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El Puerto de Bahía Blanca trabajará junto a Ser Comunidad en el mejoramiento habitacional de Ingeniero White

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Será un trabajo conjunto de acompañamiento y con el seguimiento de la reconocida asociación civil y las sociedades de fomento de los barrios Saladero y Boulevard.

El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca financiará obras de mejoras habitacionales en la comunidad de Ingeniero White, en el marco de un convenio de colaboración de veinticuatro meses firmado con la Asociación Civil Ser Comunidad.

La propuesta surge luego de haber mantenido reuniones junto a la organización, y analizado las necesidades, alcances y objetivos para colaborar en la mejora de viviendas, específicamente en los barrios Saladero y Boulevard Juan B. Justo de Ingeniero White.

Dicho convenio de colaboración se implementará a través del otorgamiento de créditos accesibles para aquellas familias que cuenten con las condiciones del programa y tengan la necesidad de realizar refacciones y/o terminar la construcción de la vivienda que habitan.

Los Fondos Rotativos Solidarios de Materiales consisten en un capital inicial para microcréditos de materiales con destino al mejoramiento habitacional, con una propuesta de variedad de módulos: eléctrico, sanitario, gas, techo y/o revoque, entre otros. De esta manera, las y los vecinos accederán al beneficio de las mejoras habitacionales a través de estos microcréditos administrados por Ser Comunidad.

Se entregarán materiales y se acompañarán las obras a través de un equipo barrial de vivienda (EBV) que depende de la Asociación y también brindará capacitación y la asistencia de un equipo de ingenieros.

Los montos que los vecinos devuelven al Fondo sirven para que otras familias del barrio puedan acceder al beneficio. Al devolver el 50% del crédito y haber instalado lo adquirido, pueden solicitar un nuevo módulo.

” Estamos convencidos que el puerto se tiene que desarrollar en conjunto y a la par con la comunidad y sin dudas que este convenio tiene que ver con eso” afirmó Federico Susbielles, Presidente del Consorcio del Puerto, al tiempo que agregó que “seguiremos adelante en esta línea de trabajo, escuchando a las necesidades de la comunidad y procurando que el puerto cumpla su función social como corresponde”.

Esta propuesta de asistencia a los barrios que circundan el Puerto es uno de los ejes de trabajo del Plan White 2020/2030 que venimos desarrollando y ejecutando con miras a fomentar la vinculación entre el Puerto de Bahía Blanca y la sociedad.

En este sentido el Directorio del CGPBB decidió destinar una partida inicial para comenzar con la puesta en marcha de este programa comunitario que permitiría la ejecución de unos 100 microcréditos destinados a las diferentes mejoras habitacionales. La cantidad de módulos otorgados se irá incrementando a medida que las y los vecinos beneficiados vayan devolviendo al fondo del proyecto el crédito asumido.

Por su parte, Diego Fonseca como secretario de la Asociación Civil Ser Comunidad indicó “El proyecto que llevaremos adelante desde la Asociación y gracias al apoyo financiero del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, nos permitirá brindar créditos a los vecinos del sector, lo que sin dudas ayudará a mejorar la calidad de vida de esas familias.” Luego agregó “Los microcréditos tienen la particularidad de que parten de una capacitación técnica y asesoramiento a los vecinos y que la devolución de los mismos va a un fondo barrial que permite que más vecinos accedan a este beneficio.”.

Sobre la Asociación Civil Ser Comunidad

Nació en 2004 con la intención de prestar un servicio al hábitat social. Son los ejecutores del Barrio Esteban Napal de 114 viviendas y del Barrio Ser Comunidad de 93 viviendas.

Junto a Cáritas Arquidiocesana tienen un programa de microcréditos para materiales, trabajando en alrededor de 30 barrios. Dicho programa comenzó en el año 2001 y en 2007 se concretó como ordenanza municipal, en el cual todos los años se destina una partida para fondos rotativos solidarios y materiales.

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El Senado debatirá hoy sobre discapacidad, propiedad privada y patentes tras el dictamen para suspender las PASO

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Luego de que el Gobierno consiguiera aprobar el dictamen para debatir la suspensión de las PASO en 2027, este jueves el Senado volverá a sesionar para tratar tres proyectos centrales en agenda: discapacidad, propiedad privada y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT), pedido por los Estados Unidos.

