La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a cobrar una pensión vitalicia de $15.683.154,06 brutos por mes en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia, mientras el Gobierno mantuvo abierta la disputa judicial para que la Corte Suprema dejara sin efecto ese beneficio. Según información a la que accedió Infobae, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) restablecerá la prestación, aunque ya interpuso un recurso de queja ante el máximo tribunal y esperó una definición sobre el fondo de la controversia.

La decisión implicó que el organismo previsional cumpliera la orden judicial vigente sin modificar la estrategia que sostuvo desde que resolvió dar de baja las asignaciones especiales de la ex mandataria. En la Casa Rosada sostuvieron que la condena firme por corrupción en la causa Vialidad resultó incompatible con la continuidad de una pensión prevista para quienes ejercieron la Presidencia de la Nación y para los derechohabientes de los ex presidentes.

Información oficial a la que accedió Infobae indicó que el haber mensual bruto correspondiente al beneficio ascendió a $15.683.154,06, monto sobre el que se practicarán los descuentos previstos por la legislación vigente.

La liquidación incluyó, además, una retención equivalente al 20% del haber mensual, es decir $3.136.630,81, destinada al recupero de los fondos que la ANSES sostuvo que fueron percibidos indebidamente mientras el beneficio permaneció vigente. Ese descuento se aplicará todos los meses hasta completar un recupero total de $660.052.338,87, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente.

Descuentos y exclusión del adicional por zona austral

Ese no será el único recorte. Según información exclusiva obtenida por Infobae, la ANSES tampoco liquidará el adicional por zona austral que integra este tipo de prestaciones. El organismo consideró que ese suplemento no correspondió porque Cristina Kirchner cumplió prisión domiciliaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por lo tanto, no reunió las condiciones para acceder a ese beneficio.

De esa manera, aunque la ex presidenta volverá a percibir la pensión por orden judicial, el monto efectivamente liquidado será inferior al haber bruto, tanto por la retención del 20% destinada al recupero de fondos como por la exclusión del adicional por zona austral.

La resolución administrativa constituyó el cumplimiento de la medida cautelar que ordenó restablecer provisoriamente la pensión mientras continuó el juicio principal sobre la legalidad de la decisión adoptada por la ANSES. El organismo, sin embargo, dejó asentado ante la Justicia que ya presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal revisara esa resolución.

Cómo se originó la disputa judicial

La controversia se originó luego de que el Gobierno decidiera dejar sin efecto la pensión vitalicia derivada del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. El argumento oficial fue que la condena firme por administración fraudulenta en la causa Vialidad y la consecuente inhabilitación absoluta prevista en el Código Penal tornaban incompatible la continuidad del beneficio.

Cristina Kirchner cuestionó esa decisión en la Justicia y solicitó una medida cautelar para recuperar provisoriamente la prestación mientras se resolvía el juicio principal. Aunque el planteo fue rechazado en primera instancia, la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó esa decisión y ordenó restablecer el beneficio al considerar que debía prevalecer el carácter alimentario de la prestación hasta que existiera una sentencia definitiva.

Esa resolución fue recurrida por la ANSES mediante un recurso extraordinario que la propia Cámara rechazó. A partir de esa decisión, el organismo acudió directamente a la Corte Suprema a través de un recurso de queja, expediente que se encontró bajo análisis del máximo tribunal.

Dictamen de Casal y definición pendiente de la Corte

En ese marco, el procurador general interino, Eduardo Casal, emitió un dictamen en el que sostuvo que la Corte debería revocar la cautelar que permitió restituir la pensión. Si bien esa opinión no es vinculante para los jueces, representó el último paso procesal antes de que el máximo tribunal quede en condiciones de resolver el planteo del Estado.

Mientras esa definición permaneció pendiente, la ANSES deberá ejecutar la medida cautelar y restablecer el pago de la pensión. El expediente quedará atravesado por dos procesos paralelos: por un lado, la percepción efectiva del beneficio por parte de la ex presidenta; por otro, la decisión que adopte la Corte Suprema sobre la validez de la cautelar y el alcance que una condena firme por corrupción puede tener sobre las pensiones vitalicias previstas para ex mandatarios y sus derechohabientes.

La resolución que finalmente adopte la Corte no solo definirá la situación previsional de Cristina Kirchner. También fijará un criterio sobre el alcance de las consecuencias que una condena penal firme puede producir sobre las prestaciones especiales otorgadas a ex presidentes y sus derechohabientes, en un expediente que el Gobierno consideró de fuerte impacto institucional.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se para en la estructura de la gestión provincial para acercarse y sumar en un futuro cercano a los intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR); o al menos a algunos de ellos. En La Plata, hay un objetivo que es tender puentes. Ven que el radicalismo, y sobre todo en el plan ejecutivo local de la provincia, hoy está en una situación particular.

