Como anticipó el Ministerio de Capital Humano, los equipos técnicos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a cargo de Julio Cordero, definen por estas horas la cifra que aplicarán para multar monetariamente a los gremios de trenes y colectivos que se plegaron al paro del pasado jueves contra la reforma laboral. Lo cierto es que la medida fue adoptada a raíz del incumplimiento de las conciliaciones obligatorias vigentes en los conflictos de la UTA y la Fraternidad, luego de que se plegaran a la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Si bien hubo intenciones de avanzar con la quita de la personería gremial, el Gobierno Nacional redefinió la estrategia y se inclinó aplicar una multa monetaria tras incumplir el instrumento jurídico. “No hablamos de revancha ni venganza, lo que buscamos es dejar el mensaje de que incumplir con una conciliación es grave. Tienen que cumplir con la ley. Ellos están acostumbrados a hacer lo que quieren sin que nadie haga nada”, sostuvo una fuente inobjetable ante Infobae.

En la previa al paro del jueves, la Secretaría de Trabajo se anticipó y alertó a las organizaciones sindicales que cualquier acción directa representaría un incumplimiento de la instancia de conciliación. “La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”, remarcaron.

Hasta entonces, la cartera que lidera Sandra Pettovello, una de las ministras más elogiadas por el presidente Javier Milei, trabaja en las cifras que aplicarán contra los gremios. El número surge de un cálculo técnico por sobre la cantidad de empleados que cesaron sus tareas durante la jornada del pasado jueves en rechazo al tratamiento del proyecto de reforma laboral que se discutía en la Cámara de Diputados y que finalmente obtuvo media sanción.

“Una multa va a doler más. La idea es que sea alta y justa, de acuerdo al daño que produjeron”, sostuvieron por los pasillos de Balcarce 50 para explicar el cambio de estrategia.

La determinación se tomó a raíz de la violación al procedimiento de Conciliación Laboral Obligatoria en curso que compromente a ambos gremios. En el caso de la UTA, se dictó el 10 de febrero pasado y rige hasta el 26 del mes, a partir del anuncio del gremio de colectivos de hacer paros en el interior del país en el marco de un reclamo salarial. Mientras que en el caso de La Fraternidad tuvo lugar el 4 de este mes, por el mismo plazo, y venció el pasado jueves.

Si bien inicialmente la idea era quitarles la personería jurídica, en la administración libertaria plantean que se trata de un trámite extenso, que podría suponer trabas judiciales, por lo que avanzaron en un redireccionamiento del accionar a pedido de la Secretaria de Transporte. De esta forma, esperan darle además una “nueva oportunidad” para los gremios que, en caso de que desconozcan el pago, la administración libertaria retomará la idea de aplicar la pena máxima y avanzará con la quita de la personería gremial.

Con la media sanción de la reforma laboral obtenida en la Cámara de Diputados, y a la espera de la revalidación en el Senado luego de la eliminación del artículo 44 relativo a las licencias médicas, en Balcarce 50 festejaron el bajo acatamiento del paro convocado por la CGT. “Fue un paro muy tranquilo”, se vanaglorió una importante fuente con acceso al despacho presidencial que atribuyó la ausencia de una movilización masiva al impedimento de la central para convocar a las bases.

“Diría que entienden el momento histórico, pero la verdad es que no pueden juntar gente”, planteó un interlocutor violeta que supo tener buen diálogo con el sector y que se prepara para hacer frente a la judicialización que prometieron los gremios.

El Gobierno nacional anotó una nueva victoria legislativa, luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción a la reforma laboral durante la madrugada del viernes. Con un total de 135 votos afirmativos, el oficialismo logró que el proyecto de ley continúe en pie. La oposición se reflejó en 115 negativos, mientras que no hubo abstenciones.

La semana pasada, la Ley de Modernización Laboral había sido aprobada por el Senado, pero su camino legislativo no está terminado. A raíz de las modificaciones que se realizaron, para evitar que la iniciativa perdiera el apoyo de los bloques aliados, la norma deberá regresar a la cámara de origen.

Luego de que los cambios que pensaban aplicarse en el régimen de licencias médicas laborales fueran criticados por los espacios afines a La Libertad Avanza (LLA), el Gobierno accedió a eliminar el artículo 44 y el 208 del proyecto de ley.

