La siempre ansiosa campaña pre electoral que, en la mayoría de las ocasiones, termina en la nada misma, comenzó a mover las bases legislativas en las que podía apoyarse, con cierta suavidad, el oficialismo libertario. Esto se percibe con claridad en el Senado, donde la Unión Cívica Radical (UCR), hoy trascendental para que salgan las leyes, pondrá en juego ocho de sus 10 bancas en 2027 y genera una tensión extra en la Cámara alta, con proyectos que impactan de forma diversa según la provincia, con sus respectivas consecuencias en el recinto.

El escenario se repite en otros bloques más pequeños -el PRO, con tres integrantes- y en los pícaros silvestres provinciales, que se pegotean o se resbalan enjabonados según la iniciativa que aterrice y las necesidades del momento de los mandatarios locales. Al final del camino, los articulados muy pocas veces importan de verdad, más que para hacer política. De allí el desprecio de la Casa Rosada hacia un sistema al que, después, le toca timbre y le lleva rosas.

Quien tiene que ocuparse de cargar toda esta bola de nieve es la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal). Los obligados malabares de la porteña se precipitan por una cuestión simple: la inevitable apertura del oficialismo a dialoguistas para sumar discusiones a la grilla parlamentaria no sólo gatillará el enojo de Balcarce 50, sino que ya empuja disputas entre espacios aliados necesarios a la hora de sesionar. Una encerrona de difícil resolución.

Al margen de que quienes suelen jugarle bien al oficialismo pidieron al Ejecutivo que lo más pesado ocurriera durante el primer semestre del año -perdido por la defensa del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni-, un indicio sólido germinó con la votación de la ley de propiedad privada y los capítulos que dejaron una norma más que fileteada y en cómoda siesta en Diputados.

En aquella jornada fue muy penoso corroborar cómo legisladores a los que se les acaba el mandato en 2027 cambiaban de opinión -antes que se quitara el capítulo sobre manejo del fuego, a minutos de la votación en general del texto- si sospechaban que su comprovinciano rechazaría dicho articulado. Un caso entre un radical y una persona del macrismo fue el más delirante. Como no se consumó, pueden negarlo con total impunidad.

Durante la semana que termina, en la Cámara alta pasó de amarillo a naranja la trifulca entre azucareros y el complejo maíz/soja por un potencial corte en biocombustibles que favorecería más a los primeros, con guiño libertario. Esto implicaría un sablazo en las bancadas de la UCR y también del kirchnerismo, con legisladores que defenderán esos intereses sin importar la cohesión interna. Se había prometido una convocatoria de comisiones para los próximos días, con el objetivo de dictaminar, pero aún no fue oficializada.

Por ahora mantiene un olvido sobre la ley de zonas frías -y la promesa de cálidas- que salió de Diputados. Esto también dispara rispideces dentro de algunos partidos que prefieren esperar y sumar otra compulsa interna. “Si exponemos a tres o cuatro que siempre nos ayudaron, con los meses que vienen por delante y la campaña por un cargo en sus distritos o para renovar banca, corremos el riesgo de perderlos para siempre”, deslizaron a Infobae desde un despacho oficialista de peso.

Esto también es percibido por otras oficinas de poder en la Cámara alta, que ratifican sin dudar que varios de los inconvenientes en cuanto al tratamiento de leyes se debió por una “falta total de política” de parte de la Casa Rosada, que incluso vuelve a repetir errores del pasado. Por caso, en una reciente compulsa relacionada con un puñado de pliegos judiciales que pisaba el Ejecutivo, aliados y ciertos libertarios precipitaron la presentación de los respectivos despachos de mayoría. A las pocas horas, el Gobierno operó una insólita victoria que dejó, aún más a la vista, la falta de tacto y movimientos burdos a la hora de amasar la realidad parlamentaria.

