La empresa titular de los registros sanitarios informó que no había elaborado ese producto. Por lo tanto, se desconocía dónde había sido fabricado y no podía garantizarse su inocuidad.

Entre las irregularidades detectadas figuraban un rótulo antiguo y datos adulterados sobre el lote, la fecha de elaboración y el vencimiento, tanto en la información como en el método de impresión.

• Nutrilon AR1: una denuncia tras vómitos en un bebé

El 27 de octubre, el Gobierno bonaerense difundió una segunda alerta por otra fórmula de Nutrilon: AR1, un alimento en polvo para propósitos médicos específicos destinado a lactantes de 0 a 6 meses.

La advertencia surgió luego de la denuncia de un consumidor que informó que su bebé había presentado vómitos después de consumir el producto. En su respuesta, la empresa comunicó “que no reconocía como propio el lote identificado en el envase”.

• SanCor Bebé Advanced 1: más de 500 unidades falsificadas secuestradas

La tercera alerta fue publicada el 28 de octubre y alcanzó a la fórmula infantil en polvo SanCor Bebé Advanced 1, destinada a bebés de 0 a 6 meses, tal como lo informó DIB días atrás.

La DIPA informó que, luego de recibir un reclamo por el consumo del producto, la empresa elaboradora reconoció diferencias entre las unidades cuestionadas y las originales, por lo que se trataría de una falsificación.

La identificación del producto apócrifo incluye el lote L F-011207563, con fecha de elaboración el 10/01/2026 y vencimiento el 10/01/2027. Entre las diferencias detectadas respecto del producto original se encontraron cambios en el color y el troquelado del envase; diferencias en el sellado y la marcación del envoltorio interior; cucharas dosificadoras más pequeñas que las originales, “aparentemente fabricadas mediante impresión 3D”; y errores tipográficos en el rótulo, como “Adventencia” en lugar de “Advertencia” y “oelico” en lugar de “oleico”.

Bebés de hasta seis meses en peligro

Las distintas pericias permitieron determinar que las unidades falsificadas de SanCor Bebé Advanced 1 se comercializaban en supermercados y también a través de plataformas digitales. El 29 de octubre, la Policía Federal informó que realizó 14 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos bonaerenses de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez. Durante los procedimientos secuestró más de 500 unidades de leche de fabricación no controlada e identificó a 5 personas mayores de edad como presuntos partícipes de las maniobras investigadas, tal como reflejó DIB días atrás.

Hubo un informe pericial del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) solicitado por la fiscalía que interviene en la causa. Los análisis detectaron aflatoxina M1, una toxina producida por hongos, en concentraciones superiores a 6 veces el límite máximo permitido por el Código Alimentario Argentino.

Ethical Nutrition, la empresa que elabora el producto SanCor Bebé Advanced 1, explicó en un comunicado: “La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por nuestra empresa, que desde el primer momento colabora con las autoridades para proteger a los consumidores”. Y aclaró: “No se trata de una alerta general sobre SanCor Bebé, sino de una situación vinculada con productos específicos cuya autenticidad está cuestionada. Los productos originales se elaboran bajo controles de calidad y trazabilidad, conforme a la normativa vigente”.

Sin alerta sanitaria nacional

El Código Alimentario establece que la autoridad sanitaria nacional debe elaborar comunicados dirigidos a la población y publicar los retiros de alimentos en curso. Sin embargo, ante la circulación de las leches infantiles falsificadas, no se difundió una alerta sanitaria nacional que advirtiera a los consumidores.

Consultada por Chequeado sobre el tema, la ANMAT -que depende del Ministerio de Salud de la Nación- señaló que el control y la fiscalización de alimentos ya no son de su competencia, luego de la disolución del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dispuesta por el Decreto 697/2026 publicado en julio de 2026.

