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Política Nacional

Elecciones 2019: tras la polémica, se hizo un nuevo simulacro de transmisión de datos del escrutinio provisorio

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Luego de una prueba parcial el pasado 29 de junio, donde hubo deficiencias técnicas, ayer se realizó con éxito el simulacro general de escrutinio provisorio para las próximas PASO. La prueba del nuevo sistema digital de recuento de votos se hizo en miles de escuelas de todo el país en forma simultánea.

Por primera vez, el escrutinio provisorio se realizará con un software especial (SmartTally), desarrollado por la empresa venezolana Smartmatic, que transmitirá digitalmente los telegramas desde las escuelas a los centros de cómputos, que funcionarán en el Correo de manera directa.

En la prueba parcial anterior, el sistema había fallado por falta de conectividad. El fracaso del simulacro anterior había generado dudas sobre el funcionamiento del sistema. “La vez pasada, los equipos tuvieron un proceso de actualización que duró 45 minutos y los operadores no lo sabían. Hoy corregimos eso y el sistema funcionó bien”, dijo a LA NACION Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos, oficina encargada de modernizar el proceso electoral.

También despertaba críticas el historial de la empresa Smartmatic, involucrada hace unos años en una polémica por fraude electoral en Venezuela y Filipinas. Sobre la elección de la empresa de origen venezolano, Pérez explicó que “hubo un proceso de selección muy transparente con una licitación internacional, pública y abierta, de la que participaron cinco empresas. Entre las que pasaron la aprobación técnica, se evaluó cuál aportaba el mejor precio. Smartmatic fue la que dio la mejor oferta”, agregó Pérez. Históricamente el escrutinio provisorio era realizado por la española Indra.

Algunos espacios opositores, como el kirchnerismo, expresaron su desconfianza hacia el nuevo sistema de recuento de votos, porque desconocen el código fuente del software. Al respecto, Pérez afirmó que “vamos a entregar el software a la Justicia Electoral para que pueda analizarlo”. El simulacro de ayer contó con fiscales informáticos de todos los partidos que competirán en las PASO.

Además, Pérez remarcó los beneficios que traerá el nuevo sistema. Indicó que “reducirá el tiempo de procesamiento y divulgación de los resultados”, al mismo tiempo que permitirá mejorar la “transparencia y trazabilidad” de los telegramas. “Antes un camión llevaba los telegramas y no se sabía qué pasaba con ellos. Con el nuevo sistema vamos a evitar posibles extravíos y eliminar esos puntos oscuros”, señaló Pérez.

Una vez que se carga el telegrama, el software permitirá ver en qué instancia del proceso se encuentra. De esta manera, se podrá saber si el telegrama ya fue recibido y procesado por el correo. “Evitar el esquema de traslado físico de los telegramas a una oficina de correo nos va a permitir dar antes los resultados del escrutinio provisorio”, explicó Pérez, al presentar el nuevo sistema de recuento de votos.

El simulacro

En el simulacro de ayer, cinco horas alcanzaron para transmitir 94.706 telegramas. Se espera que el 11 de agosto los primeros resultados de las PASO se conozcan a las 21, y que a las 24 horas ya se tenga cerca del 96% escrutado.

En las escuelas habrá un kit de transmisión, compuesto por una netbook, dos routers y una impresora multifunción, que sirve para escanear el telegrama. Los telegramas poseen un código de barras único que certifica que ese documento corresponde efectivamente a esa escuela y a esa mesa en particular. Una vez enviado al correo, dos digitadores recibirán de manera independiente y aleatoria el mismo telegrama. Si los datos ingresados por ambos coinciden, el telegrama se suma al recuento total de votos. Si no coincide, es evaluado por un tercer digitador, que deberá resolver la incidencia. Para las escuelas que no tienen buena conexión, habrá sucursales electorales digitales del correo, donde podrán llevar sus telegramas para que sean digitalizados y transmitidos a los centros de cómputos.

Fuente: La Nación


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La Justicia suspendió artículos de la reforma laboral, luego de una presentación de la CGT

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La Justicia laboral suspendió, de manera provisoria, más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, una luego de una medida cautelar presentada por la CGT.

El texto firmado por el triunvirato de la central obrera, Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, logró frenar una parte significtiva de la Ley de Modernización Laboral (27.802) sancionada el pasado 27 de febrero.

El juzgado nacional del Trabajo advirtió sobre la posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de “perjuicio inminente” para los trabajadores. Por ese motivo, indicó la suspensión provisoria de los artículos cuestionados, hasta el momento en que se dicte la “sentencia definitiva”.

