De manera sorpresiva, por el contexto y por el objetivo elegido, Javier Milei volvió al discurso duro. Esta vez, apuntó contra Paolo Rocca. Hacía tiempo que evitaba confrontar en los términos elegidos para la carga sobre Techint y hasta se especulaba con la existencia de una estrategia comunicacional que explotaba la “moderación” o al menos la contención discursiva, como viene ocurriendo con algún sobresalto desde las pasadas elecciones. Estudiado o no, el mensaje presidencial ni siquiera abrió una discusión de fondo en el terreno económico y, al revés, retomó definiciones dominadas por el prejuicio ideológico y repitió el mecanismo, básico, de la descalificación para cerrar las puertas del debate.

La andanada llego a tal punto que Milei, de hecho, acusó al empresario de conspirar contra su gobierno después de la derrota electoral de septiembre en Buenos Aires, capítulo revertido ampliamente con el resultado de octubre. Una acusación grave, bajo un formato repetido que tiende a restarle trascendencia: el Presidente avaló y reprodujo un mensaje en X que chicaneaba de ese modo a Rocca. Antes, Milei lo había llamado “Don Chatarrín de los tubitos caros” y había hecho una mención ácida aunque menos directa al hablar en el festival veraniego de derecha.

Por supuesto, la pelea desde el poder político con empresarios no es una novedad absoluta. Puede que sí los términos, pero no hay que viajar mucho en el tiempo para encontrarse con las descargas de CFK y de Axel Kicillof en su época de ministro. Esos recuerdos, presentes en ámbitos empresariales, no suavizan lo ocurrido. Al contrario, inquieta que todo se limite a la batalla, sin chances de discusión y, en rigor, con intenciones expresas de clausurarla. Milei incluso avanzó en esa dirección colgando de entrada el cartel de ensobrado a cualquiera con mirada ajena a la línea de Olivos.

Las tensiones fueron desatadas por el caso de la licitación perdida por Techint a manos de la empresa india Welspun, mientras desde las cercanías de Rocca se dejaba trascender la intención de empujar un proceso antidumping. Esto último parece haber sido el elemento de mayor malestar en el círculo violeta. Pero tampoco esto quedó abierto como tema explícito.

Dicho de otra forma: la escalada de Milei expuso al máximo su visión “libertaria”. Y fue más lejos al hablar, sin mencionar a Techint pero con destinatario claro, de empresas favorecidas por negocios “turbios” con el Estado. “Deben desaparecer”, dijo en Mar del Plata. Nadie en el oficialismo fue más allá en términos económicos y políticos, salvo Federico Sturzenegger que sugirió una discusión sobre la necesidad de una mirada con “sentido estratégico”.

Eso mismo, sin embargo, no existió del lado del oficialismo. Se plantó en la descargada referida, sin avanzar seriamente en ningún sentido: ni obre el papel de empresas en posición dominante de mercado, ni sobre el tipo de país imaginado, es decir, qué áreas y producciones privilegiar, como hace cualquier nación desarrollada.

Junto a la descarga mediática, Milei buscó mostrarse nuevamente como una especie de faro internacional del verdadero “liberalismo libertario”. Resulta otra vez significativo el contraste que expone el alineamiento político con Donald Trump, difícil de asimilar en la teoría económica, especialmente por el trazo “proteccionista” de su concepto de MAGA.

Es una cuestión ya repetida en el tablero internacional. Y se trata de la expresión práctica de prejuicios ideológicos. Esa cerrazón, que genera paradojas en el alineamiento con Washington y algunos líderes europeos globalmente resumidos como derecha, va de la mano con el concepto bastante reducido de “batalla cultural”. Y eso mismo llega al punto de denigrar cualquier planteo o mirada crítica de la posición de Olivos.

En el caso del cruce con Techint, Milei dijo: “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre”. Asomó como una forma de advertir sobre las descalificaciones que podrían sobrevenir y fue seguido por descargas sobre periodistas. Un recurso conocido, desde el poder, para “disciplinar” las opiniones.

Todo se produce además en un contexto en el que los mensajes del oficialismo aparecían unificados casi de manera excluyente en un punto: el objetivo de coronar la reforma laboral en el Congreso. Pensado desde la perspectiva empresarial, esta movida del oficialismo alimenta mayor expectativa que la aprobación del Presupuesto 2026. Ese resultado de hace poco más de un mes fue sobredimensionado por el oficialismo, que lo difundió además como la apertura de un camino sin sobresaltos para nuevos éxitos legislativos.