Axel Kicillof definió desde hace tiempo avanzar con su armado político propio para embarcarse en una instancia de negociación recién el año que viene con el resto de los sectores del peronismo, opositores al gobierno de Javier Milei. Desde su lugar y hasta donde pueda, el mandatario bonaerense manejará sus tiempos. En La Plata, desde donde busca acumular caudal político, admiten que hay varios frentes a resolver con las otras fuerzas peronistas. Frentes políticos que en algunos casos están atados a la gestión. Sin embargo, repiten: “Hay tiempo”. Mientras, sus armadores ya se mueven por fuera del territorio bonaerense para federalizar el Movimiento Derecho al Futuro.

Kicillof no es el único. En las últimas semanas la dinámica peronista abrió un nuevo aunque conocido capítulo: el regreso del exministro de Economía y otrora candidato presidencial Sergio Massa. El líder del Frente Renovador estuvo en Rosario y se mostró junto a los diversos sectores del peronismo. Desde su postulante a la gobernación, el diputado nacional y presidente del FR, Diego Giuliano, hasta el concejal por Ciudad Futura, quien es probable que sea candidato a intendente de Rosario, Juan Monteverde; pasando por la diputada nacional Florencia Carignano, de La Cámpora; Lucila De Ponti, del Movimiento Evita; y el senador nacional del bloque Justicialista, Marcelo Lewandowski, entre otros. “La unidad es lo más importante”, fue lo que dijo Massa en un breve contacto con la prensa que cubría la presentación del libro de Giuliano “La Santa Fe que se viene”.

Kicillof también hará un desembarco en la bota. Por ahora no será a modo personal, pero ya envió a una serie de dirigentes para que agitan la bandera de su construcción nacional desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). El ministro de Producción, Augusto Costa, uno de los más cercanos al mandatario bonaerense, participó esta semana del Foro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Rosario. Luego de su disertación oficial en el Concejo Deliberante de Rosario, el ministro de Kicillof encabezó una reunión con integrantes del MDF Rosario. Del Foro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas participaron varios dirigentes santafesinos, entre ellos Monteverde de buena relación con Kicillof. La presencia de Costa se sumó a la que semanas atrás plantó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. “Reforzamos la necesidad de organizar la esperanza y estar cerca de la gente en este momento difícil, así como también seguir incorporando al espacio a distintos sectores del entramado político, social y económico de todo el país”, planteó Costa de su paso por Rosario.

Además, en los próximos días habrá actividades del MDF tanto en Rosario como en la capital santafecina, con enviados desde La Plata. El sábado 5 de septiembre, el MDF Educación llevará a cabo una actividad en Santa Fe capital. Estará comandado por el exdirector general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni. El otrora integrante del Gabinete bonaerense es uno de los designados para mover la agenda emedefista en distintas provincias. Otro exministro que tiene esa misión es Daniel Gollan, desde el MDF Salud.

Gollan cerrará el encuentro “Salud, pueblo y futuro”, que el axelismo llevará adelante en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Será el jueves 10 de septiembre.

En tanto que Kicillof se mostrará este lunes con el gobernador de La Pampa, Alfredo Ziliotto. Firmarán acuerdos para trabajar en conjunto en la mitigación del fenómeno climático “El Niño”, que azotará a la región en los próximos meses: estiman que se verá acompañado de un crecimiento del 90% de la actividad meteorológica, lo que pone en alerta la capacidad de respuesta de las cuencas hídricas que comparten ambas provincias. Se espera que allí ambos gobernadores peronistas lancen una crítica hacia el gobierno nacional por la falta de distribución del Fondo Hídrico. Kicillof dijo esta semana, al anunciar sus propias medidas ante la llegada de El Niño, que la gestión de Javier Milei “retiene $293 mil millones del Fondo Hídrico”. Contó que Buenos Aires está reclamando que “ya mismo” los devuelvan porque “corresponden a las provincias”, ya que “son fondos destinados a realizar las obras necesarias para afrontar situaciones de emergencia”.

