El Congreso de la Nación tendrá una semana a “media máquina” como consecuencia de un viaje a los Estados Unidos de un grupo de legisladores invitados por una ONG.

Luego de una extensa sesión en donde la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la modificación de la Ley de Glaciares y la de Senadores aprobó el pliego de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá, un grupo de 22 legisladoras se tomarán esta semana para para participar de un viaje organizado por la Red de Acción Política a los Estados Unidos.

Según pudo averiguar Infobae, la presencia de legisladores es transversal a casi todos los bloques de envergadura del Palacio Legislativo y significará que ninguno avanzará en un pedido de sesión en un contexto en donde los números, tanto para el oficialismo como para la oposición, son “finitos” a la hora de buscar el quórum. En especial en la Cámara Baja.

Entre los nombres invitados a participar de este evento se encuentran los diputados de La Libertad Avanza -el grupo más nutrido- Belén Avico (Córdoba); Mariano Campero (Tucumán); Silvana Giudici (CABA); Mercedes Llano (Mendoza); Nicolás Mayoraz (Santa Fe); Luis Petri (Mendoza); Luis Picat (Córdoba). Por el lado del peronismo la lista incluye a Fernanda ávila (Catamarca); Carolina Basualdo (Córdoba); Guillermo Snopek (Jujuy). El bloque del PRO también tiene representatividad con Daiana Fernandez Molero (CABA); Gisela Scaglia (Santa Fe); Martin Yeza (Buenos Aires).

En tanto, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) con Diógenes González (Corrientes) y Pamela Verasay (Mendoza); por Encuentro Federal viajaría Nicolás Massot (Buenos Aires); la sanjuanina Nancy Picón por Producción y Trabajo y la misionera Yamila Ruiz por el Frente Renovador de la Concordia Social.

También están invitados varios senadores en un grupo en el que se replica la presencia de varios bloques -salvo el peronismo- pero en este caso más parejos. Natalia Gadano (SER Santa Cruz); Victoria Huala (Pro – La Pampa); Mariana Juri (UCR – Mendoza) y Bruno Olivera (LLA – San Juan).

Como adelantó este medio el viernes pasado, la invitación de RAP incluye la participación en una exposición del premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu.

Un punto fundamental del viaje es su financiación. Fuentes de la ONG señalaron que los pasajes y la estadía, que incluye hotel y comida, son financiadas por RAP, que se nutre de aportes de empresarios y de organizaciones internacionales.

RAP es una organización argentina que tiene más de 220 políticos entre sus miembros, incluidos tres gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut). También a dirigentes tanto en actividad en cargos electivos como a otros que hoy se encuentram en el “llano”.

En el caso de LLA, RAP cuenta entre sus filas al senador Bruno Varela y al diputado Santiago Sarturio. Pero también a Felicitas Beccar Varela (Directora Nacional de Reinserción Social), y al senador provincial Diego Valenzuela. Eduardo Amadeo y José Rolandi se suman a los integrantes de la ONG.

En las filas del peronismo figuran 61 miembros en diferentes cargos y en diferentes bloques parlamentarios tanto en el Congreso de la Nación como en las legislaturas provinciales. Pero RAP cuenta con representación de todos los partidos salvo los de izquierda.

Este viaje -en donde también participarán otros dirigentes políticos para llegar a un total de 35 miembros en la comitiva- significará una ralentización en el parlamento.

De esta manera, las reuniones de comisión retomarán la agenda pero le darán un aire a los bloques que tendrán unos días para reorganizarse de cara a un semestre en el que el oficialismo intentará aprobar leyes que cree importante.

En este contexto, se espera que en los próximos días la Secretaría de Legal y Técnica libere el proyecto de reforma electoral que preparó el Ejecutivo que tiene entre sus puntos principales la eliminación de las PASO. La expectativa respecto de esto está puesta en si la administración de Javier Milei incluye o no “ficha limpia” en el proyecto final.

A casi un mes de la polémica por los vuelos y la adquisición de las propiedades, que desembocó en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Poder Ejecutivo aparecen constantes gestos para blindar al funcionario y hay esperanza con la resolución del caso. Este lunes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ensayó una serie de acciones en respaldo del referente libertario de su riñón que dejó un acumulado de fotos en consecuencia.

Esta mañana, la menor de los Milei se reunió en Casa Rosada con el ministro coordinador en la previa a la actividad que protagonizaron en el Instituto Malbrán, en la que recorrieron un laboratorio que se integrará a la red mundial de máxima seguridad para prevenir enfermedades emergentes de alto riesgo. También estuvo presente el ministro de Salud, Mario Lugones.

