Conecta con nosotros

Destacado

En medio de la ola de crímenes en Rosario, Patricia Bullrich le envío una carta al Presidente: “Tome decisiones ya”

Publicado

en

Ante los reiterados hechos de delincuencia que azotan a Rosario y sus habitantes, la titular del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le envió una carta al presidente Alberto Fernández en la que le reclamó “medidas profundas” para garantizar la seguridad en esta ciudad de Santa Fe.

La propia dirigente de la oposición fue la que dio a conocer a través de las redes sociales la nota dirigida al mandatario nacional, poco después de que se conociera que dos locales gastronómicos de la zona fueron baleados durante la noche del domingo pasado, cuando estaban llenos de clientes, provocando por ejemplo que el mozo de uno de estos lugares resultara herido.

En el texto, Bullrich consideró que “la situación en Rosario es de extrema gravedad” y le recordó al jefe de Estado que la Ley de Seguridad Interior “le da la potestad” para avanzar “de manera inmediata” con iniciativas “profundas” para controlar la región.

“La vida, la libertad y el patrimonio de los rosarinos y sus alrededores no están resguardados. Los delincuentes realizan tiroteos en lugares públicos. Para preservar sus derechos a vivir y la plena vigencia de la paz, usted debe de actuar ya y de manera contundente”, opinó.

En este sentido, la ex ministra de Seguridad le señaló a Alberto Fernández que la mencionada norma “lo obliga a resguardar a la población” y en su artículo 3 “le concede la responsabilidad del uso de todas las fuerzas necesarias”.

“Convoque, de acuerdo al artículo 13 de la ley, a un Comité de Crisis, para cesar con las balaceras y tiroteos que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Hágalo de manera inmediata”, propuso.

Asimismo, pidió que se “ponga en funcionamiento la Dirección de Inteligencia del artículo 16, a los efectos de determinar las bandas, sicarios y demás modalidades delincuenciales que están asolando Rosario y sus alrededores”.

“Si las Fuerzas Federales no alcanzan para cumplir su cometido de asegurar la vida de los ciudadanos, aplique el artículo 27, para que las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante las afectaciones de logísticas, transportes, comunicaciones, arsenales y demás elementos necesarios dispuestos en la Ley de Seguridad Interior”, agregó.

En esta línea, la ex funcionaria sostuvo que es necesario aplicar “un plan táctico operativo urgente, que revise todos los vehículos, impida la circulación de motos con dos personas, con retenes en toda la ciudad y que dé con los delincuentes armados”.

“Se ha llegado a un punto inaceptable e insostenible. Como Presidenta del PRO, y especialmente como conocedora del tema, le pido que no pierda un segundo más. Tome decisiones ya”, cerró la ex ministra.

Fuente: Infobae.

Advertisement

Destacado

Villarruel definió los nombres del Senado para el Consejo de la Magistratura: el PJ tendrá una silla más que LLA

Publicado

en

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó esta tarde un decreto que eleva al Consejo de la Magistratura los cuatro representantes por la Cámara alta. Como anticipó Infobae semanas atrás, las previsiones numéricas que acompañaban al bloque kirchnerista/peronista derivaron en dos sillas para dicho espacio, una para La Libertad Avanza (LLA) y, la restante, para la Unión Cívica Radical (UCR). Esto implica una derrota para la secretaria general de Casa Rosada, Karina Milei, quien peleó sin éxito por dos butacas para el oficialismo.

De esta manera, por el PJ irán Florencia López (La Rioja) y Eduardo de Pedro (Buenos Aires); por LLA, la karinista Nadia Márquez (Neuquén); y, por la UCR, el bonaerense Maximiliano Abad. Como contó este medio tiempo atrás, la oficialista también estaba apalancada por Balcarce 50 para quedarse con la comisión de Acuerdos, algo a lo que se oponen en muchos despachos y ya dan como imposible que ocurra.

Para sellar el asunto, Villarruel se basó en un dictamen solicitado ayer, en la reunión de Labor -donde se coordinó la sesión de hoy-, al secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian. Apareció en las últimas horas y allí se especificó, con detalle, la diferencia que mantuvo el peronismo no sólo con el recambio legislativo de diciembre de 2025, sino también con los guarismos actuales.

