Desde el viernes por la tarde, cuando el Poder Ejecutivo formalizó la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, se activó una cadena constante de llamados y contactos reservados entre la Casa Rosada, el Congreso y los principales bloques parlamentarios. Durante los primeros días del fin de semana largo de Carnaval, hubo un flujo permanente de conversaciones telefónicas y chats entre funcionarios, legisladores y emisarios distribuidos en diferentes puntos del país. El objetivo fue único y explícito: encontrar una salida política al conflicto por las licencias médicas para evitar que la reforma laboral quede empantanada en la Cámara de Diputados.

La señal de alerta llegó apenas horas después de la media sanción en el Senado. Legisladores aliados comenzaron a expresar reservas sobre el impacto del artículo 44, algunos gobernadores solicitaron precisiones y referentes sindicales endurecieron su discurso público, incluso con la amenaza de una huelga general. Ante este escenario, el Gobierno desplegó un operativo de contención que involucró a los niveles más altos de su estructura política y se extendió durante todo el fin de semana largo.

Tanto la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, como el titular de la Cämara de Diputados, Martín Menem, estuvieron en contacto con la mesa política, que integran la secretaria General, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el estratega Santiago Caputo; y el ministro del Interior, Diego Santilli. La consigna fue lograr una salida consensuada antes de que la discusión ingresara formalmente en el plenario de comisiones, que está previsto para el miércoles al mediodía. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, fue consultada sobre las alternativas posibles para enfrentar esta imprevista encrucijada: ceder para tener la ley o buscar una “diagonal”.

Las conversaciones incluyeron a radicales, dirigentes del PRO, referentes del peronismo dialoguista y legisladores vinculados a gobernadores del norte del país, muchos de ellos de origen peronista. En la mayoría de los casos se trató una primera aproximación para sondear posiciones, aunque también hubo intercambios más extensos sobre los alcances técnicos del artículo cuestionado. El clima general fue de cautela: nadie anticipó un rechazo frontal, pero tampoco hubo garantías cerradas.

El Gobierno sostiene que cuenta con los votos para aprobar la ley, aunque admite en privado que, sin una corrección al régimen de licencias, el proyecto podría sufrir modificaciones que lo obliguen a regresar al Senado y retrasen su sanción definitiva. La preocupación principal no es perder la votación, sino abrir un nuevo trámite legislativo que altere el calendario de las extraordinarias. “Está difícil en Diputados. No va a ser fácil que salga sin cambios. Va a haber que hamacarse”, resumió en diálogo con Infobae uno de los negociadores oficiales.

El foco del conflicto es el artículo 44 de la reforma, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto aprobado por el Senado establece:

“CAPíTULO VII De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo

De los accidentes y enfermedades inculpables

Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años.

Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes.”

En términos prácticos, la norma implica una reducción significativa respecto del régimen vigente, que garantiza el pago del cien por ciento del salario durante ese período. Para el oficialismo, el cambio apunta a corregir lo que considera un esquema que incentiva el ausentismo injustificado y la litigiosidad laboral. Para los sindicatos y sectores de la oposición, se trata de un retroceso en derechos adquiridos.

Patricia Bullrich asumió el rol de principal defensora pública del capítulo cuestionado. En declaraciones a TN, afirmó que el texto fue debatido durante semanas y que contó con el respaldo de los 42 senadores que votaron la ley. Además, insistió en que el objetivo central es desarticular lo que el oficialismo define como una “mafia” de certificados y juicios laborales.

Para reforzar su argumento, la ministra detalló comparaciones internacionales: en Portugal se abona el 65% del salario durante las licencias por enfermedad inculpable, en Francia y Alemania el 70%, en Uruguay el 70%, en España el 64%, en Suiza y Suecia el 80%, en Austria el 50%, en Italia el 67%, en Bélgica el 60% y en Finlandia el 70%. Según su planteo, Argentina es una excepción al mantener el pago del 100% del salario incluso en situaciones no vinculadas a la actividad laboral.

