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Imputaron a Alberto Fernández por posibles irregularidades en la contratación de seguros

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El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.
Los imputados son el “ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, indicó el dictamen.
Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínezpara que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.

“A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´”, publicada por el diario Clarín, reseñó.
En el artículo periodístico se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.
De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.
En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.
“Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado”, recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.
Los pedidos del juez

Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.

También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.
La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, se indicó en el dictamen.
El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.
Fuente: Telam.

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La posible derogación de la Ley del Libro genera preocupación en librerías de Bahía Blanca

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El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley del Libro, que establece un precio de venta uniforme para los ejemplares en todo el país. En ese contexto, librerías y referentes del sector expresaron su rechazo a la iniciativa al considerar que favorecería a las grandes empresas, afectaría a las editoriales pequeñas e independientes y priorizaría la comercialización de los títulos con mayor rentabilidad.

En diálogo Panorama, por LU2, el librero bahiense Enrique Martinelli defendió la vigencia de la Ley del Libro. “Esta ley se sancionó en 2001, la 25.542, porque el mercado se estaba desvirtuando y, en cierta manera, se manejaba de forma muy leonina”, sostuvo.

“Con esta ley, el librero no fija el precio; lo único que hace es discutir su rentabilidad con la editorial y, de esa manera, nadie sale dañado. Hay una organización que permite que se mantengan las librerías independientes, chicas, medianas y grandes, sin verse afectadas. Todos coincidimos en que la ley no debe derogarse porque realmente funciona, y funciona muy bien. Estamos a favor, desde quien vende el papel hasta el último librero independiente”, afirmó.

Mientras que desde el Gobierno sostienen que no debería existir ningún tipo de restricción en el mercado para la comercialización de productos, incluidos los libros, Martinelli consideró que la Ley del Libro surgió precisamente para evitar la desprotección del sector.

“¿Para qué tocar algo que funciona? No es una cuestión de ideología ni de que nosotros queramos manejar el precio de los libros. Ya tenemos el ejemplo de Chile: cuando derogó la ley e incorporó el IVA al libro, muchas librerías independientes, el 80 %, terminaron cerrando. Lo que decimos es que nos vamos a ver afectados en la cantidad de títulos que podremos ofrecer al público, porque solo se van a editar los que sean comercialmente rentables”, aseguró.

Martinelli advirtió que una eventual derogación de la ley podría tener consecuencias para toda la cadena del libro. “Liberar el mercado lleva a la desregulación del sistema, porque solo se va a priorizar la publicación de aquello que sea rentable. Eso va a reducir inmediatamente en un 50 % la cantidad de títulos que tenemos a la venta. Las grandes editoriales se van a dedicar únicamente a publicar libros que aseguren ventas”, afirmó.

En ese sentido, explicó que las editoriales dejarían de apostar por obras de menor circulación. “Una editorial que hoy publica 69 títulos pasará a hacerlo solo con aquellos que sean rentables. Entonces corremos riesgos todos. Acá no hay nadie que se vea favorecido“, puntualizó.

Quienes impulsan la derogación de la Ley del Libro sostienen que la medida contribuiría a reducir el precio de los ejemplares. Sin embargo, Martinelli rechazó esa posibilidad y aseguró que el principal componente del costo es el papel.

Hoy el papel es el que determina el mayor costo y eso no va a cambiar. Nosotros hacemos la diferencia con la variedad de ejemplares, los descuentos bancarios y la atención que le damos al cliente. Si se desregula el precio, las editoriales se van a volcar a vender solo aquello que les genera ganancias y eso va a tener un impacto directo en las pequeñas y medianas editoriales, además de reducir la oferta que nosotros podamos hacerles a los lectores”, sostuvo.

El librero también remarcó que la Ley del Libro permitió ordenar el funcionamiento del sector. “La ley vino a poner orden en el mercado, porque antes de 2001 era un descalabro; era tierra de nadie, aunque la gente no lo advirtiera. El libro tenía un precio, pero todo estaba gobernado por las editoriales grandes, en detrimento de las más chicas”, señaló.

