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Imputaron a Alberto Fernández por posibles irregularidades en la contratación de seguros

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El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.
Los imputados son el “ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, indicó el dictamen.
Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínezpara que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.

“A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´”, publicada por el diario Clarín, reseñó.
En el artículo periodístico se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.
De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.
En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.
“Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado”, recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.
Los pedidos del juez

Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.

También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.
La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, se indicó en el dictamen.
El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.
Fuente: Telam.

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Detectan más de 190 toneladas de carga ilegal en las rutas bonaerenses

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Más de 190 toneladas de mercancía ilegal fueron detectadas en operativos realizados en los últimos días en las rutas bonaerenses. Fue gracias a retenes claves en La Plata, Cañuelas, Ezeiza, Ituzaingó, Peaje Hudson, Dock Sud, las intersecciones de la ruta 6 y 3; 6 y 215; y sobre la ruta 205.

“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida”, sostuvo Marinucci, y detalló: “Cada camión que transita por nuestras rutas con más carga de la permitida representa un grave riesgo, para el conductor y para terceros. La sobrecarga genera que no se vire de la misma manera, no se frene a tiempo y además de eso deteriora la cinta asfáltica”.

Cabe destacar que, mediante la incorporación de balanzas dinámicas, la cartera provincial desarrolla a diario operativos para la prevención vial. Al mismo tiempo, se combate la evasión impositiva de la carga no declarada.

Colectivos y alcoholemia

Asimismo, se verificaron las condiciones en las que se desarrolla el transporte de pasajeros, tanto automotor como fluvial. De esta forma, se constataron las habilitaciones y documentación correspondiente, las óptimas condiciones de los vehículos para circular y el cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero al Volante.

Así, se inspeccionaron 351 vehículos y se labraron 32 actas por diversas infracciones al régimen de transporte terrestre de pasajeros. En la misma línea, se verificaron 62 embarcaciones en el Delta bonaerense, en la Estación Fluvial de Tigre, en las que se registró a una de ellas en falta.

Para concluir, la Subsecretaria de Política y Seguridad Vial desarrolló operativos de alcoholemia en el Peaje Dock Sud de la Autopista Buenos Aires – La Plata y detectó a 49 conductores que dieron positivo. Los infractores fueron multados y detenidos a la vera de la calzada para impedir que sean un riesgo para ellos mismos, como para terceros.

Fuente: Agencia DIB

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El Gobierno tiene bajo la lupa a más de 20.000 pensiones por invalidez

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En medio de en un contexto sensible en torno al tema discapacidad y tras una larga crisis con este sector vulnerable de la sociedad, el Gobierno nacional anunció este martes que mantendrá suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral, cuyos titulares tendrán un plazo de 30 días hábiles para presentar documentación que justifique la continuidad del beneficio.

La decisión se tomó en el marco de una auditoría que detectó presuntas irregularidades médicas y patrimoniales, aunque según el vocero presidencial, Adrián Ravier, aún no se hizo una presentación sobre los casos en la Justicia.

Durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada, Ravier informó que la Secretaría Nacional de Discapacidad resolvió dejar sin efecto los restablecimientos cautelares de esas prestaciones debido a que, según afirmó, no se registraron presentaciones ni antecedentes médicos o socioeconómicos suficientes para justificar su continuidad.

“Es importante aclarar que esta medida no implica determinar que los titulares no presenten una incapacidad laboral, sino que no se cuenta con la información necesaria para verificar que continúan cumpliendo con las condiciones exigidas por la normativa”, explicó.

Ravier precisó que las personas alcanzadas por las suspensiones podrán presentar documentación médica y socioeconómica, justificar su ausencia en las auditorías o aportar otros antecedentes que permitan revisar su situación. Los trámites podrán realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y de las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, conforme al procedimiento que establezca el organismo.

Desde el Gobierno aseguran que la eliminación de las pensiones no afectará a ningún ciudadano que padezca una discapacidad real. En ese sentido, afirman que fue la gestión de Alberto Fernández la que más aumentó los beneficiarios, pero por motivos políticos y no porque se repartieron para quienes las necesitaban.

Ravier explicó que las pensiones no contributivas por invalidez laboral están destinadas a personas que no pueden trabajar y carecen de medios de subsistencia, por lo que su otorgamiento no depende exclusivamente de la existencia de una discapacidad o de la tenencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La existencia de bienes registrados a nombre de los beneficiarios fue presentada por el Ejecutivo como un indicio que requiere revisión, aunque no implica por sí misma la acreditación de una maniobra fraudulenta.

