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Imputaron a Alberto Fernández por posibles irregularidades en la contratación de seguros

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El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.
Los imputados son el “ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, indicó el dictamen.
Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínezpara que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.

“A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´”, publicada por el diario Clarín, reseñó.
En el artículo periodístico se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.
De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.
En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.
“Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado”, recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.
Los pedidos del juez

Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.

También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.
La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, se indicó en el dictamen.
El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.
Fuente: Telam.

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Inversión de TGS: “Es una gran noticia para Bahía y para su Puerto”, dijo Mandolesi Burgos

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El Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos, celebró este jueves la histórica inversión que TGS realizará en el país

“Es un gran día para Bahía Blanca y por supuesto también para su Puerto. La decisión de la empresa TGS de realizar esta inversión tan esperada marca un hito fundamental porque es la inversión más importante de los últimos 25 años en Bahía Blanca”, afirmó esta mañana en conferencia de prensa. 

“La decisión ratifica y consolida al Puerto como un núcleo energético fundamental en la cadena de valor del oil & gas. Somos el Puerto de ingreso de los insumos y esta inversión refleja que somos la salida de la producción de Vaca Muerta. No es casual que TGS elija el Puerto de Bahía Blanca para realizar esta inversión multimillonaria”, agregó. 

A su término, volvió a ponderar las virtudes del Puerto y los motivos por los que la empresa decidió realizar la inversión en el mismo. 

“Tiene que ver con la experiencia, la capacidad y la sustentabilidad de este Puerto en el tiempo, como así también con la seguridad jurídica que ha brindado a empresas internacionales por más de 32 años de existencia de este consorcio”. 

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Álvaro Diaz tras la nueva habilitación de UBER en Bahía: “Es simple, ágil, está todo digitalizado y le facilita la vida a los choferes”

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El Presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria, Alvaro Diaz, ponderó esta mañana la nueva habilitación de UBER en Bahía, la cual se realiza de forma digital e implica menos requisitos que la última que se había sancionado. 

“Es simple, ágil, está todo digitalizado y le facilita la vida a los choferes de Uber, que muchas veces tienen ese trabajo como principal fuente de ingreso o es un segundo trabajo para recuperar el poder adquisitivo en muchos casos”, afirmó. 

“Son personas que, como mencioné antes, se ganan su sustento en el transporte de personas a través de intermediaciones digitales y esta reglamentación, de alguna u otra manera, lo que hace es habilitar esa tarea para que se desplacen por la ciudad como personas que están dentro del circuito formal, no como la anterior ordenanza, que era muy dura con los choferes de Uber, ya que permitía hasta el secuestro del auto”, agregó. 

También señaló que estas modificaciones se deben principalmente a que el mercado laboral ha cambiado, ya que “las plataformas digitales hacen de soporte a una realidad social que es muy dura y cambiante, teniendo en cuenta, como bien dije, que es un sector que cada vez crece más, ya que entran y salen choferes permanentemente”. 

A su vez, aclaró que los choferes tendrán un año para adecuarse a los nuevos requisitos. “Uno intenta que puedan convivir dentro de nuestra ciudad personas que trabajan en este contexto. Ese año también le da un marco de tranquilidad y con expectativa de que podamos seguir conviviendo en la ciudad como lo venimos haciendo, siendo que este tema es bastante ríspido en muchas ciudades de Argentina, en muchas provincias y en el mundo, porque la verdad que Uber es una realidad y uno desde el Estado Municipal tiene que contemplar este tipo de actualizaciones y un poco fue ese el objetivo”, afirmó. 

Cabe recordar que el nuevo sistema entrará en vigencia desde el 1 de abril y  permite un registro 100% digital, reutilizar documentación ya disponible y realizar el seguimiento del trámite. Se trata además, de un trámite totalmente gratuito. 

La documentación requerida para poder formalizar la inscripción en el registro será: 

* DNI

* Licencia de conducir profesional

* Cédula del vehículo

* Seguro del vehículo (captura de la póliza de la plataforma utilizada)

* Fotos de frente, laterales y parte trasera del vehículo

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Una amenaza de bomba en el Congreso obligó a realizar un fuerte operativo de seguridad

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Una amenaza de bomba generó este jueves un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso, donde las fuerzas policiales y especialistas en explosivos realizaron un amplio despliegue preventivo para descartar la presencia de artefactos peligrosos.

“Se escuchó una modulación por amenaza de bomba”, indicaron fuentes policiales. Por el operativo trabajaban en el lugar los Bomberos de la Policía Federal.

Las fuentes indicaron que “se realizó una minuciosa inspección que arrojó resultado negativo”.

La amenaza se detectó vía trunking, que consiste en la intercepción del sistema de radiocomunicaciones móviles, lo que generó un  llamado al 911.

La intercepción ingresó por la Policía Bonaerense, que dio aviso a la Ciudad y, finalmente, a la Policía Federal por pertenecer el Congreso a la jurisdicción de esa fuerza. No hubo evacuación porque se trató de un sector exterior del Congreso.

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