El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumió esta mañana como miembro directivo de YPF en representación del Estado, según confirmaron importantes fuentes a Infobae. El funcionario ingresará a la junta como Director Titular clase A, con Acción de Oro, lugar que ocupaba hasta entonces Guillermo Francos, quien se quedará con silla del saliente José Rolandi, y al igual que su antecesor renunció a sus honorarios en la firma y percibirá solo los haberes de funcionario público.

La incorporación del exvocero se enmarca en una serie de cambios que instrumentó el Gobierno en la planta de autoridades de la firma que lidera Horacio Marín. El Estado está a cargo del 51% de las acciones de la compañía y tiene injerencia para avanzar en las designaciones.

Tras la firma que tuvo lugar está mañana en las oficinas de Puerto Madero, Adorni asumió la dirección titular con Acción de Oro de la compañía energética, derecho especial que otorga al Estado el poder de veto en determinas decisiones estratégicas. Junto a su designación, también tuvo lugar el desembarco del exlegislador del PRO Martín Maquieyra, en cumplimiento con un acuerdo con de La Libertad Avanza con el partido que -en los papeles- lidera Mauricio Macri.

Martin Maquieyra es Magister en Gestión en Gas y Petróleo. En 2026 asumió como diputado por La Pampa, renovando la banca en 2017 y 2021. Durante ese período tuvo la posibilidad de sancionar varias Ley de su autoría y ejerció la vicepresidencia de la Comisión de Energía y Combustibles.

Su formación de grado se complementa con posgrados en economía, energía, ambiente y desarrollo sustentable. Eso le permitió abordar con solvencia técnica temas vinculados al sector energético, como su normativa y su gestión.

Durante el debate en la Ley de Bases, que un tercio de su articulado implicaban reformas Energéticas, Maquieyra jugó como negociador entre el oficialismo y diversos bloques de la oposición dialoguista para pasar los capítulos energéticos. Esto fue captado por el Gobierno como un activo por el cual le ofrecieron estar en el board de YPF, siendo un gesto concreto con Cristian Ritondo, referente del flamante director.

Los cambios fueron posibilitados por las dos sillas vacantes en la nómina de los 10 directores titulares que dejaron José Rolandi y Eduardo Rodriguez Chirillo, quienes dieron un paso al costado “por razones de índole personal” como anticipó este medio.

Según supo Infobae, el procedimiento protocolar para estos casos inició con una reunión del Directorio, que tuvo lugar esta mañana, donde se aceptaron la renuncia de los integrantes salientes, se confirmaron las nuevas designaciones del Ejecutivo y se comunicó la nueva integración.

Hasta el momento, en la página principal de la compañía Francos y José Rolandi figuran en la lista y los nuevos integrantes todavía no fueron incluidos, pero desde la comunicación de YPF aseguran que en los próximos días se verán reflejadas las modificaciones.

Al igual Nicolás Posse y Guillermo Francos, sus antecesores en la coordinación de ministros, Manuel Adorni no percibirá el sueldo que le corresponde como director titular de YPF, dado que renunció al mismo, y solo cobrará su haber como integrante del Gabinete que es de de $5.900.000, en bruto.

En abril de 2025, la Asamblea de Accionistas de YPF aprobó un monto total de $11.096.174.942 destinado a honorarios del Directorio y según las estimaciones, los contratos de las autoridades se calculan en $75 millones por mes. La cifra surge de la división del total aprobado por la cantidad de miembros, pero no tiene en cuenta gastos de funcionamiento, por lo que el monto salarial es menor.

Tras la turbulenta salida del Gobierno, Francos confirmó que mantendría su lugar en la nómina de autoridades de YPF y descartó los números que le atribuyen a las escalas salariales. “Nunca cobré un peso de YPF porque era Jefe de Gabinete. Bueno, ahora es un trabajo y tendré que cobrar, pero esas cifras que se dicen son absolutamente ridículas”, aclaró.

Si bien no se trata de un traspaso líneal, Adorni y Maquieyra ingresaron tras la baja de Rodríguez Chirillo y Rolandi, y en calidad de Jefe de Gabinete adoptó la Acción de Oro que hasta entonces mantenía su antecesor en la administración. Una vez institucionalizados los traspasos, el exfuncionario pasará de ser director titular clase A a ser re catalogado a la case D.

La diferencia entre las clases hace referencia a la representación y al origen de su designación. El director titular clase A es el accionista principal del Estado es poseedor de los derechos especiales contemplados en la Acción de Oro. Además, es el canalizador de los interes públicos en la conducción de la empresa. En la nómina hay una solo autoridad de esta categoría.

Por otra parte, los clase D, un total de 17 entre titulares y suplentes, contando al presidente de YPF, representan al sector privado y son designados por accionistas minoritarios.

Tras la firma de las nuevas autoridades, la compañía hizo públicos los cambios a través de una comunicación oficial para la Argentina y la Bolsa de Nueva York.

