Luego de una semana agitada por las polémicas en torno a Manuel Adorni, el Gobierno busca pasar rápidamente de página y se prepara para comenzar el debate en el Congreso de las primeras reformas, varias de las cuales sufrieron cambios de último minuto, mientras avanza en las negociaciones con las provincias para conseguir los votos necesarios para aprobarlas.

Hace algunas semanas, el propio jefe de Gabinete anticipó, a través de un mensaje que publicó en las redes sociales, la lista de proyectos que enviaría el Poder Ejecutivo en esta etapa inicial, aunque en estos días algunos se modificaron, otros se quitaron y hibo también agregados.

Una de las iniciativas que estaba previsto que se tratara ahora y finalmente se va a demorar -una vez más- es el nuevo Código Penal, el cual se viene trabajando incluso desde administraciones anteriores.

Si bien el ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había dejado un texto listo con más de 900 artículos, su sucesor, Juan Bautista Mahiques, decidió revisarlo antes de avanzar.

El funcionario entrante les pidió recomendaciones a los principales actores del mundo judicial y, durante una reunión en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei, se decidió volver a redactarlo para que quede más corto, entre otras mejoras que se harían.

En cambio, el oficialismo mandará a la Cámara de Diputados un paquete de medidas orientadas a endurecer las penas para determinados delitos y crear nuevas tipificaciones para cuestiones cotidianas y que el mandatario nacional entiende que son más urgentes.

Entre las novedades hay sanciones para ilícitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas, casos de incumplimiento de deberes alimentarios, trapitos, grooming y abuso sexual infantil.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, logró sumar al temario de estas sesiones ordinarias la demorada “Ley de Hojarasca”, que también se venía anunciando desde hace tiempo.

Con este proyecto, el Gobierno buscará derogar cerca de 70 normas que considera obsoletas, ya sea porque fueron superadas por otras más modernas; porque remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; porque eliminarlas implica un avance en el proceso de desburocratización; porque afectan libertades individuales, o porque quedaron sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo.

Entre las leyes que dejarían de regir si se sanciona esta iniciativa está, por ejemplo, una de 1864 que inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona u otra de 1965 que obligaba al Poder Ejecutivo a comprar solamente autos nacionales para la flota oficial.

El miércoles, luego de la conferencia de prensa que brindó para intentar acallar las críticas en su contra, Adorni recibió a Sturzenegger para terminar de definir los detalles del texto que un día después fue firmado por el Presidente.

Entre las medidas que estaban en la lista original y que permanecerán sin cambios -al menos por ahora- está la de propiedad privada, que incluye asuntos como expropiaciones, venta de tierras, incendios forestales y la regularización dominial para la integración socio urbana.

Esta iniciativa entrará por el Senado y es por eso que el jefe de Gabinete también se reunió en la Casa Rosada con Patricia Bullrich, que encabeza el bloque de La Libertad Avanza en ese recinto.

Además, el Ejecutivo pretende sancionar las modificaciones a las leyes de glaciares (que ya tiene media sanción), de discapacidad y de financiamiento universitario.

Para avanzar con todas estas medidas, las autoridades nacionales saben que necesitan el respaldo de las provincias y es por esta razón que el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó sus recorridas por el país.

Hace dos semanas se reunió con los mandatarios de San Juan, Claudio Poggi, y Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y el viernes último viajó a Mendoza para encontrarse con Alfredo Cornejo.

Si bien comenzó por los dirigentes aliados o más cercanos a la Casa Rosada, el objetivo del funcionario es visitar a casi todos los gobernadores, con excepción de aquellos opositores duros, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) o Ricardo Quintela (La Rioja).

En este sentido, en el oficialismo quieren acelerar las negociaciones para evitar que toda conversación comience a ser opacada por la campaña electoral de cara al 2027, que calculan que empezará a fines de este mismo año.

