El Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación sin tener a ciencia cierta una idea del acompañamiento con el que cuenta. Se trata de la modificación de la Ley de Discapacidad que, al igual que lo que sucede con la de presupuestos universitarios, el Ejecutivo no cumple.

La iniciativa, que surgió de las entrañas de la Casa Rosada y que lleva consigo la marca de la interna en el “triángulo de hierro”, ya comenzó a enfrentar los primeros inconvenientes.

“Todavía no hablamos del tema”, reconocieron en el entorno de la titular del bloque de LLA, Patricia Bullrich, lo que muestra que a pesar de que el Gobierno lo envió un fin de semana, en el bloque no se observa la misma vocación y apuro para su tratamiento.

Ese cambio de velocidad se debe a que Bullrich ya debe conocer de antemano que los socios que suelen acompañar al bloque libertario en las diferentes votaciones hoy miran el proyecto de reojo.

“No hay forma de que los gobernadores compren esto porque les tira un problema. ¿A cambio de qué?”, dijo un senador de uno de los bloques de las provincias respecto a un pedido de su jefe político de acompañamiento. “Si me preguntan, me parece que es cualquier cosa el proyecto de ley”, agregó.

Si el oficialismo quisiera avanzar en esta ley necesitará del apoyo del bloque de la UCR y del PRO. El problema con el que se enfrenta es que casi la totalidad de los senadores de estos bloques votaron en contra del veto presidencial y a favor de la ley de Emergencia en Discapacidad, que es la que deroga el proyecto enviado por el Ejecutivo.

Del bloque de la UCR, que está compuesto por 10 senadores, 9 votaron en contra del veto y solo una no votó porque asumió el pasado 10 de diciembre -la chaqueña Silvana Lorena Schneider. Lo mismo sucede con el bloque PRO: sus tres senadores votaron en línea con el radicalismo y con el peronismo. Pero no son solo los senadores, los partidos tampoco acompañan el proyecto. “Es invotable esto”, se le escuchó decir a un senador de la oposición dialoguista. “Totalmente inoportuno”, dijo otra legisladora que suele acompañar al oficialismo. “Hay una ley que no cumplen y que votamos”, agregó a Infobae la senadora.

Como si ese antecedente no fuese suficiente, buena parte de los senadores -inclusive la titular del bloque de LLA, Patricia Bullrich– recibieron en los últimos días mensajes en sus celulares y correos electrónicos de diferentes referentes del colectivo de la discapacidad. Los mismos que durante el año pasado visitaron sus despachos para pedirles que mantengan su postura. A esto se le suma que a partir de mañana esos mismos referentes empezarán a pulular por los despachos de la Cámara alta para tener conversaciones con los senadores en busca de un compromiso personal.

En los pasillos del Senado de la Nación entienden que el proyecto de ley no tiene mucho futuro, pero dejan una puerta abierta. “Todo es posible, pero no parece haber un espíritu de acompañamiento”, señaló un senador de la oposición. “Todo parece apuntar a que salió esto en medio de la interna que tienen los libertarios porque es inentendible que quieran ir por los discapacitados y que hayan mandado esto sin haber sondeado a los bloques”, afirmó el legislador peronista.

La norma que ingresó a la Cámara alta aún no fue girado a ninguna de las comisiones y todo parece apuntar a que esa falta de ímpetu se mantendrá por unos días. “Todo es para indignar más que lo que indigna Adorni – Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, investigado por enriquecimiento ilícito- pero no parece tener futuro un proyecto que retrotrae todo cuando todos salvo los libertarios votaron por la emergencia en discapacidad”, agregaron desde el peronismo.

Axel Kicillof destrabó un nivel de complejidad y aceleración en su carrera hacia la presidencia casi dos semanas atrás, cuando, en un acto con tono de campaña que se realizó en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, pidió “perder menos tiempo en las internas”. Ese día recalcó la necesidad de construir un acuerdo sólido y equilibrado entre las partes que pueden componer la coalición opositora para que el experimento electoral que se diseñe no tenga el mismo resultado que el Frente de Todos en la gestión.

