En el marco de su determinación por priorizar el plano internacional, el presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos la próxima semana, en la previa a las elecciones de medio término de ese país, que se llevarán adelante el próximo 3 de noviembre. Si bien la agenda aún está en construcción, y no está prevista una reunión con Donald Trump, el mandatario enviará nuevas señales de apoyo a su par republicano, cuya imagen cayó en las últimas encuestas.

Se trata del viaje número 19 a Estados Unidos en lo que va de la gestión libertaria. La idea de la delegación presidencial es aterrizar en Washington por la mañana del miércoles 14 de octubre, fecha en la que se celebrará la Official Hispanic Heritage Gala, organizada por el Latino Wall Street y La Derecha Diario. Las entradas para el evento van desde USD 3000 hasta USD 10.000, según el sitio de la Gala Hispánica.

El medio que dirige Javier Negre, luego de que el exsocio Fernando Cerimedo se desvinculara, informó que el libertario asistirá como “invitado de honor” y tiene previsto disertar el mismo 14 en el Andrew W. Mellon Auditorium. Su presencia ya es promocionada en las redes sociales junto a la de líderes políticos, empresarios, inversores, diplomáticos y otras figuras influyentes de la comunidad hispana en Estados Unidos.

En el marco de la gala, el mandatario coincidirá con el exdiputado Eduardo Bolsonaro, el hermano del candidato presidencial de Brasil el senador Flávio Bolsonaro, quien se impuso recientemente en la primera vuelta del país vecino ante Luiz Inácio Lula da Silva por estrecho margen. Contra todo pronóstico, el referente de derecha ganó con el 47,03% de los votos frente al 45,16% obtenido por el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

Tras los resultados regionales, en Casa Rosada anticipaban que Javier Milei se pondría a disposición del hijo mayor de Jair Bolsonaro y se mostraría activo en el período que resta hasta el balotaje, previsto para el 25 de octubre. En el Gobierno se muestran optimistas ante la posibilidad de un cambio ideológico en Brasil y celebran la consolidación de un potencial bloque regional de derecha.

El Presidente protagonizará un nuevo viaje exprés a Washington, acompañado solo por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, debido a que el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, deberá participar de la tradicional reunión anual organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Bangkok. Tampoco se espera la asistencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que por la intensa agenda legislativa local prevista para la semana próxima podría permanecer en el país.

Para el jueves 15, Milei asistirá por la mañana a un encuentro con empresarios en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ubicada a unos metros de la Casa Blanca. Se espera que tome la palabra durante la reunión.

Por la tarde, en agenda figura un intercambio para abordar el combate contra el antisemitismo en la sede de la embajada argentina, convocado por el embajador argentino Alejandro Oxenford. También incluye la participación del titular de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), Marcelo Mindlin, y el representante de Trump en la materia, el rabino y embajador Yehuda Kaploun.

A su regreso al país, el Presidente volará a Europa el 19 de octubre para participar el 21 en una conferencia en Madrid a cargo del profesor Jesús Huerta de Soto. El viaje no es casual y se confirmó luego de que el presidente de España, Pedro Sánchez, anunciara que adelantará las elecciones generales al 29 de noviembre en medio de una crisis social.

En Balcarce 50 aseguran que pese a que Milei mantiene sintonía con VOX, un eventual triunfo del Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, que actualmente aventaja en las encuestas también sería bien recibido. “Es una buena noticia sobre todo si gana la derecha después de que Milei vaya y se involucre”, destacaron desde el karinismo, luego de que el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hiciera referencia a la “motosierra” de Milei.

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional denominada Ley Malvinas sumó hoy por primera vez la presencia del Ejecutivo. Las internas propias del oficialismo forzaron la presencia de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy, quien se hizo presente en el plenario de comisión y lo hizo en un intento de “armonizar” que no cayó del todo bien.

“Es un proyecto muy importante para los argentinos, vengo con mucha humildad a escuchar. Mi propuesta es que podamos deponer las armas”, dijo. Este cierre generó los primeros comentarios de parte de los diputados de la oposición presente.

En esa medida, la funcionaria del Ejecutivo señaló que “estamos estudiando incorporar una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad con una obligación del Ejecutivo de mantener esa interlocución fluida”, en lo que fue el gesto de apertura al Congreso.

Sin embargo, el diputado Eduardo Falcone señaló que se sigue sin saber cómo será el ejercicio de parte del Ejecutivo para derribar un buque o un avión respecto de la autorización necesaria del Congreso.

Maximiliano Ferraro le reclamó al presidente de la Comisión la apertura de la lista de invitados, la presencia de invitados de otras fuerzas. “Vuelvo a reclamarle y solicitarle que se debe disponer la presencia del canciller Quirno y del ministro de Defensa, el general Presti”.

