El gobierno de Milei apuesta a sancionar la reforma laboral en el Congreso durante el mes de febrero y para preparar el terreno el ministro del Interior Diego Santilli ya se encuentra de gira por las provincias buscando el apoyo de los gobernadores. Este viernes la mesa política libertaria se reunirá para terminar de definir la estrategia parlamentaria y también habrá encuentros técnicos para recibir los planteos de la CGT y las cámaras empresarias.
El peronismo rechaza de plano el proyecto de modernización de La Libertad Avanza porque asegura que no generará más empleo sino que busca flexibilizar y precarizar el mercado de trabajo para aumentar las ganancias de las empresas. “El proyecto del Gobierno busca desarticular al sindicato como sujeto colectivo, quebrar la organización colectiva de los trabajadores y reinstalar un modelo laboral fundado en el miedo, la falsa negociación individual y la inestabilidad absoluta. No es modernización: es una forma de esclavitud moderna”, planteba un borrador que circuló por las bancadas de Unión por la Patria en la previa del debate en comisión del Senado. Sin embargo, los diputados y senadores peronistas trabajan en diferentes proyectos alternativos de modernización laboral para no limitarse a rechazar las propuestas del Gobierno.
“A nosotros nos dicen que nunca propusimos una reforma laboral, pero es mentira. Tenemos que demostrar que hubo muchas propuestas durante los últimos dos años, pero nunca pudimos pasar el filtro de la comisión de Trabajo que presidía Martín Tetaz”, explicó un diputado que está trabajando en propuestas alternativas.
En la Cámara de Diputados hay varios integrantes de la bancada peronista que provienen del mundo gremial o son especialistas en la materia, como la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos; el titular de La Bancaria Sergio Palazzo; Carlos Cisneros, también dirigente de La Bancaria, el secretario de Smata Mario “Paco” Manrique, Hugo Antonio Moyano, hijo del dirigente Camionero y el secretario general de la CTA Hugo Yasky. En el Senado, la coordinación quedó a cargo de Mariano Recalde, abogado especializado en Derecho laboral e hijo del histórico abogado de la CGT, Héctor Recalde.
En las filas de la oposición saben que sus proyectos no podrán ser tratados durante las sesiones extraordinarias porque el Poder Ejecutivo no los incluirá en el temario oficial. Por eso apuestan a aprovechar el debate para instalar otras propuestas “que atacan los problemas que la reforma laboral de Milei no va a resolver”. Y respecto al proyecto impulsado por la Casa Rosada, aseguran que hay dos caminos: la de máxima será lograr el rechazo total de la reforma, y la de mínima apuntarán “contra los artículos más regresivos, como las restricciones al derecho a huelga”.
Ante la consulta de Infobae, la diputada Olmos aseguró que todavía están “redondeando” la propuesta, pero varios de los puntos que el peronismo buscará poner en debate ya se conocen en términos generales.

En primer lugar, plantearán como regla general el fortalecimiento de la negociación colectiva para recomponer los haberes, con paritarias libres sin techo. Sobre este punto, critican la práctica de la Secretaría de Trabajo, que en varias oportunidades decidió no homologar acuerdos entre gremios y empresas porque superaban la pauta inflacionaria establecida por el programa económico. En esa misma línea, proponen darle mayor centralidad al Consejo del Salario, que establece el salario mínimo, vital y móvil. Además, establecerán que el salario debe ser pagado íntegramente en dinero, en clara confrontación con la posibilidad de pago en especie que defiende el oficialismo.

Por otro lado, buscarán incluir a los trabajadores de plataformas en un régimen donde se reconozca la relación laboral, específicamente reglamentando el principio de “presunción de relación laboral”. También apuntarán a la apertura de los algoritmos para determinar la forma en la que se asignan los clientes, las penalizaciones y los bloqueos.
Entre otros derechos que buscarán incorporar a la discusión para los trabajadores de plataforma también se destacan las vacaciones pagas, la provisión de elementos de seguridad y la cobertura por accidentes, y el derecho a conectarse y desconectarse libremente sin penalidades.

El peronismo también pretende volver a dar una discusión que no prosperó durante el gobierno de Alberto Fernández: la ampliación de las licencias por paternidad. Sobre ese punto aclaran que no tendrá costo para las empresas ya que estará cubierto por la ANSES, al igual que las licencias por maternidad.

Otra conocida discusión que el peronismo intentará actualizar es la reducción de la jornada laboral, que ya tuvo algunas experiencias piloto en Latinoamérica (Chile, Colombia, México) y varias en Europa (Francia, Alemania, Bélgica). Esta política, aclaran, deberá ser gradual y progresiva, por lo que el primer paso sería bajar a 7 horas diarias o 42 semanales. Así, apuestan a aumentar la productividad, generar más oportunidades de empleo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Para los trabajadores que realizan sus tareas desde sus casas o en modalidades “híbridas”, el peronismo quiere profundizar sobre el “derecho a la desconexión”, es decir, garantizar las horas de descanso sin tener que contestar comunicaciones o realizar tareas fuera del horario laboral estipulado.