Luego del acto cerrado, los funcionarios volvieron juntos al Palacio de Gobierno y se mostraron, desde el salón de los Bustos, ante la presentación musical que la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo que interpretó la Marcha de las Malvinas en el Patio de las Palmeras y luego en el exterior, frente a Plaza de Mayo.

La colección de retratos que busca ratificar, una vez más, al ministro coordinador en su cargo llegó luego de que las dos mujeres policías acreedoras de Adorni testificaran este lunes en el marco de la causa y confirmaran ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete les debe 70 mil dólares más intereses, y que la deuda debe ser cancelada para noviembre de este año.

“No va a haber nada nuevo en la causa. Se va a planchar”, vaticinó un importante funcionario a Infobae luego de que Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio declararan en Comodoro Py durante tres horas.

El miércoles será el turno de las a otras dos testigos, las jubiladas Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes le vendieron a Adorni su nuevo departamento en Caballito, sobre la calle Miró. Como contó este medio, el funcionario escrituró con hipoteca entre privados, les pagó 30.000 dólares y quedó debiendo 200.000 a saldar en noviembre próximo, sin intereses.

Sin conferencias desde el 26 de marzo, en la que intentó explicar su situación judicial, es el propio presidente Javier Milei el que se presenta naturalmente como el vocero del Gobierno Nacional que atravesó semanas complejas. En su última entrevista para la TV Pública, el libertario sostuvo que se trata de un “maravilloso jefe de Gabinete”, y recordó su victoria electoral en representación de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires.

La gestualidad parece ser colectiva. Con Javier y Karina Milei a la cabeza del blindaje, los ministros desfilan por las oficinas de la Jefatura de Gabinete en la planta baja de Casa Rosada y posan junto al funcionario en cuestión. El próximo 29 de abril, Adorni deberá asistir a brindar su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados y lo hará con la presencia del mandatario en el recinto.

Asimismo, hay coincidencia sobre la “calma” con la que lo observan por estos días, a excepción de la titular de la bancada de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien aseguró que lo vio “tocado” cuando pidió respetar “el principio de inocencia”. “Hace días no se ven. No sé de dónde lo sacó. Es obvio que vio sangre y se tiró de cabeza”, deslizaron desde el entorno de Adorni.

Lo cierto es que este semana se repetirá el retrato con la secretaria general, pero con otro escenario: el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta. Este jueves, volverán a mostrarse juntos en una actividad que podría incluir también al titular de YPF, Horacio Marín. Para el viernes, con la partida de los hermanos Milei rumbo a Israel, será Adorni el que encabece la reunión de mesa política prevista para las 12.

Durante el transcurso de la semana, el Poder Ejecutivo se prepara para enviar al Congreso Nacional la reforma política, y a posterior, la reforma del Código Penal con la que esperan abrir una instancia de debate con los bloques opositores. De esta forma, aspiran a recuperar la agenda de gestión que en las últimas semanas se vio replegada por los movimientos en la causa judicial.

Las obras sociales sindicales prestan atención médica a 14 millones de personas en la Argentina, pero la CGT advirtió que la crisis que atraviesan es “casi terminal” por la cual existe una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos” y señaló que el Gobierno hace un manejo “inequitativo” de los fondos del sistema, que surgen del aporte de los trabajadores.

En un informe del secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), que fue presentado en la última reunión del Consejo Directivo cegetista, se afirmó que “la situación económica financiera general del sistema está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, tras lo cual mencionó el caso de obras sociales que fueron dadas de baja (Industria Del Fósforo) otras declaradas en situación de crisis (Dirección Industria Construcción e Industria Pesquera de Mar del Plata) y otras intervenidas como OSPRERA y Ladrilleros.

Por eso la CGT enfatizó que “un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia la atención médica con un porcentaje del salario (9%) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”.

A continuación, la CGT detalló en números una de las facetas de la crisis de las obras sociales: “Actualmente, el promedio de recaudación de nuestro sistema está en $67.525 por beneficiario, lo que implica que hay más de 9 millones de afiliados que se encuentran por debajo de este promedio, equivalente al 67% de la población de obras sociales nacionales -indicó-. Pero lo que resulta más importante para tener en cuenta es el costo del menú prestacional que estamos obligados a dar, es decir, el costo del PMO (Plan Médico Obligatorio)”.

“De acuerdo con las estimaciones realizadas por el grupo de técnicos y profesionales en la temática de obras sociales de la CGT, que hace años se dedica a esta tarea, el valor del PMO para el mes de marzo de 2026 rondaría los $85.000 per cápita, es decir, una cifra que se encuentra casi un 25% por encima de la recaudación promedio del sistema”, destacó el informe.