“Esto es un bodoque normativo y de reformas que debería tratarse por separado. Hay una preocupación por la militarización y concentración del poder en el Ejecutivo que es grave”. Pero donde hizo mayor fuerza el diputado de la Coalición Cívica es en “la posibilidad de amnistía encubierta para las empresas que ya no tenían autorización para operar en la Argentina”.

Desde el peronismo se fueron encadenando críticas en donde establecieron que “de los 133 artículos, los primeros 40 se refieren a cuestiones de Malvinas y los 90 restantes son reformas de la seguridad nacional, interior, defensa, derecho penal con facultades concentradas en el Poder Ejecutivo”, señaló Lorena Pokoik. Y se fueron sumando críticas a diferentes puntos como por ejemplo la habilitación de derribos, se les quita la responsabilidad de las decisiones militares en la cadena de mando. “Esto es una especie de obediencia debida pero al revés. Nadie es responsable”, dijo el diputado Agustín Rossi.

“Todo esto nos parece que, aunque dicen que hay una intencionalidad de diferenciar la seguridad interior de la seguridad nacional, nos parece difuso. Según la norma la inteligencia nacional la tiene que definir este consejo. Está el ministerio de Defensa, el de Economía ¿cómo aparecen las responsabilidades? ¿Quién hace la investigación?, y es peligroso porque no queda claro en qué rol queda la bicameral de seguimiento y control de los organismos de inteligencia”, agregó.

Ibarzabal defendió el proyecto y señaló que la situación actual “requiere una mirada más comprensiva e integral de las amenazas externas, con la posibilidad de tomar acciones concretas, que nos permita hacernos respetar”.

Respecto a las posibilidades de una “amnistía” a las empresas, la funcionaria hizo referencia a que “si tenemos una ley que solo establece la inhabilitación, si no permitimos algún régimen de desistimiento, no estamos poniendo los incentivos en el lugar adecuado. Si dejan de invertir en Malvinas es un éxito porque necesitamos que los proyectos se caigan”.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, insistió sobre la falta de claridad y la “vaguedad” que presenta el proyecto de ley y que, además, le pidió que presente “los dictámenes de este proyecto de Cancillería, del Ministerio de Defensa, etc. Creemos que el título 1 puede canalizarse por las comisiones respectivas.

Pero, a pesar de las críticas opositoras, y del silencio del bloque de La Libertad Avanza que no hizo ninguna referencia en toda la reunión de Comisión salvo, Silvana Giudici, que fustigó a la oposición y defendió el texto “como la ley más importante que presentó este gobierno”, la funcionaria se mantuvo en su posición.

“Entendemos que el título 1 no se puede tratar separado del resto de los títulos, para poder defender las islas Malvinas y el resto del territorio necesitamos no solo regímenes sancionatorios fuertes sino también que el Estado nacional tenga y nosotros como argentinos las competencias y facultades necesarias para que nuestras relaciones diplomáticas no sean solo de palabra”.

Los últimos en la lista como oradores fueron Mónica Frade (CC) y Myriam Bregman del bloque de la izquierda. Sin embargo, ambas se retiraron de la comisión acusando al presidente de la comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, quien definió ponerlas al final de la lista de oradores a pesar de ser de las primeras legisladoras que ingresaron a la sala.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia que restableció la vigencia del artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras desencadenó una serie de protestas que se extenderá durante dos semanas. La Confederación General del Trabajo (CGT) marchará este jueves 8 de octubre en defensa de la industria nacional, distintas organizaciones sociales de izquierda se reunirán el viernes 9 para coordinar una respuesta común y, el jueves 15, una movilización al Congreso acompañará la sesión especial en la que Diputados intentará rechazar el decreto.

La primera concentración ocurrió ayer frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle. La impulsaron el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTA-T), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), sectores de la izquierda, agrupaciones sociales, ambientales y de derechos humanos.

La convocatoria tuvo como eje el rechazo al fallo firmado el 29 de septiembre por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La resolución dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto presidencial, aunque no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de esa norma. El máximo tribunal consideró que el CECIM no tenía legitimación para presentar una acción colectiva en defensa de la soberanía territorial. Como consecuencia, volvió a producir efectos la derogación de la Ley 26.737, que regulaba la compra y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros.

Qué es el DNU 70/2023

El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, denominado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, fue firmado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre de 2023 y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial. El texto original reunía 366 artículos y dispuso cambios, derogaciones y desregulaciones en áreas como alquileres, comercio, salud, transporte, empresas públicas, mercado laboral, tarjetas de crédito y actividad económica.

