La crisis del sector lácteo sumó un nuevo capítulo. La Justicia comercial decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa que elaboraba yogures y postres bajo licencia de SanCor Cooperativas Unidas Ltda.. La medida dejó sin trabajo a cerca de 400 empleados y puso fin a un proceso de deterioro que llevaba más de dos años.

La resolución fue firmada por el juez Federico Güerri, del Juzgado Comercial N.º 29, luego de que fracasara el concurso preventivo iniciado en abril de 2024. La decisión incluyó la liquidación total de la compañía, la inhibición de bienes y el embargo de fondos.

Dos plantas cerradas y cientos de familias afectadas

ARSA operaba con dos establecimientos: uno en Arenaza, partido de Lincoln (Buenos Aires), con alrededor de 180 trabajadores; y otro en Monte Cristo, donde se desempeñaban casi 200 empleados. Ambas plantas ya venían con actividad intermitente, atrasos salariales y suspensiones desde 2023.

La acumulación de deudas con proveedores, transportistas y personal terminó por hacer inviable la continuidad operativa. En varias oportunidades, incluso, se registraron cortes de energía por falta de pago y paralizaciones productivas. El cierre implica la desaparición de marcas históricas en góndolas de todo el país: yogures Yogs y Primeros Sabores, y postres como Shimmy, Sancorito, Sublime y Vida, todos elaborados bajo licencia de SanCor.

De la expansión a la caída

La firma había sido creada en 2016 para adquirir la división de productos refrigerados de SanCor, en una operación encabezada por un holding vinculado al Grupo Vicentin por unos 100 millones de dólares.

En 2019, inversores ligados a Vicentin y al fondo BAF Capital tomaron el control con la promesa de modernizar y expandir la producción. Sin embargo, las expectativas no se cumplieron. Hace dos años y medio, la gestión pasó a manos de la venezolana Maralac S.A., vinculada a los hermanos Fernández, también asociados a La Suipachense. La crisis financiera, lejos de revertirse, se profundizó.

Desde la empresa atribuyeron la quiebra al contexto económico general: caída del consumo, inflación, aumento del costo de la leche cruda, subas salariales y devaluaciones. También mencionaron el impacto de programas de control de precios implementados en 2023. Sin embargo, referentes del sector lácteo sostienen que el desenlace no responde sólo a factores coyunturales. Señalan problemas de gestión y un concurso preventivo que no logró ordenar las cuentas ni atraer inversores que garantizaran un rescate.

Un sector en alerta

El golpe sobre ARSA se suma al conflicto abierto en Lácteos Verónica, cuyos trabajadores se manifestaron este fin de semana en la localidad santafesina de Lehmann ante el riesgo de perder unos 700 puestos laborales. En ese escenario, localidades con fuerte tradición láctea como Lincoln y Sunchales expresaron preocupación por la falta de respuestas empresarias y la incertidumbre sobre el futuro del empleo.

En Córdoba, el cierre de la planta de Monte Cristo impacta de lleno en una comunidad que dependía de la actividad industrial. Muchos de los trabajadores despedidos acumulaban más de tres décadas de antigüedad, incluso desde la etapa previa bajo la órbita directa de SanCor.

Fuente: Frente al Cano.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires oficializó este martes una actualización de las tarifas eléctricas que implicará aumentos estimados de entre el 12 % y el 17 % en las facturas finales.

La medida quedó establecida a través de la Resolución N° 102, publicada en el Boletín Oficial bonaerense.

La disposición aprueba el recálculo de los cuadros tarifarios de las distribuidoras Empresa Distribuidora La Plata S.A. (EDELAP), Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. (EDEA), Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (EDEN) y Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. (EDES), que operan en las áreas Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur del territorio provincial.

Según detalla la resolución, la actualización incorpora los nuevos precios estacionales de la energía y la potencia en el mercado mayorista, así como los valores estabilizados de los servicios adicionales y de transporte. También incluye el recargo correspondiente al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), conforme a lo dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación mediante la Resolución N° 22/2026.

Cambios en subsidios y cargos transitorios

La normativa provincial adapta además los cuadros tarifarios al Decreto Nacional N° 943/2025, que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y dejó sin efecto la segmentación por niveles de ingresos vigente desde 2022, unificando a los beneficiarios en una única categoría de usuarios residenciales con asistencia.

No obstante, ante la falta de implementación plena del nuevo padrón del ReSEF, se autorizó a las distribuidoras a recuperar las diferencias generadas entre el 16 y el 31 de enero de 2026 mediante el Cargo Transición Tarifaria (CTT).

En el marco del período de transición tarifaria, también se dispuso una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD) y de los cargos vinculados al Sobrecosto por Generación Local (SGL), el Agregado Tarifario (AT) y el propio CTT.

