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Política Nacional

Elecciones 2019: tras la polémica, se hizo un nuevo simulacro de transmisión de datos del escrutinio provisorio

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Luego de una prueba parcial el pasado 29 de junio, donde hubo deficiencias técnicas, ayer se realizó con éxito el simulacro general de escrutinio provisorio para las próximas PASO. La prueba del nuevo sistema digital de recuento de votos se hizo en miles de escuelas de todo el país en forma simultánea.

Por primera vez, el escrutinio provisorio se realizará con un software especial (SmartTally), desarrollado por la empresa venezolana Smartmatic, que transmitirá digitalmente los telegramas desde las escuelas a los centros de cómputos, que funcionarán en el Correo de manera directa.

En la prueba parcial anterior, el sistema había fallado por falta de conectividad. El fracaso del simulacro anterior había generado dudas sobre el funcionamiento del sistema. “La vez pasada, los equipos tuvieron un proceso de actualización que duró 45 minutos y los operadores no lo sabían. Hoy corregimos eso y el sistema funcionó bien”, dijo a LA NACION Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos, oficina encargada de modernizar el proceso electoral.

También despertaba críticas el historial de la empresa Smartmatic, involucrada hace unos años en una polémica por fraude electoral en Venezuela y Filipinas. Sobre la elección de la empresa de origen venezolano, Pérez explicó que “hubo un proceso de selección muy transparente con una licitación internacional, pública y abierta, de la que participaron cinco empresas. Entre las que pasaron la aprobación técnica, se evaluó cuál aportaba el mejor precio. Smartmatic fue la que dio la mejor oferta”, agregó Pérez. Históricamente el escrutinio provisorio era realizado por la española Indra.

Algunos espacios opositores, como el kirchnerismo, expresaron su desconfianza hacia el nuevo sistema de recuento de votos, porque desconocen el código fuente del software. Al respecto, Pérez afirmó que “vamos a entregar el software a la Justicia Electoral para que pueda analizarlo”. El simulacro de ayer contó con fiscales informáticos de todos los partidos que competirán en las PASO.

Además, Pérez remarcó los beneficios que traerá el nuevo sistema. Indicó que “reducirá el tiempo de procesamiento y divulgación de los resultados”, al mismo tiempo que permitirá mejorar la “transparencia y trazabilidad” de los telegramas. “Antes un camión llevaba los telegramas y no se sabía qué pasaba con ellos. Con el nuevo sistema vamos a evitar posibles extravíos y eliminar esos puntos oscuros”, señaló Pérez.

Una vez que se carga el telegrama, el software permitirá ver en qué instancia del proceso se encuentra. De esta manera, se podrá saber si el telegrama ya fue recibido y procesado por el correo. “Evitar el esquema de traslado físico de los telegramas a una oficina de correo nos va a permitir dar antes los resultados del escrutinio provisorio”, explicó Pérez, al presentar el nuevo sistema de recuento de votos.

El simulacro

En el simulacro de ayer, cinco horas alcanzaron para transmitir 94.706 telegramas. Se espera que el 11 de agosto los primeros resultados de las PASO se conozcan a las 21, y que a las 24 horas ya se tenga cerca del 96% escrutado.

En las escuelas habrá un kit de transmisión, compuesto por una netbook, dos routers y una impresora multifunción, que sirve para escanear el telegrama. Los telegramas poseen un código de barras único que certifica que ese documento corresponde efectivamente a esa escuela y a esa mesa en particular. Una vez enviado al correo, dos digitadores recibirán de manera independiente y aleatoria el mismo telegrama. Si los datos ingresados por ambos coinciden, el telegrama se suma al recuento total de votos. Si no coincide, es evaluado por un tercer digitador, que deberá resolver la incidencia. Para las escuelas que no tienen buena conexión, habrá sucursales electorales digitales del correo, donde podrán llevar sus telegramas para que sean digitalizados y transmitidos a los centros de cómputos.

Fuente: La Nación


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El Gobierno reglamentó el nuevo régimen penal juvenil: cuáles son los ejes centrales

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El Gobierno reglamentó esta madrugada la Ley del Régimen Penal Juvenil N° 27.801, que rige para adolescentes de 14 a 17 años. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Diego Santilli y el secretario Juan Bautista Mahiques, fija cómo se implementarán las modificaciones introducidas a la legislación vigente.

La medida se oficializó mediante la publicación del decreto 875/26 en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo dispuesto, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques. En ese sentido, la cartera será la encargada de coordinar la implementación del régimen, dictar normas complementarias y celebrar convenios de colaboración con provincias, universidades, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

El supervisor especializado

Una de las piezas centrales del decreto es la regulación de la figura del supervisor especializado, el profesional responsable del seguimiento, la asistencia y el control del adolescente durante el proceso. Para ser designado, deberá acreditar formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones o trabajo social.

De esta manera, crearon el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil en el ámbito del Ministerio de Justicia. Dado que el registro definitivo requiere una convocatoria pública, se establece un régimen transitorio: la autoridad de aplicación elaborará un listado provisorio de profesionales habilitados con un plazo máximo de 180 días para sustanciar esa primera convocatoria. Los jueces designarán al supervisor en cada causa entre los profesionales del listado.

