Basándose en los datos oficiales que le acercaron, el presidente Javier Milei continúa convencido de que el nivel de morosidad en la Argentina no representa un riesgo real para el sistema financiero y que el Estado no debería intervenir, ya que se trata de un conflicto entre privados, aunque a partir de algunas propuestas internas está analizando la posibilidad de ordenarle al Banco Central que tome una medida especial para desincentivar el endeudamiento.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, aunque todavía está en estudio, el mandatario podría pedirle al titular de la entidad monetaria, Santiago Bausili, que firme un comunicado para modificar la norma que regula la forma en la que aparece el Costo Financiero Total (CFT), el porcentaje que refleja el monto real y completo que el cliente va a pagar al momento de adquirir un préstamo o de hacer una compra en cuotas.

Actualmente, la regla indica criterios básicos para que esa cifra no quede oculta ni diluida entre otros datos, sino que aparezca de manera claramente visible para el usuario de servicios financieros.

En los documentos, como contratos, recibos o notas de débito, la exigencia central es que el valor numérico del CFT y el signo “%” estén identificados de forma legible y destacada, ya sea mostrándolos con un tamaño al menos doble respecto del resto de la información, manteniendo la misma fuente y sus proporciones; o bien resaltándolos mediante una tipografía o color destacado.

Además, debe figurar la tasa de interés o descuento anual pactada, expresada en porcentaje y con al menos un decimal; la tasa de interés efectiva anual equivalente, también con al menos un decimal; la indicación de si la tasa es fija o variable, y en este último caso los parámetros de ajuste; y, por supuesto, el CFT propiamente dicho.

En materia de publicidad, la regulación es todavía más estricta y dispone que el CFT debe exhibirse en una tipografía de color destacado, con idéntica fuente y con un tamaño al menos cinco veces mayor al utilizado para informar la tasa nominal anual, respetando las proporciones del diseño tipográfico.

Este requisito aplica tanto para las plataformas gráficas —diarios, carteles, internet o folletos— como a la radio, televisión o medios digitales, incluso si son terceros los que están publicando la información crediticia, como inmobiliarias, concesionarias, supermercados u otros intermediarios.

No obstante, la senadora Patricia Bullrich planteó recientemente que, en el caso de los bancos y las fintech, las condiciones de los préstamos deberían quedar todavía más claras, para evitar que las personas accedan a ellos sin conocer todos los detalles.

A la salida de una sesión en el Congreso, la legisladora sostuvo que esas empresas deberían “generar mecanismos concretos de refinanciación, hacerse cargo y ayudar” a los clientes que hoy no pueden cumplir con sus compromisos.

“Tiene que aparecer un cartel gigante como en la brutalidad de los etiquetados frontales (de los alimentos), que diga: ‘Si usted se endeuda por $100.000, va a terminar pagando $250.000′. Porque el Costo Financiero Total, uno cuando lo mira en letra chiquitita, se da cuenta el robo que se está haciendo. Ese robo no se puede permitir”, sostuvo en declaraciones televisivas.

Esta idea llegó a oídos de Milei, a quien le pareció una propuesta interesante y comenzó a estudiar las distintas alternativas que podrían aplicarse en ese sentido, aunque todavía no hay una definición al respecto.

“No hace falta una ley para implementar algo así, es una decisión del BCRA. Tenemos que recuperar el discurso sobre este asunto, pero también tenemos que poner a los bancos y a las fintech a trabajar”, explicó a Infobae una fuente que está detrás de esta iniciativa.

El tema podría incluso conversarse este martes, durante la reunión de Gabinete que encabezará el Presidente en la Casa Rosada, de la cual no podrá participar el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien se encuentra en los Estados Unidos asistiendo al G20 de Finanzas, que se realiza en la ciudad de Ashville, en Carolina del Norte.

Con una medida de este tipo, el jefe de Estado estaría desincentivando la toma de deuda a futuro, pero no estaría utilizando los recursos del Presupuesto para asistir a los que ya se encuentran en mora, como reclama la oposición.

De hecho, el peronismo consiguió en la Cámara de Diputados un principio de quórum y el próximo 9 de septiembre quiere forzar una sesión para tratar -o emplazar- uno de los proyectos que están en carpeta, justamente, para que el Gobierno intervenga con dinero, facilitando el proceso de refinanciación.

Esto es a lo que Milei se niega, ya que considera que el Poder Ejecutivo no tiene que “rescatar” a las compañías que se arriesgaron dando esos préstamos y que, según los datos del propio BCRA, no están tampoco en una situación límite.

En el “informe sobre bancos”, que elabora el organismo, se indica que la morosidad del sistema financiero se redujo levemente en junio, hasta ubicarse en 7,6% del total de los préstamos otorgados al sector privado.

Ese porcentaje representa la proporción de créditos que las personas o empresas no están pagando en tiempo y forma. Entre las familias, la mora llegó a 12,8%, con bajas en tarjetas de crédito pero subas en préstamos personales y prendarios.