Con los tiempos justos y después de haber reconocido el “error” en la redacción del artículo 44 de la reforma laboral, el gobierno de Javier Milei decidió aceptar modificaciones en las licencias médicas y apurar el tratamiento en la Cámara de Diputados y en el Senado, para lograr el principal objetivo político de la Casa Rosada, antes de que expiren las sesiones extraordinarias.

Se trata de una meta ambiciosa, que pondrá a prueba la solidez de las alianzas parlamentarias de La Libertad Avanza en el Congreso. En menos de 10 días, el oficialismo deberá conseguir que el plenario de comisiones de mañana, en Diputados, acepte el cambio en la redacción del proyecto, que el pleno de la Cámara baja lo apruebe este jueves, que el viernes sea enviado al Senado y, con el dictamen que exige el reglamento de ese cuerpo, se acepte discutirlo en una sesión una semana después.

El cronograma ajustado exigirá que los bloques dialoguistas de Diputados y el Senado acompañen el ritmo que necesita el Gobierno para coronar el principal objetivo político que se trazó la administración de Javier Milei: lograr una reforma laboral que no tiene antecedentes en los más de 40 años que tiene la democracia recuperada. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tendrá un rol clave en los días que viene.

La decisión de activar este operativo político se tomó después que la mesa política y los principales negociadores de la Casa Rosada encontraron en el parlamento una fuerte resistencia a aprobar a libro cerrado lo que había llegado del Senado. “No pasa”, fue la respuesta que encontraron los emisarios del Ejecutivo en el radicalismo, el PRO y los representantes de gobernadores aliados.

Lo que “no pasa” es la redacción del controvertido artículo 44. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anoche reconoció que se trató de “un error” propio. Una falla no forzada. Esa declaración vino a cruzar las versiones que habían trascendido durante el fin de semana, que le adjudicaban la inclusión de ese artículo afuera del Gobierno.

“Nosotros no fuimos. Fueron ellos. Que se hagan cargo”, decían anoche referentes de la UCR, el PRO y los partidos provinciales, a quienes Infobae consultó sobre el origen de esa “gaffe” parlamentaria.

A medida que crecía la resistencia a lo que se había aprobado en el Senado, el Gobierno dio marcha atrás con las alternativas que había llevado a la mesa de negociación, como era “arreglar” la redacción en un decreto reglamentario o proponer una ley complementaria que solo precisara los alcances del artículo 44. “No pasa”, fue la respuesta que volvieron a recibir los negociadores, según pudo confirmar este medio.

Después de fatigar celulares durante el fin de semana largo de carnaval, el oficialismo reconoció que podía poner en riesgo los otros 200 artículos de la reforma laboral, que tienen el objetivo de modernizar como nunca antes las relaciones del trabajo en la Argentina. “Esperamos aprobarlo en extraordinarias, pero no dependemos de nosotros mismos”, dijo una fuente parlamentaria la madrugada de este martes.

Es que La Libertad Avanza tiene 95 votos propios, lejos de los 129 exigidos para tener la mayoría en Diputados. Y 21 senadores, más lejos todavía de los 37 que necesita en el Senado. Para coronar el objetivo político de tener la reforma, requerirá de un compromiso de todos los sectores dialoguistas. Además, depende de que la vicepresidente Victoria Villarruel acompañe al oficialismo en apurar los trámites burocráticos del Senado.

El Gobierno ya había dado una señal de que el debate podía complicarse. Por eso amplió un día, al 28 de febrero, las sesiones extraordinarias. Es que el presidente Javier Milei tenía la intención de abrir el período legislativo, el 1° de marzo, con la ley de reforma laboral aprobada. Los negociadores del Gobierno tendrán, en los próximos días, la confirmación de la consistencia real de las alianzas parlamentarias que vienen tejiendo desde la victoria en las elecciones de medio término.

El artículo de la polémica

Hasta ahora, la redacción era la siguiente:

El foco del conflicto es el artículo 44 de la reforma, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto aprobado por el Senado establece:

“CAPÍTULO VII De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo

De los accidentes y enfermedades inculpables

Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años.

Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes.”

En principio, según lo que trascendió de las mismas fuentes, el Gobierno aceptaría incluir un párrafo final al artículo 44 que establezca que para enfermedades graves, irreversibles y comprobadas de manera fehaciente, los trabajadores cobrarán el 100 por ciento de sus ingresos.

Para el Gobierno, el éxito de esta carrera contra reloj dependerá de contar con la solidaridad de los ajenos.

El Gobierno quedó en una encerrona. La inclusión del artículo que se refiere a una reducción en el pago de las licencias médicas generó un fuerte rechazo social que derivó en que algunos de los socios necesarios para aprobar la reforma laboral se planten en la vereda de enfrente.