Desde el entorno presidencial sostienen que el ausentismo en el sector privado ronda el 15% y que el régimen vigente genera costos elevados para las empresas. El diagnóstico oficial indica que ese esquema desalienta la contratación y encarece la estructura laboral formal. Al mismo tiempo, admiten que el artículo, tal como fue aprobado, requiere una precisión para evitar efectos indeseados en casos de enfermedades graves.

A partir de ese punto comenzó a delinearse la estrategia central del Ejecutivo, definida internamente como una “diagonal”. La idea consiste en evitar una modificación formal del texto aprobado por el Senado e introducir, en paralelo, precisiones mediante instrumentos complementarios. El objetivo es descomprimir la tensión sin reabrir el trámite legislativo.

Actualmente, se analizan tres alternativas. La primera, que concentra mayor consenso, es un decreto reglamentario que establezca criterios médicos claros y garantice el pago pleno en casos de enfermedades severas, crónicas o irreversibles, siempre que estén acreditadas de manera fehaciente. La segunda opción es impulsar una ley complementaria que aborde exclusivamente el contenido del artículo 44, aunque eso requeriría un nuevo debate parlamentario. La tercera, aceptar cambios directos en el articulado, es considerada la menos probable, ya que obligaría a devolver el proyecto al Senado.

La Unión Cívica Radical juega un papel decisivo en ese esquema. Su bloque, presidido por Pamela Verasay, acompaña el proyecto y no tiene intención de bloquear su aprobación, pero exige una solución clara para el tema de las licencias médicas. Durante el fin de semana hubo contactos reservados entre referentes radicales y la mesa política del Gobierno para explorar los márgenes de una reglamentación que no altere el texto votado.

El PRO también respalda la reforma, aunque introduce su propia agenda. Su presidente de bloque, Cristian Ritondo, anticipó que insistirán en reincorporar la posibilidad de cobrar salarios a través de billeteras virtuales. En diálogo con Infobae, afirmó: “No se trata de obligar a nadie a usar billeteras virtuales, sino de garantizar que quien quiera hacerlo pueda hacerlo. Es libertad para trabajar y libertad para cobrar”. Ese planteo no pone en riesgo el acompañamiento general, pero suma una variable adicional a la negociación.

Los bloques peronistas no kirchneristas expresan mayores reservas, especialmente en provincias con fuerte impacto sindical. Sin embargo, tampoco están dispuestos a hacer naufragar el proyecto. En ese espacio se evalúa facilitar el quórum y, en algunos casos, abstenerse para no quedar asociados a una reforma sensible sin aparecer como responsables de su caída.

En paralelo, la CGT y el Frente de Sindicatos Unidos intensificaron su presión. Durante el fin de semana hubo contactos informales con diputados de distintos bloques y advertencias sobre el costo político de acompañar el artículo 44 sin modificaciones. Cristian Jerónimo advirtió en declaraciones periodísticas: “Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. Jorge Sola reforzó esa postura al señalar: “Seguramente resolveremos una medida de fuerza. Cualquier trabajador en el estadio de su vida laboral termina enfermándose, sea pasajero o algo grave”. En este caso, le sumó un factor de preocupación: anticipó que la UTA podría adherirse y dejar sin colectivos, al menos, las horas del debate.

Así como la sesión del plenario de comisión está prevista para el miércoles al mediodía en el Anexo del Congreso, la intención es tratarla el mismo jueves, en un debate que promete extenderse por hasta 20 horas.

En el entorno presidencial relativizan el impacto potencial de un paro, aunque reconocen que una protesta masiva durante el debate parlamentario podría influir sobre legisladores indecisos de extracción peronista. La estrategia oficial es concentrarse en la ingeniería de votos y cerrar un esquema que permita evitar modificaciones formales. El reloj del 28 de febrero, fecha límite de las sesiones extraordinarias, funciona como condicionante permanente.

