La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió este viernes al jefe de Gabinete, Diego Santilli, tras el pedido público de renuncia que él formuló horas antes, y lo ubicó dentro de la “casta política” que el espacio libertario combatió en las elecciones de 2023. Lo hizo a través de un mensaje en X.

“Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, escribió Villarruel, sin mencionar a Santilli por su nombre. La titular del Senado fue aún más directa al calificar a quienes ejercen ese tipo de presiones como “parásitos” y cerró su publicación con una advertencia: “Sea democrático y respete el voto popular”.

Asimismo, Villarruel cargó su posteo con un peso institucional direccionado al decir que su fórmula con Milei en 2023 “surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía” de la clase dirigente del pasado, a la que tildó de “parásitos”.

El cruce se desató en la mañana del viernes, cuando Santilli salió al aire en Radio Mitre con el periodista Eduardo Feinmann y calificó de “barbaridad”, “disparate” y “falta de sentido común” los mensajes que Villarruel había publicado el día anterior en X. El jefe de Gabinete fue contundente al ser consultado sobre una eventual renuncia: “Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita”.

Para Santilli, las expresiones de Villarruel constituían “agravios impropios de una persona que acompañó al presidente en la fórmula”. El funcionario también dijo estar “en total desacuerdo” con la conducta de la vicepresidenta y cuestionó que, en lugar de apoyar al gobierno, “siempre pone palos en la rueda”.

El detonante de toda la secuencia fue un retuit que el propio Milei publicó en su cuenta oficial con un mensaje de la diputada Lilia Lemoine, quien acusó a Villarruel de coordinar acciones contra el gobierno junto a la exintegrante del bloque oficialista Marcela Pagano. Lemoine sostuvo que ambas legisladoras habrían intentado impulsar un juicio político contra el mandatario, que compartirían asesores y que se habrían acercado al peronismo. “Son como Rusia e Irán… fingen ser enemigas pero son socias contra Occidente”, escribió la diputada.

La reacción de Villarruel ante ese retuit fue inmediata y escaló en tono a lo largo del jueves. Primero calificó el posteo de “locura galopante” y agregó que “parece contagioso el delirio”. Luego fue más lejos: “El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas”. Finalmente, la vicepresidenta publicó el mensaje que provocó mayor repercusión: “Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”.

Esas palabras fueron las que Santilli tomó como punto de partida para su intervención radial del viernes. El funcionario las interpretó como una falta de lealtad institucional de quien integró la misma fórmula presidencial y las contrapuso al contenido de la cadena nacional que Milei había emitido la noche anterior, en la que presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

Santilli respaldó ese paquete de reformas, que establece como misión exclusiva del BCRA preservar el valor de la moneda y prohíbe de forma taxativa al organismo financiar al Estado —sea nacional, provincial o municipal—. El jefe de Gabinete también destacó el mecanismo de “grillete fiscal” incluido en el proyecto: si el resultado fiscal es deficitario durante varios meses y el Congreso no corrige la situación, los salarios de legisladores, ministros, secretarios, subsecretarios y el propio presidente quedarían suspendidos, mientras quedarían exceptuados jubilaciones, pensiones, fuerzas de seguridad y los sectores de salud y educación.

El conflicto entre Villarruel y el ala oficialista del gobierno no es nuevo, pero la intervención de Santilli —el funcionario de mayor jerarquía en la estructura del Poder Ejecutivo— elevó la tensión a un nivel institucional que hasta el momento no había alcanzado. El proyecto de reforma del BCRA ingresará por la Cámara de Diputados y se tratará en los próximos meses, con el respaldo de varios gobernadores que ya ordenaron sus cuentas fiscales, según confirmó el propio Santilli.

Los movimientos sociales que integran la UTEP, la CGT, las dos CTA y grupos piqueteros y agrupaciones que conforman Territorios en Lucha, como Libres del Sur, ultiman los detalles de la peregrinación de San Cayetano, prevista para el viernes 7 de agosto con partida desde la basílica del barrio porteño de Liniers y destino a Plaza de Mayo. Los organizadores aseguran que será “la marcha más grande de la década”. La consigna, que apunta a las políticas sociales y de ajuste del gobierno de Javier Milei, fue acuñada por el entonces papa Francisco: “Tierra, Techo y Trabajo”.