De esta forma, la firma que lidera Horacio Marín tiene como director titular clase A con acción de oro a Manuel Adorni y como clase D a Guillermo Francos; Lisandro Catalán; Martín Maquieyra; Eduardo Alberto Ottino; Guillermo Gustavo Koenig; Emiliano José Mongilardi; César Rodolfo Biffi; Andrea Mariana Confini; Gerardo Damián Canseco.

La planta suplente está integrada por Santiago Martínez Tanoira; Silvia Noemí Ayala; Mauricio Martín; María Martina Azcurra; Carla Antonela Matarese; Pamela Fernanda Verasay y Julio Alejandro Schiantarelli.

Una serie de nuevos nombramientos en la administración pública fueron oficializados en la madrugada de este viernes mediante la publicación en el Boletín Oficial de unos decretos firmados por el presidente Javier Milei.

Entre los cambios más relevantes, desginaron a Damián Andrés Selem asumirá como Subdirector Nacional de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a partir del 1 de febrero, de acuerdo con lo establecido mediante el decreto 76/2026.

Esta designación se produce tras la aceptación de la renuncia de Benito Mario Molver al mismo cargo. Asimismo, el Gobierno le agradeció al funcionario saliente por los servicios prestados durante su gestión.

Esta misma semana, el Gobierno aceptó la renuncia de quien se desempeñaba como director Nacional del RENAPER, el organismo responsable de los documentos de identidad y registros civiles de la Argentina. En su lugar, informaron que asumirá el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, a partir del 1° de febrero. El cambio quedó formalizado por el Decreto 33/2026, firmado tanto por el presidente Javier Milei como por el ministro Diego Santilli.

En el ámbito financiero, nombraron a Jaquelina Clara Truzzel como una de las directoras del Banco de la Nación Argentina. Según precisaron en el decreto 70/2026, su gestión inició el 21 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 1 de enero de 2028, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 21.799.

Esta modificación en el directorio se da luego de que a mediados de diciembre Darío Wasserman asuma la conducción de la principal entidad financiera de la Argentina en reemplazo de Daniel Tillard.

En su momento, el Gobierno destacó que Wasserman aportará continuidad a la línea impulsada por Javier Milei, marcada por un retorno al crédito al sector privado y el alejamiento del financiamiento público. “El banco volvió a trabajar de banco”, subrayó el Gobierno, en un mensaje difundido.

Por último, a través del decreto 67/2026, establecieron que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quede bajo la conducción de Maximiliano Patti, quien asumió como Director Ejecutivo a partir del 19 de diciembre de 2025. Ocupa el lugar que dejó Carlos Frugoni, actual secretario Coordinador de Infraestructura.

En paralelo, esta misma semana se hizo efectivo un cambio clave en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Mediante el Decreto 47/2026 se oficializó la salida de Luis Octavio Pierrini y la designación, a partir del 22 de enero, del arquitecto Fernando Augusto Herrmann como nuevo titular del área.

Tras la salida de Pierrini de la Secretaría de Transporte, se anunciaron cambios entre las máximas autoridades de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF): los dos presidentes de las empresas, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, renunciaron el miércoles de la semana pasada.

“Vamos a hacer un cambio total en la gestión de Transporte”, indicaron fuentes oficiales de la Casa Rosada a Infobae.

Las autoridades dijeron que Pierrini, la máxima autoridad de esa cartera, se fue por “motivos personales”, aunque diferentes versiones que trascendieron alegan que había insatisfacción en el manejo y reparto de los subsidios de colectivos.

De hecho, fuentes oficiales precisaron que los cambios fueron gestionados por el propio Furgoni, que ahora tiene bajo su órbita numerosas carteras administrativas, organismos y empresas públicas. “Todas las salidas de jefes y equipos las propuso él como comienzo de su gestión y se le aceptaron”, marcaron a Infobae.

En particular, SOFSA es una de las compañías que más interesa en la cúpula del Gobierno, ya que es de las ocho compañías que fueron dispuestas para su privatización o concesión en la Ley Bases.

La ofensiva judicial contra los responsables de la fabricación y distribución de fentanilo contaminado sumó un nuevo episodio: agravarán las penas contra los 14 imputados que volverán a ser indagados.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak solicitó al Cuerpo Médico Forense que determine de manera precisa y detallada las secuelas físicas y mentales de los 48 pacientes que sobrevivieron al tratamiento con el potente anestésico adulterado, y cuánto se incrementó el riesgo de muerte de los 111 fallecidos, acreditados por el Juzgado a través de las historias clínicas y análisis bacteriológicos realizados, que deberán ser refrendados por los peritos oficiales.

El caso es señalado como el mayor desastre sanitario del país y se lo coloca al nivel de los hechos más dolorosos de la historia reciente, entre ellos, el siniestro ferroviario de Once, con 53 fallecidos y una persona por nacer, y lo ocurrido en el boliche Cromañón, donde perdieron la vida 194 jóvenes.

En este momento, los acusados, hasta ahora procesados por 20 muertes, enfrentan la posibilidad de ser indagados nuevamente por un número mucho mayor si los peritos ratifican que el número de fallecidos llega a 111. La expectativa de pena es de 10 a 25 años de prisión por los presuntos delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas.