“Muchos gobernadores van a desdoblar y eso está bien, están cuidando su territorio, es lógico que lo hagan. Nosotros no vamos a adelantar los comicios”, advirtió un integrante de la mesa política libertaria.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York sobre el caso YPF es trascendental para la Argentina, no sólo porque libera al país de un pago de US$ 16.000 millones -que podrían haber trepado a 18.000 millones-, sino además por lo que representa en términos de soberanía. El oficialismo dijo celebrarlo como un hecho “histórico” pero lo utilizó políticamente con una mirada de vuelo bajo: buscó reanimar la disputa con el kirchnerismo y, sobre todo, correr del escenario el caso de Manuel Adorni, que suma complicaciones.

El apuro por darle sentido de cabotaje a una decisión judicial cuyo impacto supera la frontera local fue evidente apenas el círculo de Olivos tuvo el anticipo del tema. Fue evidente al punto de postergar unos minutos el acto oficial armado para exhibir el apoyo de Javier Milei al jefe de Gabinete, coronación de un par de días marcados por el alineado respaldo al jefe de ministros. El Presidente abrió el encuentro con una fuerte carga sobre Axel Kicillof y CFK: trató de “imbécil” al gobernador y mencionó como “corrupta presidiaria” a la ex presidente. Después agregó la cadena nacional, algo más medida en descalificaciones, pero igualmente básica y hasta contradictoria con el fondo de la cuestión. De hecho, la justicia de Estados Unidos finalmente tomó en cuenta criterios sobre la legalidad de la expropiación del 2012.

Resultó llamativa la reacción del Gobierno y no por la obviedad de la utilización política atada a la coyuntura -áspera para el Gobierno por el caso de Adorni y también por $LIBRA-, sino además porque se limitó al intento de mostrar el fallo como una desacreditación de lo hecho por el kirchnerismo, cuando, en rigor, también la ex presidente y Kicillof pueden celebrar esta decisión judicial. Nadie en la primera línea del oficialismo fue sobre la cuestión de fondo, que no es este juicio sino lo costoso y opaco -hasta oscuro- de aquella decisión de Cristina Fernández de Kirchner.

La disputa en tribunales de Nueva York estuvo originada y ceñida a la apuesta “buitre” de un grupo inversor. De hecho, el resonante fallo de estas horas desarma esas pretensiones y, en reducida cuenta, respalda que la expropiación se ajustó a la legislación argentina. La línea argumental de la Argentina -con sus más y sus menos según la época- se apoyó en ese punto y en dos más, que juegan asociados: el rechazo a la jurisdicción de Nueva York y la prevalencia de la ley sobre el estatuto de una empresa.

La reacción violeta -el mensaje presidencial y la actividad en las redes sociales- se ajusta al manual básico de campaña: reducir y forzar todo como consignas simples -ahora, cargadas de adjetivos insultantes- y utilizar el tema en función de su necesidad del momento, esta vez el oleaje del caso Adorni. Pero en esa simpleza, esta vez eligió un terreno no necesariamente adverso para el kirchenerismo, porque el fallo no va a contramano de este capítulo de su relato sobre la expropiación de YPF. Eso, claro, sólo en este punto: el rechazo a la demanda de Burford.

Curioso o fruto de una escasa visión de aquel momento de la gestión cristinista, la letra del mensaje violeta omitió los aspectos realmente cuestionables de aquella operación, una postal del doble discurso y de manejos cruzados por oscuridades. Por ejemplo, el costoso desenlace de la negociación con Repsol, que a pesar del discurso -se decía que era prácticamente gratis y hasta con algún resarcimiento por cuestiones ambientales- terminó generando una indemnización a US$ 5.000 millones en títulos públicos, que en la práctica habrían representado más de US$ 6.000 millones. Pero además, todo lo ocurrido fue cruzado por sospechas domésticas de arrastre, desconfianzas sobre el entramado que había dejado Néstor Kirchner -nunca desarmado- y conjeturas sobre la caja de YPF.

