La senadora Patricia Bullrich presentó un proyecto de resolución para exigir explicaciones a Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto a cargo de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), por las actuaciones del organismo ante el traslado de detenidos desde Devoto al nuevo complejo federal de Marcos Paz. La iniciativa le atribuye una conducta que, según la legisladora, obstaculiza el vaciamiento y cierre de la cárcel porteña.

El proyecto, ingresado por la Mesa de Entradas del Senado el miércoles 14 de octubre, reúne nueve pedidos de información sobre las gestiones de la Procuración, los criterios para asignar plazas, las condiciones de alojamiento y los controles de seguridad. Bullrich solicitó que el funcionario entregue un informe “pormenorizado, documentado y por escrito” dentro de los 15 días hábiles posteriores a una eventual aprobación de la iniciativa.

Por ahora, se trata de una presentación parlamentaria. Para que el requerimiento sea formal, deberá contar con el aval de la Cámara. La senadora busca que Cejas Meliare responda, entre otros puntos, por las intervenciones judiciales de la PPN durante la reorganización de la población carcelaria.

El cuestionamiento central figura en el tercer punto del proyecto. Bullrich le reclama que explique la “flagrante contradicción institucional” entre los reclamos históricos por mejores condiciones de habitabilidad y la oposición judicial al cierre de la cárcel. “Explique la flagrante contradicción institucional de exigir durante años la mejora de las condiciones de habitabilidad, para luego oponerse judicialmente al cierre definitivo y traslado inminente de los internos del Complejo Penitenciario Federal de la CABA (Cárcel de Devoto)”, plantea el texto.

La iniciativa define al penal, inaugurado en 1927, como un establecimiento “manifiestamente obsoleto”. Además, cuestiona las mesas de trabajo promovidas por la Procuración, que —según la interpretación de la senadora— demoran la relocalización de los internos e interfieren con el convenio firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con la clausura.

La Justicia rechazó el hábeas corpus colectivo, pero exigió notificaciones

La ofensiva de Bullrich se produjo mientras la controversia ya registraba decisiones judiciales en dos instancias. El jueves 15 de octubre, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo del hábeas corpus colectivo y correctivo que había promovido la PPN por el traslado de internos a Marcos Paz.

La resolución fue firmada por los camaristas Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López. Los jueces mantuvieron el criterio de primera instancia, aunque ordenaron precisiones sobre la comunicación de los traslados a las defensas y los tribunales, además del acceso de los inspectores penitenciarios a los establecimientos.

La presentación de la Procuración alcanzó a 326 detenidos. El organismo cuestionó que algunos movimientos se realizaran sin informar con anticipación los destinos a las defensas y a los juzgados intervinientes. También advirtió sobre el impacto para quienes estudiaban en el Centro Universitario Devoto, dentro del programa UBA XXII, y para los internos con salidas transitorias.

El juez Santiago Bignone, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, rechazó la acción colectiva, de acuerdo con el dictamen del fiscal Pablo Recchini. Entendió que no se acreditó una afectación colectiva actual ni un riesgo cierto e inminente de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Añadió que los reclamos por derechos individuales debían ser tratados por los magistrados competentes en cada caso.

La Cámara sostuvo esa decisión. Aunque señaló que las notificaciones no se ajustaron por completo al protocolo, concluyó que no se había demostrado un perjuicio concreto que justificara anular los traslados ya efectuados. Los jueces también consideraron que el regreso de internos a sectores de Devoto inhabilitados por razones de seguridad podía agravar sus condiciones de alojamiento.

Sin embargo, la resolución dispuso garantías para los próximos movimientos. La Cámara encomendó al juez Bignone exigir al Servicio Penitenciario Federal (SPF) el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Protocolo de Traslado de Personas Privadas de Libertad, que prevén comunicaciones a los órganos judiciales y las defensas con al menos 72 horas de anticipación. También ordenó garantizar de inmediato el ingreso del personal de la Procuración para inspeccionar y monitorear las cárceles.

Tras la sentencia, la PPN afirmó en un comunicado que no se opone al cierre de Devoto ni a la reorganización de plazas carcelarias. Sostuvo que su intervención apunta a asegurar planificación, transparencia y respeto de la ley y de los derechos de las personas detenidas. Bullrich, en cambio, considera que las actuaciones del organismo afectan una decisión del Poder Ejecutivo para desocupar el penal.

El proyecto reclama explicaciones por las plazas, las camas dobles y los controles de seguridad

El traslado de internos desde Devoto comenzó el domingo 11 de octubre, luego de años de demoras en la puesta en marcha del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. En las primeras dos jornadas, el SPF llevó 609 personas, más del 40 % de la población del penal porteño, al nuevo establecimiento, que tiene capacidad para 2.232 plazas.