Para Javier Milei, la reforma laboral es una pieza central de su programa de gobierno. Busca reducir la informalidad, que ronda el 43% del mercado laboral, y fomentar la creación de empleo formal. Una demora prolongada o un regreso al Senado comprometaría uno de los ejes centrales de la estrategia política del Gobierno y obligaría a reordenar prioridades en el Congreso. Es que el Presidente quiere llegar a la apertura de sesiones ordinarias con ese objetivo logrado. Como ocurrió los últimos dos años, el 1° de marzo abrirá el período legislativo a las 21 del domingo, que se transmitirá por cadena nacional.

El escenario actual es de equilibrio inestable. El oficialismo considera que tiene los votos, pero necesita ordenar matices internos y contener a sus aliados. La CGT evalúa si convoca a un paro general y los bloques dialoguistas analizan sus costos políticos. En ese cruce de intereses, el artículo 44 dejó de ser una cláusula técnica para convertirse en el punto más sensible de la reforma laboral y en una prueba decisiva para la capacidad negociadora del Gobierno.

Axel Kicillof se prepara para inaugurar el período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense el próximo 2 de marzo, en un escenario condicionado y ya conocido por la tensión entre la Provincia y el Gobierno nacional, la reconfiguración del peronismo y el ida y vuelta con los sindicatos, que vienen considerando insuficiente los aumentos dispuestos en la negociación paritaria. El acto tendrá lugar en la ciudad de La Plata, coincidiendo con el inicio formal del ciclo lectivo; que podría ser una jornada algo compleja tras el anuncio de medidas de fuerza de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB); uno de los gremios docentes que rechazó el aumento del 3% para el mes de febrero y ya anunció una medida de fuerza.

El gobernador bonaerense llegará a la Asamblea con la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense encaminada. A partir del 15 de marzo, Kicillof asumirá la presidencia del partido, desplazando a Máximo Kirchner, quien quedará a cargo del Congreso del PJ provincial. Este movimiento político destrabó la disputa interna y le permitirá al mandatario avanzar en la consolidación de su liderazgo partidario en territorio bonaerense y usar esa estructura para proyectar su construcción o la construcción de una alternativa hacia la elección presidencial del 2027. “A no desanimarse, a no bajar los brazos, que quedan dos años de esto nada más”, dijo la semana pasada desde Necochea tras hacer un diagnóstico del rumbo económico y político del Gobierno nacional, luego de la aprobación en el Senado al proyecto de reforma laboral.

Por lo pronto, el mensaje que brindará ante diputados y senadores estará marcado por la compleja situación financiera de la provincia que se empieza a evidenciar en lo que es la negociación paritaria con los gremios. La semana pasada hubo reuniones con los distintos gremios de la administración pública con resultado dispar. La FEB anunció una medida de fuerza para el mismo día de la apertura de sesiones, en rechazo al incremento salarial del 3% ofrecido por la administración provincial. Por su parte, el gremio Suteba también consideró insuficiente la propuesta, aunque no convocó a un paro. El lunes 2 de marzo está pautado que inicien las clases en las escuelas públicas. De sostenerse lo anunciado por la FEB sería la primera vez en seis años que el mandatario hablará ante la asamblea legisaltiva con un conflicto sindical activo.

Pese a esta situación -que es una instancia que todavía puede desarticularse- se espera que uno de los ejes centrales del discurso del gobernador sea la denuncia por el recorte de fondos nacionales, como ya ocurrió en anteriores oportunidades. A fin del año pasado, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmaba que el gobierno de Javier Milei mantiene una deuda de 14,7 billones de pesos con la provincia, cifra que el Ejecutivo provincial difundió de manera oficial. La disputa por los recursos federales será un tema recurrente durante la exposición de Kicillof ante la Legislatura; algo que viene haciendo y que en las últimas intervenciones también lo expande a lo que sucede en otras provincias.