Una vez conformado el registro definitivo, quienes no logren incorporarse al padrón permanente perderán la posibilidad de ser asignados a nuevos casos, aunque el juez correspondiente evaluará su continuidad en las causas en las que ya intervengan.

Crearon un comité interministerial y una mesa federal

Para lograr una implementación transversal, el Gobierno dispuso la creación del Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, un organismo permanente que articulará la actuación conjunta de cuatro ministerios: Justicia —que ejercerá la coordinación—, Seguridad NacionalCapital Humano y Salud. Cada cartera designará un representante titular y uno suplente, con rango mínimo de director nacional.

Entre sus funciones, este organismo deberá elaborar lineamientos comunes en materia de prevención, abordaje y reinserción; intercambiar información estadística y técnica; y emitir recomendaciones no vinculantes a la autoridad de aplicación. También le corresponde instrumentar la articulación necesaria para la ejecución de las penas alternativas previstas en el artículo 12 de la ley.

El decreto habilita, además, la participación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y otros organismos del Poder Judicial en carácter de colaboradores, cuando la materia a tratar lo requiera.

A su vez, formalizaron la creación de la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, un espacio permanente —aunque de adhesión voluntaria— para el diálogo entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La instancia estará coordinada por un representante de la cartera de Justicia e integrada por un delegado de cada jurisdicción provincial y de la CABA, además de representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.

Sus funciones incluyen la armonización de criterios técnicos y procesales, el intercambio de buenas prácticas y la facilitación de convenios de cooperación entre jurisdicciones. La Mesa podrá emitir recomendaciones no vinculantes sobre implementación, y su funcionamiento operativo —frecuencia de reuniones, modalidades de adhesión y procedimientos de adopción de recomendaciones— quedará regulado por sus propios integrantes.

Derechos de las víctimas y capacitación de operadores

Por otro lado, la reglamentación de la ley establece los derechos reconocidos para las víctimas, dentro de los que se encuentran la tutela efectiva, asistencia especializada y patrocinio jurídico gratuito. La norma también establece que el Ministerio de Justicia deberá llevar adelante actividades de capacitación continua dirigidas a magistrados, fiscales, defensores y demás operadores del sistema de Justicia Penal Juvenil que actúen en el fuero nacional y federal. Las provincias y la CABA podrán desarrollar sus propias instancias de formación en sus respectivos ámbitos.

Asimismo, el decreto fija un mecanismo de comunicación al Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del propio Ministerio de Justicia, para el seguimiento de los adolescentes alcanzados por el régimen. Esa comunicación deberá respetar la reserva del proceso contemplada en la ley.

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Javier Milei reunirá al Gabinete este lunes en la Casa Rosada, con Malvinas y el Presupuesto 2027 en agenda

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El presidente Javier Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete este lunes a las 10 en la Casa Rosada, en el inicio de una semana que tendrá como ejes el seguimiento de las medidas anunciadas por la cuestión Malvinas, la definición del Presupuesto 2027 y la estrategia parlamentaria del oficialismo para los próximos días.

La convocatoria se inscribe en la decisión de Milei de darle mayor frecuencia a los encuentros con su equipo y convertirlos en una instancia semanal de seguimiento político y de gestión. En la Casa Rosada prevén una dinámica centrada en el repaso de áreas, la evaluación de temas puntuales y la fijación de prioridades para la semana.

Según pudo confirmar Infobae, será la tercera reunión consecutiva en tres semanas. El Presidente había reunido a sus ministros el lunes 24 de agosto y repitió el encuentro el martes pasado, cuando uno de los asuntos centrales fue la situación vinculada con Malvinas.

Balance de las medidas por la cuestión Malvinas

En aquella reunión, el canciller Pablo Quirno expuso sobre el escenario diplomático y sobre los movimientos en torno del reclamo argentino de soberanía. De esa discusión surgió luego la decisión presidencial de hablar por cadena nacional el jueves para anunciar una batería de medidas frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion en las aguas que rodean a las islas.

Entre las decisiones comunicadas por el Gobierno figuró el endurecimiento del régimen de sanciones para las compañías que participen de la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. También se anunció el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y mecanismos orientados a la protección de infraestructura crítica y de los espacios marítimos y aeroespaciales.

En el oficialismo hicieron en las últimas horas un balance favorable del impacto inicial de esas medidas, después de que grandes compañías internacionales de servicios petroleros informaran que no participarán de actividades ligadas a la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

El Presupuesto 2027, en etapa clave

Además del frente abierto por la cuestión de las islas, el Gobierno entró en días decisivos para terminar de definir el Presupuesto 2027, que debe ser remitido al Congreso antes del 15 de septiembre.

La iniciativa aparece como uno de los principales desafíos políticos del oficialismo para el último tramo del año. En la Casa Rosada anticipan una negociación compleja con gobernadores y bloques dialoguistas, sobre todo por la discusión en torno de los fondos para las provincias y las obras públicas.