La convocatoria fue acordada en la reunión de labor parlamentaria que encabezó la vicepresidenta Victoria Villarruel. De esta manera, el plenario comenzará a las 11:00 horas y también incluirá la Ley Joaquín, que busca la obligatoriedad de cumplir medidas de seguridad para arcos, aros y juegos de plaza en espacios públicos y privados.

El escenario legislativo encuentra a La Libertad Avanza (LLA) con un avance reciente en otro de los temas que considera prioritarios. Esto se debió a que este miércoles la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió un despacho de mayoría para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias durante 2027.

El proyecto logró reunir 11 firmas, es decir, una más de las 10 necesarias. No obstante, el texto fue modificado en la negociación con los bloques aliados. El Ejecutivo retiró la posibilidad de habilitar colectoras y mantuvo la suspensión de las PASO solo para el próximo año, con la intención de que sea tratada en el recinto el próximo jueves 26 de noviembre.

El proyecto de Discapacidad buscaría regular el sistema de pensiones y nuevas auditorías

Uno de los expedientes que el Senado prevé convertir en ley regula el sistema de pensiones para personas con discapacidad. La iniciativa fija prestaciones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y sostiene al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía principal de acceso al beneficio.

De esta manera, el proyecto conserva la compatibilidad entre la pensión y un empleo registrado o la inscripción en regímenes tributarios, siempre que los ingresos de la persona no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. Además, contempla un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado.

También prevé que quienes perciban pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad accedan a las prestaciones básicas contempladas en la Ley N° 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

No obstante, la Secretaría Nacional de Discapacidad podrá realizar auditorías mediante cruces de datos con organismos estatales y suspender beneficios de manera preventiva ante incumplimientos objetivos, bajo un procedimiento que incluya notificación y posibilidad de rehabilitación provisoria.

Se debatirán los límites a la compra de tierras por extranjeros

El proyecto de propiedad privada volvió al Senado en segunda revisión tras los cambios introducidos por la Cámara de Diputados. A raíz de esto, el texto recupera el límite de 15% para la venta de tierras a extranjeros, con un máximo de 30% por nacionalidad y de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.

Por otro lado, también redefine aspectos de las expropiaciones. De este modo, establece que la declaración de utilidad pública deberá precisar el objetivo perseguido y que la medida tendrá que ser idónea, necesaria y proporcional. Para calcular las indemnizaciones, se tomará el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación.

En materia de alquileres, exige que el propietario intime formalmente al inquilino antes de iniciar una demanda de desalojo por falta de pago y le otorgue un plazo no menor de 10 días corridos para cancelar la deuda.

El Tratado sobre Patentes también volvió al Senado con cambios

En el caso de la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido como PCT por sus siglas en inglés, la iniciativa regresó a la Cámara Alta porque Diputados introdujo modificaciones y dejó en reserva el capítulo referido al examen preliminar internacional de patentes.

El acuerdo forma parte de los compromisos vinculados al entendimiento comercial entre Argentina y Estados Unidos, así como de las alianzas entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el bloque regional y EFTA. Los cambios introducidos en Diputados respondieron a cuestionamientos de laboratorios locales, que advirtieron sobre posibles extensiones artificiales de derechos exclusivos sobre medicamentos.

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El gobierno porteño se prepara para el inicio de la guerra con los Moyano por USD 200 millones en indemnizaciones

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Este viernes se aprobará el pliego de licitación de la recolección de residuos de CABA para el período 2028-2038 y, como se preveía, no incluirá las indemnizaciones para los 6500 trabajadores del sector, como exige el Sindicato de Camioneros. Por eso en el gobierno porteño esperan que en ese momento comience la guerra con el gremio de Hugo Moyano y su hijo Pablo, que amenazaron con protestas en reclamo de ese beneficio, que representa unos 200 millones de dólares.

En el transcurso de la audiencia pública del 5 de octubre pasado, en el que se analizó el anteproyecto de los pliegos de licitación de la recolección de basura desde 2028, como anticipó Infobae, se confirmó que en la renovación de las concesiones del servicio no iba a figurar el millonario resarcimiento económico conocido como Ley Moyano, una norma no escrita y de nula legalidad por la cual el Sindicato de Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

Ante la difusión de la noticia, el secretario adjunto del sindicato, Pablo Moyano, llamó a una movilización de trabajadores de la actividad ante la Comuna 1, en Humberto Primo 250, y el secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, amenazó con un “paro total” si no se incluían las indemnizaciones.