En el decreto se argumenta: “Según las comunicaciones recibidas en Presidencia, a la fecha en que se produjeron las vacantes el Bloque Justicialista contaba con veintidós (22) integrantes, el Bloque La Libertad Avanza con veintiuno (21) y el Bloque Unión Cívica Radical con diez (10). El mismo orden resultaba de la composición de la H. Cámara al 10 de diciembre de 2025, fecha de incorporación de los senadores electos en la última renovación (22, 20 y 10, respectivamente)”.

Semanas atrás, los kirchneristas volvieron a realizar la picardía de elevar el número de su bancada con la reincorporación del riojano Fernando Rejal, que resultó ser un manoseo innecesario. La gran pregunta que todos se hacen en la Cámara alta es, en el fondo, quién fue la persona a la que se le ocurrió esa idea. Las versiones más sólidas apuntan a un despacho que no es peronista. Al parecer, el Ejecutivo aún no lo sabe, ya que prefiere gastar energía en limar a la única interlocutora que los aliados avalan, que es Patricia Bullrich (Capital Federal), hoy líder del espacio en el Senado.

Los suplentes de López y De Pedro serán los kirchneristas Sergio Uñac (San Juan) y Martín Soria (Río Negro); de Márquez, el salteño y titular de la comisión de Justicia, Gonzalo Guzmán Coraita (Salta); y de Abad, el jefe de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes).

El desenlace aquí se contrapone a la compleja realidad por estas horas de Diputados. Allí, el karinista Martín Menem no definió aún y la trifulca por una de las cuatro butacas por la Cámara baja fue, en parte, motivo de la caída de la sesión de ayer por falta de quorum. Una derrota evitable y que impidió, por sobre todas las cosas, avanzar con el proyecto de soberanía de las Malvinas, que impone sanciones a empresas que exploten recursos petroleros.

La norma establece que “los presidentes de La Cámara de Senadores y de Diputados, a propuesta de Los respectivos bloques, designarán cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación Legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría”. El Consejo de la Magistratura es un organismo trascendental ya que, desde allí, se realizan los concursos para cargos judiciales. Lo comanda el titular de la Corte, Horacio Rosatti.

Continue leyendo

Destacado

El Senado sancionó por unanimidad la nueva ley de discapacidad con los cambios que pidió la oposición

Publicado

en

El Senado sancionó esta tarde una nueva ley de discapacidad que dejaría atrás la emergencia en el área, la cual vence a fin de año. La iniciativa, que obtuvo 71 votos a favor y ninguno en contra, sostiene la mayoría de los puntos del sistema actual que la Casa Rosada tuvo que conceder a la oposición en Diputados, como mantener la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, entre otras cuestiones.

“La única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad. Si una situación -de ese tipo- se prorroga, genera incertidumbre a los beneficiarios y prestadores”, señaló el libertario y titular de la comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde (Capital Federal), quien ofició de miembro informante. “No es un proyecto de un solo sector”, intentó justificar el porteño para disfrazar lo ocurrido en la Cámara baja y que, de manera insólita, el Gobierno buscó modificar días atrás en el Senado, antes que se dictaminara el texto.

“Era imprescindible por el vencimiento, pero no quiere decir que no falten cosas por hacer”, respondió la opositora y presidenta de la comisión de Población y Desarrollo Humano, Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien manifestó su “preocupación” por la ejecución de las decisiones a través de oficinas de la ANSeS. En ese sentido, planteó que hoy existen “427 centros para todo el país” y advirtió: “No creo que tengan la capacidad operativa. En la provincia de Buenos Aires está el 42,9% de ellos”.

Desde Convicción Federal, el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), un médico siempre atento a las partidas involucradas y costos fiscales -semanas atrás quedó muy mal parada la gestión local que tanto vanagloria por el alto impacto allí de Ingresos Brutos, uno de los peores tributos provinciales-, mencionó a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y un gasto estimado de $600.000 millones para el corriente año, mientras que Monteverde citó al mismo organismo y habló de 1,2 billones de pesos para 2027.