Desde el entorno del mandatario anticiparon que tras la apertura de sesiones, Kicillof profundizará su instalación en el plano nacional con vistas a las elecciones presidenciales de 2027. Según fuentes cercanas consultadas por Infobae, el gobernador prevé intensificar su agenda federal y visitar distintas provincias, principalmente las gobernadas por el peronismo. Meses atrás, el propio Kicillof fue recibido por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Además, sostendrá el vínculo con líderes regionales como Lula (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay), Gustavo Petro (Colombia) o Claudia Sheinbaum (México).

El año legislativo que comienza presenta un mapa político complejo. El peronismo retendrá el quórum propio en el Senado bonaerense y la primera minoría en Diputados, mientras los bloques de La Libertad Avanza incrementaron su representación en la Legislatura, convirtiendose en primera minoría en el Senado y segunda minoría en Diputados. A esta foto hay que agregarle, las cuestiones no resultas a la fecha en la discusión del peronismo y con impacto directo en el Senado: designación de jefe o jefa de bloque y a qué sector le corresponderá la vicepresiencia Primera y el resto de las mismas que aún no fueron ocupadas ante el desacuerdo interno del oficialsmo bonaerense.

Entre los temas que podrían dominar la agenda parlamentaria figuran la designación de jueces para la Suprema Corte de Justicia —que actualmente funciona con tres de sus siete miembros—. Es una demanda de varios sectores y que Kicillof podría habilitar. Además, La Libertad Avanza ya avisó que buscará instalar la discusión por la implementación de la boleta única en papel para las elecciones provinciales y locales. En este punto podría conseguir aliados de las bancadas del PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

En este marco, los intendentes -sobre todos los del Movimiento Derecho al Futuro- esperan señales por la posible modificación de la ley que limita a dos los mandatos consecutivos de intendentes, legisladores y concejales; sin posibilidad de poder presentarse a un tercer período. Las releeciones indefinidas fueron tema de agenda en las reuniones políticas que el mandatario mantuvo durante el mes de enero con sus intendentes. Bianco también había planteado a fin de año que iban a “insistir” con el tema.

La gestión provincial pondrá énfasis en las inversiones realizadas en Educación y Seguridad, dos áreas que el Ejecutivo busca destacar pese a las restricciones presupuestarias. A los distintos ministerios ya llegó la orden de hacer un informe con lo realizado durante el año pasado para luego plasmarlo en lo que será el discurso del mandatario.

La apertura de sesiones que protagonizará Kicillof funcionará como plataforma para relanzar su perfil nacional. Ya hay contactos subterráneos y no tanto con otras referentes de otras provinicas; pero por el momento el gobernador aguarda y mide los tiempos. Tiene, además, una situación interna a resolver: un acuerdo macro con el kirchnerismo. Por el momento solo se redujo a la conducción del PJ. Para quiénes participaron de esa negociación “no fue un tema más”, poder haber llegado a un entendimiento. En una reciente entrevista con Infobae al senador nacional peronista y referente de La Cámpora, Mariano Recalde se le consultó si Kicillof era su candidato a presidente. “Todavía no definimos un candidato a presidente”, contestó y ante la repregunta de si podría serlo sentenció: “tranquilamente”. Recalde tiene un vínculo personal con Kicillof y fue quien lo llevó a trabajar en su momento a Aerolíneas Argentinas en 2011.

Envalentonado tras la aprobación de la reforma laboral, el oficialismo senatorial continuará a toda máquina en las vigentes sesiones extraordinarias y buscará, entre pasado mañana y el jueves, dictaminar y dejar listos el convenio Mercosur-Unión Europea y la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, iniciativas ya aprobadas por Diputados y que quedarían al borde de la sanción en la Cámara alta.

La actividad no se frenaría allí: La Libertad Avanza (LLA) está tan confiada que incluyó en el temario de extraordinarias la luz verde al pliego del ex diputado mileísta Fernando Iglesias como embajador político, en combo, ante la Unión Europea y Bélgica. Todo intentará ser votado el 26 de febrero.