Finalmente, la contrapropuesta a la modernización laboral de Milei incluirá la instauración de un bono anual de participación en las ganancias de las empresas. Se trata de un derecho incluido en el artículo 14 bis de la Constitución que nunca se aplicó de forma generalizada. “Eso ayudará a que los trabajadores tengan más interés en que a las empresas les vaya bien y ayudará a que los salarios sean verdaderamente dinámicos hacia arriba, no hacia abajo”, explicó el Recalde durante el debate en comisión en el Senado.

Durante las próximas dos semanas el peronismo seguirá trabajando en unificar criterios para llegar a un texto común, a tiempo para la primera semana de febrero, cuando el Gobierno prevé comenzar el tratamiento formal del proyecto en el Senado.

Luego del receso vacacional quincenal, los integrantes de la mesa política que rodea al presidente Javier Milei se preparan para protagonizar la primera reunión del año. Será este viernes a las 10 en Casa Rosada. El temario gira en torno a la adopción de las definiciones necesarias para sumar la mayor cantidad de respaldos a la reforma laboral que se tratará durante el mes de febrero en las sesiones extraordinarias del Congreso.
De esta forma, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibirá en sus oficinas de la planta baja al asesor presidencial, Santiago Caputo; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; a los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. También podría sumarse el armador Eduardo “Lule” Menem.
Sin la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que no será de la partida, la idea es poder afinar la línea que desplegará cada actor para lograr anotarse un nuevo triunfo con la aprobación del proyecto de “Modernización Laboral” que todavía encuentra resistencia en algunos sectores.
No solo la Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene críticas a varios puntos del articulado, sino que algunos gobernadores, incluso de los considerados aliados, hicieron públicas sus diferencias sobre uno de los puntos impositivos contemplados en el proyecto que propone modificar la escala para el pago del Impuesto a las Ganancias. La potencial baja de la alícuota en dos tramos del tributo supone una menor recaudación del impuesto que es coparticipable.
Como contó Infobae, y ante los reclamos, está en estudio la posibilidad de brindar algún tipo de compensación para que las provincias respalden la reforma que se discutirá los próximos días en la Cámara de Senadores. En Balcarce 50 receptan la inquietud, incluso hay quienes proponen sentarse a conversar a temario abierto en función de las particularidades de cada interlocutor, pero admiten que la decisión final saldrá de la reunión de esta mañana bajo la estricta aprobación de Luis Caputo.
En esa tarea trabaja Diego Santilli, que activa contactos con gobernadores desde la primera semana del año y que este viernes deberá recibir al peronista Sergio Ziliotto, hasta ahora el único que pidió que la reunión sea en Rosada y no en su propio territorio. El pampeano está abierto a conversar, sobre todo a ser escuchado, pero no se priva de anticipar sus diferencias al proyecto. “En casi todo pierden las provincias, en especial La Pampa. Si la idea es precarizar, no estamos de acuerdo”, se sinceraron desde la gobernación ante la consulta de este medio. En la recolección de votos, también deberá viajar a Salta el próximo lunes a visitar a Gustavo Sáenz, de los vínculos más turbulentos del Ejecutivo.

Sin embargo, hay integrantes de la mesa chica que se muestran más reticentes a dar lugar a concesiones tras esgrimir que las provincias serán las primeras beneficiadas de aprobarse la reforma. Algo similar plantea un importante funcionario que explicó que la compensación a los mandatarios llegará a raíz del “crecimiento” que generará en los recursos y en la coparticipación. “¿Acaso no están a favor de la creación de empleo?“, ironizó. La promesa del impacto parece no alcanzarle a los representantes provinciales que persisten en el reclamo.

Otro de los puntos que discutirán este viernes son las precisiones respecto al llamado a extraordinarias, cuyo decreto está próximo a ser firmado por el mandatario para oficializar las fechas de la nueva prórroga. Además, deberán terminar de definir el temario que podría no incluir la reforma del Código Penal, cuya redacción estará lista para principios de febrero. La posible postergación persigue la idea de ordenar a la tropa detrás de un único objetivo, como estableció a finales de diciembre cuando se pospuso por la laboral para concentrar esfuerzos en la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

También habrá una instancia de evaluación ante los planteos internos que aspiran a dar lugar a cambios en la letra final del proyecto diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que se dará en la previa a que el equipo técnico encabezado por la abogada Josefina Tajes, del riñón de Bullrich, analice las propuestas de la oposición dialoguista en el marco de la estrategia para la sumatoria de las voluntades necesarias.
Pasadas las vacaciones de algunos integrantes del Gabinete, la actividad de la administración libertaria parece retomar su curso. Además de la visita de Ziliotto y la reunión de la mesa política -que se anticipó dado que inicialmente estaba programada para el lunes 19 de enero-, se espera la reedición de habituales intercambios como el que estilan protagonizar los primos Menem, a veces con la asistencia de Santilli, y el regreso físico del ministro coordinador, que cumplía hasta entonces con sus obligaciones de manera remota.

