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El Senado aprobó el proyecto de Kicillof y este año tampoco habría PASO en la Provincia

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El Senado bonaerense aprobó esta tarde el proyecto que envió el gobernador Axel Kicillof para suspender las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias este año, pero con una modificación clave: no incluyó un artículo en el que el Ejecutivo pedía ampliar los plazos para presentar las boletas y las listas de cara a la elección general que en la provincia, luego de aprobado el desdoblamiento, será el 7 de septiembre.

La suspensión de las PASO, que ahora deberá tratar Diputados, fue votada casi por unanimidad -solo se abstuvo el senador Federico Fagioli, alineado con Juan Grabois- pero se destrabó luego de que Cristina Fernández de Kirchner aceptara el planteo de Kicillof para que no haya internas, ligado a la estrategia desdoblar las elecciones, algo que la expresidenta también aceptó aunque dejando en claro que cree que se trata de una estrategia equivocada.

El acuerdo para votar hoy se alcanzó en una reunión de Labor Parlamentaria esta misma mañana, después de que los presidentes de bloque de la oposición (PRO; La Libertad Avanza y LLA 1; UCR-Cambio Federal y Derecha Popular) amagaran con avanzar con un texto propio. Finalmente, acompañaron el texto que envió Kicillof en un acuerdo que excluyó un artículo que estiraba los plazos para presentar listas y boletas para votar en septiembre.

Horas antes, la Junta Electoral había advertido en una nota formal que envió a la presidencia de la cámara Alta, en la que advirtió que hay vigentes “plazos materialmente imposibles” de cumplir para oficializar candidaturas y listas de cara a la elección adelantada por Kicillof al 7 de septiembre. De todos modos, el Senador avanzó con la suspensión de la PASO sin atender esta advertencia.

En el texto original se plantea una convocatoria a las elecciones generales con cien días de anticipación de los comicios, re reconocimiento de alianzas 80 días antes, de presentación de listas 70 días y de 50 días para las boletas. Lo que se votó hoy excluye cualquier mención al cronograma, por lo que de acuerdo a la ley vigente -5109- los plazos serán de 60 días para el cierre de alianzas y presentación de listas.

La trama política

El lunes, Cristina Kirchner hizo pública su posición a favor de suspender las PASO y aceptar el desdoblamiento – DIB la adelantó el sábado previo– en un texto en el que pidió retirar dos proyectos presentados por la senadora Teresa García y el diputado Facundo Tignanelli que establecían las elecciones concurrentes, en abierta contradicción con el desdoblamiento ya vigente que Kicillof estableció por decreto.

Kicillof había argumentado que con la elección desdoblada hubiese sido contraproducente mantener la PASO porque hubiese obligado a los bonaerenses a votar tres veces. La Expresidenta coincidió, pero mantuvo sus duras críticas al gobernador por el desdoblamiento: dijo que es “un error político” y reprochó que nadie defendiera la idea cuando ella pidió una elección el año pasado en una reunión en Moreno, un dardo directo al gobernador que estaba presente.

Al justificar su voto hoy, la senadora García retomó esa crítica: “yo, y muchos compañeros y compañeras, creemos que la mejor opción para los bonaerenses en este contexto de crisis económica y hastío social era una elección concurrente. Una única elección donde se pudiera el esfuerzo económico, el esfuerzo humano, donde se lograra, desde la fuerza política que sea, emitir un discurso que hiciera recuperar la confianza de la sociedad en la política”.

PRO, por su parte, emitió un comunicado en el que resaltó que suspender las PASO “es un reclamo persistente de nuestra fuerza política” que se sustenta en que están “convencidos de que han perdido eficacia como herramienta de selección democrática de candidaturas”. Agregaron que “en muchos casos, estas primarias solo ratifican listas únicas, generando un gasto innecesario en un contexto económico complejo”.

El radical Agustín Máspoli argumentó que con el proyecto aprobado “le estamos dando certidumbre al electorado; a los partidos políticos y vamos a apoyar esta suspensión. Nos ponemos a disposición para discutir los problemas que hay que discutir”.

