El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, decidió excusarse de intervenir en la causa que investiga las irregularidades y delitos cometidos durante la instrucción del atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que dejó un saldo de 85 muertos.

El magistrado comunicó su decisión de apartarse del expediente por “razones de decoro y delicadeza”, luego de que el caso llegara al máximo tribunal días atrás.

Rosatti fue ministro de Justicia y Derechos Humanos entre julio de 2004 y julio de 2005. En ese período, firmó el decreto 812/2005 en el que el Estado argentino reconoció su responsabilidad por la denegatoria de justicia y la falta de esclarecimiento del atentado. Como parte de un acuerdo firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno se comprometió a tomar medidas para impulsar la investigación, incluyendo la creación de la Unidad AMIA dentro del Ministerio de Justicia y el fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especial AMIA, entonces a cargo del fiscal Alberto Nisman.

En 2006, el atentado fue declarado un delito de lesa humanidad por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, un criterio ratificado posteriormente en instancias superiores.

La causa por las irregularidades en la investigación se activó en 2003, cuando el Tribunal Oral Federal 3 absolvió a todos los acusados en el primer juicio por el ataque y denunció múltiples delitos cometidos durante la instrucción. En su fallo, el tribunal determinó que existió un pago ilegal al reducidor de autos Carlos Telleldín, entonces único detenido, a cambio de una declaración en la que involucró a policías bonaerenses en el atentado.

Tras esa resolución, Rosatti calificó el veredicto como un fallo “muy valiente” y aseguró que el Gobierno profundizaría las investigaciones para que los responsables de encubrimiento recibieran el castigo correspondiente.

El juicio por las irregularidades, llevado a cabo entre 2015 y 2019, culminó con la condena del primer juez del caso, Juan José Galeano; el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy; los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, y el propio Telleldín, entre otros. El ex presidente Carlos Menem y otros implicados en la llamada “pista siria” fueron absueltos.

En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la mayoría de las condenas por el caso, aunque modificó algunas penas, y ratificó la absolución de Telleldín en el segundo juicio que enfrentó por el ataque. Todas las partes apelaron para que la Corte Suprema revise la decisión.

La investigación del atentado sostiene, en base a informes de inteligencia de Argentina, Estados Unidos e Israel, que el ataque fue ordenado por el gobierno de Irán y ejecutado por la organización libanesa Hezbollah. La justicia argentina imputó a varios funcionarios iraníes y a un ciudadano libanés como presuntos autores, pero ninguno se presentó ante las autoridades locales ni aceptó ser indagado. Interpol mantiene alertas rojas de captura contra varios de ellos.