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Imputaron a Alberto Fernández por posibles irregularidades en la contratación de seguros

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El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.
Los imputados son el “ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, indicó el dictamen.
Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínezpara que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.

“A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´”, publicada por el diario Clarín, reseñó.
En el artículo periodístico se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.
De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.
En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.
“Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado”, recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.
Los pedidos del juez

Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.

También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.
La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, se indicó en el dictamen.
El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.
Fuente: Telam.

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Se aceleró la inflación mayorista: 3,4% en marzo, contra 1,7% y 1% de los meses anteriores

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La inflación de los precios mayoristas fue del 3,4% en marzo. De acuerdo con el Indec, el incremento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) se explicó por una suba del 3,5% en los productos nacionales y del 1,1% en los importados. En enero de este año el indicador había sido de 1,7%, en tanto que en febrero había retrocedido al 1%

En la comparación interanual, el índice registró un aumento del 27,9%, mientras que en el acumulado del primer trimestre del año alcanzó el 6,1%, según el informe oficial difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, mostró un aumento del 3% en marzo. En este caso, la variación interanual fue del 27,1% y la acumulada en el año alcanzó el 5,3%. Por su parte, el índice de Precios Básicos del Productor (IPP)también registró una suba del 3% mensual. Este indicador presentó un incremento interanual del 28,1% y una variación acumulada del 5,3% en el primer trimestre.

Al interior del IPIM, los productos primarios encabezaron las subas del mes con un aumento del 7,8%. Dentro de este grupo se destacó el comportamiento del rubro “Petróleo crudo y gas” (27,3%), mientras que los productos agropecuarios mostraron una caída del 3,2%. En tanto, los productos manufacturados y la energía eléctrica registraron incrementos del 2,3% en marzo. Entre ellos, “Alimentos y bebidas” aumentaron 2,5%, junto con subas en “Productos refinados del petróleo” (6,6%) y “Sustancias y productos químicos” (1,4%).

Los productos importados registraron una suba del 1,1% en el mes, con una incidencia menor en el nivel general del índice.

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en la suba del índice fueron “Petróleo crudo y gas”, que explicó 2,02 puntos porcentuales, seguido por “Productos refinados del petróleo” (0,77%) y “Alimentos y bebidas” (0,31%). En sentido contrario, los productos agropecuarios registraron una incidencia negativa de -0,40%.

Fuente: Agencia DIB

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La UNS vivirá un nuevo acto de reparación a víctimas del terrorismo de Estado

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Este jueves 16 se realizará en la UNS un nuevo acto de reparación a víctimas del terrorismo de Estado

Este martes por la mañana en el tercer piso del edificio del Rectorado, en Colón 80. Legajos laborales y fichas estudiantiles, de medio siglo de antigüedad, van llegando a manos de las autoridades que rubricarán la reparación reciente.

En cada carátula, los nombres cuentan historias de persecución bajo el terrorismo de Estado: Oscar Amílcar Bermúdez, Ernesto Aníbal Bilder, Roberto Leonardo Oscar Cignoli, Carlos Rodolfo Entraigas, María Graciela Izurieta, Eduardo Sergio Korsunsky, Alicia Mabel Partnoy, Guillermo Eduardo Quartucci, Graciela Alicia Romero, Hugo Alberto Ruiz y Jorge Santos.

Sus vínculos con la UNS fueron interrumpidos como consecuencia de la persecución del terrorismo de Estado, entre 1974 y 1983, y por eso la institución ha decidido una instancia reparatoria. Que al menos en sus legajos laborales y fichas estudiantiles quede clara redacción de lo ocurrido: no abandonaron trabajos o estudios por decisión libre, ni por sanciones u otros artificios enunciativos, sino como consecuencia directa de un aparato criminal.

Eso dirán desde ahora sus registros como integrantes de la UNS. Así lo fija una política institucional decidida en 2022, que se implementó por primera vez al año siguiente y que sumará esta semana los nuevos nombres: el cuarto acto de entrega de fichas estudiantiles y legajos laborales reparados se concretará este jueves 16, a las 17:30, en Colón 80, y se emitirá en directo por este canal.

Los documentos serán recibidos por sobrevivientes o familiares, que luego participarán del descubrimiento de las inscripciones en el Memorial emplazado en el mismo edificio. A los once nombres mencionados se sumará uno: el del estudiante chileno Víctor Eduardo Oliva Troncoso, exiliado de la dictadura de Augusto Pinochet. Su ingreso a la UNS fue interrumpido con su asesinato a manos de la Triple A, en julio de 1975.

