El Gobierno inició hace dos semanas las tratativas con los aliados para blindar el DNU 70/2023, que la oposición se dispuso intentar voltear hoy. Y, después de largas conversaciones en simultáneo con los diálogos por la reforma politica, aún no logra confiarse por completo de sus posibilidades de éxito. Depende del apoyo, siempre endeble, de los partidos y gobernadores aliados para bloquear el avance opositor, pero aún tiene dudas sobre sus posibilidades de éxito y se ataja.

De hecho, ayer tanto en la Casa Rosada como en Diputados supeditaban la mayor parte de las runiones y actividades que no fueran estrictamente necesarias a que haya o no sesión. Por caso, hoy tocaría la reunión quincenal de la mesa “interpartidaria“ entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli y Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Pero no se sabrá si tiene lugar o no hasta tanto el Gobierno tenga asegurado que no habrá sesión. Y así con todos los encuentros y actividades previstas por el ala política, una señal de la preocupación que impera en el oficialismo a pesar de los intentos de mostrar puro optimismo.

El Gobierno atraviesa hoy una jornada de definiciones en Diputados. En paralelo a una marcha que se prevé masiva por la cantidad de convocantes, la oposición busca reunir quórum para una sesión que rechace el DNU 70/23, que contiene la derogación de la Ley de Tierras, y el oficialismo apuesta a que sus aliados no completen el número. Hace dos semanas, emprendió una cruzada para dar de baja el embate más reciente y más fuerte contra una de las columnas vertebrales del Gobierno, por parte de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y otros bloques contra el decreto.

Hasta ayer, altas fuentes violetas calculaban en “un 80 por ciento” las chances de que la oposición no logre convocar la sesión. Pero aclaraban que no ponen las manos en el fuego: la cuenta depende de que se confirmen los apoyos que todavía están en el aire.

Esa incertidumbre se ve en la agenda. La reunión con el PRO, que se hace cada 15 días y que la semana pasada se había suspendido por un viaje de Fernando de Andreis, está sujeta a esa confirmación. En ella participan siempre Diego Santilli y Cristian Ritondo, y no es la única pendiente. Hasta anoche, la única confirmada era la del gobernador Marcelo Orrego con Santilli, por la tarde. El resto de los encuentros, pudo saber Infobae, se pateaban para más tarde o para el viernes o bien la semana próxima.

Javier Milei viajó a Estados Unidos, pero sigue de cerca el tema y está preocupado. Karina Milei no iba a acompañarlo, pero al final fue porque el Presidente le pidió especialmente que fuera. Con ambos fuera del país, la gestión de los apoyos y la técnica parlamentaria para frenar la sesión quedó en manos de Santilli y de los Menem, que los mantienen al tanto a distancia.

Mientras tanto, el oficialismo trasladó la defensa del DNU a las redes. Diputados del bloque que conduce Gabriel Bornoroni se grabaron en videos con alertas a la sociedad sobre las consecuencias de derogar el decreto, entre ellas, la ley de alquileres. Y Milei retuiteó un mensaje de Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo, en defensa del DNU.

Del otro lado, la oposición eligió un tono festivo, con una campaña online que invita “a sesionar el jueves 15” con una estética de cumpleaños, con globos y un payaso de traje. Allí, se pide a los ciudadanos que les escriban a los diputados para que den quórum y suman, además del rechazo al DNU 70/23, columna vertebral de la reforma de Milei, las consignas sobre las familias endeudadas y la emergencia en Discapacidad. Una ofensiva de Ciudad Futura, parte del bloque de Unión por la Patria.

La discusión por el DNU se superpone con la agenda legislativa que el oficialismo se propuso para las próximas semanas. La reforma política está prevista para fines de este mes y el Presupuesto para fines de noviembre. Ambos dependen de los mismos aliados que hoy se necesitan para evitar el quórum. Pero con el PRO las voluntades no terminan de alinearse. Si logran el objetivo de frenar la sesión de hoy, quizá avancen en la postergada reunión quincenal de Casa Rosada, que sigue por confirmarse.

La discusión interna del peronismo mostró este miércoles otra foto de su situación actual. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llevó su gestión al distrito de San Isidro, en donde inauguró una base de la policía bonaerense, pero sorprendió con una recorrida por La Cava junto al diputado nacional y dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, que no fue incluida en su agenda oficial. Una actividad que quedó marcada por otra discusión, ya que a la misma hora, el kirchnerismo volvía a presionar para que Cristina Kirchner sea la candidata presidencial del peronismo en 2027, en medio de una interna que se trasladará a los actos separados por el Día de la Lealtad Peronista.