La movilización abrirá la temporada alta de protestas sindicales y sociales que concentrará paros, marchas y actos de fuerza de distintos sectores. Es la continuación de un plan de lucha trazado desde julio que ya generó cortes y piquetes en puentes y accesos en todo el país, acompañamiento a los reclamos que los miércoles realizan los jubilados frente al Congreso y rechazo público a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que encubre la modificación a la conocida ley de Tierras— que el oficialismo busca aprobar en el Senado.

La comisión organizadora, integrada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se reunió esta semana para definir la logística del acto. Según anticipó a Infobae el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, la peregrinación arrancará por la mañana con una bendición de herramientas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Jujuy, como es tradición cada año. Desde la organización auguran que será “la marcha más convocante de la década”.

Al recorrido desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo se irán sumando agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, colectivos de mujeres y profesionales. Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, confirmó la participación de su organización y señaló que se evalúa concentrar en el Obelisco junto a Territorios en Lucha para luego ingresar a la plaza junto a las dos CTA. “Todas las organizaciones vamos a participar este 7 de agosto. Nos parece muy importante articular todas las luchas”, afirmó Saravia en diálogo con Infobae.

La dirigente también denunció el cierre del programa Volver al Trabajo y el cese de la transferencia de $78.000 mensuales a casi un millón de personas. “Esto no solo impactaría en la economía de esas familias, sino también en las economías locales. Lo que hay de fondo es un problema de modelo de país. El gobierno está destruyendo la industria nacional, quitando derechos con la reforma laboral y entregando nuestro patrimonio con el RIGI y con la ley de extranjerización de tierras”, advirtió Saravia, quien agregó que “casi 8 de cada 10 familias están salteando comidas”.

Rechazo a la Ley de Propiedad Privada

En paralelo a los preparativos del 7 de agosto, la CGT suma su rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el oficialismo intentará aprobar en el Senado el 6 de agosto. La central obrera evalúa sumarse a la movilización convocada frente al Congreso un día antes, junto a las dos CTA, la UTEP y otras organizaciones que ya habían confirmado su presencia.

La norma propuesta por el Gobierno elimina los límites vigentes para la venta de tierras rurales a extranjeros, establecidos por la ley de 2011, que fija que los extranjeros no pueden ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país, prohíbe la compra de campos en zonas de frontera y establece un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Si se aprueba la modificación, la compra en zonas de frontera podría ocurrir con la doble aprobación de la Nación y de las provincias.

Este jueves, desde las 17, sindicatos, agrupaciones gremiales, movimientos populares y el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) realizarán un encuentro en defensa de la función social de la propiedad y en rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tramita en el Senado, “ante la evidencia de sus graves implicancias en materia de expropiaciones y desalojos, acceso a la vivienda, propiedad comunitaria de tierras indígenas, extranjerización del suelo rural, deterioro del ambiente y perjuicio de la soberanía nacional”.

La marcha del 6 de agosto está precedida por una semana de acción coordinada bajo la consigna “Argentina no se vende”, que la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen desplegando con talleres, radios abiertas y banderazos en distintos puntos del país, junto con recolección de firmas y otras actividades. Este sábado 1° de agosto habrá un banderazo en el Obelisco de autoconvocados como antesala a la marcha del jueves. El reclamo también sumó pronunciamientos de otros sectores: una carta abierta a los legisladores firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.

Una fecha con historia

La movilización del 7 de agosto cumple este año una década desde su primera edición. Esteban “Gringo” Castro, extitular de la UTEP, recordó en diálogo con Infobae los orígenes de aquella primera peregrinación. “El 7 de agosto del 2016, en realidad empezó como una idea que surge a partir del Movimiento Misionero Francisco. Teníamos una reunión para ver que siempre que había alguna fecha que expresara la religiosidad popular, como puede ser el 8 de diciembre (día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María), el 7 de agosto, nosotros hacíamos actividades, y ahí a un compañero se le ocurre plantear por qué no vamos desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo a reclamar lo que después fue el salario social complementario”, relató Castro.

