El diputado nacional Máximo Kirchner, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de Declaración para que el Congreso exprese su beneplácito por el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que revocó la sentencia de primera instancia en el caso YPF. Según el comunicado de prensa, el texto enfatiza que el resultado constituye “el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera de Burford Capital” y valida internacionalmente la soberanía argentina sobre la principal empresa petrolera del país.

El proyecto, fechado el 27 de marzo de 2026, señala que la revocatoria judicial frenó una “extorsión financiera” que, en palabras de Kirchner, “pretendía hipotecar el futuro de las próximas generaciones de argentinos/as por un monto superior a los 16.100 millones de dólares”. El legislador destaca la continuidad de la estrategia legal del Estado nacional frente a litigios con fondos especulativos y recuerda el acto de expropiación de YPF realizado en 2012 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, según se expresa tanto en el comunicado como en los fundamentos del proyecto.

La iniciativa parlamentaria reconoce la expropiación de YPF como “la recuperación de la soberanía hidrocarburífera” y denuncia la diferencia de criterios entre administraciones pasadas. En los fundamentos del proyecto se afirma: “Mientras que en 2026 celebramos un fallo favorable por resistir y agotar las instancias judiciales, en 2016 la administración de Mauricio Macri optó por un acuerdo apresurado”, en referencia al pago de USD 9.300 millones a fondos buitres, que Kirchner interpretó como una decisión política orientada al acceso al mercado financiero, en detrimento de la defensa de la inmunidad soberana.

Entre los puntos destacados, el proyecto solicita expresar beneplácito por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York a favor de la Argentina en el caso YPF. Según el texto ingresado al Congreso, la revocatoria judicial resguardó al país de un perjuicio estimado en más de 16.100 millones de dólares y, siempre según el proyecto, obliga a revisar críticamente la política de endeudamiento adoptada en 2016.

En la presentación, el bloque de Unión por la Patria atribuye el origen de la reciente victoria legal a “la valiente y necesaria decisión tomada en el año 2012 por la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

“La recuperación del 51% de las acciones de YPF no fue un capricho ideológico, sino un acto de supervivencia energética. Como bien señala el análisis del caso, para el año 2011 la gestión de Repsol había llevado al país a una crisis de reservas y a la pérdida del autoabastecimiento”.

El texto destaca que la Ley 26.741 declaró de interés público el abastecimiento hidrocarburífero y que priorizar el derecho administrativo nacional sobre los estatutos societarios privados permitió el desarrollo estratégico de Vaca Muerta. En los fundamentos se sostiene: “Sin esa expropiación, la Argentina no sería una potencia energética emergente que es hoy, sino un rehén de dividendos girados al exterior”.

La redacción del proyecto subraya la continuidad conceptual de la defensa estatal a través de distintas administraciones: “Las distintas gestiones de la administración nacional continuaron la línea argumental definida desde el comienzo, en cuanto a que las disposiciones de un estatuto societario no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país”.

En uno de los pasajes más directos del proyecto, Kirchner dirige una crítica a la actual conducción del país: “Es una ironía del destino que quienes hoy conducen el país, habiendo denostado sistemáticamente la recuperación de nuestra petrolera de bandera, hoy celebran un triunfo que solo fue posible porque no se rompió la estrategia de defensa nacional que se venía sosteniendo”.

El dictamen de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, al que alude el proyecto, “reconoce que los actos soberanos de un Estado, realizados mediante leyes del Congreso Nacional de acuerdo a la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico argentino, no pueden ser considerados por tribunales extranjeros por debajo de los estatutos de sociedades comerciales ni de los contratos comerciales privados”.

Crítica a la gestión Macri en el pago a los fondos buitres

En el tramo final del proyecto de declaración, Kirchner exige una revisión política de los actos vinculados a los fondos buitres durante el gobierno de Mauricio Macri, y realiza una comparación con el caso YPF: “Si en 2016 se hubiera mantenido la resistencia jurídica y política que se sostuvo en el caso YPF, la Argentina podría haber evitado el ciclo de endeudamiento posterior. Pagar en 2016 fue una decisión ideológica y de ‘mercado’; resistir en el caso YPF fue una decisión de ‘Estado’”, según fundamenta el texto presentado.

