La CGT planteó sus críticas contra la reforma laboral de Javier Milei ante autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante un encuentro sindical internacional realizado en Washington, Estados Unidos.

El cuestionamiento fue efectuado por el secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA), quien afirmó: “La reforma laboral colisiona en lo colectivo y en lo individual con la Constitución argentina. Y lamentablemente el diálogo tripartito no es una política de Estado, mientras hay una crisis que afecta el desarrollo y la producción y, por ende, aumentan el nivel de despidos y el cierre de fuentes de trabajo”.

El dirigente de la CGT participó en la capital norteamericana de una nueva ronda de reuniones entre el movimiento sindical internacional y las instituciones financieras multilaterales, como parte de las Reuniones de Expertos 2026 organizadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC) y la AFL-CIO, la central obrera de EEUU.

En ese marco, según se informó, dirigentes sindicales, economistas y representantes del FMI y del Grupo del Banco Mundial debatieron los desafíos de la economía global, el futuro del trabajo, las políticas de desarrollo y la necesidad de fortalecer la dimensión social en las decisiones financieras internacionales.

Estas reuniones se llevan adelante desde 2002 como un espacio de diálogo entre representantes del sindicalismo mundial y de las instituciones de Bretton Woods para analizar políticas económicas, deuda, empleo y desarrollo desde la perspectiva de los trabajadores.

Además, se produjo una reunión de alto nivel entre sindicalistas y el FMI en la que se analizaron las revisiones de políticas que el organismo internacional está llevando adelante, donde los representantes de los trabajadores pidieron que estas revisiones “incorporen de manera central el respeto al trabajo decente, los derechos laborales y los derechos humanos, como parte fundamental de cualquier estrategia de desarrollo económico sostenible”.

Martínez, también miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que los programas económicos impulsados por los organismos internacionales deben “contemplar la dimensión social y laboral en sus evaluaciones”.

El líder de la UOCRA sostuvo que en el proceso de revisión que realiza el FMI, “es imprescindible que se privilegie la perspectiva del trabajo decente, la protección de los derechos laborales y el desarrollo inclusivo”, elementos que, dijo, son “indispensables para garantizar crecimiento económico con justicia social”.

“En la agenda promovemos un salario básico universal y rediscutir los términos que conforman el contrato social mundial -enfatizó Martínez-. De 190 países, sólo 45 de ellos son desarrollados y el resto, a pesar de los encuentros multilaterales, siguen expuestos a tener un balance negativo en lo comercial, en lo productivo y en la dimensión sociolaboral.

Cathy Feingold, directora internacional de la AFL-CIO y vicepresidenta de la Confederación Sindical Internacional (CSI), que coordinó el diálogo entre los sindicatos y las instituciones financieras multilaterales, subrayó la importancia de que las políticas económicas globales respondan concretamente a las necesidades de los trabajadores y contribuyan a la reducción de desigualdades en un escenario mundial tensionado por conflictos geopolíticos, desaceleración económica y acelerados cambios tecnológicos.

El evento contó también con la participación de Marcelo Di Stefano, secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación Sindical de las Américas (CSI), quien representó a los trabajadores latinoamericanos en el diálogo con los organismos internacionales, reforzando así la inserción regional en el debate global sobre empleo, protección social y desarrollo.

Reclamo sindical de incorporar el trabajo decente y los derechos humanos en la agenda del FMI

En la sesión de diálogo con el Fondo Monetario Internacional, el movimiento sindical internacional expuso la urgencia de que las revisiones de políticas bajo supervisión y condicionalidad introduzcan de manera prioritaria el respeto al trabajo decente, los derechos laborales y los derechos humanos, como fundamento para cualquier estrategia de desarrollo económico sostenible.

En este sentido, Martínez enfatizó que “es imprescindible que se privilegie la perspectiva del trabajo decente, la protección de los derechos laborales y el desarrollo inclusivo”. Sostuvo, además, que estos elementos resultan “indispensables para garantizar crecimiento económico con justicia social”.