El decreto también declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Varios de sus artículos modificaron normas de alcance estructural que continuaron vigentes más allá de ese plazo.

Uno de esos puntos es el artículo 154, incluido en el capítulo de bioeconomía. La disposición derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Esa norma, sancionada en 2011, fijaba un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en el país, en cada provincia y en cada departamento. También impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30% de ese cupo, establecía un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo y restringía la compra de inmuebles con cuerpos de agua relevantes, ribereños de esos cursos o ubicados en zonas de seguridad de frontera.

La Cámara Federal de La Plata había suspendido la aplicación del artículo 154 tras una presentación del CECIM. Esa cautelar permaneció vigente durante más de dos años, hasta el reciente pronunciamiento de la Corte, que aclaró luego que no analizó si el artículo es constitucional y que su intervención se limitó a la legitimación del CECIM. El tribunal también remarcó que otras personas u organizaciones pueden presentar nuevas medidas cautelares y que el Congreso conserva sus atribuciones para tratar el decreto.

La Ley de Tierras se convirtió en el detonante

La reposición del artículo 154 reabrió un conflicto político que hasta ahora no había logrado llegar al recinto de Diputados. El Senado rechazó el DNU 70/2023 el 14 de marzo de 2024, con 42 votos negativos, 25 afirmativos y cuatro abstenciones. Como el rechazo de una sola cámara no basta para invalidar un decreto de necesidad y urgencia, la norma continuó vigente.

Bloques de la oposición convocaron a una sesión especial en Diputados para el jueves 15 de octubre a las 14. El temario incluye el tratamiento del DNU 70/2023, una iniciativa sobre endeudamiento y morosidad de las familias y la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Para abrir la sesión, los bloques convocantes deberán reunir un quórum de 129 legisladores. Si la Cámara baja también rechaza el DNU, el decreto quedará derogado hacia adelante, dado que el Senado ya se pronunció en contra.

La discusión supera el capítulo de tierras. Quienes impulsan la derogación cuestionan el alcance del decreto en materia de regulación económica, alquileres, medicina prepaga, comercio exterior y privatizaciones. Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron además una medida cautelar para volver a suspender los efectos del artículo 154, con el argumento de que, mientras el Congreso define el futuro de la norma, podrían concretarse adquisiciones de tierras rurales por parte de extranjeros que luego queden consolidadas como derechos adquiridos.

El testimonio de los excombatientes de Malvinas

Durante la jornada previa a la marcha a Tribunales, el dirigente del CECIM Hugo Robert explicó en diálogo con Radio 750 los motivos de la convocatoria. “Ya sabemos lo que fue el fallo de la Corte que habilita a la compra completa de Argentina. La Corte le dio el 100%, se puede vender todo”, afirmó.

Robert señaló que el reclamo no apunta solo al Poder Judicial, sino también a la dirigencia política. “También es un llamado a nuestra clase dirigente, que durmió durante más de dos años y medio cuando estuvo vigente el amparo que la Justicia le dio a la presentación del CECIM”, dijo. Y agregó que la preocupación no se limita a la superficie de tierra en discusión: “No es que toda la tierra, absolutamente, es lo que les importa a los extranjeros. Son sectores clave, donde están los recursos”.

Las centrales de trabajadores y la izquierda convocaron a movilizar

El secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, calificó el fallo como grave porque, según sostuvo, habilita la venta sin restricciones de tierras rurales a extranjeros y desconoce la legitimación de los excombatientes para cuestionar judicialmente el decreto. El secretario general de la CTA-T, Hugo Yasky, vinculó la protesta por la Ley de Tierras con la sesión del 15 de octubre y señaló que los distintos bloques opositores trabajan para reunir el quórum necesario y debatir tres temas: discapacidad, endeudamiento familiar y la derogación del DNU.

Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, la diputada nacional Myriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño, firmantes del pedido de sesión especial e impulsores de la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre, llamaron a movilizar masivamente. “Lo que no pudieron imponer frente a la calle el 6 de agosto, ahora lo resolvieron tres jueces de la Corte en un despacho: la extranjerización total de nuestras tierras”, denunciaron en un comunicado conjunto. “Esa fuerza que se expresó en la calle frente al Senado y que se volvió a replicar en todo el país en la Marcha de la Bronca la tenemos que volver a desatar”, agregaron, y reclamaron a las centrales sindicales que convoquen a un paro nacional activo para el 15 de octubre.

“El 6 de agosto le dimos un golpe enorme al proyecto de saqueo y entrega del Gobierno y sus cómplices. La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras”, planteó Bregman, y remarcó que la discusión excede lo procesal: “No estamos discutiendo una medida cautelar, estamos discutiendo los jirones de soberanía sobre nuestro territorio”.