Al paquete en cuestión podrían sumarse los cambios a la actual ley de glaciares, donde todavía persiste un ping pong entre diferentes bloques, gobernadores y la Casa Rosada. El dictamen de mayoría se firmó en diciembre último. En principio, dicho articulado no tendría inconvenientes –sí “contribuciones” y observaciones-, aunque evitó ser puesto junto con la reforma laboral para eludir sospechas de supuestas compensaciones que deslizó, siempre en off, la oposición más férrea.

De esta manera y, como algunos de los potenciales despachos se consumarán recién el jueves 19, el Senado iría al recinto el 26, para respetar los siete días reglamentarios para activar una sesión. Esto es, claro está, cuando el oficialismo de turno no logra habilitar los mismos con dos tercios, como ocurre en la actualidad. En Diputados, esta traba no existe.

Además, el pleno de la Cámara alta ya fue convocado para el martes 24 para la clásica preparatoria, donde se eligen autoridades. Allí, la principal disputa es dentro de LLA y, cada vez, más virulenta. Ya son varios los rezos para que no pase a mayores, con ideas delirantes de recién ingresados. En tanto, para el domingo 1, se espera la asistencia de Javier Milei para inaugurar un nuevo período ordinario.

La actividad legislativa de las extraordinarias trajo otra novedad, que involucra al más que lesionado kirchnerismo. Como no quiso integrar un puñado de comisiones en diciembre pasado, el conglomerado del oficialismo -comanda Patricia Bullrich– y la oposición dialoguista se repartieron, para las de 19 butacas, 13 ellos y seis para los de tribus peronistas y filo justicialistas, como el camporismo. En tanto, en las de 17, los guarismos fueron fijados en 12 y cinco, respectivamente.

El jueves último, aparecieron los nombres en la de Acuerdos, de 17; y de Relaciones Exteriores, de 19. Ante la siesta cristinista, la bancada Convicción Federal, de cinco soldados que en los papeles se dicen justicialistas y se encuentran aún en el interbloque K -con anuncios de ruptura operados de forma penosa desde hace larguísimos meses- enviaron su propuesta, la cual fue convalidada. En la primera fue a parar la tucumana Sandra Mendoza, quien se hizo conocida en la Cámara alta por la “espada de Dómacle”. En la segunda, el pícaro catamarqueño Guillermo Andrada. Entonces, a la rama K le quedan ahora cuatro y cinco para ubicar. El peor de los escenarios.

¿Cómo es la agenda de la semana, pese a los dos feriados por Carnaval? El miércoles se constituirá la comisión de Relaciones Exteriores -17 horas- y volverá a quedar en manos del formoseño Francisco Paoltroni, echado del oficialismo en 2024 tras forzar participaciones estelares en mil batallas que ni lo rozaban. Días atrás volvió a armar lío por la presidencia provisional, aunque trata de amortiguar su incontinencia verbal. Seguido a la activación, se debatirá el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Nadie prevé conflicto allí.

En tanto, al día siguiente pondrá primera la de Acuerdos, desde las 11. La Casa Rosada dio la orden para que quede en manos del abogado riojano Juan Carlos Pagotto, quien asegura ser amigo de casi todos en el Senado, sean oficialistas u opositores. Tiene una responsabilidad altísima, que no permitirá discursos interminables sobre teorías jurídicas y bifurcaciones lisérgicas: allí se tratan los pliegos judiciales, diplomáticos y de militares.

Será interesante ver cómo resuelven Bullrich y el Gobierno la titularidad de la comisión de Justicia. Hoy maneja Pagotto -inviable que lidere dos tan importantes- y la misma se reunirá en plenaria a las 14.30 del jueves, con la de Presupuesto y Hacienda -lidera el jujeño Ezequiel Atauche-, para firmar un despacho exprés de la imputabilidad juvenil, otra área a la que intentará sacar todo el jugo que pueda la exministra de Seguridad, que evitó dialogar con Infobae tras la sesión por la ley laboral. Anoche sí se la vio, para variar en un estudio de TV.