El secretario adelantó que la agenda sindical internacional impulsa la creación de un salario básico universal y la rediscusión integral de los términos que conforman el contrato social mundial. Al respecto, remarcó: “De 190 países solo 45 son desarrollados, el resto, a pesar de los encuentros multilaterales, siguen expuestos a tener un balance negativo en lo comercial productivo y en la dimensión sociolaboral”.

Participación internacional y perspectiva regional latinoamericana

Cathy Feingold, directora internacional de la AFL-CIO y vicepresidenta de la Confederación Sindical Internacional, coordinó activamente el diálogo entre los sindicatos y las instituciones financieras multilaterales. Feingold subrayó la importancia de que las políticas económicas globales respondan concretamente a las necesidades de los trabajadores y contribuyan a la reducción de desigualdades en un escenario mundial tensionado por conflictos geopolíticos, desaceleración económica y acelerados cambios tecnológicos.

El evento contó también con la participación de Marcelo Di Stefano, secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación Sindical de las Américas, quien representó a los trabajadores latinoamericanos en la interlocución con los organismos internacionales, reforzando así la inserción regional en el debate global sobre empleo, protección social y desarrollo.

Washington D.C. consolidó así su posición como punto de encuentro para la discusión de las políticas que marcarán el rumbo del empleo y los derechos laborales a nivel internacional, en un contexto donde los representantes sindicales advierten que la exclusión de la dimensión social de los programas económicos representa una amenaza directa para la estabilidad, el desarrollo y la inclusión.

La Cámara de Diputados convocó a una audiencia pública los días 25 y 26 de marzo de 2026 para recibir opiniones sobre un proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares N° 26.639. Se trata de otra de las reformas impulsadas por el Gobierno, con la intención de fomentar la explotación económica del ambiente periglacial nacional.

Según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial, el formato de la audiencia prevé una doble modalidad de participación: presencial y virtual. Así, el 25 de marzo de 2026, quienes estén inscriptos podrán exponer presencialmente en la sala 2 del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados en Avenida Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No obstante, el 26 de marzo la dinámica se realizará de forma virtual. Según establecieron las comisiones organizadoras, la audiencia conservará el mismo horario, es decir, se realizará en la franja de 10:00 a 19:00 horas.

Las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y la de Asuntos Constitucionales acordaron los términos de esta convocatoria en una reunión realizada el 4 de marzo de 2026. El objeto específico será recibir y considerar aportes en torno al Expediente 0072-S-2025, que propone modificaciones directas a la Ley de Glaciares vigente.

De esta manera, confirmaron que la inscripción al Registro de Participantes estará habilitada hasta el viernes 20 de marzo. Los interesados pueden registrarse en persona en la oficina de la comisión, ubicada en el primer piso, oficina 149, de la propia Cámara de Diputados, entre las 10:00 y las 16:00 horas. Otra opción para inscribirse es completar el trámite electrónicamente mediante un formulario que estará disponible hasta las 20:00 horas en la página web de la institución.

Cada exposición, según la normativa, no podrá exceder los cinco minutos, y quienes deseen presentar una ponencia por escrito deberán hacerlo presencialmente o bien enviarla al correo de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (crnaturales@hcdn.gob.ar).

Para esto, pidieron que el escrito cuente con una extensión máxima de diez carillas en formato PDF, tamaño A4, letra Times New Roman 12. Además, informaron que las exposiciones como las presentaciones escritas quedarán registradas y serán publicadas posteriormente en la web de la Cámara de Diputados de la Nación.

Por otro lado, indicaron que la audiencia seguirá las pautas del Plan de Trabajo de Audiencia Pública sobre Ley de Glaciares, su Anexo I – Reglamento, el artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara y el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe.

Al fundamentar la iniciativa, el Poder Ejecutivo argumentó que existen “graves falencias interpretativas” en la legislación vigente, que habrían generado inseguridad jurídica y obstaculizado inversiones productivas, principalmente en minería.