Kicilllof visitó este miércoles la nueva base permanente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en San Isidro, acompañado por el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, y el intendente local, Ramón Lanús. Antes, recorrió La Cava con Grabois; la diputada nacional Fernanda Miño; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y otros funcionarios donde conversaron con vecinos afectados por los recortes nacionales en las políticas de hábitat y vivienda. Kicillof también visitó la parroquia Nuestra Señora de la Cava y se reunió con el padre Lucas Schcolnik para analizar obras de infraestructura pendientes en la zona.

La foto con Grabois se produjo cuando el vínculo entre el gobernador y el sector más cercano a Cristina Kirchner transita uno de sus momentos de mayor tensión. Dirigentes cristinistas intensificaron en los últimos días los cuestionamientos al armado político de Kicillof y comenzaron a insistir en la posibilidad de que la ex presidenta vuelva a ocupar el centro de la escena electoral.

La nueva base de la UTOI permitirá que los agentes desplegados en San Isidro cuenten con instalaciones permanentes para trabajar en los barrios de La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano. La obra incluyó dormitorios, vestuarios, cocina, espacios de descanso y áreas destinadas a las tareas cotidianas de los efectivos.

Alonso informó que la dependencia tiene 100 agentes y cinco patrulleros nuevos, que trabajarán junto con la Fuerza Barrial de Aproximación. El objetivo oficial es reforzar las tareas preventivas en una zona donde confluyen demandas de seguridad, infraestructura urbana y acceso a servicios.

Kicillof sostuvo que la Provincia busca coordinar políticas con todos los municipios, más allá de las diferencias partidarias. “Por encima de cualquier pertenencia partidaria, nuestro objetivo como gobierno provincial es llevarles tranquilidad y respuestas a los vecinos y vecinas de cada distrito”, afirmó.

El mandatario bonaerense señaló, además, que su administración incrementó el personal de los cuerpos especiales de la Policía bonaerense. “Desde que asumimos, incrementamos el personal de los cuerpos especiales de la Policía provincial, como la UTOI y la Fuerza Barrial de Aproximación, alcanzando los 10.000 efectivos en todo el territorio bonaerense”, dijo.

Lanús, dirigente cercano a la senadora nacional, Patricia Bullrich, y jefe comunal de San Isidro, destacó el trabajo conjunto con la Provincia. “Nos propusimos trabajar en articulación por la seguridad de San Isidro, sin buscar excusas”, expresó durante la inauguración.

La recorrida por La Cava tuvo una lectura política adicional. Grabois no forma parte del Movimiento Derecho al Futuro, la estructura con la que Kicillof busca consolidar su construcción dentro y fuera de la provincia de Buenos Aires. La estrategia del MDF es ampliar el arco opositor en vistas a las elecciones del año que viene. Días atrás, Grabois consideró en declaraciones a Radio Con Vos que si Cristina Kirchner no es candidata, “es obvio que el candidato es Axel”.

Mientras Kicillof recorría San Isidro, el presidente del bloque de senadores bonaerenses de Fuerza Patria, Sergio Berni, reforzó su alineamiento con la ex presidenta y lanzó críticas directas al gobernador.

“Cristina es una gran conductora”, afirmó Berni al explicar su respaldo político. El senador sostuvo que el vínculo de una parte del peronismo con la exmandataria se apoya en su capacidad de conducción y en la gestión que encabezó durante sus gobiernos.

Berni rechazó que esa definición supusiera una relación de subordinación. “Quien elige la conducción no es porque es sumiso, sino porque tiene la libertad de hacerlo”, planteó en una entrevista en Gelatina. También fue más duro al referirse a Kicillof. “No podés conducir desde la victimización”, aseguró.

En esa línea, cuestionó los planteos de dirigentes cercanos a Kicillof sobre las tensiones con La Cámpora y el cristinismo. “Si vos te victimizás porque te cantaron una canción o porque no te gustó cómo te miraron, vos no podés conducir”, sostuvo.

Berni también volvió a criticar el desdoblamiento electoral bonaerense. Consideró que intendentes del peronismo empujaron esa decisión por temor a perder representación en los concejos deliberantes y calificó esa lógica como “antidoctrinaria”. “Mi candidata en 2027 es Cristina y hay condiciones para que lo sea”, concluyó.