“A la indemnización la vamos a defender con nuestra vida”, advirtió el hijo mayor de Hugo Moyano, que remarcó que las indemnizaciones en la recolección de residuos son “un derecho adquirido que venimos cobrando desde hace más de 30 años en todas las licitaciones”.

Desde entonces, hubo contactos extraoficiales de Aparicio con el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Higiene, Matías Lanusse, pero no tuvieron resultados positivos para el gremio: los funcionarios de la Ciudad ratificaron que Jorge Macri decidió no incluir las indemnizaciones en el nuevo pliego, aunque sí se pagarán las correspondientes al contrato vigente, que se prorrogó hasta septiembre de 2028.

En el macrismo aclararon que no hace falta que el pliego sea aprobado por la Legislatura porteña porque en su momento ya puso en vigencia el marco legal que se debe cumplir en cada licitación, por lo que sólo se requiere de la firma del jefe de Gobierno para poner en marcha la renovación del servicio de recolección de basura.

Ahora, una vez que esté firmado el pliego, los contratos se adjudicarán entre este mes y febrero de 2027, aunque comenzarán a regir en septiembre de 2028.

La inminente aprobación del futuro pliego de licitación abre la puerta a un enfrentamiento extenso e incierto con Camioneros, que viene de ganar otra de sus batallas para que se respete la Ley Moyano: tras un paro de 72 horas, el sindicato logró hace 48 horas que se firme un acta que reconoce el pago de las indemnizaciones a los 30 empleados de una empresa que se encargaba del servicio de recolección de residuos en el Mercado Central y que fue reemplazada por otra compañía.

El gobierno de Jorge Macri está dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias la determinación de no pagar las indemnizaciones en el nuevo contrato de recolección de residuos, que representan unos 200 millones de dólares: las considera un privilegio sin base legal alguna frente a los derechos del resto de los trabajadores.

Según quienes siguen de cerca este polémico tema, la Ley Moyano implica que los contribuyentes terminen pagando con sus impuestos una millonaria caja por “despidos ficticios” a empleados que siguen operando en el mismo servicio sin perder un solo día de trabajo.

El origen de la Ley Moyano fue la finalización del contrato de Manliba con el gobierno de la ciudad en 1998 y adquirió fuerza durante la gestión porteña de Mauricio Macri: en 2012, la Legislatura aprobó un bono de 220 millones de pesos para indemnizar a los recolectores cada vez que cambiara una concesión.

Esa “ley” también se aplicó ante nuevas licitaciones de recolección de basura en Avellaneda y Moreno, en una distribuidora de la Cervecería Quilmes y en filiales argentinas de DHL y FedEx. La semana pasada, el sindicato de los Moyano firmó el traspaso de 50 empleados de DHL a Loginter con el pago de indemnizaciones incluido.

El precedente alcanzó al supermercado Walmart cuando el Grupo Narváez lo compró en marzo de 2021. Camioneros bloqueó un depósito para exigir la aplicación de la Ley Moyano con el despido de 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, el pago de la doble indemnización vigente y su posterior reincorporación.

Finalmente, la indemnización no se concretó, pero 477 trabajadores recibieron una gratificación extraordinaria de 227.576.922 millones de pesos. El conflicto expuso hasta dónde podía llegar el sindicato para sostener la aplicación de ese esquema en operaciones empresariales.

La misma presión de Camioneros apareció en 2022 cuando Horacio Rodríguez Larreta decidió estatizar el sistema de grúas porteño y Pablo Moyano acusó al entonces jefe de Gobierno de intentar precarizar los salarios de 500 trabajadores de grúas y remolques y de excluirlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

Tras negociaciones, el acuerdo alcanzado entre ambas partes permitió que los empleados de Dakota y BRD pasaran a depender de SBASE, empresa estatal de la Ciudad: mantuvieron el convenio de Camioneros y cada uno cobró hasta 4 millones de pesos de indemnización, por un total de 2.000 millones de pesos.

