La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional denominada Ley Malvinas sumó hoy por primera vez la presencia del Ejecutivo. Las internas propias del oficialismo forzaron la presencia de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy, quien se hizo presente en el plenario de comisión y lo hizo en un intento de “armonizar” que no cayó del todo bien.

“Es un proyecto muy importante para los argentinos, vengo con mucha humildad a escuchar. Mi propuesta es que podamos deponer las armas”, dijo. Este cierre generó los primeros comentarios de parte de los diputados de la oposición presente.

En esa medida, la funcionaria del Ejecutivo señaló que “estamos estudiando incorporar una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad con una obligación del Ejecutivo de mantener esa interlocución fluida”, en lo que fue el gesto de apertura al Congreso.

Sin embargo, el diputado Eduardo Falcone señaló que se sigue sin saber cómo será el ejercicio de parte del Ejecutivo para derribar un buque o un avión respecto de la autorización necesaria del Congreso.

Maximiliano Ferraro le reclamó al presidente de la Comisión la apertura de la lista de invitados, la presencia de invitados de otras fuerzas. “Vuelvo a reclamarle y solicitarle que se debe disponer la presencia del canciller Quirno y del ministro de Defensa, el general Presti”.

“Esto es un bodoque normativo y de reformas que debería tratarse por separado. Hay una preocupación por la militarización y concentración del poder en el Ejecutivo que es grave”. Pero donde hizo mayor fuerza el diputado de la Coalición Cívica es en “la posibilidad de amnistía encubierta para las empresas que ya no tenían autorización para operar en la Argentina”.

Desde el peronismo se fueron encadenando críticas en donde establecieron que “de los 133 artículos, los primeros 40 se refieren a cuestiones de Malvinas y los 90 restantes son reformas de la seguridad nacional, interior, defensa, derecho penal con facultades concentradas en el Poder Ejecutivo”, señaló Lorena Pokoik. Y se fueron sumando críticas a diferentes puntos como por ejemplo la habilitación de derribos, se les quita la responsabilidad de las decisiones militares en la cadena de mando. “Esto es una especie de obediencia debida pero al revés. Nadie es responsable”, dijo el diputado Agustín Rossi.

“Todo esto nos parece que, aunque dicen que hay una intencionalidad de diferenciar la seguridad interior de la seguridad nacional, nos parece difuso. Según la norma la inteligencia nacional la tiene que definir este consejo. Está el ministerio de Defensa, el de Economía ¿cómo aparecen las responsabilidades? ¿Quién hace la investigación?, y es peligroso porque no queda claro en qué rol queda la bicameral de seguimiento y control de los organismos de inteligencia”, agregó.

Ibarzabal defendió el proyecto y señaló que la situación actual “requiere una mirada más comprensiva e integral de las amenazas externas, con la posibilidad de tomar acciones concretas, que nos permita hacernos respetar”.

Respecto a las posibilidades de una “amnistía” a las empresas, la funcionaria hizo referencia a que “si tenemos una ley que solo establece la inhabilitación, si no permitimos algún régimen de desistimiento, no estamos poniendo los incentivos en el lugar adecuado. Si dejan de invertir en Malvinas es un éxito porque necesitamos que los proyectos se caigan”.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, insistió sobre la falta de claridad y la “vaguedad” que presenta el proyecto de ley y que, además, le pidió que presente “los dictámenes de este proyecto de Cancillería, del Ministerio de Defensa, etc. Creemos que el título 1 puede canalizarse por las comisiones respectivas.

Pero, a pesar de las críticas opositoras, y del silencio del bloque de La Libertad Avanza que no hizo ninguna referencia en toda la reunión de Comisión salvo, Silvana Giudici, que fustigó a la oposición y defendió el texto “como la ley más importante que presentó este gobierno”, la funcionaria se mantuvo en su posición.

“Entendemos que el título 1 no se puede tratar separado del resto de los títulos, para poder defender las islas Malvinas y el resto del territorio necesitamos no solo regímenes sancionatorios fuertes sino también que el Estado nacional tenga y nosotros como argentinos las competencias y facultades necesarias para que nuestras relaciones diplomáticas no sean solo de palabra”.

Los últimos en la lista como oradores fueron Mónica Frade (CC) y Myriam Bregman del bloque de la izquierda. Sin embargo, ambas se retiraron de la comisión acusando al presidente de la comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, quien definió ponerlas al final de la lista de oradores a pesar de ser de las primeras legisladoras que ingresaron a la sala.

Las bahienses Frany y Martina Pérez, junto con Julián Bisignano, participaron hoy de una audiencia de mediación en la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos (ORAC), a cargo de la doctora Soledad Munguía. La instancia fue convocada a pedido del fiscal Gustavo Zorzano en la causa por presunta estafa con entradas falsas que afecta a más de 200 personas.

En la reunión, Bisignano presentó una propuesta de 30 mil dólares a pagar en 18 cuotas a repartir entre todos los damnificados. En tanto, las hermanas Pérez no realizaron ningún ofrecimiento reparatorio, al manifestar que se consideran víctimas de Bisignano.

Al tratarse de una instancia de mediación, la falta de acuerdo por parte de una sola de las víctimas impide cerrar el proceso por esta vía. Diversos damnificados rechazaron la oferta, por lo que las actuaciones regresarán a manos del fiscal Zorzano.

A partir de este escenario, la querella o la fiscalía pueden solicitar la citación a declaración indagatoria de los acusados. La resolución sobre esta medida depende del fiscal de la causa.

Acuatro meses de la puesta en marcha de la Reforma Laboral, se perdieron 36.000 empleos formales y se cerraron 6.905 empresas en la Argentina, según reflejó un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).

La “Ley de Modernización Laboral”, puesta en vigencia en marzo de 2026 bajo el objetivo oficial de “dinamizar la contratación registrada y promover la creación de empresas”, se está contraponiendo a sus promesas iniciales, según expuso la primera edición del Monitor de la Reforma Laboral.

La especialista Candelaria Rueda, señaló en Pulso Informativo que se está generando un “efecto arrastre” ya que “se acumulan 13 meses consecutivos de caída en el empleo privado formal, sumando un total de 241.200 puestos perdidos desde el cambio de gestión en noviembre de 2023″.

En este sentido, señaló que la destrucción alcanzó a casi la totalidad de las actividades, incluidas ramas dinámicas como la minería, el petróleo y la intermediación financiera.

Respecto a la informalidad dijo que también viene de manera sostenida desde que asumió la gestión de Milei. “Todos los años sigue subiendo, hoy es el 45% de las personas ocupadas, lo cual es un problema no solo por los ingresos más bajos sino por la sostenibilidad de las cuentas públicas; porque es una fuerte de sostenimiento de otros sistemas”, alertó.

Asimismo enfatizó que “incluso quienes tienen trabajo registrado ven una caída del salario real, es decir la capacidad de compra. Entonces hay pérdidas de empleos registrados, reducción de empresas y una caída del salario; ninguno de los grandes efectos que se buscaban, de acuerdo a los dichos del gobierno”.

Por eso, criticó que “esto hay que seguirlo porque después las normativas pasan y acá es evidente que era para despedir gente de forma más barata, entonces hay que discutir que reformas sí se necesitan para generar empleo”.

“Al gobierno no le queda otra que defender esto. La economía creció hasta que empezó a caer al punto de comerse ese crecimiento. No obstante eso no arrastraba al empleo, algunos sectores como la minería generan mucho dinero pero no está creciendo la contratación de gente”, cerró Rueda.