Fechas de aplicación

La resolución establece distintos momentos de entrada en vigencia:

• Los valores vinculados a los precios mayoristas nacionales rigen para consumos desde el 1° de febrero de 2026.

• La actualización del VAD y de los cargos asociados comenzará a aplicarse desde el 1° de marzo de 2026.

De acuerdo con la información oficial, el impacto estimado en la factura final será de entre el 12 % y el 17 %, según se trate de usuarios residenciales sin subsidio o con subsidio.

Como referencia, un usuario residencial sin subsidios y con consumo promedio pasará de abonar $46.100 mensuales a $52.000 con impuestos incluidos. En el caso de un usuario con subsidios, el monto estimado se incrementará de $28.500 a $33.300 mensuales.

Los aumentos se reflejarán en los consumos correspondientes a febrero y marzo, y tendrán impacto en las facturas que se emitan entre marzo y abril.

El recálculo de los cuadros tarifarios fue realizado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), en el marco de lo establecido por la Ley N° 11.769 y los contratos de concesión provinciales y municipales vigentes.

Fuente: La Nueva.

Hay dos espejos sobre los que se mira Jorge Macri para transitar este 2026 y proyectar el 2027, año en el que buscará revalidar su poder en la Ciudad de Buenos Aires con una reelección. Uno refleja la imagen de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, reivindicado por cierta parte de la dirigencia política argentina por su política dura en materia de seguridad y de control de la organización criminal Mara Salvatrucha. El otro, a su antecesor en el cargo, Horacio Rodríguez Larreta, hoy legislador local.

El jefe de Gobierno porteño levantó su perfil en las últimas semanas y endureció su agenda pública bajo los conceptos “ley y orden”, el control del espacio público y la defensa de la propiedad privada, en un giro discursivo para disputar el voto libertario y reconquistar al electorado PRO que le dio la espalada en las elecciones intermedias que se realizaron en mayo del año pasado. Y su exposición en la apertura de sesiones de la Legislatura, prevista para el próximo lunes, a las 10, oficializará este nuevo tono de la gestión.

En los principales despachos de la sede de gobierno de la calle Uspallata, en Parque Patricios, recibieron en los últimos días un informe sobre el impacto de este cambio en el humor social. El resultado entusiasmó a Macri. “Jorgismo al estilo Bukele”, ironizó un importante funcionario.

Parte de ese estudio, según supo Infobae, remarca que “tras un inicio de gestión muy cuestionado, hoy se percibe que Jorge Macri ”arrancó” y que la Ciudad “recupera el rumbo PRO: más acción, más presencia y un gobierno que vuelve a hacerse cargo del espacio público”. En seguridad y orden, sostienen, está el avance “más claro y transversal”. En paralelo a esta agenda hay un ambicioso plan de obra pública. “La campaña ya está en marcha”, graficó un importante funcionario a este medio.

Hace dos semanas, el mandatario porteño pidió endurecer las penas tras los destrozos en el Congreso durante la sesión que terminó con la media sanción de la reforma laboral: “No son manifestantes, son delincuentes”, planteó en Radio Mitre. A su vez, destacó la necesidad de modificar el régimen legal en CABA: “No puedo contestarle a un delincuente organizado con una multa. Necesito que eso sea considerado delito y que tenga pena de detención”, insistió. Ya hay un proyecto presentado en el Parlamento. “Hay dos formas de contravención en la ciudad que tienen que pasar a ser delito. Una es esta: romper los bienes públicos de manera intencional. Y la otra, los trapitos, porque el trapito extorsiona y eso es una extorsión y tiene que ser delito penal”, agregó. Se prevé que insista en estos dos temas cuando se pronuncie ante el cuerpo legislativo.

El otro reflejo es Rodríguez Larreta. La visión más radicalizada del PRO califica al exjefe de Gobierno y excandidato presidencial como “tibio” ante determinadas problemáticas. Cerca de Macri aseguran que, por ejemplo, “era demasiado flexible” en su política relacionada con los asentamientos. “Era la mirada de (Juan) Grabois“, señaló a este medio un importante dirigente cercano al mandatario. Una crítica recurrente.

“Las villas si se urbanizan tienen una continuidad con el barrio, se acoplan al entorno. Acá están bien definidos los límites, eso no es urbanización, por eso fracasaron. Desarrollo social tiene una mirada integral sobre toda la ciudad y también sobre las villas, los servicios, la seguridad, las oportunidades. Hoy se está regulando la construcción, porque además que siguen creciendo son un riesgo edilicio. Trabajar sobre el orden y la seguridad del lugar también es parte de la política social, no solo es asistencialismo”, puntualizan desde el gobierno porteño.

