El Gobierno oficializó una decisión que ya habían anticipado a finales de 2025: la reestructuración integral del IOSFA y la creación de dos nuevas entidades autárquicas, separando de forma definitiva la cobertura de salud de los militares y la de los policías federales. El anuncio, que impacta directamente sobre más de 500 mil beneficiarios, responde a demandas históricas de ambos sectores y marca un punto de inflexión en la gestión de la salud pública para las fuerzas de defensa y seguridad.

Las autoridades tomaron esta decisión con el objetivo de enfrentar la crisis financiera que atraviesa el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La deuda que mantiene ronda los 200 mil millones de pesos. Desde el Gobierno consideran que estos problemas operativos derivan de irregularidades en la gestión de las administraciones anteriores.

Entre las poblaciones más golpeadas por el deterioro de la entidad se encuentra Punta Alta, donde, según datos de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), de los 77.000 habitantes, 42.000 dependen de IOSFA y llevan meses sin acceder a servicios básicos de salud.

Frente a este diagnóstico, el ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvo reuniones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en busca de alternativas viables para rescatar a IOSFA del colapso. La reorganización planteada consiste en una división estructural del organismo.

De esta manera, la flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) nace como ente autárquico con personería jurídica propia, bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Su ámbito de acción se extiende a todo el territorio nacional, con la misión central de “brindar cobertura para la atención médico asistencial y social a la totalidad de la población beneficiaria”, de acuerdo con el Programa Integral de Prestaciones que apruebe su propio Directorio. El decreto estipula que las prestaciones jamás podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio aprobado por el Decreto N° 492/1995, ni a futuras actualizaciones.

La OSFA contará con un directorio integrado por representantes de cada una de las fuerzas armadas. Esta estructura garantizará, según el Ejecutivo, una conducción especializada y alineada con las necesidades particulares de cada institución militar. El Ministerio de Defensa ejercerá la fiscalización y el control de la nueva obra social, actuando como autoridad de aplicación y responsable último de su funcionamiento.

En paralelo, se establece la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) como ente autárquico dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Su principal objetivo es la cobertura médico-asistencial y social para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y eventuales futuras incorporaciones de otras fuerzas federales.

Esta desarrollará sus funciones a nivel nacional, bajo estrictos parámetros de control por parte del Ministerio de Seguridad Nacional.

El Directorio de la OSFFESEG estará integrado por cinco miembros titulares, todos serán designados y removidos, en caso de ser necesario, por el Ministerio de Seguridad. La presidencia recaerá en una persona con probada idoneidad y antecedentes técnicos en gestión pública o privada. El decreto exige que todos los miembros demuestren competencia y formación en administración, así como experiencia en organismos complejos.

La OSFA Tendrá como afiliados titulares al personal militar en actividad, personal civil de las Fuerzas Armadas, empleados directos de la obra social, retirados y pensionados. A ellos se suman los beneficiarios incorporados, que int tegran el grupo familiar primario del titular, incluyendo cónyuge o conviviente, hijos menores de 21 años y, bajo ciertas condiciones, hijos mayores hasta los 25 años que cursen estudios formales. Según lo dispuesto, el directorio podrá autorizar la incorporación de afiliados adherentes, siempre que no posean otra cobertura de salud y cumplan con los requisitos de sustentabilidad financiera.

Mientras tanto, la OSFFESEG incorpora como titulares al personal con estado militar de Gendarme en actividad, personal policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina, personal civil en relación de dependencia en ambas fuerzas, empleados de la propia obra social y personal retirado o pensionado de ambas instituciones. El grupo familiar primario de cada titular también accede a la cobertura, con condiciones similares a las fijadas para la OSFA. Además, el Directorio de la OSFFESEG tiene la facultad de admitir nuevos afiliados adherentes, siempre que se acredite la viabilidad financiera y se trate de personas sin otra cobertura.

