El Partido Justicialista bonaerense, que preside el diputado nacional, Máximo Kirchner, sigue delineado el proceso de renovación de autoridades fechado para el próximo 15 de marzo. En este marco, este viernes se reunirá nuevamente la junta electoral partidaria. Es el segundo encuentro de estas características desde que se acordó el mes de marzo como instancia para actualizar la integración del consejo partidario.

La reunión será modalidad mixta y atada a cuestiones procedimentales. El pasado 26 de diciembre, la junta partidaria —que está presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini— acordó el reglamento en caso de que se lleve adelante la elección interna. Entre otros puntos, allí se estableció que las candidaturas deberán respetar la Ley de Paridad de Género y estar acompañadas por avales de afiliados, que también tendrán un procedimiento específico y un tope en la cantidad de listas que pueden acompañar.

También, se asegurará que todas las listas presentadas serán exhibidas y, en caso de impugnaciones, la Junta resolverá de manera rápida. Si solo una lista se presenta, los afiliados tendrán 48 horas para impugnarla si encuentran irregularidades. Además, en caso de que se lleve adelante el acto eleccionario, el sistema asegura que no solo la lista más votada tenga representación. Si una segunda lista consigue al menos el 25% de los votos, se le asignará el 25% de los cargos, en cumplimiento también con la Ley de Paridad de Género.

Además de Nardini, al momento de su constitución en 2021, la junta electoral quedó integrada también por la vicegobernadora, Verónica Magario; la Jefa de Asesores de ministros, Cristina Álvarez Rodríguez; la presidenta del Instituto de Previsión Social, Marina Moretti; los diputados provinciales, Mariano Cascallares, Avelino Zurro, Juan Pablo De Jesús, el senador Adrián Santarelli; el ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; la concejal de Olavarría, Liliana Schwindt; la secretaria de Desarrollo Humano y Social de Monte Hermoso, Rosana Sotelo —alineada con el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Alejandro Dichiara; Carolina Correge del espacio de Florencia Saintout.

En la última reunión del consejo del partido que se llevó adelante el 19 de diciembre en el distrito de Malvinas Argentinas, Kirchner anunció que habrá internas o renovación de autoridades partidarias el 15 de marzo. Aunque sugiere toda una novedad, son pocos —o al menos los interesados— en vaticinar que efectivamente habrá una elección interna entre dos o más opciones.

Como dio cuenta Infobae, hay muchos nombres dando vueltas, tanto si hay un esquema de unidad o si efectivamente se llevan adelante los comicios. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, busca tener un partido que lo respalde plenamente en lo que será su carrera hacia el 2027. Por eso, este 2026 será clave para ordenar al peronismo en la provincia que gobierna.

En La Plata hay algunos nombres para proponer. La vicegobernadora, Verónica Magario, es una de las más activas en esta discusión. También sumó un rol importante en las últimas negociaciones el intendente de La Plata, Julio Alak; otro kicillofista.

Si bien es del espacio político del mandatario provincial, también tiene diálogo con otros sectores del peronismo y su figura podría presentar cierto consenso. En la reunión del consejo partidario en Malvinas Argentinas, el jefe comunal de la capital bonaerense formó parte de la comitiva que negoció la ampliación de los apoderados del partido, dándole así participación al Movimiento Derecho al Futuro. Una de las nuevas apoderadas -Ana Laura Ramos- está en el alakismo.

También hay intendentes de distritos de peso en la danza de nombres. El propio Nardini; el jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Moreno, Mariel Fernández, son algunos de ellos. Fernández fue explícita. En tanto que el lomense es otra figura que podría reunir cierto consenso. Si bien en el entorno de Kicillof reconocen el diálogo con Otermín, también le endilgan que en última instancia su terminal política es Cristina Kirchner.

En los últimos días, otros dos nombres que también empezaron a repetirse cercanos al gobernador, pero con puentes hacia el kirchnerismo, son el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, que actualmente es consejero por la Primera sección electoral.

El Gobierno tiene previsto continuar este año con su política de reducción de la dotación en diversas áreas de la Administración Pública Nacional (APN). Se trata de una de las tantas variables de ajuste que el presidente Javier Milei considera precisas para avanzar con el objetivo de desescalar el tamaño del Estado, así como el gasto público.
Se trata de un pedido que fue realizado en una de las últimas reuniones de Gabinete realizadas en Casa Rosada por el mes de diciembre. Con la venia de Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, instruyó a los nueve ministros y secretarios presidenciales a continuar con reducciones significativas en sus respectivas dotaciones.