El referente del Movimiento Misioneros de Francisco recordó que hubo resistencias internas antes de la primera marcha —entre ellas, la preocupación por si la fecha podía representar a sectores evangélicos o no creyentes— y que la convocatoria se realizó un domingo, lo que dificultaba la movilización. Aun así, la respuesta fue masiva. Fue, además, el puntapié inicial del reclamo al gobierno de Mauricio Macri para que se aprobara la Ley de Emergencia Social. Castro también evocó el hilo histórico que conecta esa gesta con la marcha de la CGT a San Cayetano durante la dictadura, encabezada por Saúl Ubaldini, que fue reprimida con dureza, y con las luchas de anarquistas, socialistas y comunistas de principios del siglo pasado.

El extitular de la UTEP señaló que el 45% de los trabajadores de la Argentina se encuentra en condiciones de precariedad laboral. “Es una enormidad, es una barbaridad”, afirmó, y resaltó que el 7 de agosto debe seguir siendo “un día de movilización y de construcción de comunidad, de lucha por la producción y el trabajo”, con la consigna surgida en el Vaticano bajo el papa Francisco: “techo, tierra y trabajo”.

Castro recorre a diario los barrios más vulnerables. Durante la semana, por ejemplo, visitó junto al sacerdote ruandés nacionalizado argentino Juan Bosco el barrio 17 de noviembre, ubicado en Villa Celina, en La Matanza. El religioso tiene un comedor comunitario y un club de fútbol para los niños más carenciados de ese distrito bonaerense.

Un agosto cargado de protestas

La marcha de San Cayetano es solo el primer hito de un mes de agosto con agenda sindical y social intensa. El lunes 3 de agosto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía en reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra los despidos en el sector público. También en agosto se prevén protestas de sindicatos educativos agrupados en la CGT, junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y gremios universitarios, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo permanece en $500.000 desde hace un año.

La siguiente acción conjunta de la CGT, las CTA y los movimientos sociales está prevista para la semana del 20 de agosto: una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar la situación de siete millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no poder afrontar sus deudas. Desde la UTEP, el secretario general Alejandro Gramajo advirtió que en los barrios populares ese endeudamiento aparece en muchos casos ligado al narcomenudeo y al crimen organizado.

El calendario continúa el 2 de septiembre con una marcha en coincidencia con el Día de la Industria para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo. Luego, entre el 4 y el 6 de septiembre, los líderes sindicales y sociales participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba.

La Justicia de Garantías de Bahía Blanca rechazó un recurso de habeas corpus preventivo que había presentado uno de los defensores en la causa por la muerte en el gimnasio Sport Club.

Se trata del recurso formalizado por el abogado Agustín Robbio, quien asesora a los dueños de la franquicia que administraba las instalaciones ubicadas en la avenida Cabrera al 4.100, donde a principios de junio falleció el cliente Juan Roberto Cafasso (68), al caer desde un entrepiso.

Robbio fue crítico con la decisión de la fiscalía, habilitada por el juez Guillermo Mércuri, de incautar (mediante presentación judicial y/o allanamiento) los teléfonos o tablets de los propietarios del comercio.

En el escrito consideraba que todo fue “un show innecesario” y que “no había razones” para la medida, “carente de motivación”, porque ni siquiera existe imputación y, por otro lado, que “pasó un mes y medio del hecho y no había urgencia”, teniendo en cuenta que la orden se dio en medio de las vacaciones de invierno.

“Sin perjuicio de ello nos hemos presentado a estar a derecho denunciando sus domicilios y estos letrados hemos asumido su representación”, dijo.

Robbio también explicó que algunos de los dueños están de receso y otros, como Germán y Gastón Decker, son empresarios y viajan periódicamente a Buenos Aires por temas comerciales, con lo cual pueden no estar presentes en la ciudad.

Con el secuestro de los teléfonos, el fiscal Cristian Aguilar -a pedido de la querella, encabezada por los abogados Martiniano Greco y Carlos Carnevale- busca determinar si los dueños y/o encargados del gimnasio intercambiaron mensajes previamente por los riesgos que existían en el lugar, ya que el entrepiso -que no estaba autorizado- carecía de paredes.

El rastreo abarcará WhatsApp, Telegram, Signal, SMS, iMessage, correos electrónicos, registro de llamadas, contactos, grupos, archivos adjuntos, fotos, videos, documentos PDF, planos, informes, notas y calendarios, entre otros servicios y aplicaciones.

Se buscará determinar si, antes del hecho, existieron diálogos sobre los peligros del entrepiso montado, que tenía banners que simulaban paredes, pero no tenían ningún tipo de contención.

Fuente: La Nueva.