Ambas obras sociales contarán con una estructura financiera basada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas y aranceles de adherentes, ingresos por ventas de activos, recursos asignados por la Ley de Presupuesto Nacional y donaciones. El porcentaje de aportes y contribuciones se calculará sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos de los haberes, excluyendo asignaciones familiares, gastos y viáticos.

El decreto establece que tanto OSFA como OSFFESEG deberán destinar al menos el 80 % de sus recursos a la prestación de servicios de salud, mientras que los gastos administrativos y de funcionamiento no podrán superar el 8 %. Si existiera un excedente y todas las obligaciones de salud y administrativas estuvieran cubiertas, hasta un 12 % podrá dirigirse a otras prestaciones sociales.

A su vez, autorizaron al directorio de cada institución a formular el reglamento interno, proponer estructuras orgánicas y normativas administrativas, aprobar programas médicos, presupuestos anuales y balances, contratar personal y servicios, fijar políticas de inversión y presentar informes de gestión ante sus respectivos ministerios.

Además, aclararon que ambos equipos de trabajo estarán sometidos a auditorías internas bajo la Sindicatura General de la Nación y deberán cumplir rigurosas normas de incompatibilidad para evitar conflictos de interés.

En esa línea, establecieron que el mandato de los miembros será de cuatro años, con posibilidad de reelección. De manera obligatoria, todos los integrantes deberán acreditar competencia y experiencia en la gestión pública o privada, especialmente en áreas de administración y salud.

Para garantizar la continuidad de servicios, el decreto prevé la transferencia ordenada de activos, personal y derechos desde el IOSFA hacia las nuevas entidades. Durante la transición, un administrador designado por el Ministerio de Defensa y una Comisión Especial Ad-Hoc —con representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía— supervisarán el traspaso, incluyendo la restitución de bienes, la cancelación de pasivos y la definición de toda la normativa complementaria necesaria.

El proceso contempla la preservación de las prestaciones actuales y la protección de la población afiliada a lo largo de toda la transición. Las sedes centrales de ambas nuevas obras sociales estarán ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde operarán sus sistemas y servicios a nivel nacional.

Desde el Gobierno señalaron que la decisión responde a “circunstancias excepcionales que tornan necesario y urgente adoptar medidas inmediatas de reorganización institucional, financiera y operativa del sistema de cobertura de salud”, ante el “desequilibrio estructural y desfinanciamiento que atraviesa el IOSFA”. El Ejecutivo remarcó que la reestructuración permitirá “asegurar la continuidad, regularidad y calidad de las prestaciones médico-asistenciales y evitar una afectación actual o inminente del derecho a la salud de los afiliados”.

La Libertad Avanza llegó a un acuerdo con algunos sectores de la oposición y convocó a una sesión el próximo jueves para tratar el nuevo Régimen Penal Juvenil que, entre otros puntos, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Sin embargo, la principal sorpresa podría llegar desde el peronismo: los diputados del massismo analizan votar a favor del proyecto porque coincide con “la posición histórica que tuvo el Frente Renovador”.

El año pasado, cuando el proyecto del oficialismo se discutió en comisión, el peronismo presentó un dictamen de minoría con su propio régimen penal para adolescentes que no modificaba la edad de imputabilidad (16 años). Por aquel entonces, las autoridades del bloque decidieron reemplazar a los massistas Ramiro Gutierrez, Mónica Litza y Marcela Passo para que el peronismo firmara sin fisuras en contra de la propuesta de La Libertad Avanza.

En ese momento, y también en la actualidad, el Frente Renovador apoyaban la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y así lo habían plasmado en el Código Penal que Sergio Massa impulsó en 2015.

Según pudo reconstruir Infobae, este jueves por la tarde en una reunión en las oficinas Avenida del Libertador 850, Massa acordó con sus alfiles en la Cámara de Diputados que el Frente Renovador apoyaría el proyecto de Milei.

“Massa aseguró que no importa que sea el Gobierno quien haya enviado el proyecto, el Frente Renovador no tiene que cambiar su posición. También aclaró que el texto tiene defectos y le faltan políticas de reinserción y recuperación, pero esas críticas se van a plantear en el recinto”, explicó uno de los presentes en el encuentro.