Adicionalmente, la propuesta califica la sentencia de 2023 de la jueza Loretta Preska como “motivada políticamente” y describe las órdenes de la corte como intentos de “asfixia financiera” contra la autonomía argentina, según consta en los fundamentos legislativos. El proyecto reivindica la defensa judicial como política de Estado más allá de los cambios de administración y afirma: “Este fallo, que revoca la sentencia de primera instancia, pone freno a una extorsión financiera que pretendía hipotecar el futuro de las próximas generaciones de argentinos/as por un monto superior a los 16.100 millones de dólares”.

De acuerdo al proyecto, la decisión judicial “es el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera de Burford Capital. Al expresar nuestro beneplácito, no solo festejamos un ahorro de miles de millones de dólares, sino que reivindicamos el derecho de la República Argentina a decidir sobre sus recursos naturales y su marco normativo interno sin tutelajes coloniales de tribunales extranjeros”.

Firman el proyecto de declaración, junto a Kirchner, los diputados Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Gabriela Estévez, Teresa García, Mario Manrique, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Vanesa Siley y Julia Strada.

En el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados de la Nación, se llevó a cabo esta semana un encuentro que reunió a legisladores nacionales, organizaciones civiles e instituciones religiosas en el marco del Día del Niño por Nacer que se conmemora todos los 25 de marzo.

Este sábado, desde las 14 horas se desarrolla una marcha en Plaza Italia. Es la 11ª Marcha por la Vida. Y los organizadores aclararon que no se suspendería por lluvia.

La actividad de la semana pasada en la Cámara de Diputados, que fue impulsada por el legislador Santiago Pauli, y tuvo como principal oradora y anfitriona a Evelyn Rodríguez, presidenta de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, fue pensada como un espacio de intercambio y reflexión en torno a la defensa de la vida desde la concepción.

Como corolario de esta actividad, al cierre del encuentro, diputados nacionales firmaron un acta compromiso para derogar el aborto y trabajar activamente en la defensa de la vida, promoviendo doiversas iniciativas en esa línea. El documento lleva las firmas de: Santiago Santurio, Rubén Torres, Gladys Humenuk, Mónica Becerra, Santiago Pauli, Andrea Fernanda Vera, Bárbara Andreussi, Miguel Rodríguez, Carlos Zapata, María Luisa González Estevarena, Jairo Guzmán y Gabriela Muñoz.

Durante la jornada se proyectaron testimonios de mujeres en situación de vulnerabilidad que recibieron acompañamiento a lo largo de sus embarazos, destacando la importancia de las redes de contención y la asistencia.

A su turno, el pastor Christian Hooft, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), expresó su preocupación por la fuerte caída de la natalidad en el país y señaló la necesidad de fortalecer las políticas de cuidado y acompañamiento. “Vivimos en una tragedia”, afirmó, al tiempo que compartió datos recientes sobre natalidad y aborto en Argentina.

La tasa de natalidad se derrumbó literalmente en el país. Cayó un 40% desde 2014, año que marca el punto de inflexión y coincide con la aplicación del llamado Protocolo de Aborto no punible de la Corte Suprema de Justicia y la liberalización de la distribución y consumo de drogas abortivas como el misoprostol.

Actualmente la tasa de fecundidad en la Argentina está por debajo de la tasa de reemplazo, que es la que mantiene la población en un número estable.

Lo más llamativo de estos datos es, tal vez, la indiferencia casi generalizada con que son recibidos por los representantes en el Congreso y por las sucesivas administraciones. Algo inexplicable considerando que se trata de un tema estratégico que por lo tanto debería ser de máximo interés público.

En ese sentido, Gabriel Ballerini destacó: “Volver a poner la vida en el centro del debate no es solo una consigna, sino una responsabilidad ética y política que interpela a toda la sociedad”. Asimismo, convocó a participar de la 11ª Marcha por la Vida, este sábado 28 de marzo desde 14 h en Plaza Italia, en conmemoración del Día del Niño por Nacer.

La jornada en Diputados contó también con la participación de referentes provida como Gabriel Ballerini, Fátima Silva, Patricia Soprano, Lorena Aguilar, de La Merced Vida, Ayelén Alancay y Raúl Magnasco de +Vida, Vicente Teruggi de Participar en Libertad. También acompañaron directivos de otras organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa y el acompañamiento de la vida, entre ellas Casa de la Mujer, Proyecto Vidas, Fundación Argentina, Coalición de Mujeres Argentinas, Mujeres de Fe Argentina, AMEV, y Abrazo de Vida, quienes trabajan activamente en la contención y asistencia de mujeres en situación de vulnerabilidad durante el embarazo.

