio Macri, que cerrará el Consejo Nacional del Pro en Parque Norte, el jueves próximo. Ya anticipó que su partido tendrá candidato a presidente y su presentación se da en plena tensión con los libertarios, sobre todo después que Milei se defendiera de las críticas a su discurso en la asamblea legislativa bajo la comparación de que “a Macri se lo llevaron puesto”. Retrucó María Eugenia Vidal. “Sin Macri no había Milei”, le aclaró a la Casa Rosada. Un armado paralelo de la centro derecha podría derivar en un verdadero caos para el Gobierno en su esquema electoral. “Dará un mensaje de futuro, poniendo al Pro como opción para el 2027 en todos los distritos del país”, reflejan cerca del expresidente.

El saludo con Axel Kicillof en Expoagro despertó curiosidad. No fue más que un gesto protocolar. Se dieron la mano y cenaron juntos, pero no se escuchaban. Había 20 personas más y mala acústica, para satisfacción de ambos protagonistas.

El gobernador bonaerense arranca una tenue instalación de su campaña nacional con la presentación de su centro de estudios desde el Coliseo Podestá, en La Plata, pasado mañana. El think tank Axel 2027. Desde ese lugar, los equipos técnicos recorrerán las provincias para clasificar las necesidades de cada sector. El jueves presentará el MDF Caba con Augusto Costa, un espacio pensado para sumar dirigentes que no se sienten representados por el cristinismo porteño. Tiene previsto estar el 2 de abril en Tierra del Fuego, aunque todavía no confirmó su asistencia ante la invitación del gobernador Gustavo Melella. Una de las fotos políticas de la semana que llamó la atención en La Plata fue la de Victoria Tolosa Paz con Guillermo Michel y Miguel Pichetto en la planta de Sidersa. La diputada venía trabajando en el kicillofismo. “Que armen todos”, se desligan.

General de un campo de batalla sin adversario, la dispersión opositora por ahora sigue siendo el principal activo de Milei. El problema presidencial es que las malas noticias de esta semana fueron básicamente por atributos propios.

Este martes a las 9 de la mañana, Cristina Kirchner volverá a atravesar las puertas de los tribunales federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en el juicio por la causa de los cuadernos. Llegará en su automóvil particular, acompañada por la custodia presidencial que mantiene por su condición de ex jefa de Estado, en una escena que combina la dinámica judicial con un fuerte componente político.

La audiencia se realizará en la Sala AMIA, el auditorio principal del edificio judicial de los tribunales federales porteños, que en los últimos meses fue remodelado y ampliado para aumentar su capacidad. Allí se desarrollan los debates orales de mayor envergadura del fuero federal y será el espacio donde el Tribunal Oral Federal N°7 recibirá a la expresidenta para tomarle declaración.

El dispositivo de seguridad que rodeará la jornada ya empezó a organizarse. La Policía Federal Argentina y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires trabajan en operativos coordinados tanto en las inmediaciones del domicilio de Cristina Kirchner —donde cumple arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad— como en el edificio de los tribunales federales.

Los preparativos contemplan controles de tránsito, vallados y presencia policial en los alrededores de la calle San José, en el barrio de Constitución, así como en el perímetro de Comodoro Py 2002, donde se espera una fuerte presencia mediática y política durante la jornada.

En el kirchnerismo, según pudo confirmar Infobae, se preparan para un día de fuerte exposición pública. Militantes convocados por distintas organizaciones políticas se concentrarán desde las 7 de la mañana frente al departamento de la exmandataria, en San José 1111. Allí aguardarán su salida hacia los tribunales y, según explican en su entorno, permanecerán en el lugar hasta su regreso.

La convocatoria circula bajo el sello “Argentina con Cristina”, un espacio que reúne a agrupaciones políticas y sociales vinculadas al kirchnerismo y donde tiene una fuerte presencia La Cámpora, la organización política que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner. En ese ámbito confluyen distintas organizaciones militantes que habitualmente se movilizan en respaldo de la expresidenta.

La movilización tendrá un carácter acotado pero simbólico. Según fuentes del círculo más estrecho de Cristina Kirchner, la idea es que la militancia se acerque para acompañarla cuando salga rumbo a Comodoro Py y permanezca en el lugar hasta su regreso. No está previsto que la movilización se traslade a los tribunales federales.

