Esta mañana en conferencia de prensa el fiscal Mauricio Del Cero detalló cómo avanza la causa en la que se investiga la desaparición de ampollas de fentanilo en el Hospital Municipal.

El pasado 30 de marzo se detectó el faltante de 25 ampollas del opioide y las autoridades del nosocomio radicaron la denuncia. Seis días después aparecieron las ampollas, pero vacías.

De Cero informó que el pasado jueves 27 de agosto, Policía Federal Argentina allanó tres viviendas y realizó requisas en el nosocomio.

Confirmó que son tres técnicos anestesistas, que presentan servicio en el Municipal, los que están siendo investigados y que se encuentran imputados en la causa.

Los allanamientos se concretaron en sus domicilios donde fueron secuestrados 11 teléfonos celulares. En el nosocomio, requisaron los casilleros que usan para guardar sus pertenencias mientras están trabajando.

La principal hipótesis que maneja la fiscalía es que el o los autores de la sustracción de las ampollas buscaron generar escándalo.

“Ocurrió en el momento en que se produjo también el escándalo por la muerte del médico anestesista del Hospital Italiano de Buenos Aires, conocido como Propofest. Y lo más llamativo de todo es que, tanto quien quiera sustraer eso para venderlo o para administrárselo como narcótico, no devuelve las botellas. Solamente podría devolver las botellas alguien que quiere que se sostenga el escándalo”, analizó.

Los tres técnicos anestesistas, indicó, estuvieron cubriendo los turnos, tanto el día en que se detectó el faltante (el 30 de marzo) como cuando aparecieron las ampollas vacías (el 6 de abril). Además, sumó que en diciembre de 2025 también se detectó el faltante de 4 o 5 monodosis de fentanilo, y volvieron a aparecer. “En esa guardia estaban de turno los técnicos ahora sospechados, imputados”, remarcó.

Fuente: Frente al cano.

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados comenzará este miércoles a las 16 a debatir un proyecto de la oposición para prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad que el Congreso aprobó el año pasado. Por primera vez el principal funcionario del área, Alejandro Vilches, contestará preguntas. También lo acompañarán el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, ⁠Gianfranco Scigliano.

Antes de ocupar el cargo de secretario Nacional de Discapacidad, Vilches había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios.

En julio de 2025, distintos bloques de la oposición lograron aprobar la ley 27.793 que declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero prorrogable por otro año. Luego el presidente Javier Milei vetó la norma alegando que no podía cumplirse sin romper el orden fiscal, pero el Congreso logró juntar dos tercios de los votos en ambas Cámaras para poder insistir con el proyecto.

El Gobierno perdió la batalla política pero mediante un decreto dejó en suspenso la ejecución de la ley hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera las partidas necesarias en el presupuesto nacional. Sin embargo, finalmente la Justicia intervino y ordenó la inmediata aplicación de la ley, tal cual había sido aprobada.

La normativa creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, disponía un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, establecía una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

Ahora la oposición impulsa una ley para hacer efectiva la prórroga por un año que estaba contemplada en el proyecto original. El proyecto, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), busca extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclaran.

En ese sentido, exponen como principal argumento la reticencia del gobierno nacional a aplicar la normativa. “La ley 27.793 tuvo, en los hechos, una fracción mínima de la vigencia real que el Congreso quiso darle. Un veto, una traba en la promulgación, un intento de derogación presupuestaria, dos años de litigio y una intimación judicial mediante. Cada una de esas etapas fue tiempo perdido para las personas con discapacidad, y ese tiempo perdido es lo que la prórroga viene a recuperar”, señalaron.

La oposición también reclamó que organizaciones civiles puedan participar de la audiencia pero el oficialismo argumentó que esa posibilidad quedará abierta para futuras reuniones de la comisión. Desde la oposición aseguran que se trata de una maniobra para estirar la discusión, por eso mantienen la convocatoria a sesión para el 9 de septiembre en la que planean emplazar a las comisiones para obligarlas a dictaminar el proyecto en una fecha determinada.