“Deberíamos poder avanzar con el 10% en el cortísimo plazo”, habría sido la tarea solicitada, según indicó a Infobae un importante miembro del Gabinete. La evaluación de objetivos sería hacia finales del primer trimestre de este 2026.
El último informe del INDEC sobre dotación estatal dio que, hasta noviembre de 2025, la cantidad de empleados públicos era de 281.785. El objetivo de la reducción más urgente del 10% no cabría directamente sobre esa cifra total, la cual se puede desmembrar de la siguiente manera:

Administración Pública Nacional: 192.219 empleados
Empresas y sociedades: 89.566 empleados
Miembros del Gabinete consideran que el 10% podrá ser concretado con mayor facilitad en la denominada administración centralizada, que tiene 39.011 empleados directamente empleados por la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete y los nueve ministerios.
El resto forman parte de organismos descentralizados (tienen presupuesto y autonomía), desconcentrados (son una extensión más de los ministerios) y otras entidades. Estas tres últimas también tendrían la tarea de reducirse, así como las empresas y sociedades. Pero el procedimiento debería ser menos automático que con los ministerios.
Adorni le solicitó a sus seis secretarios que debían reducir su dotación de personal en un 20%. Por caso, tal y como lo contó Infobae un mes atrás, Adorni le solicitó a sus seis secretarios (Coordinación Legal, Asuntos Estratégicos, Ejecutiva, Innovación, Comunicación y Turismo y Ambiente) que debían reducir su dotación de personal en un 20%. Es muy probable que no se consiga ese número final porque hay algunos de ellos que lo consideran difícil en términos de supervivencia operativa. Pero prevén que se supere el 10% antes de terminar el primer trimestre.

El mes pasado se publicó el decreto que oficializó el organigrama de la estructura superior de la órbita de Adorni. Es decir, qué Secretarías y Subsecretarías existen a partir de la separación de la Jefatura de Gabinete con el Ministerio del Interior. Todavía queda publicarse el decreto que determine la estructura inferior: aseguran que habrá un proceso de “simplificación” y de “recortes” de direcciones y coordinaciones.

Así como sucedió esta esfera, en la cúpula del Gobierno afirman que esperan una réplica de aquello en los ministerios y secretarías presidenciales. “Sabemos que cada ministerio después va a hacer su propio criterio. Qué subsecretarías, direcciones o áreas estamos con capacidad de reducir o eliminar”, indica una figura del gabinete ministerial.

Milei asumió en diciembre del 2023 con 341.473 empleados. 231.305 de ellos corresponden a la administración pública, de los cuales 54.791 son de la administración centralizada; y 110.168 de empresas y sociedades del Estado. Para llevar a cabo los desplazamientos se realizaron desde despidos directos, pases a disponibilidad hasta retiros voluntarios.
Las carteras que más cantidad de empleados tienen en la actualidad son el Ministerio de Economía (8.348), el Ministerio de Capital Humano (8.231) y el Ministerio de Salud (5.954). Las de menores dimensiones son Desregulación y Transformación del Estado (384), Interior (953) y Defensa (983). Los dos organismos más grandes son el CONICET (25.686) y el ARCA (18.939).

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había alertado el mes pasado de un intento de recorte del 10% de la planta estatal en organismos descentralizados como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), entre otros.

“Quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza. Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata”, señaló el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, durante la convocatoria al Paro Nacional realizado en diciembre.

El ajuste fiscal emprendido por el mileismo supuso una reducción real del 27% en el gasto público nacional entre 2023 y 2025, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Esa disminución, que equivale a $50 billones a precios de noviembre de 2025 (unos USD 38.000 millones), se ha concretado, en buena medida, a través de recortes enfocados en jubilaciones, programas sociales y salarios públicos.

