La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, anunció este mediodía cambios a la ley de Sociedades que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para garantizar el apoyo de aliados que, por ahora, se muestran reticentes a firmar un dictamen. Si bien no especificó el nuevo texto, la legisladora oficialista apuntó a que quede, con claridad, la responsabilidad final de personas físicas en las sociedades automatizadas.

“Estamos pensando, desde el oficialismo y algunos bloques más, hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas con responsables físicos. Eso le va a dar más seguridad jurídica, que el órgano de administración esté integrado por una persona jurídica”, señaló Bullrich durante un nuevo convite que realizó la comisión de Legislación General, que lleva adelante la discusión y es presidida por la mileísta Nadia Márquez (Neuquén).

La porteña direccionó la lupa hacia “generar un control concreto, físico, humano, que permita que esa responsabilidad no quede en la nada”. No obstante, este punto fue abordado en julio último no sólo el propio Sturzenegger en junio último -cuando disertó en la comisión-, sino también por el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez.

Según consta en la versión taquigráfica de aquella ocasión, el funcionario explicó: “La incorporación de tecnologías de inteligencia artificial en el derecho, en la ley de sociedades, aparece en dos planos, con dos tipologías. Una es en el artículo 14, que son las sociedades que llamamos ‘automatizadas’, que básicamente la gestión de la empresa está hecha por robots o inteligencia artificial. Pero, como decía el doctor Ramírez, este es un subtipo de la sociedad anónima. Es decir, que se mantiene con todas las obligaciones, restricciones y características que tiene una sociedad anónima”.

“Simplemente, lo que especifica es que la gestión operativa de esa sociedad no la hacen humanos, sino que la hacen programas, softwares, robots, o lo que fuera”, agregó Sturzenegger, que también se refirió a la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain.

Para el ministro, “tanto en el caso de las DAO, donde incluso se pone que solamente están permitidas las DAO donde los beneficiarios oficiales están dispuestos a manifestarse, o en las automatizadas, que están sujetas a todos los regímenes de responsabilidad de las sociedades anónimas”, no existiría “ningún problema”.

En tanto, Ramírez destacó: “El proyecto de ley, al legislar las DAO, eligió legislar una parte pequeña de las DAO, es decir, aquellas que acepten voluntariamente identificar a todos sus beneficiarios finales, a todos sus socios. Las que están operando hoy en día anónimamente no son recibidas por la legislación argentina, no son recibidas por este proyecto de ley. En estos artículos, este tipo societario fue trabajado conjuntamente con la UIF (Unidad de Información Financiera), y tratamos de seguir la normativa del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)”.

Ramírez, en otro tramo de su alocución, observó: “Las DAO, por ejemplo, se manejan con un protocolo. Para explicar una DAO, se automatiza mucho lo que es el órgano de administración de las sociedades con un protocolo. Los protocolos son amorales. Si uno no programa un protocolo para que cometa un delito, no lo va a hacer. Y si lo programa para cumplir la ley, la va a cumplir siempre. No tiene moralidad esta tecnología, sino que lo va a hacer siempre. Ahí va a estar el control de los registros públicos de esos protocolos. Y cuando se detecte alguna falla, está especificada la responsabilidad de estos desarrolladores de los protocolos”.

El líder de la IGJ añadió: “Una cosa que también puntualmente tienen, es que se les incorporan personas humanas como representantes de estas DAO, en el artículo 260. Hoy las DAO existen, están operando sin ningún tipo de regulación concreta. Podemos mirar para otro lado y no regularlas, pero, justamente, lo que estamos haciendo es regularlas”.

Karina Milei y Pilar Ramírez recorrieron este miércoles la fábrica de muebles Fontenla, ubicada en Villa Lugano, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. La visita forma parte de una serie de recorridas territoriales que el oficialismo viene desplegando en el distrito gobernado por sus aliados del PRO, con la presencia de los referentes libertarios.

Durante el encuentro en Fontenla, Karina Milei y Ramírez conversaron con Roberto, Federico y Fernando Fontenla sobre producción industrial, generación de empleo y los obstáculos que enfrentan las empresas para invertir y crecer en el distrito. La firma nació en 1948 como un pequeño comercio familiar y hoy es conducida por la segunda y tercera generación; su planta integra todo el proceso productivo y genera cerca de 300 puestos de trabajo directos vinculados con la carpintería, la ebanistería, la tapicería, el diseño y la arquitectura.

