La Fiscalía de Paraguay cree que los aparatos electrónicos pueden tener datos sobre las conversaciones entre los acusados y otras personas relacionadas con la investigación por lavado de dinero. A Edgardo Kueider lo allanaron el 5 de diciembre de 2025 en el dúplex del barrio San Vicente de Asunción donde cumplía arresto domiciliario. Allí le incautaron teléfonos y otros dispositivos de interés. Tras el operativo, le rescindieron el contrato de forma anticipada y debió mudarse a Luque.

El estudio informático se concretará el próximo viernes 18 de septiembre a las 9 de la mañana. Buscará establecer las interconexiones entre un grupo de seis personas relacionadas a la causa.

Dos son el ex representante de Entre Ríos en el Senado y su pareja Iara Guinsel. Otro par está integrado por Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, dueños de la firma paraguaya con la que realizaba las operaciones inmobiliarias el exsenador.

Los cuatro están imputados por la Justicia del país vecino por lavado de activos. Las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez suponen que utilizaban dinero de ilícitos en Argentina para la compra de departamentos en Asunción. Kueider y Guinsel, además, fueron condenados por tentativa de contrabando.

Los restantes son Carlos Alberto Guasti Cabañas y Antonio Azouz Baladí. Guasti Cabañas es un hombre de negocios relacionado al real estate. Es el socio y dueño mayoritario del Grupo Petra. Se trata del conglomerado de bienes raíces más grande de Paraguay. Tiene una presencia dominante en Asunción. Ha erigido más de 20 complejos ya entregados.

El grupo fundado por Guasti Cabañas en 2016 construyó el edificio más alto del país vecino (el Petra Tower, de 44 pisos) y tiene en desarrollo un rascacielos que lo supera: el Petra Imperiale de 73 niveles.

El empresario paraguayo declaró en su momento que Guinsel había querido comprar en efectivo 5 departamentos en sus edificios. El valor estimado era de USD 600 mil.

La idea era ponerlos a nombre de Kueider, afirmó Guasti. Según sus dichos, la pareja del exsenador habría abonado una reserva de dos mil dólares. Pero como no presentó la documentación sobre el origen de los fondos, la operación cayó. Además, se dio intervención a la oficina contra el lavado de Paraguay por ser sospechosa.

Baladí Azouz es un empresario que también está ligado al mercado inmobiliario. Es el gerente general de Innova, una empresa en la que el exsenador y Guinsel intentaron invertir. En su declaración como testigo en la causa, consignó que Torales Benegas lo contactó en diciembre de 2024, a días del arresto de Kueider.

Fachadas

Torales Benegas y Cousirat aparecen como dueños de la empresa Golsur. Ambos adquirieron la firma meses antes de que el exsenador argentino cayera en la frontera con USD 200 mil sin declarar . Guinsel tenía un poder plenipotenciario sobre la empresa. Eso hace que se sospeche de que Torales Benegas y Cousirat eran testaferros.

La pareja de Kueider declaró en su momento que los USD 200 mil que tenían cuando los interceptaron en diciembre de 2024 pertenecían a Golsur.

Pero además Torales Benegas y Cousirat aparecen como accionistas de otra firma: Desarrolladora Exclusiva PY. La sociedad está registrada baja el esquema EAS (empresa por acciones simplificadas), similar a las SAS de Argentina. Se trata de una figura creada para agilizar el proceso de formación de unidades de negocios.

Exclusiva PY e Innova SA acordaron comercializar departamentos en forma conjunta en abril de 2024. En junio, Guinsel habría adquirido seis con sus respectivas cocheras. El desembolso se estimó en unos USD 460 mil. Los pagos se hicieron en seis cuotas entre el 19 de junio y el 17 de julio de ese año. Pero en septiembre el negocio se desarmó e Innova reintegró el dinero.

La Fiscalía paraguaya evaluó que Golsur se usó como “estructura de fachada”. Su función era la “recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería en un principio “a los imputados extranjeros” Kueider y Guinsel. Pero se colocaron a nombre de la firma “con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”, señalaron las fiscales intervinientes.

El mecanismo no sería una novedad. Para la Justicia argentina, el exlegislador entrerriano seguía un mismo modus operandi en nuestro país. El mascarón de proa sería Betail SA. A nombre de esta firma figuran departamentos de lujo en un edificio exclusivo de Paraná. La sociedad funcionó bajo la dirección de personas que para la investigación son prestanombres.