Queremos que las editoriales independientes y las librerías chicas, medianas y grandes sigan existiendo. Si uno analiza lo que ocurrió desde 2001 en adelante, la ley permitió la creación de un gran número de editoriales que antes no existían”, concluyó.

Fuente: La Nueva.

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Liga de intendentes peronistas: Susbielles está en el 11 inicial…

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Vale la pena recordar que durante la última parte del reportaje que le hicimos ayer, Hernán Arranz, quien en ese momento se encontraba en La Plata, anunciaba que sobre el mediodía, un grupo de jefes comunales tenía pactada una reunión con el gobernador.

“En verdad vamos a presentar y discutir temas que nos son comunes. Queremos plantearle un gobernador una serie de temas de nuestro territorio”.

El encuentro efectivamente se llevó a cabo. Fueron 11 intendentes que han conformado, de cara al 2027 y la campaña electoral que se viene, la llamada “Liga de Intendentes Peronistas”.

Y entre ellos está el jefe comunal de Bahía Blanca, Federico Susbielles. Hicieron su presentación pública ante los medios luego de la reunión con Kicillof y señalaron que “el objetivo es consolidarse como un nuevo espacio de articulación política dentro del oficialismo provincial y participar de la mesa de decisiones de cara a las elecciones 2027, donde el justicialismo intentará sostener la Provincia y ganar terreno a nivel nacional”.

La reunión llevada a cabo en la sede del gobierno provincial se extendió durante cerca de tres horas. Además de abordar cuestiones políticas, los jefes comunales del interior bonaerense analizaron la situación económica y social que atraviesa la provincia de Buenos Aires. Según indicaron desde Casa de Gobierno, el armado cuenta con el aval del mandatario provincial y presidente del PJ bonaerense.

Es que, la Liga de Intendentes representa una ampliación del denominado Grupo AFA, integrado inicialmente por intendentes del Conurbano bonaerense cercanos al presidente de la Asociación del Fútbol ArgentinoClaudio “Chiqui” Tapia. Ese núcleo original estaba conformado por Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

Con la incorporación de nuevos dirigentes, el espacio quedó integrado además por Federico Susbielles (Bahía Blanca), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Juan de Jesús (La Costa), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Mariel Fernández (Moreno), y alcanza un total de once intendentes del peronismo.

De acuerdo con la información difundida por los propios jefes comunales que integran la Liga de Intendentes, la intención del nuevo agrupamiento es convertirse en una cuarta representación dentro de la mesa política del oficialismo bonaerense, que actualmente está integrada por el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio liderado por KicillofLa Cámpora, liderada por Máximo Kirchner, y el Frente Renovador, de Sergio Massa.

Fuentes: propias y Dipuvtados Bonaerenses

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También en Bahía se advierte una baja en el consumo de combustibles

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A nivel nacional, por un informe elaborado sobre la base de datos aportados por la Secretaría de Energía, quedo evidenciado que viene bajando el consumo de combustibles.

La merma se estimó junio 2025-junio 2026 en un 2,9 por ciento, y respecto de pasado la baja superior al 6 por ciento.

Preguntado Marcelo Alonso, integrante de la cámara de estacioneros de nuestra ciudad, sobre sio en Bahía se advertía el mismo fenómeno, dijo que “si”.

“Depende del lugar donde está ubicada la estación, pero está claro que la baja se nota en todos los combustibles”.

Afirmó el empresario bahiense que eso está íntimamente relacionado al momento actual de la economía. “Así como se resiente en otros sectores, pasa exactamente lo mismo con nuestra actividad”.

Alonso agregó que es probable que “el clima, esta época de invierno, pueda influir, pero el caso es que la gente, el público consumidor no tiene mucho circulante”.

Por último reafirmó que “ese se advierte también porque el consumo aumenta en los días en que los bancos, las tarjetas y las petroleras promueven bonificaciones”

Fuente: Frente al cano.

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