Milei prefirió forzar el análisis del fallo para presentarlo como un logro exclusivo de su gestión y un alivio frente a otra herencia K. En cadena nacional, felicito sólo a su equipo por el resultado judicial, algo que presentado así desconoce la serie completa en tribunales de Estado Unidos, que lleva más de diez años. Habló de una sentencia histórica fruto de “esta administración”. Y cargó sobre Kicillof y la ex presidente: “Nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo”.

El mensaje no se apartó un centímetro de la línea repetida para confrontar con el kirchnerismo. Está claro que tiene como objetivo cerrar filas, frente a la fisura en el discurso anticasta. De hecho, pudo haberse diferenciado con una mirada superadora que lo colocara por encima de CFK, desde otra perspectiva: sin llegar a la desproporción de considerar que existió algo así como una política de Estado, valorar cierta continuidad -con algunos vaivenes- en la estrategia judicial. Y celebrarlo de ese modo, en lugar de presentarlo como un éxito personal, que algunos voceros completan adjudicándolo mecánicamente a su alineamiento acrítico con Donald Trump.

El oficialismo, está visto, eligió el camino señalado y lo hizo en un contexto complicado para Olivos. Voceros formales e informales del Gobierno vienen repitiendo desde hace al menos dos semanas que Milei busca “recuperar el manejo de la agenda” pública, para correr el caso de Adorni, que según los relevamientos que consume el propio oficialismo -encuestas y estudios sobre redes sociales- tiene alta repercusión y significativa evaluación negativa.

En apenas tres días, fue desplegada una amplia exposición de funcionarios en respaldo del jefe de Gabinete. El miércoles, cinco ministros lo acompañaron en su reaparición con una conferencia de prensa, casi en paralelo con mensajes del Presidente y de Karina Milei. El jueves, fueron encuentros por separado con otros tres ministros y con Patricia Bullrich. Y el viernes, el acto oficial que lo mostraría junto a Milei fue potenciado por la noticia llegada desde Nueva York.

La intención de dar vuelta la página con esas muestras de sostenimiento político -que sumaron de manera inesperada el aire temáticodel fallo por YPF– enfrenta al menos dos problemas. El primero es la secuencia de novedades vinculadas con el propio Adorni. A la primera ola por la inclusión de su esposa en el vuelo a Nueva York -hace ya casi tres semanas- y el viaje familiar a Punta del Este, se agregaron cuestiones de otra naturaleza: la propiedad en un country de Exaltación de la Cruz y la confirmación de su mudanza a un departamento del barrio porteño de Caballito.

Algunos de estos temas empiezan a generar movimientos en el terreno judicial. En el caso del viaje a Punta del Este, procedimientos y testimonios que complican al funcionario por posible dádiva. También está dando sus primeros pasos la investigación sobre su patrimonio.

Los tiempos y el cuadro general no responden al menos exclusivamente a decisiones del oficialismo. El caso YPF es celebrado como oxígeno. Y si es sólo eso, malgastado.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y ministro de Economía durante la presidencia de Cristina Kirchner realzó considerablemente su perfil en su carrera por la instalación hacia 2027. Hubo un episodio fundamental: el presidente Javier Milei lo subió al ring discursivo luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York anulara la condena de primera instancia que ordenaba al país abonar USD 16 mil millones por la expropiación de YPF, una decisión ejecutada por el hoy gobernador en 2012. Kicillof cerró la semana en el centro de la escena política y aceleró su construcción federal.

El fallo de YPF puso nuevamente al presidente y al gobernador bonaerense a mostrar credenciales. Milei encabezó una cadena nacional en la que se despachó contra el mandatario bonaerense y la expresidenta. “A la expresidenta solo la mencionó; en cambio del gobernador hizo una consideración personal: “Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro que de la administración que expropió las empresas en un pimer lugar. Lo voy a decir con nombre y apellido: hablo de Cristina Kirchner y del inefable Axel Kicillof”, dijo.