Bullrich respalda su planteo en el convenio interjurisdiccional acordado en 2018 y ratificado por la Legislatura porteña mediante la Resolución 100/LCABA/18. En los fundamentos, sostiene que la redistribución de los detenidos debe avanzar hacia establecimientos adecuados y cuestiona que la Procuración busque influir sobre el destino específico de las vacantes del nuevo complejo.

El cuarto requerimiento le pide a Cejas Meliare que detalle “los fundamentos legales por los cuales la PPN pretende arrogarse facultades de administración penitenciaria exclusivas del Poder Ejecutivo”. De acuerdo con el proyecto, el organismo pretende que el penal de Marcos Paz sea utilizado de manera prioritaria para alojar a detenidos que permanecen en dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires, un criterio que Bullrich dice que bloquea la reubicación planificada de la población de Devoto.

Los dos primeros puntos de la iniciativa se refieren a las camas dobles en dependencias del SPF. La senadora solicita que se informe si la Procuración pidió, promovió o avaló su incorporación en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza o en el CPF II de Marcos Paz. También requiere conocer los fundamentos técnicos y jurídicos de un eventual cambio de posición frente a advertencias anteriores sobre “la sobrepoblación, el hacinamiento y los estándares mínimos de habitabilidad”.

Otro de los pedidos se concentra en el vínculo de los detenidos con sus familias. Bullrich busca que el funcionario explique cómo compatibiliza los planteos de la PPN sobre los efectos de trasladar internos fuera de Buenos Aires con las gestiones para derivar de forma progresiva a personas alojadas en comisarías y alcaidías porteñas a cárceles federales de distintas jurisdicciones.

La senadora también reclama precisiones sobre la transferencia a la Ciudad de las competencias penitenciarias por delitos no federales y sobre la construcción de infraestructura modular con 400 plazas adicionales en terrenos del SPF. El proyecto consulta si la Procuración acompañó, objetó o rechazó esas alternativas y bajo qué argumentos. A la vez, solicita comparar las inspecciones y acciones judiciales impulsadas en dependencias de fuerzas federales con las desarrolladas en establecimientos de la Policía de la Ciudad.

Uno de los puntos aborda posibles relaciones institucionales. Bullrich pide identificar si exfuncionarios, exagentes o empleados de la Procuración con licencia cumplen funciones en áreas penitenciarias del Gobierno porteño. Si fuera así, solicita que se informen los mecanismos destinados a “preservar la independencia, imparcialidad y objetividad” del organismo. El texto aclara que el planteo es un pedido de información y no supone, por sí mismo, la existencia de un conflicto de intereses.

El capítulo final se enfoca en las restricciones al ingreso de teléfonos celulares particulares en sectores de máxima seguridad. La senadora reclama que Cejas Meliare explique “los verdaderos motivos por los cuales la Procuración se resiste activamente” a cumplir las disposiciones vigentes. Según el proyecto, el ingreso de dispositivos personales en zonas restringidas “atenta directamente contra las directivas orientadas a desarticular el accionar del crimen organizado desde el interior de las cárceles”.

Cejas Meliare ocupa el cargo de procurador penitenciario adjunto y conduce el organismo por la vacancia de la titularidad. La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Congreso ratificó su continuidad el 20 de noviembre de 2024. La PPN, creada por la Ley 25.875, tiene autonomía funcional y facultades para inspeccionar cárceles, examinar las condiciones de detención y promover actuaciones de protección de derechos, mientras que el Poder Ejecutivo administra el sistema penitenciario federal.

La iniciativa de Bullrich todavía deberá atravesar el trámite parlamentario. Mientras tanto, el cierre de Devoto seguirá bajo las condiciones fijadas por la Justicia: el rechazo del hábeas corpus colectivo y la obligación de que el SPF cumpla con las notificaciones previas y facilite las inspecciones durante los traslados.

La realidad de la economía está remodelando en estas horas el discurso libertario. Y resulta especialmente significativo el giro expuesto por Javier Milei. El cambio más evidente hace a los tiempos prometidos -imaginados- para coronar un crecimiento sin antecedentes históricos y de impacto social amplio, palpable. El oficialismo proyectaba que esos resultados iban a marcar este año, con proyección al 2027, y allanarían naturalmente el camino electoral del oficialismo. Ahora, posterga los tiempos mejores para el 2028 y trata de atarlos al plan reeleccionista.

Es normal o al menos repetido: cuando los números de la economía son negativos o insuficientes para los planes electorales, la política tiene que cubrir ese frente y, más, jugar para sostener expectativas, confianza. El primer paso en esa dirección es el alineamiento de la interna, que en el caso libertario cruje en continuado y coloca el foco de manera creciente en los resultados económicos.