Según trascendió, desde Balcarce 50 consideraron que era vital priorizar que se aprobara el paquete de modificaciones en general, aunque esto implicara desistir de negociar por mantener el articulado. Sobre todo, desde que expresaron que la meta era iniciar el nuevo año legislativo con las reformas tratadas durante el período de sesiones extraordinarias aprobadas.

De esta forma, la eliminación del artículo 44 del texto de la reforma laboral dejó sin efecto la modificación propuesta para el régimen de licencias por enfermedad. Con esta decisión, quedó restaurado el esquema tradicional que garantiza el pago íntegro del salario durante el período de licencia por enfermedad.

De acuerdo con el artículo 208 del texto original, la iniciativa suprimida contemplaba una reducción salarial según el origen de la afección. En el caso de enfermedades o accidentes por conductas voluntarias de riesgo, estaba previsto que el trabajador recibiera solo el 50% de su sueldo habitual, mientras que si se tratara de una situación ajena a la voluntad del empleado, el pago alcanzaría el 75%.

En línea con esto, se proponían límites temporales de tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo y seis meses para quienes sí las tuvieran, junto a una cláusula que exigía un plazo mínimo de dos años entre episodios de enfermedades crónicas para habilitar un nuevo derecho a cobro.

Por otro lado, la propuesta protegía estos pagos ante eventuales suspensiones laborales, de modo que las decisiones patronales por motivos económicos o disciplinarios no iban a alterar el cobro de los porcentajes estipulados. Al quedar fuera del paquete general, ninguno de estos recortes ni restricciones será aplicado.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, está previsto que la iniciativa vuelva a ser tratada por la Cámara Alta el viernes de la semana siguiente, cuando podría convertirse formalmente en ley.

Tras haber asegurado que el proyecto de ley siguiera en pie, el oficialismo esperaría otro resultado victorioso. Sobre todo, porque el Senado había expresado 42 votos a favor contra 30 negativos, cuando todavía estaban incluidos los recortes en los pagos para los trabajadores que pidieran una licencia médica.

A pesar de esto, los senadores aún tendrían la posibilidad de mantener el texto original o aceptar las modificaciones realizadas en la Cámara Baja. No obstante, para el Gobierno sería una prioridad cerrar el período de sesiones legislativas con la Ley de Modernización Laboral, la reforma en el Régimen Penal Juvenil y la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea aprobadas.

Además, entró en la agenda un nuevo marco legal propuesto por el Poder Ejecutivo para realizar cambios en la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue evaluada, luego de que un fallo judicial obligara al Gobierno a aplicar la norma que fue aprobada a mediados de 2024. Sin embargo, el objetivo será evitar que su aplicación afectara a la meta de mantener el equilibrio fiscal.

La reforma laboral es el primero de varios peldaños legislativos que el Gobierno quiere subir en su aspiración de hacer del 2026 un año propositivo en el Congreso. En el entorno del presidente Javier Milei marcan que la coordinación de la mesa política ha proporcionado un mejor diálogo con los aliados circunstanciales, que a su vez están más definidos. “Se forjó un ida y vuelta de mayor confianza con ellos y eso ayuda a conseguir los votos cuando precisamos”.

En la Casa Rosada consideran que el proyecto de Modernización Laboral era de los más controvertidos que se podían tratar a lo largo de todo el año.

Su temprano tratamiento tuvo que ver con las prioridades estructurales del Gobierno -Milei cree que el mercado laboral debe reorganizarse para que luego posibilite otros proyectos transformadores-, pero buscó seguir aprovechando la colaboración que están dispuestos a dar ciertos aliados circunstanciales: es probable que a fin de año algunos de ellos no estén más, ya que La Libertad Avanza apuntará a quitarle la gobernación a algunos de ellos.

El Poder Ejecutivo envió diferentes iniciativas al Congreso a lo largo de las sesiones extraordinarias. Es muy probable que priorice terminar de tratarlas todas antes de impulsar otras agendas. Pero en el entorno de operadores políticos del Presidente ya están pensando en una hoja de ruta para establecer nuevos proyectos en los próximos meses.