Cada vez más diputados que La Libertad Avanza contaba como votos positivos se oponen y ya no solo en la intimidad de las conversaciones sino frente a los micrófonos, lo que hace que el cambio de opinión en un tema tan sensible sea más difícil por el costo político y social que esto podría significar.

El oficialismo contaba con un paso complicado por el Senado y, una vez obtenida la media sanción, avanzar con mayor agilidad en la Cámara de Diputados. Con una votación en la Cámara Alta que lo dejó muy cerca de los dos tercios, los libertarios se mostraron confiados, pero el clima cambió.

El artículo 44 reduce al 50% o al 75%, según el caso, la remuneración que el trabajador tiene derecho a percibir en casos de enfermedad o accidente, así como los plazos de la licencia que pasan de 12 a 6 meses. Mientras se busca al responsable del artículo, todos miran al ministro de desregulación Federico Sturzenegger, quien fue el único que lo defendió públicamente, en la oposición empiezan a sopesar los dichos de la senadora Patricia Bullrich respecto de posibles cambios. La senadora promete una protección de 100 % para las enfermedades graves, pero la palabra de la ex ministra no parece suficiente, mucho más que no dio certeza cómo se iba a resolver.

“Nosotros no le vamos a dar un cheque en blanco a Patricia Bullrich. Si quieren hacer algún cambio quien lo tiene que explicar es Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni o Diego Santilli, no la senadora”, señaló una alta fuente del PRO, uno de los aliados necesarios en la Cámara de Diputados.

“Puede ser que la saquen -en Diputados- pero hay 21 votos que los suelen acompañar que hoy están en contra o que se pueden abstener en esos artículos y eso va a complicar”, agregó. La fuente amarilla hace referencia a los 12 diputados del PRO, más 6 de la UCR, dos del MID y 1 de Adelante Buenos Aires.

Pero a ese grupo que el oficialismo ya contaba como propios, ya que vienen acompañando en gran medida los posicionamientos de La Libertad Avanza, se le suman otros que responden a gobernadores o trabajan en espejo con el Senado.

El interbloque Unidos, que contiene a Provincias Unidas, camina a la oposición. Lo mismo sus socios Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal y los miembros de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. También estaría en este grupo Marcela Pagano de Coherencia, Natalia De la Sota de Defendamos Córdoba y varios de los diputados de Innovación Federal. Los senadores de Tucumán que responden a Osvaldo Jaldo votaron en contra en el Senado y en Diputados cuenta con un bloque de 3 diputados que podrían seguir el mismo camino.

Este grupo se suma a los 93 diputados que tiene el bloque de Unión por la Patria que se opone en su totalidad a la norma y que está preparando un dictamen propio con un proyecto de ley que tiene 11 puntos de reforma de la ley laboral.

“Están emperrados con tener todo para el 1 de marzo -fecha de apertura de las sesiones ordinarias donde el Presidente se presenta en la Asamblea Legislativa- es inentendible cuando el escenario es este”, explicó un diputado dialoguista.

Más cambios

Pero el oficialismo no solo tiene en riesgo la parte que se refiere a las licencias por enfermedad, sino que también pondría en riesgo el Fondo de Asistencia Laboral en donde el peronismo también se opone. Pero aunque en este caso el PRO, la UCR y el MID se muestran en la misma línea que La Libertad Avanza aparecen luces de alarma en donde el malestar por las licencias puede “contagiar” al FAL.

La representante del gobernador salteño Gustavo Sáenz en el Senado, la ex ministra de Energía Flavia Royón, en su discurso señaló que la ley le parecía mala pero solo votó en contra el FAL. En el caso de Diputados, el gobernador que supo ser candidato a vice de Sergio Massa cuenta con nueve votos en la Cámara Baja que podrían seguir el mismo camino que la senadora Royón.

En la Cámara de Diputados sienten que se “empiojó” el debate por la ley. Los legisladores que suelen acompañar a La Libertad Avanza entienden que son los senadores los que se tienen que responsabilizar por lo que las chances de que vuelva al Senado se incrementan con el paso de las horas.

“Patricia -por Bullrich- no es ministra como para decir qué va a cambiar. Y ahora no se pueden hacer los que no sabían del texto, todos lo sabían y lo votaron, que sean ellos quienes lo dejan afuera”, señaló un diputado provincial que tiene la intención de rechazar ambos artículos.

En La Libertad Avanza también crece la percepción que la idea inicial de un pasaje tranquilo por la Cámara de Diputados está desapareciendo. Es por eso que apuran el llamado a una sesión para el próximo 19 de febrero.