Daniel «Gonzalito» o «Pajarito» González, empleado del Senado y afectado al despacho de Kueider y el albañil Javier Rubel, primo del exsenador, se sucedieron en forma recíproca como presidentes de Betail. Pero las expensas y demás gastos de las propiedades llegaban a nombre de Guinsel. Y la compra la hizo Kueider con dinero en efectivo, según indicaron testigos de la firma desarrolladora.

Una de las investigaciones por lavado contra el exsenador se lleva adelante en el Juzgado Federal de San Isidro. En el expediente, tanto el fiscal Fernando Domínguez como la jueza Sandra Arroyo Salgado entendieron que Betail fue una «fachada» usada por Kueider para blanquear dinero de origen espurio.

Qué se analizará

La pericia buscará, recuperará y extraerá conversaciones que involucren a Kueider, Guinsel, Torales Benegas, Cousirat, Guasti Cabañas y Azouz Baladi.

Pondrán bajo la lupa los mensajes y llamadas del teléfono, SMS, WhatsApp, Instagram y cualquier otra aplicación de mensajería.

La investigación también intentará recuperar archivos de datos existentes y borrados, videos, audios y fotos. El lapso de tiempo que se tomará como parámetro irá desde enero de 2024 a diciembre de 2025.

En la lista de dispositivos a registrar están los secuestrados a Edgardo Kueider e Iara Guinsel en el allanamiento en San Vicente. Se trata de: cuatro iPhone (uno plateado, otro rosado, el tercero negro y el restante blanco), un celular marca Honor de color verde, un pendrive negro, un iPad gris plateado y una notebook negra.

Se suman los encontrados durante el procedimiento realizado en paralelo en el domicilio de José Fernando Cousirat. La lista incluye una notebook marca Acer y dos celulares, un Xiaomi negro y un Huawei azul oscuro.

Por último, se evaluarán los hallados en la residencia de Torales Benegas en la misma fecha. La requisa secuestró una notebook Gigabyte negra, tres celulares Samsung (Galaxy S24, Z Flip 5 y un J1) y un Motorola plateado. A esto se suman ocho pendrives, una tarjeta de memoria y un disco duro externo.

A la espera de los debates sobre Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el oficialismo senatorial, que comanda Patricia Bullrich, pidió que se llame a Labor Parlamentaria y la reunión ya fue convocada para las 14 de mañana, con el fin de consensuar una sesión para siguiente jornada, de haber acuerdo entre los bloques. En la bandeja de temas aparecen los nuevos cortes en biocombustibles, más transferencias de competencias penales de Nación a la Ciudad y la ley “Hojarasca”, sobre la que los aliados aún dudan.

“Biocombustibles, sí; lo de justicia, también. Hojarasca, no lo sé. Lo tenemos que ver”, respondieron a Infobae desde una bancada que suele acompañar al Gobierno. “Recién mañana vamos a definir bien”, manifestaron anoche a este medio desde otra. La iniciativa en cuestión es del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ya fue aprobada por Diputados y dictaminada en la Cámara alta, aunque la fileteada ley de propiedad privada dejó menor margen para acompañar ideas que partan desde dicha cartera.

En mayo pasado, el texto que elimina 58 normas, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales” obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones. “Hojarasca” se agrupa en seis categorías: leyes superadas por normativas posteriores; obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo; que afectan libertades individuales; que generan burocracia innecesaria; que refieren a organismos ya disueltos; y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

Lo que sí tiene aval de cara a una potencial sesión el jueves son dos acuerdos: uno es el “Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, mientras que el segundo trate el giro en materia criminal y correccional relacionado con menores de edad. Fueron despachados sin problema la semana pasada por un plenario de comisiones.

El plato fuerte para la oposición kirchnerista ocurrirá desde las 10.30 de mañana, cuando en las comisiones de Economía Nacional e Inversión; y de Presupuesto y Hacienda se presenten el titular y vice del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning, respectivamente, para exponer sobre la iniciativa que reforma la Carta Orgánica, tema ya votado por la Cámara baja.

A paso lento, pero firme, el Gobierno va avanzando con las medidas que anunció el presidente Javier Milei para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, un tema que acaparó el debate público y que de a poco monopoliza la agenda de la administración nacional, tanto a nivel legislativo como ejecutivo.

En la Casa Rosada celebran desde hace días que las iniciativas hayan tenido tanto respaldo por parte de los ciudadanos, según diferentes encuestas que manejan, pero saben que en el plano político se enfrentan a una discusión que podría extenderse por meses, aunque eso es algo que no preocupa.