Las defensas de los 14 procesados apelaron la medida ante la Cámara Federal de La Plata. Los magistrados trabajan en las observaciones de las defensas. Pero, después de ser indagados y agravarse su situación judicial, se espera que los letrados patrocinantes vuelvan a apelar.

Si esto ocurre antes de una definición de la Cámara, los jueces podrían resolver en una sola resolución, con lo cual se acortarían los tiempos y la causa podría ser elevada a juicio oral a mediados de 2026. Esta investigación, de extrema complejidad, es considerada un ejemplo en velocidad en cuanto a la recopilación de pruebas y consolidación de los datos científicos.

Solo un dato: el 8 de mayo de 2025, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió la primera advertencia sobre la prohibición del uso de fentanilo contaminado fabricado por HLB Pharma Group SA, producido por Laboratorios Ramallo SA, propiedad de Ariel García Furfaro. Ese hecho marcó el inicio de una investigación mucho más grande.

Para avanzar en el caso, el juez solicitó una batería de puntos de pericia que el Cuerpo Médico Forense deberá responder con precisión quirúrgica. La orden prioriza tres preguntas centrales:

• Si las lesiones sufridas por los pacientes a raíz de las infecciones bacterianas generaron daños irreversibles en la salud, algún sentido, órgano o miembro, o si derivaron en dificultades permanentes para hablar, incapacidad laboral prolongada, riesgo de vida o deformidad facial.
• Si existieron consecuencias aún más graves, como enfermedades mentales o físicas incurables, pérdida definitiva de funciones vitales o imposibilidad de engendrar descendencia.
• Si hubo algún otro tipo de daño no contemplado en los puntos anteriores.

En el último caso, los peritos deberán describirlo con el mismo nivel de detalle.

El magistrado incluyó una instrucción adicional: todos los informes de la junta médica deberán considerar la información consolidada en los legajos digitales de los pacientes, y cualquier parte podrá acceder a esa documentación a través del Drive institucional del Juzgado. Así, busca evitar las trabas y la dispersión de datos que complicaron el avance de la causa desde el inicio.

El dictamen del Cuerpo Médico Forense será la llave para definir cuántos delitos se les atribuyen finalmente a los presuntos responsables y sobre qué base se calculará el daño causado por el fentanilo contaminado.

Hasta ahora, los peritos oficiales del Cuerpo Médico Forense identificaron a 52 pacientes fallecidos después de ser tratados con el fentanilo contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y/o Ralstonia mannitolilytica.

Según los dos dictámenes que ya fueron incorporados al expediente, los resultados de las pericias fueron los siguientes:

• “La causa de muerte se vincula con la bacteriemia asociada a los gérmenes mencionados”.
• “La infección asociada a los microorganismos mencionados implicó un incremento del riesgo de muerte y la falla multiorgánica provocada por ella fue un factor determinante en el desenlace fatal”.

Los peritos también advirtieron que las bacterias multirresistentes pueden provocar muertes en menos de 30 días y recomendaron revisar la documentación médica de los receptores de órganos provenientes de donantes infectados.

Por otro lado, los facultativos del Instituto Malbrán, laboratorio de referencia, también detectaron fallas graves en la cadena de producción de las ampollas del Fentanilo HLB Pharma, en particular en los lotes 31202 y 31244, que presentaban “riesgos significativos que comprometerían la calidad y seguridad del producto”. Según los peritos, el proceso de fabricación era “poco robusto e inconsistente” y mostraba “una deficiente calidad de llenado y cierre”.

También se detectaron fallas en los controles de los laboratorios por parte de los organismos de control del Estado.

Si bien hasta ahora el juzgado trabajaba con 174 historias clínicas de pacientes fallecidos presuntamente vinculados al fentanilo mortal, en las primeras semanas de la feria judicial, el equipo de Kreplak se ocupó de depurar los casos en los que, por mala confección de las historias clínicas o porque los hospitales y sanatorios no efectuaron estudios bacteriológicos en muestras de sangre de los pacientes.

Por esa razón, quedaron en pie los 159 casos en los que la presencia de los microorganismos contaminantes quedó perfectamente acreditada.

Los procesados, que volverían a ser indagados después de que el Cuerpo Médico Forense se expida sobre los 159 casos que deberá analizar, son:

• Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
• Diego García Furfaro, su hermano y directivo de ambas compañías.
• Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de HLB Pharma Group SA.
• José Antonio Maiorano, director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes contaminados.

Actualmente, los hermanos García Furfaro y Tchukrán están detenidos.

Mientras tanto, la madre de los hermanos García, Nilda Furfaro, y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo SA, fueron beneficiadas con prisión domiciliaria.

Otros ocho involucrados en la causa —responsables de las cadenas de producción y control de calidad— fueron procesados sin prisión preventiva: Eduardo Darchuk, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Rocío del Cielo Garay, Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar, Adriana Iudica, Wilson Daniel Pons, María Victoria García y Víctor Pablo Boccaccio.

Desde el entorno del magistrado, entienden que la cantidad de víctimas fatales puede ser mayor a lo probado hasta ahora.