El PAMI implementó un cambio en la modalidad de pago a los médicos de cabecera, vigente desde abril. El ajuste, comunicado a los profesionales el 10 de abril, impacta directamente en la forma en que reciben sus honorarios. El sistema anterior combinaba un monto fijo por paciente asignado y un pago adicional por cada consulta efectivamente realizada. Ahora, los médicos perciben una suma única mensual por cada beneficiario, lo que reduce a más de la mitad los ingresos para quienes atienden un volumen importante de consultas.

La medida afecta de forma particular a quienes atienden a jubilados y pensionados, uno de los grupos más numerosos dentro del sistema PAMI. La resolución incrementa el pago por cápita, pero elimina el reconocimiento individual por consulta, lo que, en la práctica, representa una disminución significativa de los ingresos para los médicos de cabecera.

En diálogo con Infobae en Vivo Al Mediodía, la médica clínica y emergentóloga Marcela Terranova explicó cómo funciona el nuevo esquema y cuáles son las consecuencias para los profesionales y la atención de los adultos mayores.

Cómo cambió el sistema de pagos a los médicos de cabecera

Marcela Terranova detalló: “Nos comunicaron el 10 de abril que solo vamos a cobrar por cápita, $2.100 por paciente, por todo concepto”. Antes de la modificación, el sistema establecía un pago fijo de $940 pesos por paciente asignado y un adicional de $5.000 por cada consulta realizada y validada. Asimismo, una vez al año, el chequeo anual otorgaba $10.000 extra.

La especialista aclaró: “El médico de cabecera tiene entre 500 y 1.000 pacientes a cargo. En mi caso, tengo 550 pacientes. Con el sistema anterior, muchas consultas se pagaban bajo el plus establecido, lo que permitía cubrir gastos del consultorio, secretaria y otros costos operativos. Con la nueva modalidad, la suma final se reduce a menos de la mitad de lo que percibíamos antes”.

Terranova sostuvo: “A partir del mes que viene quizás vamos a ganar la mitad. Tengo hijos a cargo y también debo pagar alquiler. La preocupación en mi entorno es muy grande, porque la diferencia en lo que vamos a cobrar es sustancial”.

Repercusiones económicas para los médicos y su trabajo cotidiano

Con el nuevo esquema, los médicos cobran únicamente por el número total de pacientes, sin importar el volumen real de consultas atendidas. Terranova afirmó: “Ahora solo nos pagan una cápita, pero antes cobraba principalmente por los que se atendían cada mes, unas 190 a 200 consultas”. Este cambio afecta no solo la economía personal de los profesionales, sino también su capacidad para sostener la carga laboral y los costos fijos de sus consultorios.

En su testimonio, Terranova agregó: “Toda la vida hemos involucrado a la familia en el trabajo administrativo. Hoy, todos pensamos en tener que buscar otro trabajo. Muchos colegas enfrentan la posibilidad de dejar de atender por PAMI si los ingresos no alcanzan”.

Sobre la posibilidad de continuar en el sistema, admitió: “Desde 1994 atiendo por PAMI, con algunas interrupciones. Nuestro trabajo es de alta demanda y muchas veces excede el horario del consultorio. Incluso cuando estamos de paro, los pacientes siguen comunicándose por necesidades de salud”.

La médica describió la inquietud de sus pacientes: “Varios hijos nos preguntan ‘¿Qué hacemos? ¿Buscamos otro médico?’ Otros consultan si podemos atenderlos de manera particular. La situación es incierta y estamos intentando comprender el alcance real de estos cambios”.

Impacto en el acceso a la atención médica de los jubilados

La modificación del sistema de pagos del PAMI genera preocupación entre los pacientes que dependen de la obra social. Terranova reveló: “Una consulta particular clínica en Mendoza cuesta alrededor de $50.000. Hay colegas que cobran $20.000 a jubilados en sus consultorios privados. A veces, esos pacientes nos piden que les transcribamos recetas o estudios porque continúan con su médico de toda la vida, aunque ese profesional no atienda más por PAMI”.