Eso mismo abre un interrogante sobre a quién le habló el Presidente cuando salió a enfatizar su respaldo a Luis Caputo. Lo planteó como una respuesta a supuestos movimientos en el mundo empresarial -los mercados, en primer lugar- contra el ministro. Pero según la lectura que se hace en medios políticos supera ese destinatario.

Milei dijo que “quieren limar” al jefe de Economía, justo cuando el funcionario busca cerrar las tratativas con el FMI. El eco histórico parece claro, pero las circunstancias no son ni de lejos las que alimentaron operaciones de ese tipo en otras etapas. Y tampoco asoma una oposición que se imagine en los umbrales de la Casa Rosada y pueda mover fichas en el tablero internacional.

El origen del ruido es otro. Y el problema es que, en rigor, las demandas domésticas sobre la política económica no desaparecen a pesar de la dureza presidencial para rechazar cualquier planteo de esa naturaleza. Milei fue más que enfático ante funcionarios y legisladores. Y ni siquiera toleraría señalamientos sobre la necesidad de mejorar “la velocidad” con que se traducirían los “logros” para el común de la gente, bajo el imaginario según el cual la “macro” no impacta aún en la “micro”.

La única voz en público que expuso esa inquietud doméstica fue la de Patricia Bullrich. Otros lo dejan trascender. Pero la cuestión con la jefa del bloque de senadores violetas fue potenciada por un gesto de Milei, al convocarla para mantener un encuentro mano a mano que, por supuesto, no podía tener carácter reservado. Eso colocó a Bullrich en un escalón superior del oficialismo, por el peso que se le estaría reconociendo -más a allá de las tensiones con Karina Milei– y por la preocupación de Olivos frente al impacto externo de este tipo de señalamientos en las filas libertarias.

Milei, en público, busca reducir el tema a un problema de operaciones -externas al circuito violeta- para desgastarlo. Y en ese terreno, se desborda discursivamente y alimenta o genera inquietudes por cuenta propia.

Acaba de hablar de un tema especialmente sensible para desechar cualquier posibilidad de tormentas en el año electoral. Negó cualquier posibilidad de una “corrida” con el dólar, algo que economistas serios, no alineados con el Gobierno, descartan. Visto así, puso de hecho sobre la mesa una cuestión que no aparece como amenaza. Dejó dudas, sí, sobre la carga de la “bazuca” de dólares que -dijo- el Gobierno tendría para enfrentar intentos “desestabilizadores”. Habló en un momento de US$ 75.000 millones. Antes, la cifra mencionada por el Gobierno era de US$ 50.000 millones y últimamente, escaló a US$ 125.000 millones en las declaraciones del Presidemte.

No es el único tramo discursivo que alimenta interrogantes sobre la “estrategia comunicacional” del Gobierno, en sentido amplio, es decir, también gestual. Al hacer su defensa cerrada de Caputo, Milei dijo que tiene una relación “simbiótica” con el ministro y calificó como una “pelotudez del tamaño de una casa” suponer que pueda ser reemplazado.

Como es habitual, sostuvo que las especulaciones de ese tipo son parte de operaciones para desgastarlo. Pero ocurre que aún en esa hipótesis, surge que un ingrediente notable fue aportado por el propio Presidente, cuando decidió convocar al economista Alberto Ades para que exponga ante el Gabinete. Caputo no asistió a ese encuentro.

En un punto, la simbiosis con el ministro se produce. El giro forzado del discurso expone una doble coincidencia: la exposición del tema no sólo aquí sino además fuera del país y el plazo más dilatado para las promesas de una mejora “histórica” de la economía.

Milei lo dijo de diferente modo en declaraciones a la prensa y en sus últimos viajes a Nueva York, París y Washington. Caputo aprovechó también un tramo del encuentro del FMI, en Tailandia. El Presidente afirmó que el 2028 será el “mejor año económico de la historia” argentina, si logra su continuidad en las próximas elecciones. “Si el Gobierno es reelecto, el 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia”, redondeó el ministro.

El implícito de tales declaraciones es que el 2026 va a camino cerrar lejos de los pronósticos optimistas difundidos en el inicio del año. Quedan desdibujadas por completo previsiones incluidas en el actual Presupuesto: entre las más notables, la inflación anual de sólo el 10 por ciento y el crecimiento de 5 puntos porcentuales del PBI. Informes de consultoras privadas y, después, estimaciones del FMI y del Banco Mundial modificaron a la baja las predicciones en esos renglones. Y el INDEC agrega sus informes habituales.