Para Jorge Macri, este punto es fundacional de la nueva etapa, del giro para reconquistar a esa clase media que históricamente era votante PRO. “Cambió la decisión política en la Ciudad”, anunció el partido amarillo, a principios de este mes, en sus redes oficiales. El mensaje incluía una entrevista de Eduardo Feinman al Jefe de Gobierno.

“El modelo fracasó, el modelo de urbanización fracasó porque siguieron creciendo los asentamientos. Pero además, ¿dónde está la justicia para la clase media? ¿Sabes cuánto está pagando hoy alguien en alguno de nuestras villas o asentamientos o barrios populares? Ponele nombre, porque los eufemismos al final siempre describen lo mismo. Por un departamento de tres ambientes, cinco mil pesos por mes. ¿Y sabes cuál es el drama? Que además tal vez están dando vuelta y lo alquilan a 500, 600 mil mangos. Y afuera yo tengo un clase media que hizo todo bien, se esforzó, estudió y sigue alquilando porque nunca le tiraron un huesito, nunca le tiraron un centro. Entonces, ahí hay una injusticia. Y con el dinero que nosotros le hemos dado acceso a treinta o cuarenta mil personas en las villas, le hubiéramos permitido acceder a vivienda a cinco veces más personas de clase media”, remarcó en aquel momento.

“Qué bueno haberse ido de este PRO a tiempo, qué lástima que se haya perdido la fuerza democratizadora que Juntos por el Cambio alguna vez tuvo”, replicó en aquel momento María Migliore, exministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Rodríguez Larreta, cargo al que renunció en agosto de 2023.

Nuevos focos y objetivos

Uno de los puntales del nuevo rumbo de la gestión son los desalojos. Según información oficial, en menos de dos años se restituyeron a sus legítimos dueños 593 propiedades, “lo que representa una cada 30 horas y equivale a US$ 300 millones”. Según informaron a Infobae desde el gobierno porteño, entre los inmuebles recuperados enumeran al edificio de 12 pisos conocido como el “Elefante Blanco” en Olazábal al 3400, Belgrano, “un esqueleto de tres cuerpos que estuvo usurpado medio siglo y que se va a transformar en una torre habitable de 140 departamentos”.

También, la Casa Blaquier, en el Casco Histórico porteño, desalojada en julio de 2025 tras 40 años tomada, y la denominada “Galería del Terror” en el centro comercial de Nueva Pompeya, Sáenz 1169, donde convivían unos pocos locales comerciales en la entrada con construcciones irregulares de viviendas de ladrillos en el centro de la galería.

En las últimas horas, a su vez, Macri anunció “una baja histórica del delito en la ciudad de Buenos Aires”. El video institucional fue explícito, un compilado de diversos operativos de seguridad, donde destaca uno en particular: un grupo de 20 detenidos, arrodillados, de espaldas y con las manos esposadas, ante la atenta mirada de efectivos policiales. “Nuestro mapa del delito indica que en el 2025 bajamos todos los delitos; los homicidios, el robo automotor y el robo con arma armadas están en el nivel más bajo de la historia de CABA”.

“Donde antes había desorden, hoy hay circulación. Donde había aprietes, hoy hay comercio formal. Donde reinaba la ilegalidad, hoy hay reglas claras. Si ponemos en línea todas las cuadras que hemos liberado, es equivalente a 68 kilómetros de manteros. Llegaban desde acá hasta La Plata o desde acá hasta Luján, para que tomemos dimensión del nivel de desorden que había”, sostuvo Jorge Macri.

Para el peronismo, este cambio discursivo “oculta una ineficiencia enorme”. “Él hoy dice, ‘bueno, yo no voy a tener ninguna política de urbanización de villas, voy a tener políticas para la clase media’. Bueno, ¿qué nuevas políticas tenés? Seguramente en marzo va a anunciar alguna línea de crédito en el Banco Ciudad, me imagino, para la clase media, pero eso no es una política de vivienda en serio. Creemos que hay que discutir cómo incentivar que haya más viviendas para alquile, y discutir formas novedosas”, señaló a Infobae Claudia Neira, presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires.

El peronismo, a su vez, puso sobre la lupa todos los anuncios oficiales en relación a los desalojos. “Hay algunos casos que vienen judicializados hace mucho tiempo, que claramente tienen que tener una definición; tiene que intervenir la justicia y no desalojar, sino generar causas penales y actuar con toda la fuerza de la justicia penal, porque si hay delito, tiene que haber justicia penal. Luego, que se defina la orden de desalojo con todas la de la ley. Nos parece peligroso que se use una herramienta, que es excepcional, que es la del desalojo administrativo”, planteó otro legislador peronista.