Ante la consulta de Infobae, uno de los referentes del massimo en Diputados explicó que al proyecto de Milei le faltan órganos de aplicación, así como las figuras del Fiscal del Joven, el Defensor del Joven, el Juez de Garantías del Joven y el Juez de Responsabilidad. “Tampoco tiene una cláusula transitoria de implementación con un plan maestro de infraestructura específica (centros cerrados, abiertos, mixtos, terapéuticos, casas de mitad de camino)”, sintetizaron.

Por otro lado, al ser consultados sobre la decisión del oficialismo de agregar un apartado presupuestario al proyecto que habilite a las provincias a firmar convenios con Nación para saldar las diferencias de gastos en la implementación del nuevo régimen penal, señalaron que “es mejor que nada, pero la previsión debería ser legal, no depender de la voluntad de hacer convenios entre partes”.

El peronismo comenzará este viernes con algunas reuniones para unificar criterios y sumar a la discusión a los nuevos diputados que asumieron tras el recambio en diciembre. En el massismo creen que legisladores de otros sectores internos del peronismo podrían terminar apoyando el proyecto. “Es un voto que escapa a lo partidario, es un poco como el aborto, es un voto ideológico. Pero todavía no se habló en el bloque”, explicaron.

Por su parte, en la bancada libertaria adelantaron que si bien el proyecto original proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, respetarán los consensos que se lograron el año pasado en torno a los 14 años. Eso le garantizaría el apoyo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas.

“Creemos que puede haber votos del peronismo pero ni locos los tenemos en cuenta, porque si estamos con los votos muy justos, y el peronismo huele sangre, se pueden dar vuelta para hacer caer el proyecto”, explicó una persona al tanto de las negociaciones con la oposición.

Cómo será el nuevo Régimen Penal Juvenil

El nuevo régimen establecerá el 14 años el mínimo de punibilidad y la condena máxima será de 15 años sólo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad sólo se aplicaría como último recurso, por lo que la prioridad serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención debía estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedaba terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Entre las penas alternativas a la prisión se establece la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. La posibilidad de reemplazar la prisión por penas alternativas está prevista en delitos cuya pena de prisión sea de hasta 3 años, o de hasta diez años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima. Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Como medidas complementarias se incluyen programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y prohibición de consumo de alcohol y estupefacientes, entre otras. El cumplimiento de estas medidas deberá ser controlado por un supervisor especializado, designado por el juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.

Además, el proyecto contempla intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. En caso de requerir internación, se debía notificar al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.

La reforma laboral que impulsa el gobierno nacional y que se comenzará a tratar el próximo miércoles en el Senado, obligó al peronismo a intentar ordenarse para mostrase como un bloque sólido cuando llegue el momento de que el proyecto se trate en el recinto. Primero será en el Senado y luego en Diputados. La batalla discursiva comenzará bajo la atenta mirada de los gobernadores, siempre influyentes entre los senadores.

En la Cámara alta, el presidente del bloque justicialista, José Mayans, trata de contener a su tropa de legisladores federales para compactar una resistencia que será complicada. El gobierno nacional trabaja detalladamente en un acuerdo con el PRO, la UCR y aliados provinciales para poder avanzar con el proyecto original. Consolida el apoyo de varios gobernadores a través de la interlocución del ministro del Interior, Diego Santilli, que lleva varios días girando por el país en búsqueda de manos levantadas.

Para el próximo miércoles una de las claves será la posición que adopten los cinco legisladores que integran Convicción Federal y que ayer dejaron saber que podrían romper el interbloque que conforman con el bloque Justicialista y el bloque de Santiago del Estero. Son senadores que fueron apuntados por el cristinismo en reiteradas oportunidades y que siempre están al borde de pegar el portazo y separarse, definitivamente, del sector mayoritario del peronismo en el Senado.