En la misma línea, Ojeda aseguró que esta cautelar tiene fundamentos por la “verosimilitud del derecho calificada” y porque, en el caso de de aplicarse las normas establecidas en la ley, podría producirse una ruptura en los derechos laborales aquiridos.

En la cautelar, se asegura que la CGT “posee legitimación activa para impugnar los artículos señalados”, vinculados a los “derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga”, teniendo en cuenta, también, los aspectos “individuales comunes y homogéneos”  de los grupos de trabajadores, “cuya prestación se encuentra regulada” por las normas vigentes en nuestro país.

Por el momento, esta suspensión continuará siendo de carácter “provisorio”, mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.

“Se peticiona la declaración de inconstitucionalidad de un grupo de disposiciones de la reciente ley 27.802 cuya determinación no corresponde al prieto marco de una medida cautelar. En esta etapa corresponde emitir una prudente consideración general que permita adoptar una decisión provisoria, para aguardar con paz social hasta la sentencia definitiva, luego de un debate más intenso”, concluye el texto.

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AFA: procesaron a “Chiqui” Tapia y a Toviggino en la causa por presunta evasión fiscal de $19.000 millones

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El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, procesó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y su mano derecha, el tesorero de la institución, Pablo Toviggino, en la causa por presuntos desmanejos de fondos por retención indebida de impuestos y aportes previsionales.

Además, les sumó un embargo a ambos sobre sus bienes hasta cubrir el equivalente $350 millones cada uno.

Amarante mantuvo también la prohibición de salir del país al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acusó a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.

Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social, y superan los $19 mil millones. Tapia y Toviggino se presentaron ante la Justicia, y el argumento de la AFA es que pagaron la deuda pero fuera de término, por lo que el delito se habría consumado.

Fuente: TN

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Por más presupuesto: arranca otra semana de paro en las universidades nacionales

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En reclamo de la implementación de la Ley de Financiamiento, este lunes comenzó una nueva semana de paro de docentes universitarios de todo el país. La jornada cerrará así un mes marcado por una seguidilla de protestas por parte del sector y que tiene en agenda una nueva semana sin clases para fines de abril.

El cese de actividades, impulsado por las dos federaciones nacionales mayoritarias representadas en la Conadu y la Conadu Histórica, tendrá como eje el pedido por una recomposición salarial debido al “un atraso” significativo” que tienen frente a la inflación.

La medida, que se extenderá entre este lunes y el miércoles 1 de abril, forma parte de un plan de lucha impulsado por el Frente Sindical de Universidades, que desde hace tiempo comenzó a exponer “la crítica situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario argentino”. Como jueves y viernes es Semana Santa, se conformarán otros cinco días sin clases.

A esa medida, se sumará la marcha federal universitaria -con fecha tentativa para el 23 de abril- que buscará volver a movilizar a docentes, estudiantes y autoridades en defensa del sistema público.

Asimismo, hay otros cinco días de paro prevista para la semana que comienza el lunes 27 de abril, aunque habrá que ver cómo llega la relación de los gremios con el Gobierno para esa fecha.

La protesta, que se sustenta en una pérdida en torno al 40% del poder adquisitivo de los docentes desde que asumió Javier Milei, afecta a la mayoría de las casas de estudios del país; entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ).

A esto se suma que los auxiliares enrolados en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales realizarán una huelga de 24 horas el próximo 31 de marzo. La medida se repetirá el 8, 17 y 23 de abril, según el esquema votado. Estas iniciativas impactarán no sólo en las facultades sino en los colegios dependientes de las universidades, ya que son los trabajadores no docentes los encargados de abrir las instituciones cada día.

La protesta universitaria en la UBA

En el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) viene llevando adelanta un paro por tiempo indeterminado que impacta en el normal funcionamiento de varias facultades.

A principios de marzo, desde la UBA presentaron un informe de evolución salarial en el que destacaron que el sueldo real “se encuentra en su mínimo histórico”: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% “por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004”.

En este contexto, la AGD-UBA de esa casa de estudios remarcó que “sin convocar a paritaria (como desde hace dos años) y desconociendo la Ley de financiamiento universitario que implicaría un aumento de 55,4% del salario (para equiparar la deuda desde diciembre 2023 a la actualidad), el gobierno de Milei fijó de manera unilateral un incremento salarial de 2,5% para enero, 2,2% para febrero y 2% en marzo”.

“De pagarse este 6,7% –que aún no se cobró–, el gobierno nos debería ahora un 49% de aumento, según establece la ley que el gobierno no aplica. Por eso, del 30/3 al 1 de abril, la docencia de las universidades nacionales va al paro en todo el país”, expresaron.

Fuente: Agencia DIB

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