Consultada sobre el acceso a medicamentos y recursos, Terranova relató: “Al principio del cambio de gobierno se recortó todo drásticamente. Los pacientes se quedaron sin insulina y los médicos debíamos buscar alternativas con visitadores médicos. Fue una etapa difícil. Con el tiempo, algunos suministros se reestablecieron, como los pañales y ciertas insulinas, pero las tiras reactivas siguen llegando con demoras”.

Aunque se reportaron abusos en la entrega gratuita de medicamentos en el pasado, Terranova afirmó que la actual situación limita los beneficios para los jubilados. “Ahora los pacientes no tienen tantos beneficios y la situación se agrava porque los montos de las jubilaciones no alcanzan”.

Reclamos y perspectivas del sector médico ante la reducción de ingresos

La medida del PAMI impactó en la relación con los profesionales. De acuerdo a Terranova, la comunicación con la sede local del PAMI en Mendoza fue fluida, aunque los representantes reconocieron estar “desbordados, atendiendo hasta cuatrocientas consultas en una mañana”. El apoyo del personal del PAMI local no alcanza a revertir el impacto de lo que consideran una decisión nacional.

Terranova planteó: “No estamos pidiendo un aumento, solo queremos que no nos recorten lo que venimos cobrando. La diferencia es tan grande que muchos evalúan dejar el sistema”. Desde el gremio médico, se esperan definiciones en una próxima reunión con autoridades nacionales para reconsiderar la normativa.

Finalmente, la médica propuso una alternativa: “Si no quieren este modelo, que la cápita aumente a $4.000. Así podríamos mantener los ingresos y continuar atendiendo”. Para los médicos, el desafío es sostener la atención ante una caída abrupta en la remuneración.

El sector permanece atento a los próximos anuncios para determinar el futuro del vínculo laboral con el PAMI y el impacto en la cobertura de salud de los jubilados.

Con un ramillete de dudas y algunos guiños desde lo constitucional y administrativo, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado consumó esta tarde la segunda ronda de expositores para la ley libertaria que busca blindar el derecho a la propiedad privada, defendida la semana pasada en la Cámara alta por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La iniciativa en cuestión modifica normas sobre expropiaciones, barrios populares, tierras rurales y el criticado régimen de manejo del fuego sancionado durante la administración kirchnerista de Alberto Fernández. Otro punto importante y temido desde una parte de la oposición apunta a los juicios sumarísimos para desalojos.

Entre los primeros lotes de disertantes apareció el exdiputado cristinista Santiago Igon, que hizo un ping pong con los senadores peronistas para fustigar el texto en debate hasta que la filo radical Edith Terenzi (Chubut) le recordó, delante de todo el plenario, que fue un vacunado vip en los inicios de la era Covid. Un verdadero papelón.

Al lado de Igon estuvo Matías Oberlin Molina, del Observatorio de Tierras del CONICET. Tras una consulta sobre la extranjerización, señaló: “Son 13 millones de hectáreas. Es el equivalente a la provincia de Santa Fe y se va acelerar”. Por las dudas, aclaró que los datos son oficiales del Gobierno y están a la vista de cualquier ciudadano.

Más curiosa fue la mención a “paraísos fiscales” que suman más volumen en la Argentina que “en su lugar de origen”, como “Luxemburgo o Andorra”. No olvidó poner la lupa en las fronteras y mencionó focos de “contrabando, tráfico de cosas ilegales, trata de personas” y “narcotráfico”, lo cual lleva a una situación “grave en términos de defensa y geopolítica”.

Después fue el turno de los abogados Daniel Sabsay -constitucionalista- y Mariano Marcucci -derecho administrativo-, quienes dejaron de lado la cuestión política -que sí fueron a impregnar otros invitados- y mostraron, de manera concisa, el “semáforo” del articulado, según su capítulo.