Ayer, viernes, en diálogo con Infobae en Vivo, Kicillof volvió a confrontar con Milei; luego de que el presidente le endilgará la judicialización realizada producto de la expropiación de la petrolera de bandera. “Me parece triste, lamentable, penoso lo de Milei. Ese proceso se hizo en base a normas y leyes de la Constitución Nacional que le da derecho a los países a declarar determinado bien como patrimonio de interés estratégico”, dijo.

El caso de YPF es la continuidad de una semana que tuvo distintos cruces con la administración nacional. Desde la gestión bonaerense buscarán contraponer modelos y sostener el reclamo por el recorte de fondos. Será parte de su agenda discursiva a nivel nacional. Dar cuenta del recorte de fondos a todas las provincias. En el caso de Buenos Aires, Kicillof anunció que la Fiscalía de Estado bonaerense hará una nueva demanda ante la Corte para que Nación actualice y destrabe el pago correspondiente al Pacto Fiscal sellado en 2017 y actualizado en 2021. Es la octava demanda que se genera desde La Plata. La estrategia judicial desplegada no tuvo mayores avances, con excepción de la demanda por el giro de fondos a la caja previsional de la provincia vía ANSES. Como contó este medio, en el Ejecutivo provincial hay cierta expectativa de que esa causa avance. Hubo una primera audiencia y habrá una nueva el 21 de abril.

Ante 62 intendentes, el mandatario provincial pidió el acompañamiento político a la avanzada judicial contra la Nación. También prometió que el 16% de lo que se logre recuperar, será coparticipado a los municipios. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, ya convocó a sus pares a la audiencia del mes de abril. Los intendentes definen los pasos a seguir.

Mientras Milei daba su conferencia de prensa y rotulaba de inefable al gobernador, Kicillof estaba en Montevideo, Uruguay, reunido con el saliente ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad. El exfuncionario de la gestión de Lula, renunció a su cargo días atrás para pelear por la gobernación del Estado de Sao Paulo. Ambos participaron del IV Encuentro de la Red Futuro, titulado HAY OTRA ESPERANZA. Kicillof cerró el evento en cuestión en la capital uruguaya. No es la primera vez que participa de una reunión de estas características.

A la par de la gestión diaria, en el entorno del mandatario provincial se busca avanzar en la construcción federal. Sin una estrategia clara, el gobernador habilita a distintos dirigentes a promover el Movimiento Derecho al Futuro en distintos puntos por fuera del territorio bonaerense. Hay dos ex intendentes del conurbano que fueron a profesar la idea de construir una alternativa encabezada por el mandatario de Buenos Aires en 2027. Se trata de Alberto Descalzo (ex jefe comunal de Ituzaingó) y Julio Pereyra (director del Banco Provincia y ex intendente de Florencio Varela), quienes desplegaron la bandera del MDF en la provincia de Corrientes. La lógica es apoyarse en los intendentes y legisladores de esos territorios que no están dentro del esquema cristinista y buscan un punto de referencia a nivel superestructural. Descalzo dijo que fue un primer mojón y que seguirá en otras provincias. Días atrás, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco fue a Santa Fe a participar de un encuentro de la CTA de los Trabajadores; una de las patas sindicales que tiene el MDF. Son provincias donde no gobierna el peronismo. Lo mismo sucedió la semana pasada cuando en un encuentro de un sector del peronismo en Córdoba se proyectó un video de Kicillof saludando. Fue en Villa Carlos Paz organizado por el exsenador nacional, Carlos Caserio. Por la Provincia estuvo el ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien también tiene cierta tutela en el armado federal de Kicillof.

En el entorno de Kicillof estaban acomodando la agenda para que el mandatario provincial participara en la vigilia que llevan adelante los excombatientes de la Guerra de Malvinas en Río Grande. Ese acto de conmemoración y homenaje a los caídos se realiza cada 2 de abril y, de estar presente, será un punto de partida para las recorridas del mandatario por fuera de Buenos Aires este 2026.