Las incursiones de Kicillof o de algunos de sus funcionarios en otras provincias no están exentas de complejidades. El mes pasado, su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cerró una charla en San José, Entre Ríos. Invitado por el intendente de ese distrito, Gustavo Bastián, el funcionario provincial enfatizó que el peronismo tiene que “construir acuerdos para definir a sus candidatos en los ámbitos nacional, provincial y municipal, dejando atrás la lógica de las imposiciones”. También dijo: “Esa etapa ya pasó y sabemos que no nos dio buenos resultados”. El mismo día a cien kilómetros de San José, otro ministro de PBA fue a plantar bandera del kicillofismo en Entre Ríos. A algunos dirigentes del peronismo entrerriano aquella llegada de los funcionarios no les cayó bien. Por ejemplo, al diputado nacional Guillermo Mitchel del FR, quien podría competir por la candidatura a la gobernación en la provincia del litoral. Cerca del dirigente que se encuadra en el Frente Renovador cuestionan que en aquella ocasión, los ministros bonaerenses fueron a la provincia, sin dar aviso a los referentes de los distintos sectores del peronismo. En Entre Ríos, como en Buenos Aires, el peronismo está fragmentado. Ese cuestionamiento sobre el modo en que Kicillof o sus armadores tienen para incursionar en otras provincias también es observado puertas adentro por La Cámpora.

Mientras tanto, Kicillof se toma tiempo para definiciones electorales en lo que respecta a Buenos Aires. Por ejemplo, si habrá un desdoblamiento entre los comicios provinciales —en donde él no competirá— y las nacionales. Es un tema que empezó a inquietar a los intendentes. Por ejemplo, a los del llamado grupo La Liga, que esta semana se reunieron con el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, y con el jefe de la bancada peronista en el Senado, José Mayans.

Los intendentes de La Liga aglutinan el control político de varios distritos de peso como Lomas de Zamora, Moreno, Merlo, Ezeiza, Pilar, entre otros. Desde ese lugar se reunieron y ya presentaron cartas ante Kicillof, Kirchner y ahora a Mayans. Quieren estar en la discusión del peronismo en PBA como una cuarta pata de la mesa que componen el MDF, el cristinismo y el Frente Renovador. Sumado a la estrategia de llegar a un esquema de unidad, el reclamo por la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner y la defensa a la gestión de Kicillof, este grupo también busca retener sus distritos y es allí en donde el debate sobre el desdoblamiento suma volumen. Otra agenda que siempre sobrevuela son el regreso de las reelecciones indefinidas. Kicillof quiere que vuelvan, pero esa determinación está atada a un acuerdo de las comandancias políticas que por ahora no aparece.

La agenda de Kicillof también tiene subrayado el 19 de septiembre, día en el que cerrará el primer Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro. Una jornada en la que el sector del mandatario bonaerense buscará dar una muestra de cómo avanza su construcción federal, ya que se espera la presencia de dirigentes de otras provincias. Será en Villa Domínico, en el municipio de Avellaneda.

El gobernador buscará llegar al año que viene con una estructura sólida. Hoy transita un escenario incierto en su candidatura, pese a que sus movimientos se asemejan por momentos a los de un dirigente en campaña. La suerte que correrán las PASO será determinante para consolidar una postulación. Por ello, tras la reunión con los gobernadores, Massa y Máximo Kirchner, una de las líneas discursivas que dieron a conocer es hacer el esfuerzo de sostener el acercamiento y replicarlo en el Congreso con el objetivo de sostener las Primarias, ante la avanzada del Gobierno de querer eliminarlas. Kicillof está dispuesto a competir en una elección Primaria y es lo que busca.

La CGT, las CTA y el Gobierno quedaron enredados en un nuevo conflicto luego de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que define el sueldo mínimo en todo el país. Las centrales pegaron el portazo y vaciaron esa instancia, ante la negativa del Poder Ejecutivo de realizar el encuentro de forma presencial y la intención de fijar un nuevo ingreso lejos de las pretensiones del sindicalismo.

El salario mínimo está hoy en $376.600, luego de haber sido fijado por decreto en noviembre de 2025. Las tres centrales obreras habían llegado a una propuesta unificada: incrementarlo a $911.000 de manera inmediata y a $993 mil en diciembre. Sin embargo, decidieron de antemano no asistir, porque sabían cuál sería el resultado del encuentro.