El gesto político será despedirla cuando parta hacia la audiencia y luego esperarla en el mismo lugar. En el kirchnerismo creen que esa escena tendrá un fuerte valor simbólico: mostrar respaldo político a la principal figura del espacio en el momento en que vuelva a quedar en el centro de la escena judicial, de acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio de fuentes cercanas a la expresidenta.

Mientras tanto, dentro de los tribunales se espera la presencia de dirigentes del peronismo y del kirchnerismo que intentarán presenciar la audiencia. Entre ellos habría diputados nacionales, senadores y referentes políticos del espacio que ya realizaron el trámite de inscripción para asistir.

Sin embargo, la autorización final para ingresar a la sala quedó en manos del tribunal, que deberá definir quiénes podrán acceder hasta completar la capacidad del auditorio donde se desarrollará la indagatoria.

Entre los dirigentes que evalúan asistir todavía no está confirmada la presencia de figuras de alto perfil político. En particular, no está definido si el gobernador bonaerense Axel Kicillof será uno de los que acompañen a la expresidenta.

Cristina Kirchner llegará a los tribunales por sus propios medios, en su vehículo particular, como ocurrió en otras ocasiones en las que debió presentarse ante la justicia. En su entorno remarcaron en diálogo con Infobae que la comparecencia responde al cumplimiento de la citación judicial y descartan cualquier versión sobre supuestas negociaciones o condiciones especiales vinculadas a su presentación ante el tribunal.

“Está sujeta a derecho como cualquier persona en su situación”, señalaron colaboradores directos de la ex vicepresidenta.

La audiencia del martes forma parte de la etapa de indagatorias del juicio por la causa conocida como “los cuadernos de las coimas”, que investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El proceso se originó a partir de los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, en los que se registraban supuestos recorridos de recolección de dinero provenientes de empresarios de la obra pública. La investigación derivó en decenas de declaraciones de empresarios bajo el régimen de imputado colaborador y terminó con más de ochenta acusados entre ex funcionarios y hombres de negocios.

La fiscalía sostiene que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner funcionó un mecanismo sistemático de recaudación de sobornos a empresarios que buscaban contratos de obra pública. Según esa hipótesis, los pagos eran recaudados por funcionarios del Ministerio de Planificación y luego distribuidos dentro de la estructura del poder político.

Cristina Kirchner rechaza esas acusaciones y sostiene que el proceso forma parte de una persecución judicial. En el kirchnerismo, la causa de los cuadernos es considerada desde hace años el ejemplo más claro de lo que describen como “lawfare”, una estrategia judicial y mediática destinada a perseguir políticamente a dirigentes opositores.

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N°7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero. La acusación está a cargo de la fiscal general Fabiana León.

En el entorno político más cercano a la ex presidenta aseguraron a Infobae que la citación presencial a Comodoro Py tiene un significado que trasciende el expediente judicial. Según explicaron, el juicio venía desarrollándose hasta ahora de manera virtual, con audiencias que se realizaban de forma remota y que, según sostienen, permitieron avanzar con rapidez y sin inconvenientes operativos.

“Todo se venía llevando de manera normal, rápido y ágil. Todos declararon y pudieron ejercer su defensa sin problemas”, indicaron colaboradores directos de la exmandataria que siguen de cerca la evolución del juicio.

Por eso interpretaron el cambio hacia una audiencia presencial como una decisión cargada de simbolismo político. En ese sector sostienen que la verdadera razón es instalar una imagen de alto impacto mediático: la de Cristina Kirchner ingresando nuevamente a Comodoro Py y sentándose en el banquillo de los acusados.

Según esa lectura, la escena del martes tiene un objetivo claro: “la foto”.

En el entorno de la expresidenta creen que el traslado presencial responde a la necesidad de construir una postal política que luego se multiplicará en los medios y en la agenda pública. En ese diagnóstico consideran que el impacto mediático estará concentrado en la imagen de la exmandataria atravesando los pasillos de Comodoro Py y sentada frente al tribunal.

“Necesitan esa foto”, sostuvieron en su círculo político.

Pero esa interpretación no se limita a la escena del tribunal. También incluye una mirada sobre el contexto político en el que se produce la indagatoria.