A diferencia de lo que ocurrió en 2025, La Libertad Avanza ahora cuenta con más de un tercio del recinto por lo que un eventual veto del presidente Milei no podrá ser revertido por la oposición. “No importa, hay que ver si están dispuestos a pagar el costo político otra vez cuando ya se acercan las elecciones”, opinó un diputado dialoguista.

En un enroque de proyectos contado por Infobae días atrás, La Libertad Avanza y los radicales del Senado intentarán avanzar con la firma de dictámenes de dos iniciativas: el Súper RIGI, que habla de inversiones -e importantes beneficios, como pago del 15% en Ganancias- por más de USD 1.000 millones en sectores que la Casa Rosada considera “industrias del futuro”; y la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas, respectivamente.

La primera ley es la que genera la mayor expectativa en el Ejecutivo, que se debatirá desde las 13 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General. El texto en cuestión ya fue aprobado por Diputados, pero este mediodía se confirmaría lo que fue comentado días atrás por este medio: el articulado sufriría modificaciones de cara al recinto, lo que forzaría un regreso a la Cámara baja, en segunda revisión.

Son dos los cambios que se comentan. El primero es claro e innegociable y tomó forma días atrás cuando el director institucional de SIDERSA, Pablo Cattoni, expuso en el plenario y afirmó: “Una enmienda podría ser la introducción de requisitos adicionales que permitan el desarrollo productivo local. Por ejemplo, que todas las iniciativas incorporen un 20% de contenido nacional en bienes transables sin computar en el cupo a la obra civil, que naturalmente termina dándose en la Argentina”.

“Esta corrección no solo podría ser incluida reglamentariamente en el RIGI, sino que también se podría aprovechar en el debate parlamentario que nos convoca sobre la creación del llamado Súper RIGI. Si bien valoramos que se incorpore ese porcentaje de contratación local, creemos que habría que precisar ese concepto. Entendemos que sumar servicio y obra al compromiso puede diluir ese 20%, porque, como dijimos, de todas maneras, esto se da naturalmente con la mano de obra”, sostuvo el disertante.

Reforzó estos conceptos el presidente del Departamento PyMI de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Leal. “Lo que queremos destacar –como dijo el colega– es que este proyecto destina el 20% de la inversión a bienes, obras o servicios. Es obvio que la obra civil, el movimiento de tierra y demás, sí o sí se van a hacer en el país, no se pueden importar. Pero, en este contexto internacional, nuestra propuesta es que ese 20% se destine –y que así se aclare– exclusivamente para bienes producidos en el país”, enfatizó.

En el oficialismo apuntarían a una segunda modificación sobre generaciones de redes eléctricas propias que, por ahora, no queda del todo claro. Un detalle no menor para este tema y también el de las 11: son tres comisiones en cada reunión y todas tendrán que tener quorum para dictaminar. Para una semana sin sesión y no tantos legisladores vistos ayer, será un desafío.

“Se consideran inversiones productivas a aquellas destinadas a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”, reza el cuarto artículo de la iniciativa del jefe radical, Eduardo Vischi (Corrientes), y de la mendocina Mariana Juri, entre otros.

Además, quedan “expresamente excluidas” las “inversiones en activos financieros, de portfolio y bienes de cambio”. Y se agrega que “sin perjuicio de los compromisos relativos a los montos mínimos establecidos”, las “inversiones productivas efectuadas en sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y en bienes semovientes, serán susceptibles de promoción, independientemente del monto de la inversión involucrada, en cada caso”.

Para este proyecto están involucradas las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; y Economías Regionales. En tanto, para las 17 de hoy se consumará un tercer cónclave por la regulación del mercado de carbono, aunque en la convocatoria aparecen invitados y, en principio, no se rubricaría un despacho. Algunos dialoguistas pujan por ello.