Las declaraciones de Berni se sumaron a las de Máximo Kirchner, quien ratificó que el kirchnerismo intentará sostener la hipótesis de una candidatura presidencial de Cristina Kirchner.

“Mi candidata, hasta tanto, es Cristina y vamos a pelear para eso”, dijo el diputado nacional y líder de La Cámpora. Kirchner planteó que el actual contexto político es distinto al de los gobiernos de su madre, aunque reclamó recuperar “el mismo espíritu” de aquella etapa.

El planteo adquiere relevancia por la situación judicial de la expresidenta. Cristina Kirchner tiene una condena firme a seis años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. Su defensa mantiene gestiones ante organismos internacionales, mientras el kirchnerismo busca sostener la discusión política sobre una eventual candidatura en 2027.

La tensión se profundizó luego de que Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense y uno de los funcionarios de mayor confianza de Kicillof, señalara que una eventual resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no tendría carácter vinculante para la Justicia argentina. También dejó abierta la posición del Movimiento Derecho al Futuro ante una candidatura de Cristina Kirchner, al plantear que el gobernador no se iría a subordinar a la conducción de la expresidenta.

Esas palabras generaron una reacción inmediata en el cristinismo. En ese sector interpretaron que Kicillof y su entorno no comparten la estrategia para lograr que la expresidenta recupere la libertad. La desconfianza, que ya tenía antecedentes por diferencias electorales y de conducción, se profundizó durante los últimos días.

La interna tendrá una nueva escena el próximo 17 de octubre, cuando el peronismo conmemore el Día de la Lealtad con actividades separadas y sin una convocatoria unificada.

El sector más identificado con Cristina Kirchner prevé concentrarse frente al departamento de la ex presidenta en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí buscarán reclamar por su libertad y reinstalar la consigna “Cristina presidenta”, que se convirtió en una bandera del espacio.

Kicillof, en cambio, encabezará un acto del Movimiento Derecho al Futuro en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán, en La Matanza. El encuentro reunirá a intendentes, dirigentes sindicales y organizaciones sociales cercanas al gobernador, entre ellas el Movimiento Evita y Barrios de Pie.

El acto de La Matanza será observado como una nueva señal de la proyección de Kicillof. Su entorno sostiene que el gobernador busca evitar un esquema de doble comando y consolidar una alternativa propia para 2027. El cristinismo, por su parte, cuestiona esa estrategia y reclama que el gobernador vuelva a reconocer el liderazgo de la expresidenta. Algo que ya no sucederá explícitamente, según remarcan quienes hablan frecuentemente con el mandatario bonaerense.

Máximo Kirchner no participará de la convocatoria frente a San José 1111. Tiene previsto viajar a Chaco, donde realizará actividades con dirigentes locales y compartirá el acto central del peronismo provincial junto a Jorge Capitanich.

Grabois tampoco asistiría a los actos en disputa. Concentrará su agenda en un foro de la Fundación para el Desarrollo Humano. Su decisión de no integrarse a ninguna de las celebraciones no impidió que su aparición junto a Kicillof en San Isidro fuera leída como un gesto político, en la víspera de una fecha que volverá a exhibir las fracturas del peronismo.

La oposición buscará hoy a partir de las 14 en la Cámara de Diputados derogar el mega decreto 70/30 y avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de las familias endeudadas. La convocatoria estuvo motorizada por el primer fallo de la Corte Suprema que en la práctica liberalizó por completo la venta de tierras a extranjeros. Sin embargo, luego el máximo tribunal volvió a restituir la ley de tierras del kirchnerismo y además La Libertad Avanza acordó con sus aliados incluir un tope a la extranjerización en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en la sesión del 21 de octubre.

El principal desafío de los bloques de la oposición será llegar a los 129 presentes para abrir el recinto. La convocatoria fue impulsada por Unión por la Patria (92), un sector de Provincias Unidas (8), el Frente de Izquierda (4), Primero San Luis (2), la Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Defendamos Córdoba (1) y Coherencia (1). Una base de 112 a la cual los más optimistas suman tres diputados misioneros de Argentina Federal y otros cuatro cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora. Por el otro lado, el oficialismo también ronda las 120 voluntades: La Libertad Avanza (95), PRO (12), UCR (6), MID (2), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), La Neuquinidad (1) y Adelante Buenos Aires (1).

Por eso, en las horas previas de la sesión todos seguían con atención los movimientos y las señales de los tres bloques que terminarán de inclinar la balanza: Independencia (3), que responden directamente al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo; Elijo Catamarca (3), con terminal en Raúl Jalil; y Argentina Federal (5), donde pisa fuerte el salteño Gustavo Sáenz.