La intención que dicen tener es la de dictaminar el miércoles en el plenario de comisión e ir al recinto el jueves. Si esto sucede, le daría tiempo al Senado para insistir con la norma original o aprobarla con cambios antes del 27 de febrero, fecha en que culminan las sesiones extraordinarias y cumplir con el objetivo de que el presidente Javier Milei tenga el paquete de leyes aprobado para su discurso el próximo 1 de marzo.

En paralelo al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, luego de haber logrado la sanción del Presupuesto 2026 en diciembre, el Gobierno Nacional estudia las posibilidades en carpeta para insistir con el contenido del capítulo XI, excluido de la previsión presupuestaria y del articulado tributario que quedó afuera del proyecto de “Modernización” laboral, según confirmaron a Infobae dos integrantes de la mesa política.

Lo cierto es que para avanzar en la aprobación de los proyectos enviados por el presidente Javier Milei al Congreso durante el período de extraordinarias, los encargados de negociar con los bloques aliados y gobernadores debieron ceder en algunos debates y marginar parte de la redacción para conquistar las voluntades legislativas necesarias.

El accionar que inició en diciembre, cuando la oposición, incluso los sectores que mantiene buena sintonía con el Poder Ejecutivo, rechazaron lo contemplado en el capítulo XI de la Ley de Leyes, algo que se repitió este febrero en el marco del tratamiento de la reforma laboral. Ante estos escenarios, después de varios intentos fallidos de sostenerlo, el mandatario dio luz verde para quitarlos de los proyectos, pero bajo la idea volver a intentarlo más adelante.

A finales del 2025, el oficialismo debió declinar de la idea de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, pero también de incorporar la demanda por la deuda a la Ciudad de Buenos Aires, reclamada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y las modificaciones en la ley de zonas frías al tratamiento. También de la posibilidad de discutir el financiamiento del Poder Judicial, y de aplicar cambios que ampliaban las facultades del Ejecutivo.

Por orden del mandatario y voluntad del ministro del Economía, Luis Caputo, el círculo de funcionarios y legisladores designados para la aprobación del temario durante el verano intentó mantener el capítulo, pero debieron abandonar el mandato a raíz de la rígida postura de los aliados.

“La idea es insistir con todo lo que quedó afuera. Pronto”, confesó una fuente inobjetable ante este medio. Hasta entonces, el reducido círculo que designó el mandatario debate las formas para concretarlo. Lo cierto es que la postura encuentra algunas dudas, en especial del ala que encarna las negociaciones de manera directa con los aliados que no ven factible que el resto de los bloques den el brazo a torcer.

En la previa al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara Alta, la jefa de bloque Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, argumentaban que el apartado tributario contemplado en el proyecto, en especial la reducción en el Impuesto a las Ganancias para personas jurídicas, no gozaría de la bendición de los gobernadores en el recinto, luego de que los representantes provinciales se mostraran reticentes a su aprobación.

Para eso, la propia Bullrich se encargó de anunciar en conferencia de prensa la aplicación de 28 modificaciones para alcanzar un proyecto de “consensos”, como lo definió. “La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con horas y horas de trabajo de los bloques que conformamos cuarenta y cuatro senadores de la nación. Es un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo”, supo plantear.

De esta forma, la exfuncionaria prometió a su vez avanzar con una Reforma Fiscal integral que como contó este medio figura en los planes del Poder Ejecutivo para el año legislativo que iniciará el próximo 1° de marzo cuando el mandatario pronuncie su habitual discurso en la apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso. Sin embargo, hasta entonces, según revelaron fuentes involucradas, las ideas para materializarla son diversas y se encuentran en análisis.

Aún en pleno diseño, la administración libertaria intenta encontrar coincidencias en la manera de compatibilizar la reducción de impuestos con el respaldo económico que deberá enfrentar el Estado tras su concreción. Actualmente, la idea en mente es avanzar en un esquema de simplificación de impuestos con una reducción de Ganancias para las personas y un incentivo para el desarrollo de los mercados. Sin detalles, más allá de la determinación de modificar Ganancias e implementar un “IVA dividido”, que anticipó el ministro de Economía, el oficialismo analiza opciones.

Con intención de insistir en lo excluido, la mesa chica tiene en mente el diseño de un proyecto de ley, para debatir en ordinarias, que contemple casi la totalidad de lo abarcado en el capítulo XI, a excepción de la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sobre este último punto, en los últimos días, el Ejecutivo resolvió incluir una versión propia de la ley para compensar a las autoridades universitarias al temario de extraordinarias e intentar dejar atrás uno de los reclamos que dio lugar a una de las movilizaciones más grandes que tuvieron lugar con esta gestión.