Luego de una semana agitada por las polémicas en torno a Manuel Adorni, el Gobierno busca pasar rápidamente de página y se prepara para comenzar el debate en el Congreso de las primeras reformas, varias de las cuales sufrieron cambios de último minuto, mientras avanza en las negociaciones con las provincias para conseguir los votos necesarios para aprobarlas.

Hace algunas semanas, el propio jefe de Gabinete anticipó, a través de un mensaje que publicó en las redes sociales, la lista de proyectos que enviaría el Poder Ejecutivo en esta etapa inicial, aunque en estos días algunos se modificaron, otros se quitaron y hibo también agregados.

Una de las iniciativas que estaba previsto que se tratara ahora y finalmente se va a demorar -una vez más- es el nuevo Código Penal, el cual se viene trabajando incluso desde administraciones anteriores.

Si bien el ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había dejado un texto listo con más de 900 artículos, su sucesor, Juan Bautista Mahiques, decidió revisarlo antes de avanzar.

El funcionario entrante les pidió recomendaciones a los principales actores del mundo judicial y, durante una reunión en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei, se decidió volver a redactarlo para que quede más corto, entre otras mejoras que se harían.

En cambio, el oficialismo mandará a la Cámara de Diputados un paquete de medidas orientadas a endurecer las penas para determinados delitos y crear nuevas tipificaciones para cuestiones cotidianas y que el mandatario nacional entiende que son más urgentes.

Entre las novedades hay sanciones para ilícitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas, casos de incumplimiento de deberes alimentarios, trapitos, grooming y abuso sexual infantil.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, logró sumar al temario de estas sesiones ordinarias la demorada “Ley de Hojarasca”, que también se venía anunciando desde hace tiempo.

Con este proyecto, el Gobierno buscará derogar cerca de 70 normas que considera obsoletas, ya sea porque fueron superadas por otras más modernas; porque remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; porque eliminarlas implica un avance en el proceso de desburocratización; porque afectan libertades individuales, o porque quedaron sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo.

Entre las leyes que dejarían de regir si se sanciona esta iniciativa está, por ejemplo, una de 1864 que inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona u otra de 1965 que obligaba al Poder Ejecutivo a comprar solamente autos nacionales para la flota oficial.

El miércoles, luego de la conferencia de prensa que brindó para intentar acallar las críticas en su contra, Adorni recibió a Sturzenegger para terminar de definir los detalles del texto que un día después fue firmado por el Presidente.

Entre las medidas que estaban en la lista original y que permanecerán sin cambios -al menos por ahora- está la de propiedad privada, que incluye asuntos como expropiaciones, venta de tierras, incendios forestales y la regularización dominial para la integración socio urbana.

Esta iniciativa entrará por el Senado y es por eso que el jefe de Gabinete también se reunió en la Casa Rosada con Patricia Bullrich, que encabeza el bloque de La Libertad Avanza en ese recinto.

Además, el Ejecutivo pretende sancionar las modificaciones a las leyes de glaciares (que ya tiene media sanción), de discapacidad y de financiamiento universitario.

Para avanzar con todas estas medidas, las autoridades nacionales saben que necesitan el respaldo de las provincias y es por esta razón que el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó sus recorridas por el país.

Hace dos semanas se reunió con los mandatarios de San Juan, Claudio Poggi, y Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y el viernes último viajó a Mendoza para encontrarse con Alfredo Cornejo.

Si bien comenzó por los dirigentes aliados o más cercanos a la Casa Rosada, el objetivo del funcionario es visitar a casi todos los gobernadores, con excepción de aquellos opositores duros, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) o Ricardo Quintela (La Rioja).

En este sentido, en el oficialismo quieren acelerar las negociaciones para evitar que toda conversación comience a ser opacada por la campaña electoral de cara al 2027, que calculan que empezará a fines de este mismo año.

“Muchos gobernadores van a desdoblar y eso está bien, están cuidando su territorio, es lógico que lo hagan. Nosotros no vamos a adelantar los comicios”, advirtió un integrante de la mesa política libertaria.