La actividad se enmarca en una estrategia de La Libertad Avanza (LLA) para ampliar su volumen político en la Ciudad antes de2027. Están previstas próximas recorridas con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, entre otros funcionarios. La dinámica apunta a consolidar posiciones propias del espacio libertario en el distrito, en simultáneo con las conversaciones que mantienen Karina Milei y Mauricio Macri sobre una eventual etapa de diálogo entre LLA y el PRO, partido que gobierno CABA desde hace dos décadas.

Ramírez, presidenta del partido en la Ciudad y legisladora porteña, figura entre los nombres del oficialismo que suenan para competir por la Jefatura de Gobierno en 2027.

La visita a Fontenla no fue la primera de este tipo. El martes anterior, el ministro de Economía, Luis Caputo, había acompañado a Ramírez en una recorrida por la sucursal de la cadena de heladerías Lucciano’s en el barrio de Las Cañitas, en Palermo, donde se reunieron con Christian Otero, cofundador y CEO de la compañía. En esa ocasión se abordaron el crecimiento de la firma —que superó los 100 locales en Argentina y otros países— y la marcha general de la economía. Según pudo saber Infobae, hubo menciones al consumo y se ponderó el avance de los últimos años, dado que la compañía casi duplicó sus tickets, de 3,5 a 6,5 millones, durante el año pasado.

En ambas recorridas, Ramírez presentó los ejes de su Ley de Libertad Comercial, un proyecto que propone habilitaciones automáticas para actividades de bajo riesgo, silencio administrativo positivo, ventanilla única digital y el derecho a corregir incumplimientos menores antes de una clausura. La iniciativa establece que el Gobierno porteño tendrá 30 días hábiles para resolver un trámite y cinco días adicionales tras una alerta; si no responde, la solicitud quedará aprobada de forma automática.

El proyecto también impide que el Estado vuelva a exigir documentación que ya posee y dispone que las observaciones deberán realizarse de una sola vez, de manera integral, precisa y fundamentada. Entre los ejes figuran además el reconocimiento de permisos válidos de otras jurisdicciones y un catálogo digital que informará previamente todos los requisitos, plazos, tasas e inspecciones de cada trámite. Las actividades consideradas de mayor riesgo —farmacias, establecimientos sanitarios, locales bailables y espectáculos masivos— quedan excluidas del régimen simplificado y mantienen los controles y autorizaciones previas vigentes.

“Cuando alguien quiere ampliar una fábrica, abrir un local o contratar a otra persona, el Estado tiene que preguntarse cómo ayudarlo a hacerlo más rápido, no qué nuevo papel puede pedirle”, afirmó Ramírez durante la recorrida por Fontenla. La legisladora añadió: “Nuestra Ley de Libertad Comercial parte de una idea muy simple: confiar en el que trabaja y controlar lo importante. Nación está avanzando con las reformas de fondo y la Ciudad tiene que hacer su parte con menos impuestos, menos burocracia y más libertad para producir”.

Desde el espacio libertario describen el objetivo de las recorridas como “llevar al territorio las políticas que impulsa el Gobierno de Javier Milei”, con una agenda centrada en actividad económica, producción, comercio y seguridad, y con contacto directo con vecinos, comerciantes y empresarios. Otros referentes, como la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya habían acompañado a Ramírez en actividades anteriores.

La CGT, las dos CTA y los movimientos sociales responsabilizaron a Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por los “20 millones de endeudados” que existen en la Argentina y reclamaron una solución urgente al Gobierno que “se hace el distraído cuando tiene que armar un programa que pueda refinanciar” las deudas contraídas.

Las tres centrales obreras y el gremio de los movimientos sociales confirmaron este miércoles la marcha de mañana, a las 14, ante el Ministerio de Economía para protestar por la falta de respuestas oficiales que, señalaron, empuja a millones de personas hacia una exclusión financiera cada vez más profunda.

En una conferencia de prensa realizada en la sede de Azopardo 802, el cotitular cegetista Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) dijo que “este modelo político y económico nos sigue llevando a la miseria y agudiza y profundiza la insensibilidad que tiene este gobierno ante el conjunto de nuestra población”, al tiempo que advirtió que “este plan de acción va a continuar hasta que podamos cambiar el rumbo de nuestro país”.