Con el PRO transitando cada vez más en paralelo a La Libertad Avanza luego del desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete de la Nación, en el esquema de Kicillof ven una posibilidad ante lo que se asoma como cierta orfandad de un vehículo electoral potente para las elecciones del año que viene.

Sin embargo, no todo es tan lineal.

Por lo ponto, este miércoles Kicillof recorrió los distritos de Trenque Lauquen y de Pellegrini, en la Cuarta sección electoral, junto a los intendentes radicales Francisco Recoulat y Sofía Gambier. En Trenque Lauquen inauguró el Centro Comunitario de Salud Mental “Mirta Clara”, acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels. Además, encabezó el acto de entrega de 458 escrituras, un camión e insumos para Ambiente PBA, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar. Con Roculeat recorrió las obras de remodelación del acceso sobre la avenida García Salinas. Recoulat es uno de los jefes comunales que integran el Foro de Intendentes Radicales. Este espacio se forjó como bloque de gestión para interactuar con el Ejecutivo bonaerense.

“Las políticas de ajuste de Milei le están arruinando la vida a una proporción inmensa de nuestra sociedad: cierran las fábricas, se incrementan los despidos y se paralizan obras clave para el desarrollo, como la ruta nacional N°5 en esta región”, dijo Kicillof desde Trenque Lauquen. Allí, también arremetió contra el modelo libertario: “Mientras el Gobierno nacional intenta eliminar al Estado, nosotros vamos a continuar trabajando para ampliar derechos y generar igualdad de oportunidades en cada rincón de nuestra provincia de Buenos Aires”.

En tanto que Recoulat esbozó cierta ponderación al gobierno provincial al remarcar que “este día simboliza el camino que queremos para Trenque Lauquen: el municipio y la Provincia trabajando de manera coordinada para dar respuestas a problemas concretos”, dijo y agregó: “Tanto el nuevo centro de salud mental como la entrega de escrituras reflejan la importancia de un Estado comprometido en acompañar a los vecinos y vecinas”.

De buen diálogo con Kicillof, este martes los integrantes del Foro se reunieron con la directora de Cultura y Educación, Flavia Terigi. En ese encuentro le pidieron a la integrante del gabinete provincial actualizar los montos de los transportes escolares, ya que en numerosos distritos las tarifas actuales resultan insuficientes y obligan a los municipios a cubrir la diferencia con recursos propios. Según sostuvieron los intendentes, desde la Dirección General de Cultura y Educación se reconocieron las dificultades financieras que atraviesa el sistema y las restricciones presupuestarias existentes. Entre las demandas de tipo financiero también se puso sobre la mesa la que corresponde al pago por certificaciones de obras que ejecutan los distritos por convenios que tienen con la Provincia, pero que aún no fueron cubiertas.

Son 26 los intendentes que integran el Foro: Javier Andres (Adolfo Alsina), Ramón José Capra (General Alvear), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), Erica Revilla (General Arenales), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Esteban Reino (Balcarce), Osvaldo Dinapoli (General Belgrano), Lucía Gómez (Adolfo Gonzales Chaves), Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego), Martín Randazzo (General La Madrid), Nahuel Guardia (General Lavalle), Myriam C. Mongay (Lezama), Salvador Serenal (Lincoln), Pablo Barrena (Lobería), Esteban Santoro (General Juan Madariaga), Lisandro Hourcade (Magdalena), José Castro (Monte), Sofía Gambier (Pellegrini), Maximiliano Suescun (Rauch), Román Bouvier (Rojas), José Luis Salomón (Saladillo), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Miguel Lunghi (Tandil), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Luciano Spinolo (Tres Lomas) y Franco Flexas (General Viamonte).

Por su parte, el radicalismo en la provincia de Buenos Aires hoy está lejos de un acercamiento con Kicillof, quien a la par de desandar su propia interna, busca integrar a sectores de la UCR dentro de su Movimiento Derecho al Futuro. Ciertamente conocidos son los encuentros que mantuvo con Federico Storani, histórico dirigente del radicalismo quien supo ser ministro del Interior durante la presidencia de Fernando De la Rúa, además de ocupar cargos ejecutivos dentro del partido y haber sido diputado nacional. Al igual que Kicillof, Storani exhibe sus críticas al presidente Javier Milei sin concesiones.

En el plano electoral y bajo la órbita bonaerense, de todos los intendentes que tiene la UCR, hay uno que ya planteó su intención de estar en la discusión por la sucesión de Axel Kicillof: Franco Flexas, de General Viamonte. Sin embargo, dentro del radicalismo hay distintas vertientes y discusiones internas sobre el rumbo electoral o las posibles alianzas a tejer. Hay allí un actor de peso con voz propia como lo es el senador nacional por Buenos Aires, Maximiliano Abad. De hecho, en la Cámara de Diputados bonaerense, hay dos bloques de origen radical: UCR Cambio Federal y UCR Radicalismo. Este último más cercano a Abad y más lejos de Kicillof.