El proyecto de Presupuesto perdió en Diputados algunos puntos especialmente sensibles para el Gobierno, en especial para Economía. Y la negociación para la sanción en el Senado consagró el mecanismo de tratativas permanente con la oposición dialoguista y sobre todo con los gobernadores. Es lo que ocurre con la ley laboral y provoca tensiones en la antesala de las sesiones extraordinarias.

Los operadores violetas anotan en estas horas al menos dos señales significativas de los jefes provinciales, y no sólo por el artículo que involucra Ganancias en el proyecto de reforma laboral. La primera tiene que ver con el condicionamiento expuesto por los gobernadores del peronismo “amigo”, es decir, el tucumano Osvaldo Jaldo, el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil. Y la segunda, con el reclamo de los gobernadores patagónicos para enfrentar los incendios que devoran miles de hectáreas de bosques.

Esa demanda del Sur terminó provocando una respuesta por DNU. Fue una manera de hacer frente también a un tema persistente en los medios y que, a la vez, impactó con fuerza en las redes sociales, con chicanas que contraponían fotos de los incendios e imágenes de Milei en un show marplatense.

Ese último es un dato mayor para el círculo violeta. Hace a la preocupación por el dominio de la “conversación pública”. Expone que el temario social muchas veces supera el temario oficial. El caso Techint no parece suficiente para imponer agenda, aunque alcanza para mostrar el modo en que lo entiende el Gobierno y la pobreza de debate político.

A lo largo de todo enero, los principales integrantes del Gobierno se dedicaron casi exclusivamente a tratar de conseguir los votos para aprobar la reforma laboral –incluso algunos de ellos no se tomaron vacaciones para poder seguir con las negociaciones-, pero este lunes comienzan las sesiones extraordinarias, donde el proyecto finalmente será tratado, y el panorama sigue siendo incierto.

El martes, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tendrá una nueva reunión con los aliados para ratificar los apoyos.

Será a las 15:00 en las oficinas del Congreso de la Unión Cívica Radical (UCR), con los representantes de las bancadas que, en total, suman 44 legisladores.

La referente del oficialismo ya mantuvo un encuentro con ellos en el que llegó a un principio de acuerdo, tras la promesa de hacer algunos cambios sobre la iniciativa original.

La semana pasada, la mesa política del Ejecutivo se reunió dos veces en la Casa Rosada para definir la estrategia legislativa, en medio de algunos reclamos por parte de las provincias que podrían poner en peligro lo pactado.

En la primera etapa del verano, el ministro del Interior, Diego Santilli, recorrió el país para conversar en persona con algunos mandatarios locales, los cuales le transmitieron una primera inquietud: su preocupación por la eventual caída de las recaudaciones.

Puntualmente, los gobernadores protestaron por uno de los artículos del texto que plantea bajar las alícuotas que pagan las sociedades por Ganancias, que es un impuesto coparticipable.

Los dirigentes le pidieron al funcionario que se revise ese apartado o que se ofrezca algún tipo de compensación para hacer frente al impacto que tendrá una decisión de este estilo sobre sus arcas.

“El Colo” llevó ese reclamo a la mesa política, en la que se incluyó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para analizar los números finos, pero hasta ahora no hubo una respuesta oficial.

De todas formas, varios de los mandatarios provinciales que hicieron el planteo reconocieron que la solución de este conflicto “no es condición sine qua non” para que apoyen el proyecto, por lo que -en principio- no afectaría el resultado en el Congreso.

No obstante, en el cierre de la semana pasada se intensificó otro pedido de las provincias, en este caso las del sur, que presionaron con más fuerza para que en el temario de extraordinarias se incluyera la declaración de la emergencia ígnea para combatir los incendios en la Patagonia.

Luego de una nueva reunión de la cúpula libertaria, se confirmó que se iban a realizar cambios presupuestarios para incrementar partidas destinadas al combate del fuego, lo cual se concretó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Asimismo, la Nación transfirió $100.000 millones a los Bomberos Voluntarios y otros 4.000 millones específicamente a Chubut, que es uno de los distritos más perjudicados por las llamas.