El acuerdo político que permtió votar la suspension de las PASO en la cámara Alta anticipa que también será refrendado en Diputados. Así, tampco habrá primarias en al elección para elegir diputados, senadores provincia y concejales. El cronograma electoral será de dos turnos: el 7 de septiembre se votarán esos cargos y el 26 de octubre se elegirán los diputados nacionales por la provincia. (DIB) AL

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Martín Lousteau defendió el rol de los impuestos y advirtió: “Todos los derechos cuestan y alguien los tiene que pagar”

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Martín Lousteau cuestionó la idea de que pagar impuestos sea equivalente a un robo y planteó que los tributos son necesarios para sostener los derechos y servicios de los que se beneficia una sociedad. Para explicar su posición, comparó el sistema tributario con la cuota de un club: un aporte que permite financiar instalaciones y servicios que utilizan todos sus integrantes, aunque no hayan participado de su construcción.

Durante su columna en Infobae a la Tarde, el economista puso en discusión el argumento que identifica a los impuestos con una pérdida individual y propuso centrar el debate en qué se financia con esos recursos, quién debe pagarlos y cómo los administra el Estado.

“Me gusta pensar que el impuesto es como la cuota de un club. Vos pagás una cuota porque pertenecés a un lugar, pertenecés a una comunidad, pero estás usando cosas de ese club”, explicó.

Como ejemplo, enumeró las instalaciones que utilizan los socios sin haberlas construido: “Vos no hiciste la pileta, no hiciste la cancha de fútbol, no hiciste la cancha de rugby, no hiciste el gimnasio. Estás usando algo que construyó otro en otro momento”.

A partir de esa comparación, sostuvo que la discusión no debería limitarse a cuestionar el pago de impuestos, sino incluir el costo de los servicios y la calidad de su administración. “Cuando alguien va a la asamblea de un club, no dice: ‘La cuota es un robo’. En todo caso, discutirá si es cara o no, si se puede administrar mejor o si hay que arreglar tal o cual cosa”, señaló.

La reflexión surgió después de que en el programa se reprodujeran declaraciones del presidente Javier Milei, quien había definido al Estado como una “organización criminal” y a los impuestos como “un robo” y “una rémora de la esclavitud”. Lousteau cuestionó esa concepción y advirtió que el debate también debe contemplar los servicios y las instituciones que se sostienen mediante la recaudación.

El costo de garantizar los derechos individuales y sociales

Lousteau cuestionó la distinción entre los derechos individuales y los derechos sociales. Según explicó, las libertades vinculadas con la propiedad, la vida y la expresión también requieren recursos públicos para poder ejercerse.

“Para que vos puedas tener derecho a la vida tiene que haber policía, un sistema jurídico, un sistema penitenciario e infraestructura”, afirmó.

El economista extendió el argumento al derecho de propiedad. “Para que tengas derecho a la propiedad tiene que haber jueces y leyes. Para que tu propiedad valga lo que vale, tiene que haber iluminación pública, una calle y gas”, enumeró.

También señaló que la libertad de expresión necesita instituciones que protejan a quienes la ejercen y que la libertad religiosa requiere mecanismos para evitar persecuciones y agresiones.

Para ilustrar su planteo, recordó el incendio de Westhampton, ocurrido en agosto de 1995 en el estado de Nueva York. Según relató, el fuego permaneció fuera de control durante 36 horas y demandó un operativo que involucró a fuerzas locales, estaduales y federales, además de bomberos voluntarios y equipos militares y civiles.

“Fuerzas locales, estaduales, federales, 1.500 bomberos voluntarios, equipos militares y civiles gastaron millones y millones de dólares. No se murió nadie y no se perdieron propiedades”, recordó.

Para Lousteau, el episodio demuestra el costo que implica proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad de las personas. También comparó esa respuesta con la actuación ante catástrofes en la Argentina y mencionó el caso de Bahía Blanca.

Su cuestionamiento apuntó a lo que considera una contradicción: mientras se discute cuánto cuestan las jubilaciones, la educación o las pensiones por discapacidad, no suele ponerse el mismo énfasis en los recursos necesarios para garantizar la seguridad, la justicia y la propiedad privada.

