El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, endurecerá los controles en la marcha piquetera y sindical hasta ahora prevista para el jueves 19 de febrero, fecha en que la Cámara Baja tratará de transformar en ley la reforma laboral que ya tiene media sanción.

Para ese mismo día, la CGT convocó a un paro general al cual se adhirieron los medios de transporte. La principal central de trabajadores, al igual que la mayoría de los movimientos sociales no movilizarán al Congreso. En cambio, sí lo harán las organizaciones de izquierda, los piqueteros, los gremios y sindicatos enrolados en el Frente de Sindicatos Unidos, integrado, entre otros, por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), junto a las dos CTA, que han convocado a una movilización que intentarán que sea numerosa. A estos se suman algunas organizaciones populares, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por Juan Carlos Alderete.

Según pudo establecer este medio, la cartera de Seguridad elabora medidas para extremar el control de estos manifestantes, luego de los incidentes registrados el miércoles pasado frente al Congreso, durante una marcha contra la Reforma Laboral. Allí, grupos extremos y encapuchados arrojaron bombas molotov sobre los efectivos policiales.

Por esos hechos de extrema violencia fueron judicializadas 26 personas, entre ellas un menor de 16 años con antecedentes de robo.

Si bien aún está en estudio, entre las opciones que se barajan se incluyen:

-la revisión de mochilas

-regulación del uso de banderas

-control de los vehículos, como camionetas y micros que transportarán a los activistas

-vallado preventivo en la zona aledaña al Congreso de la Nación y la Casa Rosada.

Desde el Ministerio a cargo de Alejandra Monteoliva le explicaron a Infobae que los controles buscan “prevenir riesgos y mantener la seguridad” y que se procurará que las acciones no pongan en riesgo la integridad de los manifestantes ni del personal de seguridad.

También recordaron que, según el artículo 138 del Código Procesal Penal Federal y el artículo 6, inciso 13, del Decreto 383/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, referente a PFA, la policía solo puede realizar requisas sin orden judicial de personas, efectos personales o vehículos cuando existen circunstancias razonables que permitan presumir la existencia de un delito, no se pueda esperar una orden judicial por riesgo de pérdida de pruebas y la acción se realice en la vía pública o en lugares de acceso público. Requisitos que, para los funcionarios de La Libertad Avanza, se cumplen.

En estos casos, los secuestros deben formalizarse con un acta que detalle los motivos, y la medida debe ser comunicada de inmediato al representante del Ministerio Público Fiscal.

Desde la Casa Rosada descreen del poder de convocatoria que puedan llegar a tener estos grupos. En primer lugar, porque se prevé que el paro de transporte será total y, en segunda medida, porque los gremios más numerosos y las organizaciones sociales como el MTE, el Movimiento Evita y Barrios de Pie, entre otras, tampoco movilizarán, como sí lo hicieron el 11 de febrero. De hecho, más de 30 integrantes de la UTEP fueron detenidos y horas después quedaron en libertad.

En las últimas horas, la mesa nacional de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) resolvió participar “del paro convocado por la CGT de manera activa sumándonos a actividades locales que surjan en los distritos con corte de rutas y ollas populares en todo el país”. Y, con respecto de la convocatoria al Congreso el día jueves, se decidió “acercaremos con una delegacion solo para acompañar, teniendo en cuenta las dificultades logísticas por la confirmación del paro de transporte”.

Los dirigentes de izquierda fueron los primeros en reaccionar ante la decisión de la CGT de no movilizar al Congreso.

Por ejemplo, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, diputados nacionales del PTS-Frente de Izquierda, denunciaron que la conducción cegetista convocó a un paro sin movilización porque buscan “limitar la fuerza que se expresó en las calles el pasado 11 de febrero” y llamaron a “movilizarse masivamente al Congreso y hacer que el paro sea activo para derrotar la reforma laboral”. También proponen acciones en todo el país y organizar caravanas desde distintos puntos del Gran Buenos Aires, La Plata y los barrios de la Ciudad para confluir en el Congreso.

Bregman denunció que “producto de la rosca en el Congreso, aún no se sabe si la reforma laboral esclavista se tratará el 19 o el 25. De lo que sí estamos seguros es que hay una bronca bárbara y que a esta reforma hay que enfrentarla y derrotarla de conjunto”.

Del Caño, por su parte, agregó que “la CGT convocó a un paro general por la bronca de millones a su traición escandalosa, pero quieren que sea sin movilización, lo que debilita la fuerza para voltear la reforma”.

Con los tiempos justos y después de haber reconocido el “error” en la redacción del artículo 44 de la reforma laboral, el gobierno de Javier Milei decidió aceptar modificaciones en las licencias médicas y apurar el tratamiento en la Cámara de Diputados y en el Senado, para lograr el principal objetivo político de la Casa Rosada, antes de que expiren las sesiones extraordinarias.