La administración de Jorge Macri heredó ese antecedente de sus predecesores del PRO. En mayo de 2024, Pablo Moyano amenazó con que la ciudad se llenaría de basura desde octubre si no se indemnizaba a los 6 mil trabajadores ante el siguiente vencimiento contractual.

El gobierno porteño sostuvo que los contratos habían sido firmados en enero de 2014, comenzaron el 1° de octubre de ese año y tenían una vigencia original de una década, pero advirtió que en 2020 las partes prorrogaron los contratos por cuatro años adicionales, hasta 2028.

Luego de las amenazas sindicales y del clima de tensión, Hugo Moyano y el gobierno porteño acordaron en octubre de 2024 no aplicar el pago reclamado. A cambio, el gremio obtuvo compensaciones para empleados próximos a jubilarse y para quienes sufrían problemas de salud desde la pandemia y no podían cumplir sus tareas.

El entendimiento, de todas formas, provocó asambleas tumultuosas en empresas de recolección de residuos de la Ciudad. En la compañía Cliba, por ejemplo, trabajadores cuestionaron a Pablo Moyano y reclamaron garantías de que cobrarían una compensación en 2028.

“¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron empleados a un delegado durante una asamblea espontánea. Otro trabajador llamó “Pablito traidor” al dirigente sindical ante una cámara.

La reacción de las bases llevó a Aparicio a difundir un video explicativo. El dirigente definió como un “privilegio” la aplicación del mecanismo a los recolectores porteños y admitió que ese beneficio “no existe en la ley”, aunque permitió cobrar indemnizaciones y preservar la antigüedad laboral.

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Milei negó una interna con Bullrich y habló de la economía: “Está claro que hay gente que no llega a fin de mes”

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En medio de las tensiones dentro del oficialismo, el presidente Javier Milei negó que haya una interna con Patricia Bullrich y reafirmó que seguirá trabajando con el Gobierno. Además, habló sobre el pedido de medidas de alivio para la gente y afirmó que no habrá “plan platita”.

En diálogo con Eduardo Feinmann, por A24, el mandatario aseguró que la senadora es su “socia política” y remarcó que “bajo ningún punto de vista” se irá del proyecto libertario. “Es el deseo del círculo rojo. Gran parte del círculo rojo es parte del statu quo argentino que está perdiendo con este modelo”, sostuvo.

“Hay muchos argentinos que tienen muchos dólares afuera. Entonces viven pidiendo devaluación. Ahora, cuando usted pide devaluación, ¿sabe lo que está pidiendo? Salarios bajos, salarios miserables. Pero los tipos quieren vivir de eso. O los que reciben o recibían alguna prebenda o alguna protección del Estado, esos quieren romper todo, pero del otro lado tienen un montón de amigos”, añadió.

La discusión pública se reavivó después de que Bullrich reclamara más medidas de alivio y una rebaja impositiva para las pequeñas y medianas empresas. “La gente debe sentir los beneficios del esfuerzo ahora”, había dicho la jefa del bloque oficialista en el Senado. También había señalado que, para garantizar la reelección del proyecto, “tiene que haber algunos cambios, para que la gente sienta que apuesta a algo que la tiene adentro”.

Milei, sin embargo, se encargó de despejar cualquier lectura en ese sentido. Aseguró que la ex ministra de Seguridad no integra el grupo de economistas que propone flexibilizar la política monetaria —a quienes calificó de “disparatados”— y descartó que sus declaraciones impliquen una ruptura.

Sobre el reclamo concreto de más alivio para los ciudadanos, el presidente fue categórico al explicar por qué ese camino no está disponible dentro del esquema actual. “Hay algunas restricciones que no se pueden violentar. La primera restricción que usted no puede violentar es el equilibrio fiscal”, afirmó, y advirtió que cualquier política expansiva implicaría recurrir al endeudamiento, a la emisión monetaria o a la suba de impuestos. Las tres alternativas, dijo, son inviables o contraproducentes. En ese marco, rechazó de plano la idea de un “plan platita” de cara a los comicios presidenciales del año que viene: “¿Para qué? ¿Para engañarlos y ganar una elección?”, cuestionó. También calificó al endeudamiento como “profundamente inmoral”, porque implica trasladar el costo a generaciones futuras.