En las últimas horas la cúpula de La Libertad Avanza decidió que, tal como había anticipado Infobae, finalmente ingrese por la Cámara de Diputados el proyecto de ley que plantea endurecer las penas para las empresas que exploten los recursos naturales en el archipiélago sin autorización de Buenos Aires.

El texto en cuestión todavía no está finalizado y sigue siendo trabajado con la intervención de todos los Ministerios, aunque con la Cancillería como autoridad de aplicación y Defensa como principal área de consulta.

Es por eso que se invitó a los máximos responsables de esos dos sectores, Pablo Quirno y al teniente general Carlos Presti, respectivamente, a la reunión de la mesa política de este martes en Balcarce 50.

A partir de las 13:00, los principales referentes del oficialismo repasarán algunos de los puntos más importantes de la iniciativa y analizarán la situación en el Congreso, donde el panorama todavía no está tan claro.

Estarán, como es habitual, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

“Es muy probable que Malvinas se lleve gran parte del encuentro. El tema de los plazos para la presentación y demás no lo tenemos todavía, posiblemente sea una de las cosas en las que avancemos mañana (por este martes)”, explicó uno de los miembros de esa mesa.

El asunto ya ocupó casi toda la reunión de Gabinete que el Presidente encabezó el lunes por la mañana en la Casa Rosada, en la cual hizo un repaso del impacto de las medidas en la opinión pública y ordenó que Quirno y Presti se sumen a la conversación del martes.

Ese mismo día, pero por la tarde, el mandatario recibió a representantes de la empresa estadounidense de autos eléctricos Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, con quien Milei tiene buena relación.

Aunque fuentes oficiales remarcaron a este medio que todavía no está confirmado, trascendió que el multimillonario podría visitar la Argentina para el lanzamiento de una filial de su compañía en este país.

El jefe de Estado tenía en mente desde principios del 2024 realizar una cumbre tecnológica en Buenos Aires con figuras de la talla del también dueño de SpaceX y Starlink, que es un admirador de las ideas libertarias.

En aquel momento incluso hubo intensas negociaciones para organizar este evento con Sean Rad, uno de los creadores de la aplicación de citas Tinder, que promovía la idea, pero finalmente nunca se concretó.

En el barrio porteño de Palermo ya vive desde hace algunos meses Peter Thiel, el co fundador de Palantir, la firma que, entre otras cosas, desarrolla software para agencias de inteligencia.

Se trata de un viejo conocido de Musk, quién ayudó a crear el sistema de pagos electrónicos Paypal, por lo que también podrían reencontrarse si es que prospera la llegada del propietario de Tesla.

Mientras tanto, Milei ya firmó una instrucción para que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, priorice, en la confección del Presupuesto para el 2027, el desarrollo de la Base Naval Integrada en Ushuaia y de otros proyectos estratégicos en materia de defensa.

El proyecto tiene que presentarse el 15 de septiembre y en la previa el Presidente volverá a reunir a todos los legisladores de La Libertad Avanza para explicarles en detalle la importancia de la medida, como viene haciendo antes de votaciones claves en el Congreso.

El viernes pasado, también se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, mediante el cual reasignó partidas para destinar alrededor de $217.954 millones (unos 140 millones de dólares) entre el Ministerio que encabeza Presti y las Fuerzas Armadas.

De ese monto, un total de 114.732.800.677 de pesos fueron puestos a disposición del funcionario en concepto de “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”, exclusivamente para la construcción de la base naval.

”Recién se puso a disposición el dinero, pero ahora hay que licitar todo, armar el programa, no es que empieza mañana esto. Es muy complejo, no son fáciles los temas de defensa”, explicó una persona cercana al teniente general.

En paralelo, el lunes el oficialismo reactivó la polarización con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, esta vez por la decisión de una jueza de esta jurisdicción que frenó la aplicación del régimen penal juvenil.

Se trata de Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien consideró que hay problemas de infraestructura y recursos para alojar a todos los jóvenes que tendrían una sentencia si la edad de imputabilidad se baja de los 16 a los 14 años.

Una de las primeras reacciones por parte de La Libertad Avanza fue la de Bullrich, quien cuestionó a la “Justicia garantista”, pero también apuntó contra Kicillof por “ponerse del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.

“Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, Santilli comentó que “aturde el silencio“ del gobernador ante la decisión de la magistrada y coincidió con la senadora al opinar que, “una vez más, el gobernador está del lado del delincuente, nunca de la víctima”.

No obstante, según anticiparon a este medio algunos de los integrantes de la cúpula libertaria, no van a presentar una causa contra la jueza por esta medida: “No es nuestra mirada esa. Sí vamos a criticarla, pero no a denunciarla”, indicaron.