“Parece que lo otro no cuesta, pero los derechos sociales sí cuestan”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que reducir impuestos no elimina el costo de las prestaciones públicas, sino que puede trasladarlo a otros sectores de la sociedad. “Cuando vos lo que hacés es bajarle impuestos al que más tiene, no es que el costo de proveer derechos desaparece, sino que empieza a haber desfinanciamiento”, planteó.

El economista también cuestionó algunas decisiones tributarias del Gobierno. Como ejemplo, mencionó el aumento del impuesto a las Ganancias y lo contrastó con las reducciones aplicadas a los vehículos de alta gama, los yates y Bienes Personales, además del blanqueo de capitales.

De todos modos, aclaró que su posición no implica defender cualquier impuesto ni cualquier nivel de recaudación. Para Lousteau, también es necesario discutir cómo se distribuyen los recursos y qué gastos deben tener prioridad.

La gestión del Estado y las prioridades del gasto público

Otro de los puntos de la columna estuvo centrado en la administración de los recursos. Lousteau sostuvo que el Estado no solo necesita financiamiento, sino también capacidad para prestar servicios de calidad.

Para explicar el problema, recuperó una comparación atribuida al jurista Carlos Nino: si una institución debe entregar leche a diez niños y de repente tiene que atender a cien, necesita producir las 90 porciones adicionales. Si no consigue los recursos para hacerlo, la alternativa es diluir la leche y reducir su calidad.

El economista utilizó ese ejemplo para cuestionar el funcionamiento de los servicios públicos y la falta de planificación para responder a una mayor demanda.

“Nuestro Estado parece que, en lugar de gestionarse bien y garantizar esos derechos, diluyó la calidad de los bienes que brindamos”, sostuvo.

También recordó un discurso del expresidente uruguayo José Mujica, quien al asumir había señalado que la educación sería la primera, segunda y tercera prioridad de su administración. Lousteau destacó especialmente otra parte de aquella intervención: la necesidad de definir a qué políticas se les debe decir que no para poder financiar las que se consideran prioritarias.

El planteo apuntó a que la discusión presupuestaria no puede limitarse a enumerar derechos o prometer prestaciones. También requiere establecer prioridades y garantizar los recursos necesarios para cumplirlas.

En ese contexto, cuestionó la interpretación del superávit fiscal como un resultado que necesariamente representa una mejora para todos los sectores. “Cuando el Estado dice que pasó a superávit, en el fondo le pasó el déficit a las familias”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó a los hogares que deben endeudarse cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos y a las pequeñas y medianas empresas que recurren al crédito cuando caen sus ventas.

La informalidad laboral y el financiamiento de las jubilaciones

Lousteau también advirtió sobre las consecuencias de la pérdida de empleo registrado para el sistema previsional. Al referirse a la discusión sobre cómo incrementar los recursos destinados a las jubilaciones, explicó que los trabajadores en relación de dependencia realizan aportes diferentes de los correspondientes al monotributo.

“El trabajo en relación de dependencia es el que más aporta a la jubilación”, señaló.

A partir de ese diagnóstico, sostuvo que la reducción de los puestos registrados compromete los ingresos futuros del sistema. “A medida que perdés trabajadores en relación de dependencia, más problemas vas a tener a futuro para pagar las jubilaciones”, advirtió.

El economista remarcó que el traslado de trabajadores hacia modalidades de menor contribución o directamente hacia la informalidad representa un problema fiscal. “Estás generando un problema fiscal muy grande con el principal gasto que tiene cualquier Estado moderno, que es el sistema previsional”, afirmó.

También rechazó que ese cambio responda necesariamente a una elección de los trabajadores. “No es que hay un deseo profundo de decir: ‘Quiero ir a ser Rappi’”, sostuvo.