El Ejecutivo busca que el proyecto preserve como criterio central el equilibrio fiscal, uno de los ejes que el Presidente considera innegociables dentro de su programa económico. En el oficialismo esperan que el debate presupuestario vuelva a medir la capacidad de negociación de la administración libertaria en el plano legislativo.

La estrategia parlamentaria

En ese esquema tendrá un lugar relevante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado del vínculo político con los gobernadores. A la vez, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, conserva una influencia determinante en las decisiones políticas del oficialismo.

La agenda parlamentaria será otro de los puntos que sobrevolarán el encuentro. La mesa política del Gobierno viene trabajando sobre los proyectos que pretende impulsar durante septiembre, entre ellos la reforma electoral, en paralelo con la discusión presupuestaria.

La reunión llegará además después de una semana de alta exposición presidencial, marcada por el viaje de Milei a Chile, la cadena nacional dedicada a Malvinas y una nueva centralidad del Presidente y de sus ministros en la comunicación de la gestión.

La nueva modalidad de encuentros semanales apunta a reforzar el control político y el seguimiento más frecuente de cada área por parte del Presidente. La cita será este lunes a las 10 en la Casa Rosada, con asistencia de los ministros y de los funcionarios que habitualmente integran las reuniones ampliadas del Gabinete.

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El Gobierno descarta sumar a la UCR a la mesa con el PRO, pero busca acuerdos con el ala dialoguista

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Con la reelección del presidente Javier Milei como prioridad, el Gobierno trabaja en ampliar las alianzas en clave electoral, pero descarta sumar formalmente a la Unión Cívica Radical (UCR) como partido a la mesa técnica que mantiene con referentes del PRO para discutir potenciales acuerdos rumbo a las presidenciales de 2027. Sin embargo, en el oficialismo aseguran que mantienen conversaciones “de manera individual” con dirigentes radicales, en particular con aquellos que integran el ala dialoguista del espacio.

En paralelo a las reuniones que mantienen los primos Menem con Diego Santilli y los diputados del PRO Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, La Libertad Avanza tiende puentes con dirigentes radicales alineados con la Casa Rosada. El principal impedimento para sumar a la UCR como estructura partidaria es el sector que conduce el senador Martín Lousteau, uno de los dirigentes más críticos de las políticas de gestión.

“Con la UCR como partido es difícil porque también contempla a los que responden a Lousteau”, explicó una voz del armado. “No lo veo viable. Aunque haya conversaciones individuales, hay sectores del propio partido que no quieren cerrar con nosotros”, argumentó una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

En los últimos días, el titular de la UCR, Leonel Chiarella, anunció la construcción de una alternativa nacional “a la grieta” durante una gira por la Patagonia. “Cuando no se roba y no hay corrupción en el Estado, las cosas pueden ser mucho mejor y eso lo demostramos en cada una de nuestras gestiones con honestidad y coraje como nos enseñaron Arturo Illia y Raúl Alfonsín. Por eso, Argentina necesita que construyamos una propuesta alternativa a la grieta”, sentenció.

“¿La grieta? Volvemos a los mismos términos de siempre. Ya está todo inventado, pero tienen derecho a querer presentar alternativas. Tenemos diálogo con todos, pero vamos a tener en cuenta a todos los que coincidan“, respondió un funcionario ante este medio tras el lanzamiento del Chiarella.

Pese a las diferencias con Lousteau, la administración libertaria mantiene diálogo directo con dirigentes como los exdiputados Rodrigo De Loredo y Martín Berhongaray, los senadores Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad. También gobernadores del espacio, entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco).

Si bien los libertarios evitan dar precisiones sobre los potenciales acuerdos y argumentan que aún faltan meses para las elecciones de 2027, Zdero y Cornejo son dos de los cinco gobernadores radicales con los que el oficialismo considera posible avanzar en un entendimiento electoral.

Distinta es la situación de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy). A pesar de la buena sintonía existente, tanto Pullaro como Sadir no ven viable un acuerdo con el sello que fundó el libertario y, en su lugar, podrían habilitar una conversación para establecer las condiciones de lo que definen como una “confrontación acordada”.

Con los hermanos Valdés, el vínculo es más complejo. En las legislativas de 2025, el oficialismo se encaminaba a cerrar un acuerdo conjunto para competir en la provincia, pero a último momento los hermanos rechazaron la posibilidad y decidieron competir con listas separadas.

En esa línea, el senador radical Gustavo Valdés admitió que aún no hay canales de diálogo abiertos con el espacio del mandatario. “Todavía no tenemos diálogo político con La Libertad Avanza. Tuve sí un cambio de sintonía a partir de que el jefe de Gabinete es Diego Santilli, quien es un hombre que conozco hace muchos años, con quien tenemos muy buena relación y por ahí tenemos diálogo”, expresó.

En medio de la decisión del Gobierno de habilitar el debate sobre la reforma electoral, Zdero dio una muestra de sintonía con el Poder Ejecutivo luego de que la Legislatura de Chaco aprobara la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La iniciativa fue recibida con optimismo en Balcarce 50, donde se entusiasman con la posibilidad de avanzar en una discusión que comenzará el próximo 15 de septiembre en el Senado, como anticipó este medio.

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