Asimismo, los salarios de los fondos destinados a empleados públicos nacionales experimentaron una retracción real del 25,8%, es decir, 6,3 billones de pesos menos, por efecto tanto de la disminución de la planta laboral como de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

El gobierno de Javier Milei reformó por decreto el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al término de las sesiones extraordinarias y ahora afina su estrategia para blindar el decreto en el Congreso.
El decreto 941/25, que introduce modificaciones sustanciales en la Ley de Inteligencia Nacional, fue publicado el último día hábil del año pasado: redefine competencias, reorganiza estructuras, crea nuevos ámbitos de coordinación interinstitucional y establece un marco más preciso para la producción de inteligencia estratégica por parte del Estado.
Entre los puntos más cuestionados por la oposición se destaca la habilitación para que el personal de Inteligencia ejecute aprehensiones de personas, bajo supuestos expresamente delimitados.
Desde la oposición cuestionaron que una reforma tan sensible haya sido realizada por decreto y plantearon que no existió un contexto de “necesidad y urgencia”, por lo que reclaman que el DNU sea tratado inmediatamente en el Congreso. Al mismo tiempo, se hicieron diferentes presentaciones ante la Justicia para suspender su aplicación.

En ese contexto, diputados de Fuerza Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron notas ante el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su par del Senado, Victoria Villarruel, para que conforme dos comisiones clave: la bicameral de Inteligencia y la bicameral de Trámite Legislativo.
La primera tiene 14 miembros, siete por cada Cámara, y se encarga de monitorear las actividades de los organismos de inteligencia. La segunda, con 16 miembros, se encarga de determinar si los decretos presidenciales son válidos.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del oficialismo dieron a entender que parte de la estrategia será no conformar esas bicamerales durante el receso legislativo y jugar con los tiempos reglamentarios para estirar su debate hasta marzo. Por lo tanto, la oposición no tendrá más alternativa que esperar a que se venzan los plazos mínimos estipulados en la ley que regula los DNU.

El Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para enviar el texto del decreto al Congreso, es decir, tiene margen hasta el jueves 15 de enero. Desde ese momento deberán correr otros 10 días hábiles para que el decreto sea analizado por la comisión bicameral. Pero como no está conformada, recién el 29 de enero las dos Cámaras podrán debatir la validez del DNU en el recinto.

La ley marca que para hacer caer un DNU ambas Cámaras deben rechazarlo por mayoría simple, como ocurrió el año pasado con el decreto que aumentaba los fondos de la SIDE. En ese sentido, el Gobierno puede concentrarse solo en una de las Cámaras para blindar la reforma de Milei, tal como hizo con el DNU 70/2023 de reforma del Estado, que fue rechazado en el Senado pero nunca llegó al recinto en Diputados por falta de votos opositores.

La oposición no está tan lejos de alcanzar el quórum para abrir una sesión especial en febrero. A los 93 diputados del peronismo se sumarían 22 de Provincias Unidas y 4 de la Izquierda y algunos “líberos” como la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández. Como base son 121, pero tendrán que sumar por lo menos 8 voluntades más.

Al igual que con la discusión del Presupuesto, la posición de los gobernadores y del radicalismo terminará de inclinar la balanza. Estos últimos, hasta el momento guardaron un silencio absoluto sobre el tema. “Lo están estudiando y consultando con los gobernadores”, se limitaron a decir desde el bloque UCR. Y las provincias aliadas cerraron el año pasado en buenos términos con la Casa Rosada luego de las negociaciones por el Presupuesto 2026, hasta el momento no hubo señales que indiquen cambios en las relaciones de fuerza parlamentarias.

Por su parte, el PRO hizo algunas salvedades pero anunció su apoyo a la reforma a través de un comunicado: “Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos”.

Los legisladores libertarios consultados por Infobae coincidieron en que el Senado a priori muestra un escenario más favorable para poder blindar el veto de Milei. Aunque aclararon que ven difícil que la oposición logre avanzar en Diputados también. “Es un tema poco sexi para la ciudadanía y un tema muy áspero para voltearlo”, razonaron.

Por otro lado, primero se suscitará una discusión parlamentaria que podría embarrar más el terreno. Los libertarios aseguran que la oposición no podrá tratar el tema durante febrero porque Milei no lo incluirá en la lista del Poder Ejecutivo, junto con la reforma laboral y la ley de glaciares, por ejemplo.

En cambio, la oposición argumenta que el procedimiento de control de los DNU tiene un régimen propio, autónomo y obligatorio para el Congreso, que no depende de la agenda establecida por el Ejecutivo. Plantean que es una atribución indelegable del Congreso y no puede quedar supeditada a la voluntad del Poder Ejecutivo.

Como suele suceder con casi todas las polémicas reglamentarias, su resolución dependerá del número de voluntades que reúna cada parte, ya que el “recinto es soberano” y tiene la interpretación última.