A pesar de esto, según pudo saber este medio, un grupo de gobernadores estaba promoviendo un encuentro para analizar en profundidad las medidas de la Casa Rosada y los detalles de la reforma laboral.

Como es habitual, el cónclave se realizaría en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo que las provincias tienen para promover el desarrollo económico y que suele ser punto de reunión entre los mandatarios.

Aunque todavía no tenía fecha, los protagonistas estaban pensando en hacer la convocatoria para esta semana, que será la primera en la que el Congreso volverá a la actividad formal luego del receso.

Por su parte, Bullrich aprovechó el mes pasado para darle forma a una comisión técnica que estuvo encabezada por la abogada laboralista Josefina Tajes.

En el marco de ese grupo, se recibió a representantes de diferentes sectores para escuchar las críticas o recomendaciones hacia el proyecto, con el objetivo de lograr el mayor consenso posible.

El miércoles, se juntó por primera vez con los integrantes de bancadas aliadas y al salir aseguró que se había alcanzado un “acuerdo bastante consolidado”, pero reconoció que para eso se van a hacer cambios sobre el texto original.

Sobre Ganancias, aclaró que no hay una postura definida: “Es un tema que está más en manos del Poder Ejecutivo. Por supuesto que los senadores miran que es importante que las provincias tengan sus recursos, pero todavía no se ha resuelto y está en discusión”.

Defensa ante los empresarios

El jueves último, las autoridades del partido en la ciudad de Buenos Aires, que tiene como líder a Pilar Ramírez, organizaron un conversatorio a pocas cuadras de la sede del gobierno porteño para explicarles a empresarios locales los principales puntos de la reforma laboral.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes que estuvieron en aquel encuentro, la actividad convocó a emprendedores de diferentes rubros, desde dueños de grandes cadenas de gimnasios y de cafeterías, hasta pequeños comerciantes textiles, pasando por vendedores de muebles.

Por el lado del oficialismo, quienes defendieron la medida fueron la senadora Bullrich, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el diputado Guillermo Montenegro, quien podría quedar al frente de la comisión de Legislación del Trabajo. El economista Claudio Zuchovicki fue el moderador.

Entre el público estuvo, además, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la propia Ramírez, quienes conversaron con los asistentes tanto antes como después del evento.

Si bien el acto se llevó adelante como parte de la apertura de la “escuela de dirigentes” que inauguró el espacio, la ocasión sirvió para que los referentes nacionales defiendan ante el sector privado la iniciativa que impulsarán durante estas sesiones extraordinarias.

Ese mismo día, en tanto, Santilli aceptó una oferta del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para participar de una reunión en la Casa de esa provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Allí estuvieron también los mandatarios de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Catamarca, Raúl Jalil.

El funcionario les volvió a pedir el apoyo para los proyectos que se tratarán durante febrero. Además de la mencionada reforma laboral, el temario incluye el régimen penal juvenil, la ley de Glaciares y el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.

Si bien el lunes inician las sesiones extraordinarias, fuentes parlamentarias anticiparon que seguramente las actividades comiencen recién el martes. Bullrich pretende que la primera votación sea el 11 de febrero.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumió esta mañana como miembro directivo de YPF en representación del Estado, según confirmaron importantes fuentes a Infobae. El funcionario ingresará a la junta como Director Titular clase A, con Acción de Oro, lugar que ocupaba hasta entonces Guillermo Francos, quien se quedará con silla del saliente José Rolandi, y al igual que su antecesor renunció a sus honorarios en la firma y percibirá solo los haberes de funcionario público.

La incorporación del exvocero se enmarca en una serie de cambios que instrumentó el Gobierno en la planta de autoridades de la firma que lidera Horacio Marín. El Estado está a cargo del 51% de las acciones de la compañía y tiene injerencia para avanzar en las designaciones.

Tras la firma que tuvo lugar está mañana en las oficinas de Puerto Madero, Adorni asumió la dirección titular con Acción de Oro de la compañía energética, derecho especial que otorga al Estado el poder de veto en determinas decisiones estratégicas. Junto a su designación, también tuvo lugar el desembarco del exlegislador del PRO Martín Maquieyra, en cumplimiento con un acuerdo con de La Libertad Avanza con el partido que -en los papeles- lidera Mauricio Macri.