El trabajo previo

La reparación documental fue certificada este martes por el rector Daniel Vega; la secretaria general del Consejo Superior, Pamela Tolosa; el presidente de la Asamblea Universitaria, Pablo Di Gerónimo; y el subsecretario de Derechos Humanos, Claudio Gallegos. Mauricio Lezzieri, director general de Personal, rubricó los legajos laborales. Graciela Ovejero, su par de Gestión Académica, hizo lo propio con las fichas estudiantiles.

El proceso reparatorio incluye una minuciosa reconstrucción de las biografías de las víctimas, sus trayectorias, y los hechos que padecieron durante el terrorismo de Estado. La tarea es realizada, bajo la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos, por un comité técnico conformado a ese fin por el Consejo Superior y vertebrado en torno a especialistas de la carrera de Historia que han enfocado sus estudios en el periodo referido.

Como ocurrió en las tres ocasiones anteriores, durante el acto del jueves se compartirán síntesis de las biografías reconstruidas. Posteriormente se publicarán en el Memorial virtual, alojado en la página de la Subsecretaría. Allí estarán disponibles tanto las biografías completas como el resumen de cada una.

Agenda complementaria

Esta semana la UNS vivirá otras dos actividades vinculadas con la temática y relacionadas con personas incluidas en el acto de reparación documental.

En el hall del edificio de Colón 80 quedó inaugurada la muestra “Los juicios”, que testimonia en acrílico el proceso de justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura. La serie se compone de pinturas que Raquel Partnoy, madre de Alicia Partnoy, pintó entre 2011 y 2013. Actualmente, los cuadros integran el Archivo Provincial de la Memoria y son expuestos con curaduría de Sonia Camacho.

Por otra parte, para este miércoles 15 ha sido programado un conversatorio sobre “La construcción de la identidad, entre la dictadura y la democracia”. Organizado por la UNS, la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Provincial del Sudoeste iniciará a las 16, en Alem 1.253.

Con conducción a cargo de Andrea Romero, periodista de Radio UNS, participarán:

Julia Pizá, integrante de H.I.J.O.S., docente del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia e investigadora del CONICET;
Victoria Aure, miembro de la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, abogada y docente del Departamento de Ciencias de la Salud; y
Adriana Metz, parte de la comisión directiva de la filial de Mar del Plata de Abuelas de Plaza de Mayo.
Adriana es hija de Raúl Metz y de Graciela Romero, estudiante de Economía de la UNS cuya ficha reparada será entregada al día siguiente. Graciela, que al igual que su compañero permanece desaparecida, estaba embarazada al momento de su secuestro. Alumbró a su bebé en el centro clandestino de detención “La Escuelita”. La criatura fue apropiada y no conoció su real identidad hasta que en julio pasado se convirtió en el nieto 140 recuperado por las Abuelas.

Fuente: La Nueva.

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Viernes sin clases: el Suteba bahiense realizará una jornada de protesta en Plaza Rivadavia

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La filial local del gremio docente Suteba realizará una jornada de protesta este viernes a las 9.30 en Plaza Rivadavia, por lo que numerosos establecimientos educativos de la ciudad tendrán una vez más su actividad parcial o totalmente suspendida, según la cantidad de adhesiones a la medida de fuerza.

“Con independencia de todos los gobiernos, Universidades y Escuelas Provinciales nos movilizamos en UNIDAD en defensa de la Educación Pública, contra la motosierra nacional y el ajuste educativo en la provincia”, anunció el sindicato en sus redes sociales.

“Por la reapertura inmediata de paritarias y aumento de salarios equiparados a la canasta familiar. Basta de sobrecarga laboral y precarización pedagógica. No al Régimen Académico en Secundaria. En las escuelas y universidades no sobra nadie, ningún cierre de cursos y cobertura de todos los cargos en los distintos niveles y modalidades. Más plata para la educación pública. La deuda es con el pueblo”, completó.

Se trata de la quinta interrupción del Ciclo Lectivo 2026 en la ciudad, ya que el gremio encabezado por Analía Lusarreta realizó medidas de fuerza los días 2, 3, 9 y 10 de marzo, cuando se llevaron adelante asambleas y movilizaciones en reclamo por las políticas educativas nacionales y provinciales, la delicada situación salarial del sector y las dificultades que se registran en las prestaciones del IOMA.

A lo largo de 2025, en tanto, se registraron 17 paros en las escuelas públicas bahienses: a las 13 huelgas lanzadas por el Suteba, se sumaron dos paros de ATE, uno del CEB y otro de CTERA.

Los organizadores indicaron que extenderán constancia gremial a quienes acompañen la protesta.

Fuente: La Nueva.

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