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Imputaron a Alberto Fernández por posibles irregularidades en la contratación de seguros

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El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.
Los imputados son el “ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, indicó el dictamen.
Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínezpara que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.

“A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´”, publicada por el diario Clarín, reseñó.
En el artículo periodístico se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.
De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.
En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.
“Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado”, recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.
Los pedidos del juez

Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.

También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.
La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, se indicó en el dictamen.
El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.
Fuente: Telam.

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Tras la polémica, avanza el proyecto para regular las apuestas online en PBA

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La comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de Diputados bonaerense emitió dictámenes sobre el proyecto de leyque busca regular las apuestas online, restringir la publicidad y establecer nuevos controles sobre las plataformas. Lo hizo tras la fuerte polémica entre el Gobierno de Axel Kicillof y legisladores de La Cámpora.

La iniciativa, además, logró avanzar luego de que la semana pasada una reunión fracasara por falta de quórum y ahora deberá pasar por las comisiones de Presupuesto y Legislación General, con la intención de llegar al recinto la próxima semana.

La propuesta contempla medidas para impedir que los menores accedan a las apuestas, acompañar a los adultos que atraviesan situaciones de ludopatía y combatir el juego ilegal. También establece la creación de fondos destinados a políticas de salud mental y asistencia, y al desarrollo de clubes y entidades deportivas, financiados con aportes de las empresas operadoras.

Tras la reunión, la titular de la comisión, Micaela Olivetto, destacó que se consiguió el quórum y el dictamen para continuar el tratamiento. El proyecto que ella impulsa fue aprobado en general con modificaciones, sigue habiendo discusión respecto de los fondos, pero en un gesto al Gobierno se incluyó el Fondo de Progreso e Inclusión Social (Fopis).

Según explicó, las principales diferencias planteadas durante el debate estuvieron vinculadas con el financiamiento y el abordaje de las apuestas ilegales, aunque aseguró que existe acuerdo sobre las medidas de prevención, las restricciones publicitarias y la protección de menores.

Polémica por las apuestas online

El avance legislativo se produjo en medio de diferencias dentro del oficialismo. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había cuestionado que el proyecto impulsado por La Cámpora no fuera consultado previamente con el Ejecutivo y reclamó que la discusión sobre los aportes de las empresas se incorporara al debate del Presupuesto 2027.

En ese sentido, el diputado Facundo Tignanelli respondió que el texto había sido conversado con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y que también recibió aportes del Ministerio de Salud. Además, defendió el esquema de financiamiento de la iniciativa al sostener que busca que las operadoras aporten recursos de sus propias ganancias, en lugar de trasladar el costo a los apostadores, como ocurre con el gravamen del 2% sobre los slots online que impulsa la Provincia.

Asimismo, Tignanelli dijo que lo que aún se sigue discutiendo son aspectos vinculados a los fondos que crea la ley, como determinar si lo pagan las plataformas o los usuarios. También se debatirá en las próximas horas cuánto es lo que tienen que pagar, cómo debe ser la distribución de los fondos y si tienen un fin específico, y finalmente si se cobrará una multa anticipada a la publicidad.

Con tres dictámenes emitidos, el proyecto continuará su recorrido en las comisiones de Presupuesto y Legislación General. Sus impulsores esperan completar ese trámite en los próximos días para habilitar su tratamiento en el recinto de Diputados, pese a que no quedan muchas sesiones para el resto del año.

Fuente: Agencia DIB

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ARBA: más de 91 mil familias y empresas regularizaron sus deudas

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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires finalizó la primera etapa de su plan especial de pagos con 91.678 consolidaciones de deuda de familias, comercios y empresasbonaerenses, que aprovecharon las condiciones extraordinarias para regularizar obligaciones tributarias antes de fin de año.

El resultado superó ampliamente las previsiones iniciales, de acuerdo a lo que informaron las autoridades. Al finalizar el primer tramo, el programa alcanzó la meta establecida, mostrando una fuerte respuesta de quienes tenían obligaciones pendientes y encontraron en el régimen una herramienta para ponerse al día.

La elección de las modalidades también reflejó esa voluntad de cumplimiento. Un total de 62.619 consolidaciones, el 68,3% del total, se realizaron al contado. Otras 20.101 se formalizaron en seis cuotas y 8.958 en tres pagos. Sólo durante los dos últimos días de la primera etapa se concretaron más de 21 mil regularizaciones.

Cómo es la segunda etapa del plan de ARBA

ARBA había lanzado el régimen justamente para abrir una instancia excepcional antes de fin de año. El objetivo es que quienes acumularon obligaciones pendientes puedan regularizar su situación y llegar a 2027 sin deuda, condición necesaria para acceder a las bonificaciones y descuentos tributarios previstos para el próximo año.

“Estamos viendo deudas relativamente nuevas, que se acumularon en un período en el que muchas familias y empresas tuvieron mayores dificultades para cumplir. El programa económico del gobierno de Javier Milei golpeó el consumo, la actividad y los ingresos, y eso también impactó sobre la capacidad de pago”, afirmó director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

Concluido el primer tramo, la segunda etapa del plan ya se encuentra vigente y se extenderá hasta el 27 de noviembre. Durante este período, quienes cancelen su deuda al contado accederán a una bonificación del 35%; quienes opten por tres cuotas, del 15%; y quienes elijan seis pagos, del 10%.

El esquema continuará luego con una tercera etapa, entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, con descuentos del 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis. Finalmente, desde el 12 hasta el 31 de diciembre, se mantendrá una bonificación del 30% para quienes cancelen al contado.

El régimen alcanza deudas de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Pueden incorporarse obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025 y también deudas correspondientes a 2026, con excepción del Impuesto de Sellos. La adhesión se realiza íntegramente de manera digital a través del sitio oficial de ARBA.

Fuente: Agencia DIB

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Las universidades profundizan su lucha: ya hubo unos 45 días de paro

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Los gremios universitarios llevan adelante estos días una serie de protestas que se profundizarán la semana que viene con un paro y movilización al Congreso en principio para el miércoles 25, día en que diputados comenzarán a debatir el Presupuesto 2027.

El plan de lucha, que en el año lleva unas 45 jornadas sin actividad, es para reclamar mejores salarios y el cumplimiento de la ley de financiamiento. Pero además, los sindicatos rechazan el proyecto presupuestario del Ejecutivo, que contempla una partida de 7,3 billones de pesos para las universidades públicas. El monto queda muy lejos de los 11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) considera necesarios para sostener el funcionamiento del sistema durante el próximo año.

En ese contexto, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) realizaron una huelga el lunes que impacto en muchas casas de estudios del país, entre las que está la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

“El del Presupuesto es un proyecto que si se aprueba nos pondrá en dificultades graves. La pérdida salarial supera el 35%, a los docentes les sobra mes al final del sueldo. A muchos les cuesta comprar alimentos y pagar alquiler”, sostuvo Clara Chevalier, secretaria general de la Conadu.

En tanto, la federación Conadu Histórica (que responde a la CTA) mantiene una huelga hasta el miércoles 18. A esa medida también se sumó AGD-UBA, que tiene injerencia en la Universidad de Buenos Aires, mientras que los profesores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) iniciaron una medida de fuerza que se extenderá hasta el sábado.

Fuente: Agencia DIB

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