Mientras el Gobierno avanza con la reforma laboral que Javier Milei busca aprobar en el Senado el próximo 11 de febrero, organizaciones piqueteras de izquierda, sectores del sindicalismo combativo y agrupaciones afines votaron un plan de lucha que tendrá su primer punto alto este miércoles 4, con una movilización al Congreso Nacional. La protesta comenzará a las 17 horas y finalizará con un acto en Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde se realizará una “radio abierta a todos los sectores que quieren apoyar la lucha contra la reforma laboral”.

La protesta se da en el marco del inicio del período de sesiones extraordinarias, convocadas por el Poder Ejecutivo hasta el 27 de febrero, con la reforma laboral como uno de los proyectos centrales de la agenda oficial. Según anticiparon distintas organizaciones, la jornada del miércoles será parte de una secuencia de acciones que apunta a confluir en una movilización masiva y un paro nacional el día en que la iniciativa sea tratada en la Cámara alta.

En ese escenario, trabajadores de la empresa Lustramax, que mantienen un conflicto abierto por despidos en la planta de Tortuguitas, se convirtieron en uno de los ejes de articulación de la protesta. Desde allí, junto a la Mesa de Coordinación Obrera de Zona Norte, impulsaron plenarios abiertos durante el último fin de semana en distintos puntos del país para discutir cómo enfrentar la reforma.

“Con la exigencia a la CGT de paro activo y movilización masiva el día que se trate la reforma laboral, estamos preparando una lucha en serio contra un proyecto que pretende seguir recortando derechos y conquistas. No es modernización laboral, quieren más esclavitud”, señalaron los delegados que se reunieron para votar el plan de lucha.

Leandro Gómez, delegado de Lustramax, apuntó directamente contra la dirigencia sindical tradicional. “Frente a la inacción de gran parte de la conducción sindical, que mira para otro lado o directamente negocia nuestros derechos, decidimos empezar a autoorganizarnos. Nuestro futuro y el de nuestras familias está en juego y no vamos a esperar pasivamente”, afirmó.

Los plenarios se realizaron en Lomas de Zamora (ATE Sur), Tortuguitas, La Plata y Jujuy, con la participación de cientos de activistas, delegados y dirigentes de sindicatos recuperados y comisiones internas combativas. También asistieron referentes de la izquierda como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Vilma Ripoll y Christian Castillo, quienes respaldaron la iniciativa.

Según coincidieron los participantes, uno de los puntos centrales fue la caracterización de que la CGT y las principales centrales sindicales no sólo no están organizando una respuesta contra la reforma laboral, sino que algunos sectores estarían negociando con el Gobierno y los gobernadores. En ese marco, se votó exigir un paro nacional activo el día de la sesión en el Congreso y organizar columnas para “rodear el Parlamento”, además de medidas regionales como cortes y protestas en las provincias.

El encuentro también resolvió reforzar la solidaridad con los conflictos en curso en diversas empresas, a los que los organizadores definieron como un intento de “quebrar por hambre” a los trabajadores. Para ello, propusieron la creación de un fondo nacional de lucha.

La movilización del miércoles 4 de febrero fue convocada en conjunto con organizaciones piqueteras y agrupaciones de jubilados, que este lunes realizarán un plenario autoconvocado para ultimar detalles de la protesta. Desde esos sectores advirtieron que la reforma laboral también impactará directamente sobre el sistema previsional, al redirigir aportes patronales a un fondo destinado a cubrir indemnizaciones por despidos.

“Vamos por el paro, la movilización y un plan de lucha. A los jubilados nos afecta de lleno esta ley”, señalaron en un comunicado, en el que también invitaron a periodistas a acompañar las actividades “ante la amenaza de perder su propio estatuto”.

Es muy probable que el día que se trate el proyecto de “modernización laboral” —como lo llama el Gobierno— en el Senado, los piqueteros confluyan con los movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto con algunos sectores del sindicalismo como las CTA y gremios como la UOM y Bancarios.

Mientras el oficialismo apuesta a reunir los votos necesarios en el Senado, desde el sindicalismo combativo y las organizaciones piqueteras de izquierda anticipan que la conflictividad aumentará en las próximas semanas. El objetivo declarado es llegar al 11 de febrero con una movilización masiva y sostener medidas de fuerza si el proyecto avanza, en un clima de creciente tensión entre el Gobierno libertario y los sectores que se sienten directamente amenazados por la reforma.