Martin Maquieyra es Magister en Gestión en Gas y Petróleo. En 2026 asumió como diputado por La Pampa, renovando la banca en 2017 y 2021. Durante ese período tuvo la posibilidad de sancionar varias Ley de su autoría y ejerció la vicepresidencia de la Comisión de Energía y Combustibles.

Su formación de grado se complementa con posgrados en economía, energía, ambiente y desarrollo sustentable. Eso le permitió abordar con solvencia técnica temas vinculados al sector energético, como su normativa y su gestión.

Durante el debate en la Ley de Bases, que un tercio de su articulado implicaban reformas Energéticas, Maquieyra jugó como negociador entre el oficialismo y diversos bloques de la oposición dialoguista para pasar los capítulos energéticos. Esto fue captado por el Gobierno como un activo por el cual le ofrecieron estar en el board de YPF, siendo un gesto concreto con Cristian Ritondo, referente del flamante director.

Los cambios fueron posibilitados por las dos sillas vacantes en la nómina de los 10 directores titulares que dejaron José Rolandi y Eduardo Rodriguez Chirillo, quienes dieron un paso al costado “por razones de índole personal” como anticipó este medio.

Según supo Infobae, el procedimiento protocolar para estos casos inició con una reunión del Directorio, que tuvo lugar esta mañana, donde se aceptaron la renuncia de los integrantes salientes, se confirmaron las nuevas designaciones del Ejecutivo y se comunicó la nueva integración.

Hasta el momento, en la página principal de la compañía Francos y José Rolandi figuran en la lista y los nuevos integrantes todavía no fueron incluidos, pero desde la comunicación de YPF aseguran que en los próximos días se verán reflejadas las modificaciones.

Al igual Nicolás Posse y Guillermo Francos, sus antecesores en la coordinación de ministros, Manuel Adorni no percibirá el sueldo que le corresponde como director titular de YPF, dado que renunció al mismo, y solo cobrará su haber como integrante del Gabinete que es de de $5.900.000, en bruto.

En abril de 2025, la Asamblea de Accionistas de YPF aprobó un monto total de $11.096.174.942 destinado a honorarios del Directorio y según las estimaciones, los contratos de las autoridades se calculan en $75 millones por mes. La cifra surge de la división del total aprobado por la cantidad de miembros, pero no tiene en cuenta gastos de funcionamiento, por lo que el monto salarial es menor.

Tras la turbulenta salida del Gobierno, Francos confirmó que mantendría su lugar en la nómina de autoridades de YPF y descartó los números que le atribuyen a las escalas salariales. “Nunca cobré un peso de YPF porque era Jefe de Gabinete. Bueno, ahora es un trabajo y tendré que cobrar, pero esas cifras que se dicen son absolutamente ridículas”, aclaró.

Si bien no se trata de un traspaso líneal, Adorni y Maquieyra ingresaron tras la baja de Rodríguez Chirillo y Rolandi, y en calidad de Jefe de Gabinete adoptó la Acción de Oro que hasta entonces mantenía su antecesor en la administración. Una vez institucionalizados los traspasos, el exfuncionario pasará de ser director titular clase A a ser re catalogado a la case D.

La diferencia entre las clases hace referencia a la representación y al origen de su designación. El director titular clase A es el accionista principal del Estado es poseedor de los derechos especiales contemplados en la Acción de Oro. Además, es el canalizador de los interes públicos en la conducción de la empresa. En la nómina hay una solo autoridad de esta categoría.

Por otra parte, los clase D, un total de 17 entre titulares y suplentes, contando al presidente de YPF, representan al sector privado y son designados por accionistas minoritarios.

Tras la firma de las nuevas autoridades, la compañía hizo públicos los cambios a través de una comunicación oficial para la Argentina y la Bolsa de Nueva York.

De esta forma, la firma que lidera Horacio Marín tiene como director titular clase A con acción de oro a Manuel Adorni y como clase D a Guillermo Francos; Lisandro Catalán; Martín Maquieyra; Eduardo Alberto Ottino; Guillermo Gustavo Koenig; Emiliano José Mongilardi; César Rodolfo Biffi; Andrea Mariana Confini; Gerardo Damián Canseco.

La planta suplente está integrada por Santiago Martínez Tanoira; Silvia Noemí Ayala; Mauricio Martín; María Martina Azcurra; Carla Antonela Matarese; Pamela Fernanda Verasay y Julio Alejandro Schiantarelli.