Según el oficialismo, el objetivo principal apunta a “ordenar el marco normativo, eliminar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental”. Esto implicaría una transferencia de poder a las provincias para que asuman mayor protagonismo en la gestión de recursos.

Durante la discusión de la Ley de Glaciares, varios legisladores subrayaron la importancia de incluir a comunidades indígenas y actores sociales en las audiencias. Al respecto, el diputado de Unión por la Patria, Juan Grabois, afirmó que “todas las comunidades indígenas que estén registradas y que estén en las cuencas afectadas tienen que tener asegurada su participación“.

En el caso de la diputada Silvana Giudici, integrante del bloque de La Libertad Avanza, defendió la idea original del oficialismo al recordar que “hubo un sistema que fue de la misma manera que se propone hoy. Lo que corresponde es considerar la propuesta de las presidencias de la comisión”.

Estos son los puntos claves de la Ley de Glaciares vigente

La actual Ley de Glaciares marcó un cambio en la política ambiental nacional al establecer, desde el 30 de septiembre de 2010, los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. Por ese entonces, se estableció como objetivo central “preservar estos cuerpos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas”.

En este sentido, la norma definió a los glaciares como “bienes de carácter público” y extendió su protección a las áreas de suelos congelados que cumplen funciones reguladoras de los recursos hídricos, conocidas como ambiente periglacial. Para garantizar la identificación y el resguardo de estos espacios, el artículo 3 de la ley ordena la creación del Inventario Nacional de Glaciares.

Según el texto, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) es el organismo responsable de “identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares del territorio argentino”. El inventario debe actualizarse al menos cada cinco años e incluir información sobre la ubicación exacta, la superficie y el estado de conservación de cada glaciar.

En contraposición a la propuesta del Gobierno, la ley prohíbe de manera explícita toda actividad que pueda alterar la condición natural de los glaciares o del ambiente periglacial. La lista incluye la “liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura ajena a la investigación científica, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y la instalación de industrias”.

Por esto, frente a cualquier proyecto que se pretenda realizar en zonas donde existan glaciares, la norma exige una evaluación de impacto ambiental y la garantía de participación ciudadana. Solo quedan exceptuados los casos de rescate, investigación científica no invasiva y deportes no motorizados, de acuerdo con la letra de la ley.

Las sanciones por el incumplimiento de la Ley 26.639 pueden ir desde advertencias hasta multas económicas y la suspensión total de la actividad responsable del daño. La normativa advirtió que, en caso de reincidencia, las multas “pueden triplicarse”.

Si la infracción la comete una empresa, la ley determinó que “sus directivos y administradores también resultan responsables”. Además, el dinero recaudado a través de las multas debe destinarse prioritariamente a la protección y recuperación de los glaciares afectados.

El Gobierno reglamentó esta madrugada la ley de Modernización Laboral y promulgó la misma bajo el N° 27.802 a través de Boletín Oficial. Esta formalización ocurrió luego del debate parlamentario que se extendió por varias jornadas y la sanción definitiva en el Senado el 27 de febrero. El oficialismo consiguió uno de sus mayores logros durante las sesiones extraordinadas convocadas por el presidente Javier Milei.

Entre los ejes centrales del texto oficial, se destacan los cambios en la registración laboral, la organización de la jornada, el régimen de indemnizaciones y la estructura de aportes patronales y sindicales. El nuevo esquema se aplica sobre los siguientes puntos:

Jornada laboral

• Se habilitó la extensión del horario de jornada laboral diaria de hasta 12 horas siempre mediante acuerdo escrito entre empleadores y empleados y la creación del banco de horas permitirá compensar horas extraordinarias con descansos. La organización de la jornada deberá respetar los límites legales y el descanso de al menos 12 horas entre turnos.
• Queda ratificado que el pago de salarios solo podrá realizarse a través de bancos o entidades oficiales de ahorro, excluyendo la utilización de billeteras virtuales.
• Respecto a los sueldos, la reforma incorporó el “salario dinámico”, que puede ser pactado en los convenios colectivos y que ata la remuneración al rendimiento o mérito individual.
• La digitalización obligatoria de los libros laborales tendrán plena validez y deberán conservarse durante una década. El registro de la relación de trabajo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente para acreditar el vínculo, sin exigir trámites adicionales en otros organismos.