Esta semana, el número más esperado fue el del IPC. El registro de la inflación de septiembre expuso una leve alza sobre agosto: 1,9% intermensual, es decir, dos décimas por encima del mes previo. Anota 33,4% interanual y 23,6% acumulado en nueve meses. El Gobierno dejó trascender cierto alivio porque la medición no superó otra vez los 2 puntos porcentuales, pero para algunos economistas parece difícil que se aleje sólidamente de esa marca.

Se suman algunos sobresaltos, como la trepada de precios mayoristas, que anotaron una suba del 3,2% en septiembre, atribuida sobre todo al incremento del petróleo y del gas. También se suceden números previsibles, como los de la producción industrial manufacturera, que marcó en agosto un repunte (1,9%) sobre el muy mal resultado de julio y expone una caída del 3,2% respecto del mismo mes del año pasado. La semana que viene, el foco estará puesto en el estimador de agosto sobre la evolución económica y en los informes sobre ventas en supermercados, mayoristas y shoppings.

Los números impactan sobre el discurso.

“Se van a llevar todo”, dice una diputada, en una mezcla de bronca y resignación. “Empujamos, coordinamos, cedemos, hacemos lo que podemos, pero no nos acompañan los números”, graficó otro diputado de la oposición.

Los bloques de la oposición sienten cierta frustración respecto de los resultados que están teniendo en el Parlamento, donde entienden que los dos primeros años de la gestión de La Libertad Avanza estuvieron signados por el apoyo al Gobierno para “dotarlo de gobernabilidad” y que este año la gobernabilidad “es para los gobernadores”.

En ese esquema, los bloques de la oposición intentaron avanzar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 la semana que pasó y chocaron de frente con la ausencia de los diputados que responden directamente a gobernadores como los de Santa Fe, Misiones, Salta, Tucumán y Corrientes. Algo que se repite en varias sesiones y que los más pesimistas estiman que el próximo miércoles sucederá de la misma manera.

El oficialismo citó para el miércoles a una sesión cuyo temario incluye el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que modifica las leyes 21.499, de Expropiaciones, y 24.374, de Regularización Dominial—, desalojos express y, además, la vuelta de la ley de Tierras de 2011; la creación de un módulo informático interoperable con el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA); modificaciones al Código Penal sobre vandalismo rural; la transferencia a título gratuito a la provincia del Chaco del inmueble propiedad del Estado nacional Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB); la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de la ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad; y la ley sobre endeudamiento familiar.

A diferencia de lo ocurrido este jueves, la oposición no tendrá que construir el quórum, ya que la convocatoria fue solicitada por el oficialismo. Su objetivo será concentrarse en las mayorías necesarias para imponer sus posiciones durante el tratamiento de los proyectos.

Cruces de estrategias

“Puede ser que alguna nos la den vuelta”, reconoció un diputado de La Libertad Avanza que suele tener reuniones en la Casa Rosada. Aunque la oposición tiene dictamen propio en cada una de las normas a debatir —salvo en trazabilidad, que salió por unanimidad—, la referencia del legislador libertario apunta, principalmente, a discapacidad, propiedad privada y morosidad.

En algunos despachos se especuló con la idea de pedir una sesión para ese mismo día a las 10 de la mañana con un temario propio. Sin embargo, la propuesta fue descartada para que “no nos pase lo mismo que el otro día” y se quedaran cortos para el quórum.

En algún momento la palabra de Miguel Ángel Pichetto resonó en el debate. Así como alguna vez les dijo a los libertarios “¿qué aplauden? acá se viene a ganar, aprendan”, ahora el experimentado legislador advirtió que la oposición debe mejorar sus cálculos parlamentarios y evitar exponerse a nuevas derrotas.

En la oposición se renueva la esperanza de la mano de algunos datos que dejó la sesión anterior. “Quedamos a ocho, pero teniendo en cuenta que faltaron dos de Unión por la Patria, el número baja a seis. Es difícil, pero no imposible”.

En este caso, los diputados de los gobernadores nuevamente serán quienes definan si se impone el proyecto de LLA o el de la oposición en cada una de las votaciones.

Por el lado del oficialismo, la Casa Rosada maniobra con los jefes de los estados provinciales en busca de asegurarse los votos necesarios. “Les prometen que van a buscar inversiones para un tren y te bajan los diputados. Entendemos la gobernabilidad, pero una promesa de posibles inversiones no puede ser suficiente”.

El lunes muchos legisladores volverán a sus despachos en la Cámara de Diputados. Los teléfonos sonarán todo el fin de semana. Ganar o perder una votación hoy se define con dos o tres legisladores que se sumen o que no. Pero el oficialismo parece correr con ventaja en esa discusión.