El Senado definirá hoy el futuro de una serie de pedidos de interpelaciones a funcionarios nacionales, entre ellos, a la secretaria General de la Presidenta, Karina Milei, por la criptoestafa Libra y el Caso Spagnuolo.

Será desde las 11 con una serie de plenarios de comisiones que tendrán como cabecera a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa Alejandra Vigo. La convocatoria se concretó poco tiempo después del cruce entre el presidente Javier Milei y el ex gobernador y candidato a diputado Juan Schiaretti, esposo de Vigo.

También se pondrán en discusión otras solicitudes que incluyen al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presionado también en Diputados, y al propio Diego Spagnuolo (ex titular de la ANDIS) para que brinden información sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral.

Por último, se sumó al temario otro proyecto que involucra de lleno al ministro de Salud, Mario Lugones, para que rinda cuentas sobre un caso de alto impacto y que fue perdiendo fuerza por la vertiginosa agenda política y económica de la Argentina: el fentanilo contaminado.

El resto de las comisiones involucradas los plenarios tienen en común que todas son presididas por senadores kirchneristas, con excepción de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, a cargo del senador radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego).

Se trata de uno de los legisladores que se plantó a lo largo de estos casi dos años de gobierno de Milei, principalmente cuando el mandatario gozaba en el Congreso de un blindaje otorgado, inclusive, por compañeros de la propia banca de la UCR.

La privatización de Nucleoeléctrica

Este lunes, el presidente del interbloque peronista del Senado, José Mayans, presentó un proyecto para frenar la venta del 44 por ciento de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). Lo hizo en una exposición en el Senado.

Mayans buscaría en la reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que se reúne este miércoles por la tarde, incluir en el temario su iniciativa y lograr un dictamen para llevarlo al recinto en la sesión del jueves, donde se debatirán los vetos presidenciales a los proyectos de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario.

El Gobierno nacional anunció a mediados de septiembre el inicio del proceso de privatización de la empresa Nucleoeléctrica, que es la compañía encargada de operar las centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse.

Aunque todavía no comenzó a tratarse formalmente en el Congreso, la oposición ya está planificando una manera para intentar frenar en la Justicia la reforma laboral en caso de que sea sancionada, pero el Gobierno confía en que no podrá lograrlo y prepara una estrategia por si tiene que defender la medida en los tribunales.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la mesa judicial de Casa Rosada, no sorprendieron los trascendidos de que el peronismo buscará declarar inconstitucional la iniciativa, pero aseguran que no existen argumentos para hacerlo.

Luego de un enero en el que el oficialismo llevó adelante múltiples contactos con sus aliados con el objetivo de garantizar el apoyo al proyecto, en los próximos días se debatirá el texto en el recinto y todo indica que se aprobará.

Ante esta situación, trascendió que el PJ llevará el tema a la Justicia con la idea de impedir su implementación, como sucedió con los cambios en el sistema laboral con los que el presidente Javier Milei quiso avanzar a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

“No nos preocupa. Es lógico que lo vayan a hacer, pero yo no creo que prospere”, explicó a este medio uno de los integrantes de la mesa judicial libertaria, que señala que hay importantes diferencias entre este proyecto y el mencionado DNU.

En este sentido, las autoridades nacionales remarcan que en el primer caso las modificaciones fueron impuestas por el Poder Ejecutivo, mientras que en esta oportunidad se están discutiendo en el ámbito del Congreso y, si se aprueban, ya tendrían fuerza de ley.

“No esperábamos menos de ellos. No tienen una sola idea, las que tenían no sirvieron, y solo les queda intentar bloquear los cambios. Creemos que, incluso con una Justicia que en gran medida responde a ellos, sobre todo en lo laboral, no van a poder frenar judicialmente la reforma, porque no tienen razones jurídicas. Salvo que los jueces fallen exclusivamente por ideología”, sostienen en Balcarce 50.