Las nuevas auditorías realizadas por el PAMI en áreas sensibles como cardiología y gastroenterología encendieron todas las alarmas dentro del sistema de salud de los jubilados. Los relevamientos internos, a los que Infobae tuvo acceso exclusivo, detectaron volúmenes de prestaciones médicas imposibles de justificar, incompatibles con cualquier jornada laboral razonable y con la infraestructura declarada por los prestadores.

Uno de los casos más llamativos se registró en el área de gastroenterología: un prestador que cuenta con solo dos quirófanos declaró haber realizado 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas, un número que, según los auditores, excede de manera evidente la capacidad operativa del establecimiento.

Las irregularidades detectadas se suman a denuncias ya presentadas por las máximas autoridades del organismo, a cargo de Esteban Leguízamo, que incluyen fraude, sobrefacturación y recetas truchas, y que derivaron en una batería de controles más estrictos, sumarios administrativos, sanciones y denuncias penales por maniobras millonarias.

A mediados de junio de 2025, por ejemplo, el Instituto puso fin a la modalidad de retiro por farmacia de los Higiénicos Absorbentes Descartables (pañales).

“En otro paso firme hacia la verdadera transformación del Estado, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) pone fin a uno de los negocios más vergonzosos. Durante años, un puñado de proveedores amigos del poder cartelizaba el precio y se enriquecían a costa de los jubilados, en un esquema sin control, sin competencia y plagado de privilegios”, explicaron en su momento voceros del PAMI al ser consultados por este medio. Y recordaron que “los pañales se comprarán mediante licitación pública” y aseguraron que “este nuevo mecanismo le generará al PAMI un ahorro anual estimado de $5.000 millones con reglas claras y transparencia total, privilegiando administrar con eficiencia y responsabilidad”.

Qué revelaron las últimas auditorías<b> </b>

En el marco del análisis sobre los prestadores que brindan el módulo de cardiología, los equipos de auditoría del INSSJP, detectaron una serie de patrones reiterados que levantaron sospechas:

• Prestadores contratados como personas físicas que transmitieron órdenes médicas electrónicas (OME) en cantidades incompatibles con una jornada laboral posible.
• Casos en los que se registraron 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos. Teniendo en cuenta que el tiempo promedio de atención por paciente oscila entre 15 y 20 minutos, esas cifras implicarían una carga horaria diaria de entre 81,5 y 108,7 horas, algo materialmente imposible.
• Turnos otorgados en un mismo día y en el mismo horario a un mismo profesional para consultas o prácticas médicas diferentes, una situación que vulnera los criterios básicos de trazabilidad y control.

Sobrefacturación y recetas truchas

Estos hallazgos se inscriben en un contexto más amplio de fraude estructural que el PAMI viene investigando desde el año pasado. Las auditorías internas permitieron detectar:

• Órdenes médicas electrónicas truchas, emitidas sin que existiera atención efectiva.
• Recetas electrónicas falsas, confeccionadas a nombre de jubilados que nunca solicitaron medicamentos.
• Facturación de prestaciones inexistentes.
• Uso indebido de datos personales de afiliados.
• Manipulación del sistema de trazabilidad mediante el uso compartido de credenciales y la emisión múltiple de órdenes médicas desde un mismo usuario.

En muchos casos, los jubilados figuraban como pacientes atendidos sin haber recibido nunca la consulta, el tratamiento o el medicamento correspondiente.

Denuncias penales y causas judiciales

Las irregularidades detectadas derivaron en denuncias penales ante la Justicia federal, bajo la hipótesis de defraudación contra la administración pública. Según los informes internos, los montos involucrados son multimillonarios, aunque el perjuicio total aún se encuentra en proceso de cuantificación judicial.

Las causas se encuentran en etapa de investigación, con auditorías activas, sumarios administrativos en curso y sanciones ya aplicadas a algunos prestadores y agentes.

Nuevos controles y endurecimiento del sistema

Frente a este escenario, la conducción del organismo puso en marcha un nuevo esquema de control y fiscalización que incluye:

• Monitoreo permanente de los umbrales prestacionales.
• Uso obligatorio del turnero digital del PAMI.
• Auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores según su capacidad declarada.
• Cruce de datos para detectar patrones irregulares, repeticiones y desvíos.
• Penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.

Desde el Instituto remarcan que el objetivo no es recortar prestaciones, sino cerrar los canales de fraude, fortalecer la transparencia y garantizar que cada peso del sistema se utilice en beneficio de los afiliados.

La administración de Leguizamo también optimizó el mecanismo de compra de efectores propios. “Hoy todas las licitaciones de insumos se hacen y distribuyen desde PAMI Central, mientras que en el sistema anterior las compras se realizaban por efector. Esto no solo las hacía más difíciles de controlar, sino incluso más costosas”, sostuvieron las autoridades de La Libertada Avanza.