Fuentes con acceso directo a la estrategia de la expresidenta consideraron que el tribunal que lleva adelante el juicio viene sometido desde hace tiempo a presiones políticas y mediáticas para acelerar el proceso y avanzar hacia una eventual condena.

Según esa visión, determinados “sectores del poder” buscan acelerar el ritmo del juicio con la expectativa de que la sentencia llegue antes de las elecciones de 2027. En ese marco interpretan que la citación presencial forma parte de esa dinámica de presión para mostrar avances en el proceso.

En el kirchnerismo consideran que ese contexto se combina con el momento político complicado que atraviesa el gobierno nacional. En el entorno de la expresidenta creen que la exposición mediática del juicio coincide con una agenda pública atravesada por polémicas que involucran a funcionarios del oficialismo.

Entre los temas que mencionan aparecen los cuestionamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las revelaciones del llamado caso $Libra, que en los últimos días volvió a generar repercusiones políticas. Según esa lectura, la escena de Cristina Kirchner en Comodoro Py podría irrumpir en ese contexto político y desplazar durante algunas horas la atención pública hacia el juicio.

La expresión que utilizan en el entorno de la ex mandataria para resumir ese diagnóstico es simple y directa, de acuerdo a lo que dijeron a Infobae en su entorno: “Pan y circo”.

En el kirchnerismo creen que la imagen de la ex presidenta sentada en el banquillo de los acusados generará una fuerte repercusión mediática durante la jornada del martes. Sin embargo, también sostienen que ese impacto será efímero frente a los problemas estructurales de la economía argentina.

“La noticia durará un día. Después la economía seguirá igual de complicada para los argentinos”, explicaron a este medio cerca de la expresidenta.

Desde el tribunal, en cambio, la explicación sobre la citación presencial es completamente distinta.

En una resolución reciente, los jueces rechazaron un planteo presentado por la defensa del exministro Julio De Vido, quien había solicitado no asistir de manera presencial a su indagatoria por motivos de salud. En ese fallo, el tribunal recordó que la regla del debate oral es la presencialidad y sostuvo que la modalidad de las audiencias había sido definida previamente durante el desarrollo del proceso.

Los magistrados también señalaron que la convocatoria presencial responde a principios básicos del proceso penal como la oralidad, la inmediación y el derecho de defensa de las partes.

Ese contrapunto resume el clima que rodea el juicio. Para el tribunal se trata de una etapa procesal dentro de un expediente complejo. Para el kirchnerismo, en cambio, la audiencia del martes forma parte de una escena política que tendrá un fuerte impacto mediático.

En medio de ese escenario, uno de los interrogantes que todavía permanece abierto es qué estrategia adoptará Cristina Kirchner durante su indagatoria.

En su entorno aseguran que aún no está definido si la expresidenta hará uso de la palabra ante el tribunal o si optará por reservar esa posibilidad para una instancia posterior del juicio.

La decisión final, explican colaboradores cercanos a la exmandataria, se tomará en coordinación con su defensa en las horas previas a la audiencia.

Ese detalle no es menor. Cada vez que Cristina Kirchner habló en tribunales, sus intervenciones trascendieron el expediente judicial y se convirtieron en discursos políticos dirigidos a la opinión pública.

El martes, cuando la expresidenta salga de su casa rumbo a Comodoro Py, volverán a cruzarse esas dos dimensiones: la judicial y la política. En ese cruce de planos se jugará también el significado público de una escena que, para unos, es apenas un paso más dentro de un juicio; y para otros, una postal cuidadosamente buscada para instalar en el centro de la agenda nacional.

A una semana de haber asumido como ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques empezó a tomar las primeras decisiones de alto impacto político e institucional de su gestión. En una entrevista con Infobae, confirmó que este mes comenzará a enviar al Senado una primera tanda de pliegos para cubrir vacantes judiciales y que entre mañana y el martes firmará la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino, quienes deberán revisar los balances de la entidad.

Se trata de dos definiciones relevantes para un Ministerio que enfrenta una agenda cargada desde el inicio. Por un lado, el Gobierno busca empezar a descomprimir un sistema judicial que arrastra más de 300 cargos vacantes entre jueces, fiscales y defensores, una situación que afecta el funcionamiento de distintos fueros en todo el país. Por otro, deberá resolver un expediente administrativo iniciado en la gestión anterior del ministerio, en el marco de la investigación sobre los manejos contables en la AFA.