Una altísima fuente oficial comentó a Infobae que están esperando a que Javier Milei vuelva de Washington este viernes para poder empezar a dialogar sobre esa cuestión.

En el Gobierno están diseñando un esquema distintos para definir qué secuencilidad de reformas presentar este año. “En el pasado lo que sucedía es que cada uno de los ministerios definía su hoja de ruta y después se comunicaba automáticamente”, marca un funcionario a este medio. La idea que piensan ahora es centralizar aún más las tareas políticas: “Ahora son las carteras las que tienen que decir qué hitos quieren realizar este año y es a través de la Jefatura de Gabinete que se diseña el esquema de cómo se hará”.

Es muy posible que en la próxima semana pueda darse una reunión que sirva para determinar algunos ejes que contribuyan al discurso de Milei en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso, el cual se dará el 1 de marzo a la noche.

Allegados al Presidente lo han escuchado decir que cada uno de los ministerios nacionales tiene más de 10 paquete de proyectos de ley. “Es claramente menos, pero quiso decir que hay una intención fuerte de pegarle fuerte y al medio con los proyectos. Es ahora o nunca”, marcan en su entorno.

El oficialismo reconoce internamente que el margen de maniobra para aprobar iniciativas relevantes se irá reduciendo en los próximos meses, a medida que se aproxime el ciclo electoral y disminuyan las posibilidades de acuerdos con sectores dialoguistas de la oposición.

Para la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, el bloque de La Libertad Avanza reconoció que consiguió apoyos de gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz). “Vamos a tener que competir con algunos de los que hoy nos acompañan. Por eso lo más relevante hay que hacerlo lo antes posible”, apuntan desde el oficialismo. Un motivo más para la urgencia de las reformas.

Se espera que a lo largo de 2026 lleguen al Congreso diversas iniciativas. Hay algunas de importante peso como la reforma del Código Penal, la impositiva y electoral que tienen altísima prioridad y que serán enviadas con la mayor proximidad posible.

En Balcarce 50 buscan ampliar las condiciones para la llegada de inversiones y proyectos en el país. También para liberalizar el esquema comercial. Es en ese plano que buscarán terminar de sancionar el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, así como enviar los aspectos nodales del Tratado Comercial con Estados Unidos que precisan ratificación parlamentaria.

La reducción de impuestos y el alivio sobre empresas y personas son objetivos centrales de la administración libertaria. Se discuten alternativas como la reducción en el impuesto a las Ganancias y estímulos para mercados, junto a la eventual implementación de un “IVA dividido”, una idea dada a conocer por el ministro Caputo. La discusión gira en torno a cómo equilibrar esos incentivos con la preservación de la estabilidad fiscal.

Uno de los temas pendientes es la extensión del régimen de promoción para energías renovables, que propone prorrogar por veinte años la estabilidad tributaria del sector. Este proyecto, inicialmente previsto en el Capítulo XI del presupuesto, quedó en suspenso tras quedar fuera de la reforma laboral, y ahora su incorporación podría darse de manera individual o como parte de una reforma energética más abarcativa. También está en debate una reforma sobre el régimen de zona fría, aunque por ahora permaneció fuera del temario principal.

Aún sin precisiones técnicas, los funcionarios avanzan en el diseño de un proyecto legislativo que reúna casi todos los asuntos originalmente incorporados en el capítulo XI, con excepción de la Ley de Financiamiento Universitario, para cuyo tratamiento el Gobierno ya propuso un enfoque alternativo, aunque sin la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que el lunes publicó un comunicado rechazando tajantemente la alternativa oficial y pidiendo la apertura urgente de paritarias.

Dado que un sector de los equipos técnicos de la Presidencia consideran que es asimilable a un tratado internacional, la adhesión de Argentina al Consejo de Paz que lidera Donald Trump también tendrá será presentado en el Congreso este año. Queda como cuenta pendiente que el Senado tramite el placet de Fernando Iglesias como embajador en la Unión Europea y Bélgica.

Este último podría tratarse el 26 de febrero en el Senado junto con la Ley de Glaciares, el convenio Mercosur-UE y la baja de la edad de imputabilidad en menores hacia los 14 años.