El objetivo, según aseguraron los funcionarios de la obra social de los jubilados es “romper con los kioscos” que, como capas de cebollas, vienen de gestiones anteriores.

Con auditorías en marcha y causas judiciales abiertas, el PAMI busca reordenar un sistema históricamente opaco, blindar sus mecanismos de control y recuperar la confianza en una de las cajas más sensibles del Estado.

El Gobierno continúa esta semana con las negociaciones para aprobar en el Congreso las reformas que tiene en agenda, en medio de los avances de la oposición para frenarlas y a la expectativa de un posible encuentro de las provincias que podría marcar el desarrollo del tramo final de las conversaciones.

Los mandatarios locales le vienen reclamando a la Casa Rosada algún tipo de medida para paliar la caída en las recaudaciones que implicaría especialmente el capítulo fiscal de la reforma laboral.

Los dirigentes se mostraron preocupados por la reducción de las alícuotas que pagan las sociedades en concepto de Ganancias, aunque tímidamente, ya que no condicionaron en ningún momento su apoyo a la iniciativa.

En este escenario, un reducido grupo de gobernadores -los más críticos de la gestión libertaria- convocó para el próximo miércoles, al mediodía, a una reunión de urgencia en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El pedido de encuentro fue confirmado por los administradores del organismo, que ya tienen reservado para esa fecha el edificio ubicado sobre la calle Azopardo al 750, en el barrio porteño de San Telmo.

Normalmente, este tipo de eventos se hace en la sede que la entidad tiene en la esquina de San Martín y Tres Sargentos, pero ese lugar se encuentra desde hace algunos meses en refacción.

Los mandatarios provinciales tienen previsto juntarse para debatir en persona los detalles de los proyectos que el presidente Javier Milei envió para su tratamiento en estas sesiones extraordinarias, principalmente el laboral.

Sin embargo, en las últimas horas la reunión, que nunca fue anunciada formalmente, corría riesgo de caerse, ya que muchos de los invitados tenían prácticamente decidido no asistir.

Tal es el caso, por ejemplo, de los aliados del oficialismo, como Leandro Zdero, de Chaco; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; Marcelo Orrego, de San Juan, y Alfredo Cornejo, de Mendoza.

En tanto, otros líderes regionales más independientes, como Raúl Jalil, de Catamarca, u Osvaldo Jaldo, de Tucumán, se encontraban analizando qué hacer si es que el encuentro finalmente se realiza.

Incluso algunos mandatarios que por momentos son más duros, como el cordobés Martín Llaryora o el santafecino Maximiliano Pullaro, desconocían la convocatoria, que comenzó a planificarse la semana pasada, justo antes de que iniciaran las sesiones extraordinarias.

Por su parte, los referentes del oficialismo siguen con las gestiones para intentar garantizarse los votos que necesitan para que tanto la reforma laboral como e resto de las iniciativas sean sancionadas.

En este sentido, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, encabezará este martes una charla junto a otros espacios cercanos en el salón que tiene la bancada de la UCR en el recinto.

Asimismo, el miércoles mismo se llevará adelante una nueva reunión de la mesa política del Gobierno, que también integran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor, Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“No vamos a dar ningún detalle que entorpezca la negociación. Lo único que se puede anticipar es que toda la primera parte de la ley no se toca, si cambiamos, son cuestiones que no son significativas”, planteó días atrás un integrante del oficialismo.

Si no hay cambio de planes, este encuentro se daría prácticamente en simultáneo con el que estarán haciendo en el CFI los gobernadores más opositores, como Axel Kicillof (Buenos Aires), quien busca quedar al frente del PJ bonaerense en las elecciones partidarias del 15 de marzo.

De todas formas, en la Casa Rosada confiaban en que tenían el apoyo suficiente como para aprobar la reforma laboral, incluso con el rechazo de todo el peronismo, que además está molesto por el reparto de los lugares en las comisiones.

Tal como precisó este medio, del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, adelantó de manera informal a sus pares de la oposición que la presidencia de la Cámara enviará a cada uno de los espacios que componen el recinto el pedido para que el próximo jueves remitan los nombres de los diputados que integrarán tres comisiones encargadas de debatir los proyectos que enviará el Ejecutivo.

Se trata de las de Relaciones Internacionales – Mercosur, que analizará el acuerdo con la Unión Europea; la de Justicia y la de Familia, que debatirán el Régimen Penal Juvenil.