Aportes patronales y sindicales

• Los aportes de las empresas a cámaras o asociaciones empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y serán voluntarios desde enero de 2028.
• Para los sindicatos, los aportes de los trabajadores, tanto afiliados como no afiliados, no podrán exceder el 2%.
• Se mantiene el aporte obligatorio del 6% destinado a las obras sociales. Además, la norma elimina la facultad de los empleadores para actuar como agentes de retención de cuotas sindicales sin consentimiento expreso.
• Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientado a fomentar la adopción de tecnología y la expansión empresarial, en línea con la reducción de cargas sociales.

Indemnizaciones y vacaciones

• El cálculo de la indemnización por despido sin causa solo contemplará la remuneración mensual, normal y habitual, dejando fuera el aguinaldo y las vacaciones.
• La ley fija que la indemnización será la única reparación por el despido y dispone un nuevo sistema de actualización de créditos laborales, que se ajustarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.
• La norma crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que cubrirá los costos de las desvinculaciones y se financiará con aportes mensuales de los empleadores: 1% de las remuneraciones para grandes empresas y 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas. El Poder Ejecutivo podrá aumentar estos porcentajes hasta 1,5% y 3%, respectivamente, previa aprobación de la Comisión Bicameral.
• Los convenios colectivos podrán establecer fondos de cese laboral con sistemas de capitalización individual.
• El período estival mantiene su intervalo habitual entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque las partes podrán pactar su disfrute fuera de ese plazo en tramos de al menos siete días consecutivos.

Eliminación de multas

• La reforma elimina las multas establecidas en la Ley 24.013 para los casos de empleo no registrado o registración deficiente. A cambio, se reafirma un régimen de incentivos para la regularización, que permite a los empleadores blanquear personal sin abonar sanciones, aunque deberán pagar las diferencias salariales y previsionales correspondientes al período no registrado.
• Programa de Promoción del Empleo Registrado, establece un mecanismo de blanqueo laboral, permitiendo la condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones para quienes regularicen su situación.
• Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, reduce las contribuciones patronales al 8% anual y asigna una reducción aún mayor para quienes contraten a personal previamente no registrado antes del 10 de diciembre de 2025, así como a ex monotributistas o ex trabajadores públicos.

Juicios

• La reforma introduce nuevos criterios para el pago de sentencias judiciales laborales. Las grandes empresas podrán cancelar condenas firmes en hasta seis cuotas mensuales consecutivas, mientras que para las MiPyMEs y empleadores individuales el plazo podrá extenderse hasta doce cuotas.

La normativa tocó otros puntos de la ley anterior (20.744), tales como la redefinición del ámbito de aplicación de la ley, ampliando el listado de grupos de trabajores a los cuales no se aplica. Por ejemplo, “a los trabajadores independientes y sus colaboradores” y “prestadores independientes de plataformas tecnológicas conforme la regulación específica”.

A su vez, se incorporó el derecho a la formación profesional y a la promoción en condiciones igualitarias como derecho fundamental de todo trabajador. Por último el derecho de huelga quedará restringido en los servicios esenciales (salud, distribución de agua potable, telecomunicaciones, aeronáutica comercial, control portuario, entre otros) y deberá asegurarse un mínimo del 75% de la dotación de personal en actividad. Y en servicios de importancia “trascendental”, como el transporte de pasajeros y cargas, medios de comunicación, industrias siderúrgica, química, cementera, alimenticia, construcción, aeropuertos y minería, entre otros, deberá garantizarse el funcionamientoal 50%.