“Está claro que este gobierno tiene una velocidad para sacar leyes como el RIGi y el SÚPER RIGI, que son beneficiosas para los sectores más concentrados de la economía y se hace el distraído cuando tiene que armar un programa que pueda refinanciar”, destacó. Y agregó: “Nadie está diciendo que no quiere pagar sus compromisos sino que se está pidiendo cómo refinanciar su deuda, pero el Gobierno sale a decir que es un problema entre privados”.

Jerónimo afirmó que hay 20 millones de endeudados en la Argentina, que 6 millones de personas atraviesan una situación crítica y que el 60% está “a punto de entrar en categoría 4 del Veraz”, una condición que, según explicó, “prácticamente los saca del sistema financiero”.

El dirigente planteó que el problema no se limita a quienes quedaron afuera del mercado laboral formal sino también a los trabajadores registrados que no sólo no llegan a fin de mes sino tampoco “al día 15″.

Además, el cotitular de la CGT extendió el reclamo más allá de la Casa Rosada y pidió que haya alguna reacción del sistema político. “La responsabilidad también es de construir una oposición seria que se ponga al frente y se haga cargo de resolverle los problemas estructurales que tiene el pueblo argentino”, afirmó.

Jerónimo remarcó que el movimiento obrero viene expresando su rechazo al programa económico de Milei desde el inicio de la actual gestión. Recordó que la primera medida de fuerza se tomó a los 15 días de comenzado el gobierno y que, desde entonces, hubo “miles de movilizaciones y 4 paros generales”.

Por su parte, el cotitular de la CGT Octavio Argüello (Camioneros) explicó que la movilización a Economía no estará limitada a las tres centrales obreras y que prevé la participación de organizaciones sociales y de otros sectores de la sociedad. Esa amplitud, dijo, responde a un cuadro que definió como “desesperante”.

Para el dirigente sindical, el efecto del actual escenario no se limita al presente: “No es el problema que está pasando ahora, sino que lo que nos va a dejar (el Gobierno) va a ser peor de lo que está sucediendo”. Por eso pidió “poner un freno a este gobierno totalmente insensible y que no tiene en vista políticas que sean favorables a los sectores más necesitados”.

Por su parte, el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), consideró que “cuando más de la mitad de los argentinos tiene algún problema con las deudas y la totalidad de una nación está sujeta a los ajustes que son para pagar el endeudamiento externo, esto deja de ser un problema individual para convertirse en un problema de la propia nación”.

“Esta convocatoria que hace el sindicalismo argentino y los movimientos sociales tiene como objeto denunciar que la famosa dimensión moral que esgrime el Gobierno es de absoluta falsedad -dijo-. Es inmoral no tener ningún tipo de sensibilidad sobre gente de nuestro pueblo que se ha endeudado. Es de una inmoralidad absoluta”.

En su intervención, Norma Morales, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se preguntó: “¿Quién cuida a las que nos endeudamos para sostener la vida de nuestras comunidades en los barrios populares? ¿Quién nos cuida a las que nos endeudamos para comprar comida?”. Y luego sostuvo: “La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva. Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de gobierno que defienden a los poderosos que no pierden nunca”.

En representación de la CTA de los Trabajadores, su secretario adjunto, Roberto Baradel (SUTEBA), remarcó que “el tema del endeudamiento tiene varios aspectos, como el endeudamiento del país y también tiene el problema del endeudamiento de las familias de diferentes sectores, inclusive del pequeño y mediano empresariado, de las familias, de trabajadores que están endeudados con los bancos o con las billeteras virtuales o el endeudamiento de aquellas familias que menos tienen y que recurren a usureros y cuando no lo pueden pagar, además, eso implica que reclutan en barrios populares con muchas carencias para el narcomenudeo”.

“Milei es responsable y tiene la culpa. No es verdad que no se les pone una pistola en la cabeza a las familias para endeudarse -señaló-. Cuando una familia tiene que endeudarse para llevar el sustento diario porque están desocupados o el sueldo no les alcanza, eso es una pistola en la cabeza. Las políticas económicas son una pistola en la cabeza para el tema del endeudamiento. Por eso Caputo y Milei son responsables y mañana vamos a ir al Ministerio de Economía a reclamárselo”.

Hugo “Cachorro” Godoy (ATE), secretario ceneral de la CTA Autónoma, hizo hincapié en que el plan de lucha del sindicalismo “no solamente apunta a denunciar los más atroces desastres de la política económica de Milei y Caputo sino en cómo impacta en nuestro pueblo con el aplastamiento de los salarios, ya son 340.000 puestos de trabajo formales que se han destruido y cerca de 30.000 empresas que se siguen cerrando”.