En enero del 2024, la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la CGT y suspendió la aplicación del capítulo específico incluido en el DNU 70; el Gobierno apeló y la causa llegó hasta la Corte Suprema, que todavía no se expidió al respecto.

Según plantearon fuentes del peronismo, si esta nueva reforma es sancionada, lo que se podría hacer es plantear que su contenido es inconstitucional, ya que la oposición entiende que afecta el “principio de no regresividad” de los derechos adquiridos.

Por un lado, en el Poder Ejecutivo aseguran que esta iniciativa “no afecta los derechos de los trabajadores, sino de los sindicatos”, ya que “hace más dinámica y moderna la relación” entre el empleador y el personal.

Por ejemplo, si bien no se avanzó con la eliminación de las cuotas solidarias, que representan uno de los principales ingresos de los gremios, el proyecto final sí establece que las empresas ya no estarán obligadas a ser agente de retención.

Por otra parte, las autoridades nacionales también destacan que la Justicia “no debería” frenar la implementación de la ley, si es que la aprueba el Congreso, “porque, en todo caso, el juez lo que tendría que hacer es fallar sobre un caso concreto”.

“Lo que deberá hacer el peronismo es enunciar un derecho que se pierda y que sea en contra de los trabajadores. Algo concreto. Y no lo van a tener. En abstracto, no se puede avanzar. Así lo dispuso la Corte desde siempre. Los jueces resuelven (deberían) casos concretos”, manifestó un integrante de la mesa judicial libertaria.

Incluso, si esto sucediera, y se presentara una demanda colectiva —como pasó con otras medidas del Gobierno—, quienes llevan adelante la estrategia oficial indican que se trataría solamente de un conjunto específico de personas, pero que los cambios seguirían vigentes para el resto de la sociedad.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, pretende que se convoque a votación entre el 10 y el 13 de febrero, para que luego la norma pase a la Cámara de Diputados, donde Martín Menem trabajará para la sanción definitiva.

La bancada Justicialista, que encabeza José Mayans, cuenta con 21 integrantes. A ellos se les podrían sumar los dos legisladores del Frente Cívico por Santiago, de Gerardo Zamora, y los cinco de Convicción Federal, que lidera Fernando Aldo Salino.

Entre todos ellos, de todas formas, están lejos de llegar a los 37 escaños que se necesitan para rechazar la reforma, por lo que —si no hay imprevistos— el Gobierno se anotaría el primer triunfo del año.

Este martes, Bullrich volverá a reunirse con los representantes de los bloques cercanos al oficialismo, para terminar de conversar los detalles del proyecto e ir a la votación con el mayor consenso posible.

Tras un fin de año y un receso estival mucho más tranquilo que el imaginado meses atrás, el Congreso comienza hoy con las sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei. El llamado durará hasta el viernes 27 de febrero —el domingo 1 de marzo, el primer mandatario inaugurará un nuevo período ordinario— y el Gobierno libertario depositó su mayor energía, ya desde diciembre último, en un proyecto con horas definitorias en el Senado: la reforma laboral.

La jefa de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal), consiguió un dictamen de mayoría y no logró llevarlo al recinto ante picardías desde Balcarce 50 en el Presupuesto 2026, que sí logró sancionarse antes que terminase 2025. Fue el primer plan de gastos al que el Congreso le dio luz verde. El texto relacionado con el mundo del trabajo fue un alivio para la mayoría de legisladores que aportan votos a una Casa Rosada aún en minoría.

Con el despacho habilitado —aunque sin tratamiento por el pleno— Bullrich lanzó, como fecha tentativa de sesión, el miércoles 11 de febrero. Durante el mes pasado, la asesora y abogada Josefina Tajes recopiló todas las observaciones de la oposición “dialoguista” y, el miércoles último, oficialismo y potenciales aliados se reunieron más de dos horas para pulir la iniciativa. No hubo grandes avances, pero una situación quedó más que clara de cara a la cumbre de las 15 de mañana, en el bloque radical: el pliego con las modificaciones está en manos del ministro de Economía, Luis Caputo.