La previa ya había entrado en un terreno pantanoso, porque la CGT solicitó formalmente que el intercambio “sea de manera presencial, porque creíamos que ya no se puede sostener la virtualidad”, explicó hoy Jerónimo, al puntualizar sobre uno de los motivo de la discordia. “No hay ninguna excusa para no juntarse presencialmente y verse la cara, y construir un debate y una discusión mucho más transparente y con un grado de credibilidad que refleje lo que realmente demanda el sector del trabajo”, sostuvo el jefe gremial en declaraciones al programa Futuro Imperfecto en radio Con Vos.

Y agregó: “Porque, si no, seguimos aportando a un show que quiere construir el Gobierno, en el que realmente no se discute ni se debate nada. Solamente uno va a terminar de darle la conformación para que ellos terminen unilateralmente decidiendo cuál es el número que mejor les cierre”.

En ese marco de negociación tripartita, encabezada por la secretaría de Trabajo, la propuesta de las cámaras empresarias planteó subas de 1,8% en septiembre y 1,7% en octubre, con continuidad de ese esquema hasta abril del año próximo.

El pedido de la CGT, la CTA de los Trabajadores (CTA-T) y la CTA Autónoma (CTA-A) apuntaba a llevar el salario mínimo de $911.202 para julio y a $993.300 para diciembre “mínimamente, para que no sigamos debajo de la indigencia”. Sin embargo, el ajuste propuesto por las empresas apenas llegaba a $468.000 en abril del año próximo. La parte sindical consideró ese ajuste como “irrisorio”.

“Y es ahí cuando nosotros planteamos que no íbamos a convalidar esto y que nos retirábamos”, reveló.

El dirigente, que integra el triunvirato cegetista junto a Jorge Sola y Octavio Argüello, también rechazó las versiones sobre una supuesta intención oficial de llevar el salario mínimo a 1.000.000 de pesos brutos, en el marco de las negociaciones paritarias. Según planteó, esa cifra “no es la realidad de lo que ellos fueron a plantear” en el Consejo del Salario.

Según Jerónimo, esa versión se trata de una maniobra para “distorsionar la cuestión” y señaló que si el Ejecutivo busca construir un piso para las discusiones salariales, las negociaciones deberían partir de una canasta básica de $1.560.000, y no de 1.070.000 pesos.

La CGT evaluará el plan de acción

Tras el fracaso de la reunión del Consejo del Salario, el dirigente sindical anticipó que la semana próxima la central obrera se reunirá para definir los pasos a seguir.

“Seguiremos con nuestro plan de acción, que viene marcando distintos puntos de agenda, como fue la movilización por los endeudados”, indicó Jerónimo.

Consultado sobre la posibilidad de convocar a un paro, respondió que esa medida “nunca se descarta”. De todos modos, insistió que una decisión de ese tipo requiere una construcción previa y un nivel alto de consenso. “Si todos los problemas que tiene la Argentina los resolviéramos con un paro, hubiésemos hecho todos los paros que fueran necesarios. Me parece que no es la salida tampoco”, remarcó.

Y concluyó: “La salida de las resoluciones de los problemas que tiene la Argentina y el mundo del trabajo termina siendo política. Nosotros tenemos un rol institucional que es representar los derechos y los intereses de los trabajadores. Seguimos apelando a la responsabilidad que tiene este Gobierno para construir un ámbito, dialogar y disentir también para resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina”.

Ante el abandono de la parte sindical, lo previsible es que los funcionarios libertarios vuelvan a fijar por decreto el aumento del salario mínimo.

El SMVyM en las últimas décadas fue un valor de referencia importante para la economía, pero en el último tiempo se convirtió en un valor que define apenas los montos de los programas de ayuda social que el Estado otorga a personas en situación de pobreza extrema, o por subsidio de desempleo.

Según una investigación del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el salario mínimo perdió el 40,3 % de su valor entre noviembre de 2023 y julio de 2026.