Tras la clarificación de roles luego de las elecciones de medio término, en varias oficinas de Balcarce 50 aseguran, pese a algunas diferencias, que la dinámica funciona y que posibilitó la aprobación de los primeros dos objetivos. Además de la reforma laboral, está pendiente la Ley de Glaciares, un pedido central de un grupo de provincias.

No obstante, algunas voces del ecosistema detectan una limitante en la ambición legislativa que fue -confiesan- acotándose y adaptándose. El claro ejemplo es el capítulo XI del Presupuesto, que incluía disposiciones vinculadas a discapacidad, universidades públicas, coparticipación federal, subsidios energéticos y financiamiento del Poder Judicial, y que debió quedar afuera de la previsión para este año y aún así fue presentado como “un triunfo”.

En el Ejecutivo estudian la posibilidad de insistir con varios puntos del resistido capítulo con la idea de poder cumplir con los deseos del libertario que, por ahora, parece no cuestionar el devenir de los acontecimientos.

El Gobierno avanza con el plan para blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/25 que refromó la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y habilitó los cambios en la Ley de Inteligencia. El DNU ingresó en ambas cámaras para ser tratado en el Congreso de la Nación.
La iniciativa, que contó con la firma del presidente Javier Milei y el resto del Gabinete, entró hoy por mesa de entrada en el Senado, mientras que ayer lo hizo en Diputados. De esta manera, en teoría, habrá un plazo de diez días para que la Comisión Bilateral de Trámite Legislativo lo trate. Sin embargo, como no está conformada, recién el 29 de enero las dos Cámaras podrán debatir la validez del DNU en el recinto.
La ley marca que para hacer caer un DNU ambas Cámaras deben rechazarlo por mayoría simple, como ocurrió el año pasado con el decreto que aumentaba los fondos de la SIDE. Es decir, el Gobierno puede concentrarse solo en una de las Cámaras para blindar la reforma de Milei, tal como hizo con el DNU 70/2023 de reforma del Estado, que fue rechazado en el Senado pero nunca llegó al recinto en Diputados por falta de votos opositores.
En ese sentido, la medida que aprobó el Poder Ejecutivo busca reordenar la estructura de todas las áreas, creando agencias, dejando sin funcionar otras y unificando tareas para mejorar el intercambio de datos. Así, se redefinen las competencias institucionales, limita la Agencia de Seguridad Nacional únicamente a tareas de contrainteligencia y se eliminan organismos superpuestos como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.

Según explicaron a Infobae fuentes oficiales, el decreto no modifica la conducción actual de la Secretaría de Inteligencia de Estado. La SIDE continuará encabezada por Cristian Auguadra como titular del organismo, con Diego Kravetz como segundo. Auguadra desarrolló su carrera en la estructura de inteligencia y llegó a la conducción tras desempeñarse en el área de Asuntos Internos, donde fue sucedido por Diego Enrique Valdiviezo.
“Permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales”, señalaron las autoridades en el texto. A su vez, destacaron que los cambios responden “a los más altos estándares democráticos y republicanos”, señalaron en un comunicado.

Desde distintos sectores de la oposición política plantearon dudas y cuestionamientos a la reforma y anticiparon que la Comisión Bicameral de Inteligencia elaborará un pedido de informes a la Casa Rosada. Más allá de las críticas, al ser un DNU, el Gobierno cuenta con los votos necesarios para sostener su plena vigencia.

Entre los puntos más cuestionados por la oposición se destaca la habilitación para que el personal de Inteligencia ejecute aprehensiones de personas, bajo supuestos expresamente delimitados. Además, apuntan a que una reforma tan sensible haya sido realizada por decreto y plantearon que no existió un contexto de “necesidad y urgencia”, por lo que reclaman que el DNU sea tratado inmediatamente en el Congreso.

En ese contexto, diputados de Fuerza Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron notas ante el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su par del Senado, Victoria Villarruel, para que conforme dos comisiones clave: la bicameral de Inteligencia y la bicameral de Trámite Legislativo.
La primera tiene 14 miembros, siete por cada Cámara, y se encarga de monitorear las actividades de los organismos de inteligencia. La segunda, con 16 miembros, se encarga de determinar si los decretos presidenciales son válidos.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del oficialismo dieron a entender que parte de la estrategia será no conformar esas bicamerales durante el receso legislativo y jugar con los tiempos reglamentarios para estirar su debate hasta marzo. Por lo tanto, la oposición no tendrá más alternativa que esperar a que se venzan los plazos mínimos estipulados en la ley que regula los DNU.

La oposición no está tan lejos de alcanzar el quórum para abrir una sesión especial en febrero. A los 93 diputados del peronismo se sumarían 22 de Provincias Unidas y 4 de la Izquierda y algunos “líberos” como la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández. Como base son 121, pero tendrán que sumar por lo menos 8 voluntades más.

Al igual que con la discusión del Presupuesto, la posición de los gobernadoresy del radicalismo terminará de inclinar la balanza. Estos últimos, hasta el momento, guardaron un silencio absoluto sobre el tema. Mientras que desde el PRO se pronunciaron a favor de la medida a través de un comunicado.