Se trata de una meta ambiciosa, que pondrá a prueba la solidez de las alianzas parlamentarias de La Libertad Avanza en el Congreso. En menos de 10 días, el oficialismo deberá conseguir que el plenario de comisiones de mañana, en Diputados, acepte el cambio en la redacción del proyecto, que el pleno de la Cámara baja lo apruebe este jueves, que el viernes sea enviado al Senado y, con el dictamen que exige el reglamento de ese cuerpo, se acepte discutirlo en una sesión una semana después.

El cronograma ajustado exigirá que los bloques dialoguistas de Diputados y el Senado acompañen el ritmo que necesita el Gobierno para coronar el principal objetivo político que se trazó la administración de Javier Milei: lograr una reforma laboral que no tiene antecedentes en los más de 40 años que tiene la democracia recuperada. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tendrá un rol clave en los días que viene.

La decisión de activar este operativo político se tomó después que la mesa política y los principales negociadores de la Casa Rosada encontraron en el parlamento una fuerte resistencia a aprobar a libro cerrado lo que había llegado del Senado. “No pasa”, fue la respuesta que encontraron los emisarios del Ejecutivo en el radicalismo, el PRO y los representantes de gobernadores aliados.

Lo que “no pasa” es la redacción del controvertido artículo 44. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anoche reconoció que se trató de “un error” propio. Una falla no forzada. Esa declaración vino a cruzar las versiones que habían trascendido durante el fin de semana, que le adjudicaban la inclusión de ese artículo afuera del Gobierno.

“Nosotros no fuimos. Fueron ellos. Que se hagan cargo”, decían anoche referentes de la UCR, el PRO y los partidos provinciales, a quienes Infobae consultó sobre el origen de esa “gaffe” parlamentaria.

A medida que crecía la resistencia a lo que se había aprobado en el Senado, el Gobierno dio marcha atrás con las alternativas que había llevado a la mesa de negociación, como era “arreglar” la redacción en un decreto reglamentario o proponer una ley complementaria que solo precisara los alcances del artículo 44. “No pasa”, fue la respuesta que volvieron a recibir los negociadores, según pudo confirmar este medio.

Después de fatigar celulares durante el fin de semana largo de carnaval, el oficialismo reconoció que podía poner en riesgo los otros 200 artículos de la reforma laboral, que tienen el objetivo de modernizar como nunca antes las relaciones del trabajo en la Argentina. “Esperamos aprobarlo en extraordinarias, pero no dependemos de nosotros mismos”, dijo una fuente parlamentaria la madrugada de este martes.

Es que La Libertad Avanza tiene 95 votos propios, lejos de los 129 exigidos para tener la mayoría en Diputados. Y 21 senadores, más lejos todavía de los 37 que necesita en el Senado. Para coronar el objetivo político de tener la reforma, requerirá de un compromiso de todos los sectores dialoguistas. Además, depende de que la vicepresidente Victoria Villarruel acompañe al oficialismo en apurar los trámites burocráticos del Senado.

El Gobierno ya había dado una señal de que el debate podía complicarse. Por eso amplió un día, al 28 de febrero, las sesiones extraordinarias. Es que el presidente Javier Milei tenía la intención de abrir el período legislativo, el 1° de marzo, con la ley de reforma laboral aprobada. Los negociadores del Gobierno tendrán, en los próximos días, la confirmación de la consistencia real de las alianzas parlamentarias que vienen tejiendo desde la victoria en las elecciones de medio término.

El artículo de la polémica

Hasta ahora, la redacción era la siguiente:

El foco del conflicto es el artículo 44 de la reforma, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto aprobado por el Senado establece:

“CAPÍTULO VII De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo

De los accidentes y enfermedades inculpables

Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años.

Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes.”

En principio, según lo que trascendió de las mismas fuentes, el Gobierno aceptaría incluir un párrafo final al artículo 44 que establezca que para enfermedades graves, irreversibles y comprobadas de manera fehaciente, los trabajadores cobrarán el 100 por ciento de sus ingresos.

Para el Gobierno, el éxito de esta carrera contra reloj dependerá de contar con la solidaridad de los ajenos.

El Gobierno quedó en una encerrona. La inclusión del artículo que se refiere a una reducción en el pago de las licencias médicas generó un fuerte rechazo social que derivó en que algunos de los socios necesarios para aprobar la reforma laboral se planten en la vereda de enfrente.

Cada vez más diputados que La Libertad Avanza contaba como votos positivos se oponen y ya no solo en la intimidad de las conversaciones sino frente a los micrófonos, lo que hace que el cambio de opinión en un tema tan sensible sea más difícil por el costo político y social que esto podría significar.