El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado. Por pedido de los aliados en Diputados -el Gobierno cedió en casi todo allí-, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

También se garantiza que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud). En tanto, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallan partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud destinadas a financiar el sistema y se prevén compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclara que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

En otro tramo de la norma sancionada se introducen mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

Por su parte, la radical Mariana Juri (Mendoza) dejó en claro que los inconvenientes por fondos mencionados por kirchneristas no fueron “solamente desde el inicio de este gobierno”. “Se han ido perdiendo paulatinamente las partidas, si analizamos los presupuestos de años anteriores”, sentenció la experimentada legisladora.

Al final de su discurso, Juri enfatizó: “Deberíamos estar atentos a que el Presupuesto -2027, aún en Diputados- tenga previsto estos fondos, es muy importante. No nos conformemos hoy con sancionar la ley. No nos distraigamos”. Seguido a ella, su colega bonaerense Maximiliano Abad direccionó la mira hacia la “operatividad” que los beneficiarios “no terminen en la justicia”.

Otra sección importante del articulado es que establece que, si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días. Sobre estos ítems alertó el peronista pampeano Pablo Bensusán, quien además resaltó la necesidad de seguir de cerca las próximas auditorías.

Durante la discusión hizo uso de la palabra la libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis), quien dijo: “La discapacidad no tiene color político. Podemos seguir de emergencia en emergencia o podemos construir un sistema que funcione de forma permanente, con reglas que las familias reconozcan, recursos asignados y controles que den confianza”.

Cierres

“La dignidad de una persona con discapacidad y la de su familia no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. La esperanza no puede tener fecha de vencimiento”, expresó el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones).

El macrista destacó que, en su provincia, que hay casi un 6% de habitantes que cobra, según datos oficiales, la pensión por invalidez. Más del doble del promedio nacional. Y destrozó al Frente Renovador -no es el massista- que maneja hace décadas el poder local -que defienden a rajatabla los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut–: habló de una estructura “clientelar” y puso el ejemplo de un municipio con cerca de 19% de certificados. Siete veces más la media en el país. Vergonzoso.

Desde el kirchnerismo, Juliana di Tullio (Buenos Aires) aseveró que el mileísmo, desde que comenzó su gestión, citó a auditoría al 91% del universo total y que sólo suspendió 141. “Dejen de decir que las personas con discapacidad mienten”, bramó. Y observó que se le “deben casi 80.000 palos -en referencia a millones de pesos- a los prestadores”. Y finalizó: “Es un estado inútil o cruel. O ambas cosas”.

La última palabra fue la de la líder libertaria, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires). “Sin duda que detrás de esta ley hay familias que han tenido situaciones difíciles, pero ha habido situaciones de falsedad”, sostuvo.

Bullrich puso énfasis en el “acuerdo político y social”, y deslizó: “Todos hablan del Papa -León XIV-, pero nadie puede desarmar la violencia en el discurso”. La porteña apuntó a condiciones “mucho más adecuadas de las votadas en emergencias y parches”, y reconoció que “ambas partes tenían una parte de la verdad”.

Guiño a los hermanos Milei

Tras meses de incertidumbre y dilación, el pleno aprobó el pliego que promueve el ascenso del -polémico- General de Brigada Sebastián Ignacio Ibáñez. Es el jefe de la Casa Militar y persona de confianza de los hermanos Milei y, hace poco, tomó el control de la Quinta de Olivos. Logró 59 votos a favor, tres en contra -los ahora ex kirchneristas de Convicción Federal Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés– y la abstención de la salteña Flavia Royón.

Continue leyendo

Destacado

Susbielles: “El panorama en el edificio es dantesco y el riesgo ambiental es grave”

Publicado

en

El intendente Municipal, Federico Susbielles habló esta mañana luego del allanamiento del ex Centro de Compras de la ciudad, e indicó que el edificio está en condiciones lamentables luego de no haber sido intervenido por 19 años, existe un riesgo sanitario grande y ese fue el motivo de la intervención, pero se necesitó de tareas administrativas arduas para poder gestionar la situación sin inconvenientes legales, ya que el edificio es propiedad de un privado.