Desde ese entonces, mantiene un ritmo constante en la marcha de sus apariciones públicas. Por momentos, incluso, parece frenarse en sus definiciones, con la necesidad marcada de no caer en la tentación de ser el principal candidato con tanta anticipación a los comicios. El último fin de semana, en el que estuvo de gira por España, dejó en claro lo que hace tiempo explican en su entorno. Su objetivo es ser candidato a presidente pero no a cualquier precio. No se va a imponer si ese movimiento político puede dinamitar la alianza que está en vías de construcción.

“Este es el año de la construcción, no de las candidaturas”, resaltan en La Plata, donde se quedaron muy conformes con la recepción de las figuras de la política española con las que estuvo en Barcelona. Allí se encontró, entre otros, con el alcalde local, Jaume Collboni y el ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Kicillof hace esfuerzos para que su precandidatura no se corroa con el paso del tiempo, pero, al mismo tiempo, busca dejarla instalada como una certeza innegable.

El gobernador bonaerense entiende que en el 2026 el peronismo debe tener dos ejes de trabajo claros: la construcción de una coalición más amplia que la que aún sobrevive y la conformación de un nuevo programa político, económico y social. Las candidaturas deben definirse a último momento, el año que viene, cuando la proximidad de las elecciones no deje más margen de tiempo.

Es por eso que mantiene cierta cautela sobre su precandidatura presidencial y esquiva hablar en público de ese rol que está tratando de moldear. La idea que tienen en su entorno es que mantenga esta línea hasta el Mundial de fútbol y que, una vez que pase el evento deportivo, vuelva a acelerar en la visibilización de su construcción nacional.

El gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad que no viene aplicando, a pesar de que la Justicia así lo dictaminó.

En medio de la crisis política que generó el supuesto pago de coimas que se está investigando y que llevó a la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ingresó en el Senado de la Nación el texto que lleva como nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, y que propone modificaciones sustanciales a la legislación vigente y plantea nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios, redefiniendo los criterios para acceder a la ayuda estatal.

El eje principal del proyecto de ley que, al igual que lo sucedido con la ley de financiamiento universitario que incumple el Ejecutivo, implica una estrategia en la que LLA busca ganar tiempo vía el debate de una nueva ley, es la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. “Buena parte de estos aplicaba a la universalidad de la ayuda y retrotrae todo al modelo previo a la sanción de la Emergencia”.

Según el texto oficial, la iniciativa de aprobarse va a exigir un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. “Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio“. Además, propone un proceso de fiscalización de los pedidos de pensión que incluirá cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.

Frente a lo que entiendan que es una incompatibilidad o una inconsistencia en el pedido de ayuda estatal, permite suspender la pensión ante cualquier inconsistencia de manera “preventiva” y se aplicará ante incumplimientos objetivos detectados en los cruces de información, con derecho a defensa y proceso.

El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.

Respecto al mundo laboral, establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones. “Elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones“. Pero no solo eso, sino que también apunta a los beneficios que se les otorgaba a las organizaciones a la hora de contratar personas con discapacidad, ya que elimina uno de los incisos que hacía referencia a los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.

Otro punto que también suprime el piso mínimo de calidad en las prestaciones con aranceles homogéneos es que introduce cambios en el financiamiento y la organización del sistema. El proyecto autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. De esta manera, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.

La comparación con la legislación vigente arroja diferencias de fondo ya que el proyecto retrotrae todo a un estado anterior al de la emergencia. La actual normativa, modificada en los últimos años, había ampliado el universo de beneficiarios basándose en un criterio más amplio de discapacidad y no exclusivamente en la invalidez laboral. El nuevo proyecto retoma la definición material de la prestación, delimita el alcance y refuerza los controles sobre la acreditación de la incapacidad. La iniciativa oficial contempla que “el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”.

El ingreso de la norma por el Senado de la Nación es porque en la Casa Rosada entienden que la conformación de un número mayoritario es más simple que en Diputados. En este contexto, es de esperar una fuerte tensión en los bloques “socios” del oficialismo que durante el año pasado votaron a favor de la emergencia.

Otro punto en debate, es el de la actualización del valor de las prestaciones y pensiones. El proyecto ata las pensiones a la evolución del haber mínimo jubilatorio y, en el caso de los aranceles de las prestaciones, se ajustan trimestralmente o por IPC en caso de demoras, y se incorpora una compensación de emergencia vinculada también al IPC para prestadores.