Ayer, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, el oficialismo buscó darle el golpe de gracia a la convocatoria al incluir en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada un nuevo capítulo que restituye definitivamente la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011, que estable un límite del 15% a nivel nacional, provincial y municipal para la venta de tierras a extranjeros.

La maniobra buscó facilitarle a los bloques del medio una salida elegante que les permitiera atender el reclamo social en contra de la extranjerización de la tierra pero sin derogar por completo el DNU 70/23, que desreguló varios sectores de la economía. Por ejemplo, entre otros puntos, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y flexibilizó el mercado aerocomercial.

En los días previos, diferentes diputados de la oposición reconocieron a Infobae que será difícil llegar al quórum porque tanto el segundo fallo de la Corte Suprema como el giro de 180 grados del oficialismo respecto de la ley de tierras “desinfló” la presión social.

Por otro lado, el oficialismo también había logrado quedarse con el dictámen de mayoría respecto a endeudamiento y también volvió sobre sus pasos en relación al área de Discapacidad: adelantaron que eliminarán los artículos del Presupuesto 2027 que implicaba un fuerte ajuste sobre el sector y presentaron un proyecto de ley propio que retoma los principales puntos de la actual ley de Emergencia en Discapacidad.

Estas iniciativas, junto con Propiedad Privada y posiblemente el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional (Malvinas) se tratarán en la sesión que La Libertad Avanza pidió para el 21 de octubre, también con el objetivo de “vaciar” la convocatoria de hoy a la tarde.

Endeudamiento familiar y mora

Durante el debate en comisión el oficialismo, junto a sus aliados, se quedó con el dictamen de mayoría y su proyecto será debatido primero en una eventual sesión. La propuesta del oficialismo, en línea con la postura de la Casa Rosada (“es un problema entre privados”), apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses, o costos para el Estado.

En cambio, la oposición quedó dividida en dos posturas sin lograr unificar criterios. El peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas propone declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total.

Además, quienes adhieran al régimen de refinanciación podrán pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada, pero las cuotas no podrán superar el 30% de sus ingresos. También se eliminarán todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.

Por su parte, el proyecto de Argentina Federal (Misiones y Salta) propone declarar la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año. Durante ese período se fija un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope será 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.

También crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. La iniciativa contempla refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.

Si la oposición consigue hoy el quórum, primero deberá juntar una mayoría simple para rechazar el proyecto del oficialismo para luego poder avanzar con sus propias propuestas.

Emergencia en Discapacidad

Las negociaciones en torno a la reforma en el área de Discapacidad generaron fuertes turbulencias y pases de factura internos en el Gobierno. La polémica se desató cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 que contenía un fuerte ajuste en el área de discapacidad. Ese ajuste no tenía ningún punto de contacto con las negociaciones que La Libertad Avanza estaba llevando adelante en el Congreso con aliados y gobernadores.

Tras dos semanas de tensión, que incluyeron algunos desplantes entre los integrantes de la Mesa Política, los libertarios borraron de un plumazo el texto original que envió la Casa Rosada y llegaron a un consenso con los bloques aliados.

La nueva iniciativa retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión.

El dictamen contó con el acompañamiento de bloques aliados y gobernadores. Si bien hubo acompañamientos “en disidencia”, como los misioneros y salteños de Argentina Federal, el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan), el MID y La Neuquinidad le garantizarían cerca de 127 votos, por lo que los libertarios no deberán hacer grandes esfuerzos para sumar las dos voluntades que restan para llegar a la mayoría. De esta forma, la embestida de la oposición dura, que impulsaba la prórroga por un año de la Emergencia, quedó virtualmente neutralizada.

No obstante, desde la oposición advierten que la forma en la que quedaron redactados los artículos esconden las verdaderas intenciones del oficialismo. Puntualmente, plantean que el artículo 5 separa la invalidez laboral de la discapacidad como vías distintas de acceso (“imposibilitada para trabajar, o con discapacidad que posea CUD”). Por lo tanto, “consolida dos pensiones: por invalidez laboral y por discapacidad”, con diferente acceso al programa Incluir Salud.

La ambigüedad de la redacción fue advertida incluso por los aliados del Gobierno que firmaron el dictamen. De hecho, exigieron que se aclaren todas posibles interpretaciones como condición para acompañar. Hasta el momento no recibieron el texto final de La Libertad Avanza.