La normativa transfirió al Senasa las funciones de registro, control y fiscalización de alimentos que ejercía el INAL, entre ellos el funcionamiento del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (Sifega), una plataforma digital creada para fortalecer el control de los alimentos y mejorar el acceso de la población a la información

El Ministerio de Salud de la Nación, en tanto, quedó a cargo de la rectoría de la política alimentaria. Pero el decreto también indica, en el artículo 15 inciso a, que la Secretaría de Gestión Sanitaria debe “establecer y llevar a cabo procedimientos de prevención y protección de la salud de la población, por sí, por otras autoridades competentes, o en forma concurrente, advirtiendo públicamente sobre la utilización y el consumo de los alimentos que puedan afectar la salud humana”.

En el caso de la leche SanCor Bebé Advanced 1, el Senasa aclaró a Chequeado que “intervino a través de sus áreas técnicas y de laboratorio, realizó los análisis periciales correspondientes, elaboró los informes técnicos con los resultados obtenidos e informó a las autoridades jurisdiccionales a fin de inmovilizar el producto y adoptar las medidas preventivas necesarias”.

Antes de su disolución, el INAL tenía entre sus funciones la vigilancia alimentaria y la comunicación de riesgos a la población. Recibía denuncias, coordinaba acciones con las autoridades sanitarias provinciales y municipales y podía emitir alertas ante la detección de productos potencialmente peligrosos.

Fuente: Agencia DIB

Los cambios en el sistema de salud deberán esperar

Si bien el ministro de Salud Nicolás Kreplak confirmó que este jueves se tratará ese tema en la Legislatura, el otro de la agenda de su sector deberá esperar un tiempo más. Se trata del proyecto para integrar el sistema de salud bonaerense (SIPBA), que será enviado a la Comisión de Presupuesto para recibir aportes de diferentes senadores.

Sin embargo, el freno a la iniciativa no llegó por la fuerza opositora sino por el mismo peronismo. Fueron el Frente Renovador y el kirchnerismo que hicieron escuchar el reclamo de los intendentes. Es que el artículo 43 del proyecto obliga a las comunas a “armonizar” (equiparar) los sueldos de sus médicos municipales con las paritarias provinciales. Es decir, dice qué hacer pero no aclara cómo afrontar ese gasto.

Al mismo tiempo, obliga a cada jefe comunal a comunicarle al Consejo Regional de Salud (Coresa) y al Congreso Provincial de Salud (Cosapro) cada vez que quiera “hacer uso de otras modalidades de personal o reconocer salarios superiores a los que fija esta normativa”.

Otro punto es el que le otorga prioridad a los municipios que formen parte de la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud para recibir fondos de programas provinciales y nacionales sanitarios. Y aquí los intendentes piden que la ley contemple al Coeficiente Único de Distribución (CUD) como fórmula para repartir el dinero, ya que el proyecto original no establece de forma clara cómo asignar las partidas.

Fuente: Agencia DIB

El ministro también señaló que las pymes enfrentan costos elevados para financiar capital de trabajo. Sobre ese punto, destacó la posibilidad de descontar facturas de grandes compañías una vez que estas hayan sido conformadas, una herramienta que permitiría a los proveedores acceder a tasas menores que las bancarias.

Asimismo, anunció dentro del paquete el uso de saldos a favor para cancelar deudas aduaneras. En ese sentido, las pymes podrán aplicar el 100 % de sus créditos por IVA de exportación o reintegros. Y las grandes empresas accederán inicialmente a una parte de esos saldos y el porcentaje aumentará de forma gradual.

Finalmente, enumeró créditos del Banco Nación para la industria automotriz. La línea tendrá una tasa fija cercana al 20 % y plazos de tres, cuatro y cinco años.

Impuestos a los Sellos

En tanto, Caputo anunció que están en diálogo con varios gobernadores para proponerles eliminar el impuesto a los sellos y señaló que desde el Gobierno nacional están dispuestos a hacerse cargo de pagarle a las provincias adheridas al RIGI o al REOR la mitad de lo que se recauda por ese impuesto, “a cambio de que las provincias resignen la otra mitad”.

“Es un esfuerzo enorme para nosotros”, afirmó el ministro y marcó que el impuesto a los sellos “es muy nocivo”, porque “impacta directamente en el bolsillo de la gente”. Según detalló, recauda “entre 4 y 5 billones de pesos al año”.

Fuente: Agencia DIB