Según explicó el funcionario, la decisión de avanzar con los pliegos responde a una instrucción directa del presidente Javier Milei, con quien habló sobre el funcionamiento del sistema judicial el mismo día de su jura. “Milei quiere una Justicia cercana a la gente, confiable, rápida. El servicio de justicia tiene una deuda con la sociedad, el presidente quiere saldarla y ese es su objetivo”, afirmó Mahiques.

En esa conversación, agregó, también abordaron otros temas de la agenda judicial que interesan particularmente al jefe de Estado, entre ellos, el impulso al juicio por jurados en el ámbito federal, una figura prevista en la Constitución desde 1853 pero que todavía no fue implementada en ese nivel.

Respecto del envío de pliegos al Senado, el ministro explicó que el Ministerio de Justicia está terminando de actualizar la información administrativa y los antecedentes de los candidatos que integran las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura. Una vez completado ese proceso, comenzará a enviar una primera tanda de nominaciones para avanzar con las designaciones.

Mahiques aclaró que el criterio para esa primera etapa no será político sino de funcionamiento. “La prioridad son los fueros que están colapsados”, explicó. Entre ellos mencionó al fuero de familia, al civil, al penal ordinario de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires y a la Cámara Penal Económica, donde —según describió— la falta de magistrados ya impacta directamente en el servicio de justicia.

La otra decisión concreta que dejó la entrevista tiene que ver con la AFA. El ministro confirmó que entre mañana y el martes firmará la designación de los veedores propuestos durante la gestión anterior, quienes deberán revisar los balances de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Según explicó, al llegar al ministerio pidió el expediente —que tiene cerca de 400 fojas—, lo analizó personalmente y concluyó que no presentaba irregularidades administrativas. Por eso, está prevista la inminente designación de Rubén Miguel Pappacena, un contador que integra el cuerpo de peritos de la Corte; y del abogado Agustín Ortiz de Marco, experto en derecho civil y comercial.

El funcionario detalló que el trámite ya inició el circuito interno previo a su firma, que incluye la intervención del nuevo titular de la Inspección General de Justicia. Una vez completado ese paso, señaló, firmará la resolución para formalizar la designación de los veedores.

Durante la entrevista con Infobae, Mahiques también detalló otras prioridades de su gestión. Entre ellas, mencionó la implementación del sistema acusatorio en las jurisdicciones donde todavía no rige, el envío al Congreso del proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el Gobierno y la apertura de un diálogo institucional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sobre el sistema acusatorio, sostuvo que el proceso de implementación debe continuar, aunque advirtió que su aplicación requiere que estén dadas determinadas condiciones institucionales y operativas. Según planteó, para que el modelo funcione es necesario contar con fiscales suficientes, infraestructura, capacitación, recursos humanos y herramientas tecnológicas adecuadas.

En ese contexto, adelantó además que ya solicitó una reunión formal con los integrantes de la Corte Suprema. Según explicó, uno de los principales temas que espera abordar con el máximo tribunal será la cobertura de vacantes judiciales, una preocupación que el máximo tribunal viene señalando desde hace tiempo.

El ministro también se refirió al proyecto de reforma del Código Penal que el Gobierno presentó el año pasado y que incluye un endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas. Según explicó, antes de enviarlo al Congreso quiere que especialistas vinculados a los jueces de la Corte puedan revisar el texto y emitir una opinión técnica sobre el trabajo realizado.

“Es una deuda histórica”, sostuvo el funcionario al referirse a la necesidad de actualizar el Código Penal, que tiene más de cien años de vigencia. En ese sentido, señaló que el proyecto tiene más de 900 artículos y que su intención es terminar de estudiarlo junto con expertos antes de avanzar con el envío al Parlamento.

En el tramo final de la entrevista, Mahiques rechazó las especulaciones políticas que surgieron en las últimas semanas sobre su llegada al ministerio en medio de las discusiones que rodean al fútbol argentino. “No vengo a salvar ni a perseguir a la AFA”, afirmó.

LA ENTREVISTA A JUAN BAUTISTA MAHIQUES

—Primero quiero que me cuente cómo fue el desembarco en el Ministerio y cuáles son las prioridades sobre las que está trabajando hoy.

—Fue un desembarco lindo. Yo conozco este ministerio, ya trabajé acá entre 2015 y 2019. Así que llegué y conocía a mucha gente.