Según la CGT, “este último dato implica que más de 11 millones de beneficiarios, es decir el 78,5% del padrón, no aportan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones requeridas por el PMO”.

Se explicó en el informe que, “como consecuencia de esta situación, para poder continuar con la prestación de servicios, la mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos”. Y agregó: “Paralelamente, se resiente la cadena de pagos a prestadores que se refleja en una caída de la calidad en la atención médica, prolongación de los tiempos de espera para acceder a prestaciones y malestar en nuestros afiliados”.

“Otra prueba del deterioro que está sufriendo el sistema de atención se visualiza en la reducción de la capacidad de nuestros afiliados en acceder a los medicamentos ambulatorios de uso habitual -resaltó-. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023 la capacidad de compra de medicamentos se redujo en promedio en el 49%. Esta situación se mantiene hasta la actualidad”.

Uno de los puntos centrales del crudo diagnóstico de la CGT es el de los aportes de los monotributistas al sistema de obras sociales: “A la situación general de nuestros afiliados naturales, debemos soportar el agujero financiero que nos produjo y nos sigue produciendo la incorporación de monotributistas, cuyo aporte al sistema (alrededor de $20.000) es un 290% inferior al costo del PMO. A esto debemos agregar que gran parte de los que ingresan al sistema por esta vía presentan una carga de enfermedad que supera al de nuestros afiliados de la actividad. Es decir que utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios”.

Además, alertó la CGT, “la situación de los jubilados que permanecen en nuestras obras sociales también resulta ampliamente negativa y discriminatoria”, punto sobre el cual precisó: “Hoy el PAMI nos transfiere $48.269 per cápita, valor que resulta muy inferior a lo que realmente recauda el PAMI ($159.000 aproximadamente) y se agrava si tenemos en cuenta que por esa diferencia no contrapresta ningún servicio”.

Por otra parte, el informe aseguró que “la facturación de los hospitales públicos se ha transformado en otro factor de distorsión” para las obras sociales. “Por un lado, en determinados distritos, como ocurre con los hospitales de CABA, el nomenclador que utilizan para facturar las prestaciones presenta valores muchas veces superiores a los de prestadores privados”.

“A esta situación se suma el hecho que no solicitan autorización previa para la realización de prácticas programadas -añadió-. En el caso de las internaciones de urgencia, la denuncia de estas es irregular y muchas veces se realiza en forma tardía impidiendo que se pueda hacer la auditoria en el terreno correspondiente. Como corolario de lo expuesto, el sistema de facturación hospitalario emite facturas que se transforman en cosa juzgada, muchas veces judicializándose su cobro”.

Por último, el informe cegetista criticó al Ministerio de Salud de la Nación por la administración de los aportes de los trabajadores para financiar a las obras sociales: “El manejo de los fondos de los subsidios automáticos que distribuye la Superintendencia de Servicios de Salud, que podrían mitigar en parte la situación de crisis del sistema, resulta absolutamente inequitativa”.

Sostuvo que “el ejemplo más ilustrativo es la distribución del SUMA (Subsidio de Mitigación de Asimetrías), que distribuye un monto que actualmente ronda los $2.380 por beneficiario, lo que implica que reciben lo mismo las obras sociales de bajos ingresos que las entidades que más recaudan (por ejemplo, OSDE, Swiss Medical, etc.)“ y dijo que ”en el caso del SUMARTE (Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Trabajo Especial), que hoy distribuye aproximadamente $7.955 por monotributista, y del SUMA 65, que reparte $48.269 por mayores de 65 años, estos recursos surgen de los aportes y contribuciones de los propios trabajadores, por lo cual, si bien mitigan en parte la situación de estos beneficiarios, no resuelven el problema de fondo”.

El informe puntualizó que los pagos de INTEGRACIÓN (Discapacidad), subsidios para el financiamiento de las prestaciones de discapacidad, “se están recibiendo en forma regular”, pero advirtió que “el crecimiento del volumen de pacientes que acceden a estas prestaciones ha ido horadando el Fondo Solidario de Redistribución, consumiendo más del 75 % de sus recursos”.

Para finalizar, la CGT consideró que “el desfinanciamiento del Fondo Solidario de Redistribución también se ha visto seriamente afectado por otra medida antiequitativa que surge del último DNU que reduce 5 puntos (del 20 al 15%) los aportes de los salarios más altos, enrasando todos los aportes en el 15%”.