Fuente: Agencia DIB

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El Municipio pone a disposición 156 lotes con servicios para la construcción

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El Municipio de Bahía Blanca presentó el Programa de Apoyo Habitacional que tendrá como objetivos la adjudicación de tierras con servicios instalados, en esta primera oportunidad, se hará en tres sectores de la ciudad: Villa Serra, Villa Talleres e Ingeniero White.

En el Salón Héroes de Malvinas se realizó la presentación con la presencia del intendente, Federico Susbielles, la secretaria de gobierno Vanessa Arias, el director de la Agencia de Desarrollo Social, Salud, Ambiente y Hábitat, Diego Palomo, la subsecretaria de hábitat Paola Ariente, y el director de urbanizadora municipal, Diego Dorcazberro.

Con una inversión provincial de 1700 millones de pesos se ponen a disposición 156 lotes municipales con los servicios públicos y el cordón cuneta incluido, en los barrios de Villa Talleres, Ingeniero White y Villa Serra.

Estos terrenos están pensados para la construcción de una vivienda única, familiar y de ocupación permanente. El Municipio dispone de estos terrenos con los servicios públicos ya instalados y las familias deberán edificar una vez que hayan pasado por un período adjudicatorio previo con requisitos necesarios para el mismo.

El estado municipal pondrá a disposición 27 lotes en Villa Serra, 93 en Villa Talleres y 36 en Ingeniero White: “Lo que va a hacer el municipio es iniciar un proceso virtuoso a partir de este primer loteo, donde empecemos a desarrollar más lotes para que puedan haber nuevas inscripciones. Estos lotes que vamos a sortear, tienen en el financiamiento, en la posibilidad de acceso, en el desarrollo municipal de la infraestructura, el facilitar a estas familias que no pueden acceder a un terreno una posibilidad concreta. El lote se paga, ese dinero entra en un mecanismo solidario que lo que hace es generar más lotes“, dijo Diego Palomo.

Cada familia adjudicada deberá pagar un anticipo de 1 millón de pesos al recibir el lote y luego abonará unas 48 cuotas mensuales de 229.166 pesos: El pago de las mismas, iniciará una vez cumplido el plazo de 24 meses previstos para construir.

Los interesados tendrán 30 días para anotarse a través de la aplicación Mi Bahía: “Los requisitos para la inscripción son el ser mayor de edad, obviamente, no tener propiedades a su nombre en otro lugar de Bahía Blanca o la zona, tener la capacidad de poder afrontar la construcción de un módulo habitacional de 30 metros cuadrados en un lapso de tiempo de 24 meses. Tener domicilio, erradicación en Bahía Blanca desde hace más de dos años, entre otros muchos que normalmente son los que se piden siempre para este tipo de planes”, dijo Ariente.

Si cumplen, una vez que ingresen en la aplicación, tendrán que llenar un formulario con varias preguntas que tienen que ver con la capacidad para construir y el nivel socioeconómico. Terminado esto, se avaluará la información y de estar aprobado, ingresarán en un sorteo para cada grupo de lotes que tendrá una prioridad de titulares y suplentes.

“La ley provincial nos exige entregar lotes con servicio, pero eso lleva un costo muy grande que a veces los municipios no pueden afrontar, por eso, se hace necesaria esta articulación y esta decisión política del Intendente Municipal, en conjunto con la provincia, de poder destinar fondos y cumplir con esto”. finalizó Ariente.

En tanto el intendente municipal, Federico Susbielles, dijo que es un avance muy grande para los vecinos de la ciudad, ya que hay en este caso una política de Estado destinada a facilitarle el acceso a la vivienda a los bahienses:

“Estos 156 lotes que se van a sortear son el primer paso. No es fácil poner a disposición estos terrenos, desde el año 2017 que no se realizaban sorteos de este tipo. Este es un Municipio que va a empezar a movilizar tierras, gracias a la provincia que aporta la infraestructura de servicios con esta inversión de 1700 millones de pesos pondremos a disposición de los bahienses la chance de tener el acceso a la vivienda propia y cumplir con uno de los objetivos que nos habíamos puesto antes de ser gobierno”.

“Bahía necesita genera soluciones habitacionales, por eso es muy importante este primer paso que estamos dando, esta es la Bahía Blanca que se viene, la de otorgar derechos e invertir en obra pública en un contexto en el que Nación no aporta nada”.

“Al tener una planificación y llegar antes, estamos ahorrando dinero y construyendo como corresponde, de la manera adecuada, para un desarrollo digno de todos los bahienses”, finalizó el intendente.

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