Para ilustrar esa situación, contó el caso de una persona que evaluaba cerrar su emprendimiento de venta de ropa y debía buscar otra actividad para sostener sus ingresos. Según planteó, la pérdida de empleos y el cierre de pequeños negocios pueden empujar a más personas hacia ocupaciones informales, con consecuencias sobre los aportes al sistema jubilatorio.

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La CGT saldrá a la calle por la crisis de las obras sociales y definió cómo será su protesta sin paros en diciembre

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La CGT ya definió su calendario de protestas hasta fines de año: el jueves próximo realizará una marcha por la crisis de las obras sociales ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y, a mediados de diciembre, innovará al promover un cese de actividades de 2 o 4 horas, con asambleas en los lugares de trabajo.

Así lo definió este jueves la mesa chica cegetista, que se reunió en la sede del Sindicato del Seguro, Carlos Pellegrini 575, en donde se analizó la estrategia que seguirán en las próximas semanas, que incluye aquellas dos acciones, pero sus máximos líderes están a la espera de una posible convocatoria del Gobierno al diálogo, instancia que se reabrió durante la visita del Papa.

Al encuentro asistieron, además del anfitrión, Jorge Sola, titular del Sindicato del Seguro, los otros dos cotitulares de la CGT, Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), más Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), entre otros. Ausentes con aviso: Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), quien está en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Suiza.

La medida más inminente es, como anticipó Infobae, la movilización del jueves 26 ante la sede de la SSS, en Bartolomé Mitre al 400, para reclamar al Gobierno una solución urgente a la aguda crisis financiera de las obras sociales, que los expertos de la CGT califican de “casi terminal” porque ocasiona cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero de esa forma se está complicando el funcionamiento de los sindicatos.

En los últimos meses, los jefes de la CGT mantuvieron tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA, pero los dirigentes aseguran que el ministro sigue sin responder a las propuestas que efectuaron para superar la crisis.

Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes sindicales, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.

Ese fue uno de los puntos que reclamó la CGT a Lugones: que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportados por los ministerios o áreas del Gobierno respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución, algo que ya le plantearon sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.

La marcha ante la SSS será, además, una forma de no perder la iniciativa ante Luis Barrionuevo (gastronómicos), que le ganó de mano a la CGT y anunció que unos 50 gremios harán una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que, según denuncia, retiene unos $688 mil millones de pesos que corresponden al sistema de obras sociales.

En la reunión de este jueves, además, se avanzó en la organización del cese de actividades parcial (de 2 o 4 horas) que proyecta la CGT para mediados de diciembre. Aclaran que no será un paro porque en este caso contemplará la permanencia en los lugares de trabajo, donde se promoverá la realización de asambleas.

Será una medida de fuerza original para una CGT acostumbrada a concretar paros generales. Contra Javier Milei ya hizo cuatro y ahora definió que el eventual quinto paro general, si se hace, será el año próximo.

A fines de octubre, en la anterior reunión de la mesa chica cegetista, en su versión ampliada, se resolvió postergar otro paro general y concretar otra modalidad de protesta que permita visibilizar sus reclamos sin afectar a los trabajadores con la pérdida salarial del día o del presentismo para quienes adhieran a la medida.

“No se le puede joder la vida a la gente”, dijo ese día un líder sindical a sus pares al justificar la propuesta de efectuar acciones que no perjudiquen al trabajador.

Pero, además, la conclusión de algunos líderes cegetistas es que “el paro general no cambia nada” porque Milei no rectificará ninguna de sus medidas por una protesta sindical. Es más, creen que el paro general servirá para que ataque a la CGT y lo utilice como una herramienta electoral para apalancar su proyecto de reelección.

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El Senado sancionó el Tratado de Patentes y la ley de propiedad privada con tope a venta de tierras a extranjeros

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El Senado sancionó este jueves, con 47 votos -22 en contra-, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que la Cámara alta aprobó en 1998, y que Diputados devolvió en agosto pasado, en segunda revisión. Además, durante el convite en el recinto obtuvo luz verde -42 adhesiones y 26 rechazos- la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que reincorpora la norma de 2011 del kirchnerismo, con el 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y un 30% por nacionalidad, más el límite de 1.000 hectáreas en zona núcleo.

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