El primero agradeció, pese a no compartir muchas visiones de Sturzenegger, el llamado a exponer que le realizó la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. Este gesto, que debería ser menor y habitual, no se veía hacía tiempo en el Senado.

Tras ello, se refirió a “orientar una reducción de las restricciones regulatorias y la agilización procedimientos”, aunque direccionó la mira hacia la “protección del medio ambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa del problema habitacional, en el actual contexto económico”. Y añadió: “Se habla de villa miseria. Pensé que estaba superado ese término. Da un tono de qué es lo que se persigue”.

Por su parte, Marcucci manifestó que se “avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado”, con la posibilidad de “producir prueba”, junto a la favorecer la “garantía de los particulares”. Retomó Sabsay para resaltar que no encontraba “mayores inconvenientes” sobre tierras rurales, “pero hay que ver cómo se va a reglamentar, ya que es como un marco muy general”; y para mostrarse “muy de acuerdo en desalojos” de “falsos mapuches” que se hicieron de tierras “de manera tan violenta, donde se han producido muertes”, aunque remarcó la necesidad de “evitar afectaciones en el debido proceso y la defensa en juicio, que son aspectos primordiales”.

“Se debería acompañar una política de vivienda con una ley complementaria”, puntualizó el constitucionalista. Y concluyó con “dos áreas críticas” en la iniciativa en cuanto al registro socio urbano y la “protección ambiental” en la ley de manejo de fuego “que debería ser revisada”.

Las reflexiones de Sabsay llevaron a las senadoras cristinistas Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, experimentadas y veloces a la hora de interpretar su discurso, a preguntarle si estar “en contra” de varios capítulos del proyecto implicaba no modificar nada sobre la ley de fuego y registro socio urbano. En el sentido contrario fue Bullrich. El abogado zigzagueó con cintura a ambos bandos. Algunas palabras quedaron fuera del registro de los micrófonos.

Un momento con mayor tensión fue el de la ministra de Ambiente de Axel Kicillof, la camporista Daniel Vilar. “La ley de manejo del fuego no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios, sino que intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso de suelo”. “Con ella libre -en referencia a la hoy condenada Cristina Kirchner-, se defendería esto”, cerró.

Bullrich no se la dejó pasar. “La señora llegó hasta la Corte Suprema de justicia y no respetan eso. Ningún derecho va a ser respetado porque no respetan el primer derecho básico, que es la aceptación del máximo tribunal de nuestro país”, sostuvo. Se sumó la titular de Legislación General y pastora evangélica libertaria, Nadia Márquez.

A esta altura, la neuquina pareció tomar las riendas del plenario, ante un Agustín Coto -también oficialista y presidente de Asuntos Constitucionales, cabecera del debate- que miraba el celular o hacia otros lados del salón Azul y evitaba cruzarse con la oposición K. El fueguino se ofuscó con su compañera y le espetó: “Dejame terminar de hablar. Si no, es imposible”.

Después de oír duros relatos sobre los recientes incendios en el sur del país y el sablazo de fondos desde la Casa Rosada, el jefe de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi, contó: “En los incendios en mi provincia -Corrientes, habían sacado el manejo de plan de fuego del Ministerio de Seguridad -post macrismo- y se lo dieron a -el exministro de Ambiente del Frente de Todos, Juan- Cabandié. No aparecían insumos, había un fondo fiduciario y no aparecieron nunca. Recién lo hicieron en marzo, después de tres meses. Ni siquiera cuidaron el parque nacional en Corrientes“.

“Hoy, que tanto se critica a este gobierno, que no es mi gobierno, se lo critica muchas veces por errores que han cometido ustedes”, sentenció. Sí pidió prestar atención sobre el Renabap -barrios populares-, ya que nadie sabe de dónde saldrán los recursos si se traspasaran -con el proyecto- las decisiones a provincias y municipios. En esa línea, expresó: “Sobre un buen proyecto se hacen cosas malas. Después, se vota a una persona que viene a romper todo”.