—¿Lo encontró cambiado el Ministerio?

—No, poco. Pero llegar como ministro… la vez pasada que estuve lo había imaginado, en algún momento lo había soñado. Así que llegar como ministro fue muy emotivo, muy fuerte. Un lindo desembarco y un lindo desafío.

—La propuesta para llegar a ser ministro la explicó varias veces, pero quiero que la reconstruya. Concretamente, ¿fue una convocatoria de Karina Milei, de Santiago Viola? ¿Cómo fue el contacto para que usted termine tomando este compromiso?

—Fue la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien me lo ofreció formalmente. Lógicamente lo había hablado con el Presidente de la Nación. Pero quien me lo ofreció formalmente fue ella. Inmediatamente lo acepté porque es algo que me interesa muchísimo y me gusta. La verdad es que en esta semana que llevo estoy muy contento y feliz de estar acá.

—Hay muchos temas para hablar: las ternas de candidatos a jueces, la definición del Código Penal, qué va a pasar con la Corte Suprema. También quiero hablar sobre la AFA, pero primero quiero meterme en el tema de los jueces, porque el propio presidente Javier Milei planteó que era una de sus prioridades para este año legislativo. ¿Cómo están trabajando y qué se puede esperar para los próximos días o semanas?

—Sí, el Presidente lo tiene como un objetivo prioritario. Quiere que haya una Justicia ágil, rápida, cercana a la gente. Y si hay una justicia sin jueces y sin fiscales, esa velocidad, esa agilidad y esa cercanía no se pueden dar. Entonces la prioridad —o una de las prioridades— es esa. Lo hablamos con el Presidente el día que asumí. Estamos actualizando todos los datos y todos los expedientes de los candidatos de las ternas y, en breve -cuando estemos en condiciones administrativas de mandar los candidatos- los mandaremos.

—Quiero hacerle una pregunta técnica. Durante los primeros dos años de gestión del presidente Javier Milei, tal vez con otro ministro, con Mariano Cúneo Libarona, se hablaba sobre la definición de las ternas y el tema de completar la Justicia. Con todos esos expedientes que estaban tramitados, ¿qué van a hacer? ¿Van a revisar, van a proponer otros? ¿Cómo va a ser operativamente esa definición?

—El procedimiento para la designación de un magistrado es muy complejo, porque intervienen todos los poderes del Estado…

—Porque son trescientos cargos, más o menos. ¿O más?

—Hasta donde tengo entendido, 313.

—Entre jueces, camaristas y fiscales.

—Entre jueces, defensores y fiscales de distintas instancias. La designación de un magistrado es un proceso muy complejo en el que intervienen todos los poderes del Estado. Una vez que llega al Ministerio de Justicia, después de todo ese proceso —salvo excepciones, que las hay—, el Consejo de la Magistratura ya hizo un trabajo previo. Ese organismo es el encargado de evaluar, sancionar o incluso remover a aquellos magistrados que no tengan las capacidades o la idoneidad necesarias.

Una vez que alguien está en una terna es porque, en principio, demostró capacidad, idoneidad y valores. Pasó exámenes escritos, orales y audiencias en el Consejo de la Magistratura. Es decir, todos los que llegan a una terna son personas capacitadas para ejercer la magistratura.

Después, el Presidente tiene la facultad de elegir uno de esos tres candidatos y mandar ese pliego al Senado. ¿Qué ha pasado estos dos años? O más, porque en realidad el gobierno anterior tampoco cubrió vacantes. Yo desconozco cuál fue el motivo por el cual no se mandaron pliegos. Yo llego y tengo claro que es una prioridad, que es una deuda que hay que saldar y, lo más importante, que el Presidente quiere hacerlo. Entonces elegiremos de esa terna un candidato, evaluando sus antecedentes, y lo mandaremos al Senado.

—Usted publicó la semana pasada que iban a revisar la situación impositiva y los antecedentes de cada uno de esos ternados. ¿Por qué había que hacer eso? ¿No se había hecho antes?

—Sí, pero es un trámite administrativo que se tiene que actualizar. En el medio hay concursos que vienen desde 2017 o 2018. Yo, estando en el Consejo de la Magistratura como representante del Ejecutivo, aprobé concursos que todavía están acá.

—Claro, volvió a encontrarse con esos expedientes de antes.