Los cinco legisladores se reunieron ayer y volverán a hacerlo entre lunes y martes de la semana que viene. Tienen que definir cuál será la postura que adopten frente a la reforma laboral. De los cinco, tres responden al tridente de gobernadores que integran Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), todos aliados estratégicos de la Casa Rosada. Los senadores son Sandra Mendoza, Carolina Moisés y Guillermo Andrada. Podría haber votación dividida en el bloque. La postura aún no está definida.

Un de los senadores que juega al equilibrio en ese bloque es Fernando Rejal, que responde políticamente al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los mandatarios más duros con Milei. El “Gitano” empujó con fuerza el armado de la reunión que protagonizaron los seis mandatarios de Unión por la Patria el últimos miércoles con el triunvirato de la CGT. De eso encuentro salió la idea de abroquelar fuerzas para frenar el proyecto del oficialismo.

“Vamos a defender los intereses de nuestra gente. El proyecto de modernización laboral es un retroceso respecto al derecho de los trabajadores y una quita de recursos para las provincias, que perdemos porque no tenemos recursos para discutir un incremento salarial”, sostuvo el riojano en un mensaje que difundió a través de sus redes sociales.

Esta viernes la central obrera se reunirá en la sede histórica de Azopardo para tratar de encontrar una postura común entre todas las vertientes internas y definir un plan de acción que, a priori, podría consistir en un paquete de medidas de fuerzas. Hay campamentos sindicales que reclaman la convocatoria a un paro general, mientras hay otros que creen que lo importante es estar en la calle.

El sector dialoguista, que lideran Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), pretende organizar una manifestación callejera, pero no cree conveniente la realización de un paro general. El triunvirato que conduce la CGT, más los históricos “gordos” e independientes, trabajan en contener a varios sectores internos que están enfurecidos con las políticas libertarias pero que, en términos estratégicos, no están en la vereda más dura del entramado gremial.

El nuevo frente sindical que nucleó a las dos CTA, ATE y la UOM, que está entre los gremios más combativos en la etapa Milei, ya planteó la necesidad de que haya una huelga general y, además, una convocatoria masiva en las calles para el miércoles próximo, cuando se trate el proyecto en el Senado. Juegan fuerte y buscan apoyo.

Ayer, la UOM, que comanda Abel Furlán, realizó una importante manifestación en Córdoba. “Quieren hablar de reformas, pero el salario mínimo hoy no alcanza para vivir dignamente. Nos quieren empujar a tener dos o tres trabajos. No existen trabajo digno con salarios de pobreza”, expresó durante la movilización.

Furlán forma parte del ala dura de la CGT, un sector que no está dispuesto a entablar ningún tipo de diálogo con Javier Milei y su gabinete, y que está en la trinchera peronista alineado al sector que comanda Cristina Kirchner. La reunión que se realizará hoy servirá para limar asperezas y tratar de consensuar una postura en la antesala del debate.

Las diferencias internas que hay en el Senado y en el sindicalismo, también subsisten en la Cámara de Diputados donde, tal como contó Infobae días atrás, hubo algunas rispideces por la decisión de la ex ministra de Trabajo Kely Olmos de presentar un proyecto por su cuenta, sin estar consensuado con otras terminales del peronismo en el bloque que conduce Germán Martínez.

Lo cierto es que luego de ese cortocircuito, que se dio en forma privada y pública, hubo una reunión entre los legisladores de la Cámara baja para ordenar las voluntades y los argumentos, con el fin de reducir la cantidad de grietas que existen dentro del universo peronista. El peronismo tiene más tiempo para ordenar las votaciones en Diputados, ya que aún no hay fecha para que se trate.

La sensibilidad del tema impide generar posturas unificadas rápidas. Por eso los días que restan hasta el miércoles que viene son trascendentes para la unificación de posturas en todas las terminales de identidad justicialista. El peronismo intenta tener un plan de acción único, coordinado y fuerte. Es una logística demasiado compleja para un esquema opositor desordenado y enfrentados por los vaivenes del poder. El desafío es grande.