Del Caño comparó el conflicto con un antecedente anterior. “Como hicimos contra el dos por uno en beneficio de los genocidas que también impulsó la Corte, tenemos que derrotarlos en las calles”, afirmó, y convocó a movilizar junto con todos los sectores dispuestos a sumarse. Ayer, durante su discurso en el escenario montado frente a Tribunales, agregó: “Este 15 de octubre tenemos que ser cientos de miles en las calles y exigimos un paro nacional para que caiga todo el decreto 70/23”.

El diputado también planteó la necesidad de unificar agendas de cara a la marcha del 15. “Ese día también está prevista la movilización universitaria, en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento. Unir las peleas de la comunidad universitaria, del colectivo de la discapacidad, de los millones de endeudados y empobrecidos por este Gobierno es el camino”, sostuvo, y volvió a exigir a las centrales sindicales un paro nacional activo para esa fecha.

Una autoconvocatoria en Parque Lezama

Este viernes 9 de octubre, las mismas organizaciones sociales, políticas, de izquierda, sindicales, estudiantiles, ambientales y de derechos humanos que impulsaron la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre volverán a reunirse en el Parque Lezama, en una autoconvocatoria destinada a definir cómo continuar la respuesta callejera contra el fallo de la Corte y a preparar la movilización al Congreso del 15 de octubre, día en el que se celebrará la sesión especial para intentar voltear el DNU 70/2023.

El encuentro busca ampliar el marco de convocatoria y coordinar la participación de los distintos sectores que ya se movilizaron contra el fallo y que acompañarán también la jornada en el Congreso.

La CGT marchará por la industria el jueves 8

La segunda protesta de la semana se realizará este jueves. La CGT convocó a movilizarse a las 15 desde Diagonal Sur y Perú, en la Ciudad de Buenos Aires, frente al edificio donde funcionó el ex Ministerio de Industria. La central obrera marchará bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, una frase que retoma la tipografía utilizada en la marcha del 6 de agosto, cuando el Gobierno retiró los capítulos de tierras y de la Ley de Manejo del Fuego del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La convocatoria surgió de una reunión de la mesa chica de la CGT realizada en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). La marcha es la cuarta acción de un plan iniciado en julio, que incluyó movilizaciones por los jubilados el 22 de julio, por el Día de San Cayetano el 7 de agosto y por los endeudados el 20 de agosto, coordinadas junto a las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Tras el fallo sobre la Ley de Tierras, la central difundió un comunicado en el que cuestionó a Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, pero no adhirió formalmente a la concentración del martes frente a Tribunales ni anunció, hasta el momento, un paro general para el 15 de octubre.

El cosecretario general de la CGT y secretario general del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Cristian Jerónimo, explicó esa postura en diálogo con Radio 750. “Entendemos que esa medida la vamos a hacer cuando realmente entendamos que es el momento. Hoy nosotros, haciendo un paro, perjudicamos a los que representamos”, sostuvo. De todos modos, describió un escenario de deterioro social: “Vemos cómo se agudiza la situación social, con pérdida de empleo, el costo de vida más alto. Es una situación angustiante con falta de previsibilidad e incertidumbre. Es el peor de los escenarios”.

El reclamo por la industria se apoya en los datos del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA). Según el último informe del organismo, la actividad industrial cayó 0,3% en agosto frente a julio y 5,7% en comparación con el mismo mes de 2025. En los primeros ocho meses del año, el sector acumuló una baja de 3% respecto de igual período de 2025 y se ubica 11% por debajo de los volúmenes registrados en 2022 y 2023.

El reclamo universitario se suma a la agenda de octubre

La semana de protestas incorporó, además, un antecedente judicial directamente vinculado con uno de los reclamos que confluirán en la movilización del 15 de octubre. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional el decreto 759/2025, que había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) a la definición previa de partidas presupuestarias específicas.

El magistrado hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la norma, con el dictado de las medidas reglamentarias necesarias. En su fallo, Cormick sostuvo que el decreto 759/2025 funcionó como un mecanismo “extraconstitucional” equivalente a un veto no previsto por la Constitución, después de que el Congreso insistiera con la ley mediante las mayorías agravadas requeridas tras el veto presidencial original.

La resolución alcanza a los salarios de docentes y no docentes, las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. El Gobierno adelantó que apelará la decisión, que corresponde a primera instancia. El fallo se conoció dos días antes de la segunda Marcha Federal Universitaria convocada para el 15 de octubre, que modificó su recorrido original hacia Tribunales para dirigirse al Congreso, en coincidencia con la sesión especial por el DNU 70/2023.