A principios del mes de junio, el gobernador bonaerense se juntó con su par de Corrientes, Juan Pablo Valdés; otro radical. La visita, que incluyó la firma de distintos convenios, tuvo también su correlato político, toda vez que el gobernador bonaerense viene planteando la necesidad de construir una alternativa para enfrentar al modelo libertario en las elecciones del año que viene. Uno de los nexos para ese encuentro fue el hermano del mandatario correntino y actual senador nacional, Gustavo Valdés. El legislador, además, es el presidente de la UCR correntina.

“Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo: este es un paso muy importante en la búsqueda de respuestas ante problemáticas similares de nuestros pueblos”, había dicho el gobernador correntino tras el encuentro con su par bonaerense. De momento, solo se reduce a acuerdos y acercamientos de carácter institucional. Algunos sectores del radicalismo se animan a vaticinar que el acercamiento político puede llegar a suceder si, efectivamente, Kicillof rompe con el esquema de Cristina Kirchner y busca construir “algo nuevo”. En lo inmediato, eso no sucederá.

En medio de una semana con casi nula actividad y varios legisladores que ya abrazan el receso invernal -difieren las semanas de “vacaciones”, según el distrito-, los jefes de bloque del Senado definirán este mediodía, en una reunión de Labor Parlamentaria, si sesionan el jueves 16 o si, como ya sugieren algunos aliados, se espera hasta agosto.

La posibilidad de ir al recinto ya tuvo dos frenos, situación que frustró a la titular de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich. La porteña, que en las últimas semanas cedió el monopolio que tenía sobre el Senado -como contó Infobae-, hace números entre dialoguistas que ya avisaron que no estarán presentes y un potencial regreso que ayudaría al oficialismo a descomprimir una mochila pesada de leyes que pide el Ejecutivo y que, por diversos motivos, no logra votarse.

El escenario suma otra complicación, tras la advertencia que espacios friendly le hicieron a la propia Bullrich en marzo: el período para sacar leyes era el semestre actual. En ese entonces estimaron que, tras el receso invernal, las pre campañas provinciales y el aterrizaje del Presupuesto 2027 en septiembre implicarían menos chances de debatir el resto de los proyectos que estuviesen en bandeja. El mensaje no sólo no fue oído, sino que se perdieron valiosas ventanas. Y, como quedó claro en días recientes, el tapón que significó el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni no fue lo único que trabó el día a día en la Cámara alta.

“La última vez que quisimos sesionar, Bullrich y los kirchneristas no dieron quorum. Los demás casi que estábamos completos para tratar iniciativas. ¿Ahora están apurados?“, manifestó un senador de peso a este medio. Aún más ofuscado, agregó: “El problema de los libertarios es que inflan temas de manera muy artificial. En propiedad privada ya hay 13 borradores, pese a que existe un despacho y una orden del día ya publicada. Es una verguenza. Hasta me dan ganas de no estar cuando se vote”.

El texto, cuyo principal difusor es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue desplumado por los dialoguistas. Bullrich apuró un despacho -varias modificaciones sin resistencia- y, desde allí, al menos una docena de borradores fueron intercambiados entre bancadas para llegar a un articulado final. De hecho, hay quienes aún ponen en duda, incluso, la decimotercera versión.

Antes que se dictaminara, la ley de propiedad privada recibió un mazazo con la eliminación del capítulo entero relacionado con barrios populares. No obstante, en las recientes semanas estalló un inconveniente más delicado: la venta de tierras a extranjeros. En el último borrador visto por este medio aparece la “prohibición para la adquisición” de tierras rurales “por parte de los Estados Extranjeros”.

También regiría una inhabilitación “para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia” donde se halle “ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

Una eventual cita tendría el tratamiento de un lote de pliegos judiciales ya rubricados -el verdadero interés de la sesión, donde todos ganarían- y, ya en caso de un milagro, la aprobación de ascensos diplomáticos en fila desde el inicio de la gestión libertaria, una cuestión que se convirtió en una bola de nieve en Cancillería, que lidera Pablo Quirno.

Una ley que podría quedar a tiro de ser sancionada es la denominada “Hojarasca”, que elimina una serie normas vetustas y ya tiene el visto bueno de Diputados. Los aliados avisaron a Bullrich que, de los proyectos que pretenda el Ejecutivo, irían con uno por sesión. Se piensa en una excepción como gesto hacia Balcarce 50 -gobernadores también aguardan que se cumpla con la palabra empeñada-, tras meses sin una ley importante en la Cámara alta. Algo impensado meses atrás.