—Sí. En ese transcurso se actualizaron varias veces los antecedentes y las condiciones impositivas. Pero en el medio esa situación puede haber variado esa situación. Entonces, antes de mandarlos hay que volver a actualizarlos y asegurarse de que esté todo en orden.

Lo mismo pasa con los conjueces. Hay una lista amplia que aprobó el Consejo de la Magistratura y que también hay que actualizar, en cuanto a antecedentes y condiciones impositivas para poder mandarla al Senado y que el Senado pueda aprobarla. Hoy no tienen acuerdo del Senado y esa es otra de las razones por las cuales hay vacantes que terminan siendo subrogadas por jueces, que incluso están en otra provincia, a 400 kilómetros de distancia.

—Respecto de esas listas y de esa definición, ¿el Presidente o usted como ministro tienen alguna prioridad sobre qué cubrir primero? Porque en algún momento trascendió que iban a ser los camaristas. También está la cuestión de Comodoro Py, donde hay cuatro vacantes de jueces y eso hace muy complejo el funcionamiento de ese fuero. ¿Hay alguna prioridad?

—Sí. Puntualmente en el caso de Comodoro Py, los concursos todavía están en trámite en el Consejo de la Magistratura.

—Siguen todavía.

—Sí. La de los jueces y la de los fiscales, en la Procuración General. Se llamó a concurso hace poco, así que es un trámite que todavía falta y no hay ninguna vacante para cubrir que esté acá en el Ejecutivo: ni los juzgados de primera instancia, ni de la Cámara de Casación, ni de la Cámara Federal. No hay nada acá en el Ejecutivo.

—Bien.

—En cuanto a las prioridades, desde mi punto de vista, son los fueros que están colapsados. Hay fueros que están realmente colapsados. El fuero de familia está colapsado, el fuero civil está colapsado. El fuero penal ordinario de instrucción de la Capital Federal está con la mitad de sus miembros. La Cámara Civil.

—Cámara Penal Económica.

—La Cámara Penal Económica tiene cuatro vacantes de seis. Esos son los lugares que necesariamente hay que cubrir con urgencia, porque no dan abasto. Los jueces no dan abasto, tienen mucho trabajo. La justicia civil, la justicia penal ordinaria, la justicia de familia… hay mucho trabajo y hay mucha vacancia. Entonces creo que esas son, por lo menos desde mi punto de vista, las prioridades.

—Porque uno piensa en la Justicia y en las vacantes de los tribunales y lo primero que piensa es si va a haber alguna prioridad, entre comillas, política sobre esas coberturas. ¿Hay algún criterio que no sea de funcionamiento? ¿Se entiende la pregunta?

—No hay una prioridad política. Hoy la prioridad para cubrir las vacantes de la Justicia es que la Justicia funcione bien, para que dé la respuesta que tiene que dar. Y la Justicia del día a día, la Justicia cercana a la gente, es la justicia penal de instrucción, civil, de familia, comercial.

—La semana pasada trascendió —y pudimos confirmar— que hubo varias reuniones, tanto acá en el Ministerio como en la Casa Rosada, para tratar este tema. ¿Hubo alguna definición? ¿Hablaron sobre la cuestión política de los apoyos legislativos que pueden tener estas propuestas? Y le pregunto también: ¿hay alguna fecha concreta de cuándo van a elevar esos pliegos?

—Estos pliegos los vamos a elevar en cuanto estemos en condiciones administrativas de hacerlo.

—¿Fecha?

—En breve. Estoy esperando que me traigan los expedientes con las actualizaciones e inmediatamente mando algunos pliegos, una tanda de pliegos. Esos pliegos no debieran tener inconvenientes.

—¿Podría ser en marzo?

—Sí, mi idea es que sea en marzo.

—En semanas entonces.

—Si es por mí, en días. Pero no quiero decir algo porque estoy esperando las condiciones administrativas para mandarlos.

—Le quiero hacer una pregunta antes. ¿Qué le dijo el Presidente? Porque usted no lo conocía personalmente.

—No, lo conocí el día de mi jura.

—Es atípico que eso ocurra.

—Evidentemente confía en el criterio de la Secretaría General de la Presidencia.

—Digo, que un presidente tome la decisión de nombrar a un ministro al que no había conocido antes es singular, o al menos atípico.