El oficialismo contaba con un paso complicado por el Senado y, una vez obtenida la media sanción, avanzar con mayor agilidad en la Cámara de Diputados. Con una votación en la Cámara Alta que lo dejó muy cerca de los dos tercios, los libertarios se mostraron confiados, pero el clima cambió.

El artículo 44 reduce al 50% o al 75%, según el caso, la remuneración que el trabajador tiene derecho a percibir en casos de enfermedad o accidente, así como los plazos de la licencia que pasan de 12 a 6 meses. Mientras se busca al responsable del artículo, todos miran al ministro de desregulación Federico Sturzenegger, quien fue el único que lo defendió públicamente, en la oposición empiezan a sopesar los dichos de la senadora Patricia Bullrich respecto de posibles cambios. La senadora promete una protección de 100 % para las enfermedades graves, pero la palabra de la ex ministra no parece suficiente, mucho más que no dio certeza cómo se iba a resolver.

“Nosotros no le vamos a dar un cheque en blanco a Patricia Bullrich. Si quieren hacer algún cambio quien lo tiene que explicar es Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni o Diego Santilli, no la senadora”, señaló una alta fuente del PRO, uno de los aliados necesarios en la Cámara de Diputados.

“Puede ser que la saquen -en Diputados- pero hay 21 votos que los suelen acompañar que hoy están en contra o que se pueden abstener en esos artículos y eso va a complicar”, agregó. La fuente amarilla hace referencia a los 12 diputados del PRO, más 6 de la UCR, dos del MID y 1 de Adelante Buenos Aires.

Pero a ese grupo que el oficialismo ya contaba como propios, ya que vienen acompañando en gran medida los posicionamientos de La Libertad Avanza, se le suman otros que responden a gobernadores o trabajan en espejo con el Senado.

El interbloque Unidos, que contiene a Provincias Unidas, camina a la oposición. Lo mismo sus socios Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal y los miembros de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. También estaría en este grupo Marcela Pagano de Coherencia, Natalia De la Sota de Defendamos Córdoba y varios de los diputados de Innovación Federal. Los senadores de Tucumán que responden a Osvaldo Jaldo votaron en contra en el Senado y en Diputados cuenta con un bloque de 3 diputados que podrían seguir el mismo camino.

Este grupo se suma a los 93 diputados que tiene el bloque de Unión por la Patria que se opone en su totalidad a la norma y que está preparando un dictamen propio con un proyecto de ley que tiene 11 puntos de reforma de la ley laboral.

“Están emperrados con tener todo para el 1 de marzo -fecha de apertura de las sesiones ordinarias donde el Presidente se presenta en la Asamblea Legislativa- es inentendible cuando el escenario es este”, explicó un diputado dialoguista.

Más cambios

Pero el oficialismo no solo tiene en riesgo la parte que se refiere a las licencias por enfermedad, sino que también pondría en riesgo el Fondo de Asistencia Laboral en donde el peronismo también se opone. Pero aunque en este caso el PRO, la UCR y el MID se muestran en la misma línea que La Libertad Avanza aparecen luces de alarma en donde el malestar por las licencias puede “contagiar” al FAL.

La representante del gobernador salteño Gustavo Sáenz en el Senado, la ex ministra de Energía Flavia Royón, en su discurso señaló que la ley le parecía mala pero solo votó en contra el FAL. En el caso de Diputados, el gobernador que supo ser candidato a vice de Sergio Massa cuenta con nueve votos en la Cámara Baja que podrían seguir el mismo camino que la senadora Royón.

En la Cámara de Diputados sienten que se “empiojó” el debate por la ley. Los legisladores que suelen acompañar a La Libertad Avanza entienden que son los senadores los que se tienen que responsabilizar por lo que las chances de que vuelva al Senado se incrementan con el paso de las horas.

“Patricia -por Bullrich- no es ministra como para decir qué va a cambiar. Y ahora no se pueden hacer los que no sabían del texto, todos lo sabían y lo votaron, que sean ellos quienes lo dejan afuera”, señaló un diputado provincial que tiene la intención de rechazar ambos artículos.

En La Libertad Avanza también crece la percepción que la idea inicial de un pasaje tranquilo por la Cámara de Diputados está desapareciendo. Es por eso que apuran el llamado a una sesión para el próximo 19 de febrero.

La intención que dicen tener es la de dictaminar el miércoles en el plenario de comisión e ir al recinto el jueves. Si esto sucede, le daría tiempo al Senado para insistir con la norma original o aprobarla con cambios antes del 27 de febrero, fecha en que culminan las sesiones extraordinarias y cumplir con el objetivo de que el presidente Javier Milei tenga el paquete de leyes aprobado para su discurso el próximo 1 de marzo.