“La verdad es que estoy muy molesto, uno podía imaginar lo que iba a encontrarse después de 20 años cerrado el edificio y de la no intervención del lugar por los dueños, pero la imagen es dantesca, miles de palomas muertas en todos los estados, de recién muertas hasta esqueletos y restos de hace mucho tiempo, nidos por todos lados, la verdad que es lamentable y preocupante”, indicó Susbielles.

“Existe una carga biológica bacteriana de hongos muy peligrosa, por eso las medidas de protección y de seguridad que se tomaron. La verdad que me da mucha bronca la inacción de tantísimos años, mucha bronca, porque es un costo que pagan todos los bahiense, los vecinos de este lugar, todos los que pasan por acá a diario”.

En este sentido, el intendente indicó que hace 48 horas la empresa puso un representante legal y a una inmobiliaria para gestionar la venta del lugar: “Tuvimos un año de mucho trabajo porque había que realizar pasos administrativos, judiciales, jurídicos, notificando una y mil veces y lamentablemente del lado de los propietarios hubo silencio. Uno entiende que el privado muchas veces compra y especula, pero una cosa es realizar eso y otra cosa es exponernos a todos los bahienses a este gran riesgo ambiental”, sostuvo

“Después de un año sin ninguna respuesta, hace 48 horas designaron un representante legal y también aparentemente una inmobiliaria que tiene el poder para vender. En buena hora, pero no habían aparecido ante las intimaciones que les realizamos y por ese motivo tras cumplir con todos los pasos legales correspondientes allanamos el lugar apoyados en los riesgos existentes para la sociedad”.

El procedimiento tiene como parte integral a la policía ecológica que está tratando de constatar si hay delitos más graves. Con respecto a esto, el mandatario municipal señaló que pueden existir acciones penales: “Ahora la Policía Ecológica está trabajando y constatando si hay algún otro tipo de delito. Acá puede haber delito de acción penal, porque es un riesgo y una carga bacteriológica y un riesgo ambiental muy grande”. aseguró.

“A medida que fuimos subiendo en el edificio cada vez hay mayor cantidad de guano. Son muchas, muchas toneladas de guano. El tercer piso debe tener 20 a 30 centímetros de una capa global. Hay lugares que hay como montañas, son como un hormiguero grande en varios lugares, por lo que el nivel de contaminación y riesgo sanitario es grande”, indicó.

En primera instancia lo que se va a realizar es el cierre de las aberturas, para que no sigan ingresando las palomas, después habrá que extraer varias toneladas de guano y suciedad dentro del edificio y los plazos para esto no se pueden saber hasta que se termine con la verificación de todo el inmueble:

“Hay que dimensionar el nivel de trabajos que hay que realizar, son muchas toneladas de guano y suciedad de distinto índole, obviamente primero hay que tapiar el edificio para que no continúe siendo lo que es en la actualidad y después hay que hacer el trabajo obviamente con las medidas de seguridad para quien tiene que intervenirlo, porque esto, vuelvo a decir, tiene una carga biológica muy importante”.

El titular del ejecutivo refirió que hay más de 100 propiedades que están vacías y que no tienen los cuidados necesarios para evitar focos como estos, por este motivo, es que se va a gestionar de la misma manera, se los multará y si no hay cambios, se intervendrán.

El futuro del lugar es incierto, más allá de las tareas de acondicionamiento que realizará el municipio y que deberán abonar los duelos del lugar. Estos presentan una deuda de unos 500 millones de pesos por los costos de las tareas de saneamiento municipales, los impuestos y tasas adeudadas.

Consultado sobre el proyecto trunco de 2022 que consistía en la construcción de una torre por encima del actual edificio y si esto podría reflotarse, Susbielles indicó que se deberá analizar en el Código de Planificación Urbana y debe ser tratado en el HCD: “Nosotros lo que queremos es que el edificio se ponga en valor y que obviamente la fachada se cuide. Todo lo que se proponga en un futuro tiene que pasar por el Código de Planeamiento Urbano que está en el Concejo Deliberante y por supuesto, también deberá ser analizado por el órgano deliberativo que es el que tiene que dar sus opiniones al respecto de un edificio que es de carácter histórico”, finalizó

Continue leyendo
Advertisement

Trending