—Puede ser que no sea habitual.

—¿Y en esa primera charla de qué hablaron? ¿Qué le dijo el Presidente?

—Me dio tranquilidad, me manifestó su apoyo y su confianza en mi desempeño. Y me dijo lo que quería.

—Lo que se pueda contar, ¿qué le dijo?

—Quiere una justicia cercana a la gente, confiable, rápida. El servicio de justicia tiene una deuda con la sociedad, porque los tiempos no son lo que la sociedad pretende. Tampoco necesariamente tienen que ser los tiempos de la Justicia lo que la sociedad pretende; son tiempos diferentes. Pero está claro que hay una deuda y el Presidente quiere saldarla, y ese es su objetivo. Después, puntualmente, hablamos de temas que a él le interesan, como el juicio por jurados.

—A ver.

—Es una deuda de la Constitución del 1853 que el presidente tiene claro. La idea es que haya una injerencia popular en las decisiones judiciales, que se instaure de una vez por todas el juicio por jurados. Es un tema que vamos a estudiar y proyectar para que, de una vez por todas, en el ámbito federal se puedan dar y podamos tener juicios por jurado.

—Retomamos el tema de la política. El gran problema que tuvieron este gobierno y gobiernos anteriores es la falta de acuerdo político para que esos jueces sean nombrados. ¿Ustedes tienen una estrategia para eso? ¿Cree que van a tener los votos? ¿Qué rol puede tener el kirchnerismo en esa discusión?

—Yo creo que no debería haber problema, porque ese problema existió para acuerdos que requerían mayorías agravadas. En el caso de un magistrado de primera instancia, de Cámara o de tribunales inferiores —que no sean la Corte Suprema, la Procuración o la Defensoría General— la mayoría es simple. Hoy el Gobierno, con sus aliados y con senadores que entienden que es necesario cubrir las vacantes del sistema judicial, entiendo que no debería haber problema.

Es lo lógico que pase en un sistema democrático, que pasó siempre. Y en este proceso ni siquiera se intentó, porque no es que se mandaron los acuerdos y se rechazaron. Hubo un rechazo a acuerdos que requerían mayoría agravada. Con mayoría simple no hubo ningún rechazo.

—Entre esas listas de primeros magistrados van a haber de provincia, me imagino.

—¿Juzgados federales de provincia?

—Juzgados federales de provincia.

—Probablemente sí, probablemente haya alguno. Hay un montón de vacantes: tribunales orales, cámaras.

—Algunos con competencia electoral incluso.

—Sí, hay algunos con competencia electoral.

—Vinculado a este tema, a partir de la aprobación de la reforma laboral está la eliminación —o la disolución paulatina— de la Justicia Nacional del Trabajo. Hubo recursos judiciales y amparos contra esa decisión. ¿Cuál va a ser el trabajo que va a hacer el Gobierno sobre ese tema?

—Ya hubo un rechazo de una medida cautelar que presentó la CGT. Es una causa que está en trámite. Sobre el tema no tengo mucho más para decir.

La Justicia Laboral es una justicia que también está diezmada por las vacantes. La Cámara laboral, si mal no recuerdo, tiene la mitad de sus integrantes y la otra mitad está vacante. En ese sentido, ese traspaso a la Justicia local —o que quede como una Justicia de transición para ocuparse de los temas que hoy existen en la Justicia Nacional del Trabajo— pareciera ser menos conflictivo, porque hay muchísimas vacantes.

Ahora, también hay que evaluar si parte de la Justicia Laboral tiene algún tipo de injerencia a nivel federal. Hay temas que pueden considerarse federales, temas gremiales y demás. Es un tema que hay que estudiar.

—No es que le van a bajar la persiana y de un día para el otro desaparece la Justicia Nacional del Trabajo.

—No. De un día para el otro no puede desaparecer una estructura como la Justicia Laboral. Sí hay una ley y hay que tener en cuenta que la Justicia local de la ciudad de Buenos Aires tiene que tener una Justicia Laboral, como la tienen todas las provincias. Después hay que evaluar si hay temas de la justicia laboral que pueden ser de competencia federal o no. Eso es algo que hay que estudiar. Lo que sí está claro es que la ciudad de Buenos Aires tiene que tener una justicia local del trabajo y de todos los fueros.

LA CORTE Y EL RÉGIMEN ACUSATORIO