En la misma línea, Milei respondió a quienes proponen aflojar la política monetaria para estimular la actividad. “Nosotros tenemos fija la cantidad de dinero hace más de 12 meses. Sin embargo, todavía hay inflación. ¿Qué quiere decir? Que sigue sobrando dinero. Por lo tanto, es tirar nafta al fuego”, sostuvo, y comparó la propuesta con “llamar a Nerón para apagar un incendio”.

Seguido a esto, el mandatario también salió al cruce sobre la frase que afirma que “la gente no llega a fin de mes”. La calificó de “mentira” y apuntó contra quien la difunde. “Es una mentira de un consultor que es un chanta, que es un delincuente, que trabaja para políticos”, afirmó. Para sostener su argumento, Milei recurrió a una explicación técnica sobre el comportamiento del consumo. Señaló que si alguien no puede cubrir sus gastos durante diez días, se endeuda, pero al mes siguiente debe pagar esa deuda. “Eso dura un solo período. Si usted sigue teniendo este problema, lo único que está haciendo es pasarlo en el tiempo”, indicó.

El presidente admitió, no obstante, que sí existen argentinos con dificultades reales, aunque prefirió encuadrarlo bajo el concepto de pobreza. “Si usted me dice que el problema es que la gente experimenta privaciones, entonces no es ‘la gente no llega a fin de mes’; es ‘la gente experimenta privaciones’. Bueno, eso está capturado en el indicador de pobreza”, señaló. En ese sentido, mencionó que al inicio de su gestión la tasa de pobreza era del 57%, mientras que en la actualidad se ubica en el 32%. “Hay 12 millones de pobres menos. Está claro que hay gente que no llega a fin de mes si hay 32% de pobres, pero hay 12 millones menos que los que había con el kirchnerismo”, cerró.

Milei reconoció que el debate actual gira en torno a márgenes más acotados: si la economía crece un punto más o menos, y si la inflación desciende con mayor o menor velocidad. “Hoy estamos discutiendo que crecemos un poco menos y que la inflación baja más lento”, admitió, aunque insistió en que ese contraste con el escenario alternativo no se comunica con suficiente claridad a la sociedad.

Frente al diagnóstico de un shock de oferta negativo —referencia implícita a las turbulencias externas y los efectos de la sequía y otros factores estructurales—, el presidente descartó compensarlo con estímulo a la demanda. “Si usted tiene un shock de oferta negativo, eso no se contrarresta con un shock de demanda positivo. Se contrarresta con un shock de oferta positivo”, explicó, y señaló que el mecanismo para lograrlo pasa por la baja de impuestos y la desregulación. “Nosotros desregulamos todo el tiempo y hemos hecho un montón de medidas para aliviar”, completó.

Por otro lado, Milei también se refirió a la política exterior vinculada a las Islas Malvinas y afirmó que su gestión logró avances sin precedentes en la materia. Contrastó el enfoque actual con el de administraciones anteriores, a las que cuestionó por limitarse al gesto simbólico. “¿Qué lograron por Malvinas? Nada”, sostuvo, en referencia a gobiernos previos.

Asimismo, destacó que su gobierno llevó a Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Mar y que se implementaron acciones concretas contra las contrataciones para extraer recursos de las islas. “Los estamos arrinconando, les estamos yendo a buscar si hacen contrataciones para sacar recursos de las Malvinas”, afirmó. “¿Cuándo vio una política de tanta defensa como nosotros?”, desafió.

El presidente también aludió a las reformas estructurales implementadas durante su gestión. Comparó el caso argentino con los de Estonia —que aplicó un shock y cayó 20% antes de recuperarse— y Polonia —que optó por un proceso más gradual con una caída acumulada del 10% en cuatro años—. “Nosotros hicimos 18.000 reformas estructurales y el PBI está más 10”, indicó. Con ese ritmo como base, proyectó un crecimiento de entre el 7% y el 8% anual una vez que se disipen los shocks negativos.

“En 10 años duplicamos el PBI; en 20 años lo vamos a cuadruplicar”, afirmó, y fijó como horizonte de largo plazo convertir a Argentina en la primera potencia mundial en 30 o 40 años. “Cien años de desastres no se arreglan en 30 meses. Requiere disciplina. Y nosotros hemos decidido mantener esa disciplina”, concluyó.

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