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Inflación: se conoce el dato oficial de diciembre y el año habría terminado casi 100 puntos por debajo de 2023

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 14 de diciembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que volvería a ubicarse por debajo del 3%, terminando 2024 en torno al 118%, casi 100 puntos porcentuales por debajo del registro de 2023 y del pronóstico augurado inicialmente para el periodo analizado.

Tras haber perforado el 3% en octubre, al presentar una suba del 2,7% interanual, y profundizar la tendencia en noviembre al exhibir un alza del 2,4%, siendo el menor nivel de los últimos cuatro años, los analistas estiman que el índice inflacionario en diciembre habría reflejado un ritmo similar en el aumento de precios al mes anterior.

El Gobierno y las consultoras privadas, esperan que la medición que difundirá el INDEC este martes sea inferior al 3%, aunque no hay certezas de que alcance para marcar una nueva desaceleración.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, calculó que la inflación del último mes de 2024 alcanzó el 2,7% y redujo la previsión sobre el aumento de precios que se registró durante los doce meses del año pasado al 117,8%, respecto al 120% del mes previo.

Al tomar como referencia dicha medición, se observa una fuerte reducción en la proyección trazada a finales de 2023 para el año pasado, ya que la estimación daba una inflación del 213,0% interanual, 95 puntos porcentuales menos que la prevista en el último reporte.

A modo de anticipo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires en el mes pasado alcanzó el 3,3%, una décima más que en noviembre, cuando había igualado la medición de octubre, generando el freno del proceso de desinflación. Con la leve aceleración, la variación de precios en el territorio porteño terminó 2024 con un acumulado de 136,7%

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual alcanzó el 2,6%, registrando los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad, educación y restaurantes y hoteles. La variación interanual alcanzó durante el calendario finalizado un 118%.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires presentó un incremento mensual de 2,8% en diciembre, algo por encima del 2,6% de noviembre pero un poco menos que lo estimado inicialmente. En tanto que estimaron que “si esta variación mensual se aplicara al IPC nacional del INDEC, el año cerraría con una inflación de 118%, sustancialmente menor que el 211% de 2023”.

EcoGo Consultores, por su parte, pronosticó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,9%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó al 3%, 0,2 p.p. por encima de lo registrado el mes anterior, “impulsado en gran medida por el repunte a principios de mes en el precio de la carne vacuna, que aumentó 9,7% en el mes tras un salto en la primera semana para luego moderarse las tres restantes”.​

La mencionada consultora analizó el comportamiento de los precios durante los últimos 31 días del año haciendo hincapié en que “la estacionalidad propia de las vacaciones de verano y las fiestas traicionaron el consumo y los precios al alza en diciembre”.

En tanto, la Fundación Libertad y Progreso aseguró que la inflación el mes pasado estuvo en 2,5%. De esta manera, 2024 cerró con una inflación de 117,3%, presentando una desaceleración de 94 puntos respecto a los 211,4% acumulados en 2023.

Fuente: Noticias Argentinas.

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El canciller de Israel agradeció a Milei por declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán

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A través de una publicación en X, el canciller de Israel Gideon Sa’ar agradeció al presidente Javier Milei la decisión de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorista” y solicitar la incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

En el mensaje, el funcionario recordó brevemente los atentados ejecutados contra la Embajada de Israel en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994. “Agradezco al presidente de Argentina @JMilei su decisión, en la víspera de la fiesta de la libertad, de declarar a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista”, manifestó.

En paralelo, destacó los avances en esta materia que anteriormente tomó el Gobierno. “Esta decisión se suma a su declaración de Hezbolá y Hamás como organizaciones terroristas y sitúa a Argentina, bajo su liderazgo, a la vanguardia del mundo libre en la lucha contra el régimen terrorista Iraní y sus proxys”.

Además, calificó a Milei como uno de “los líderes más destacados de nuestra generación” que “demuestra una vez más claridad moral y un compromiso inquebrantable con los valores de la libertad y la lucha contra sus enemigos”.

La distinción se hizo sobre la publicación que había compartido en la misma red social la Oficina del Presidente, a la medianoche. En la misma, escribieron: “La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”.

Luego de que los hechos fueran investigados judicialmente, se determinó que “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. A partir de esto, se ordenó la inclusión de la fuerza iraní en el RePET, en conjunto con las alertas rojas de Interpol que pesan sobre el actual titular del CGRI, Ahmad Vahidi, y varios ciudadanos iraníes.

La Guardia Revolucionaria fue creada en 1979 tras la revolución islámica y evolucionó hasta convertirse en una estructura central del sistema político iraní. Funciona como un cuerpo paralelo a las Fuerzas Armadas tradicionales, con autonomía operativa y fuerte influencia en la toma de decisiones estratégicas.

Además de su capacidad militar, la Guardia tiene presencia en sectores económicos clave, lo que le permite financiar sus actividades y sostener su estructura. Su poder excede lo institucional y se proyecta como uno de los pilares del régimen.

Su brazo más relevante en el exterior es la Fuerza Quds, encargada de coordinar operaciones fuera de Irán. A través de esa unidad, el régimen articula vínculos con milicias y organizaciones armadas en Medio Oriente, consolidando una red de influencia regional.

Ese despliegue internacional constituye uno de los fundamentos para su inclusión en listados de terrorismo por parte de distintos países. Estados Unidos la declaró organización terrorista en 2019, en una decisión que sentó precedente al involucrar a una estructura estatal.

En las últimas semanas, la Guardia Revolucionaria se consolidó como el principal instrumento de la respuesta iraní frente a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Desde esa estructura se coordinaron ataques con misiles y drones contra distintos objetivos en la región, reforzando su papel en la escalada bélica.

La escalada también se reflejó en su conducción. Parte de su cúpula fue alcanzada por ataques selectivos, lo que derivó en cambios internos y en una mayor centralidad de la organización dentro del régimen iraní.

En este contexto, vuelve a tomar relevancia la figura de Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria y uno de los funcionarios iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA. Su rol refuerza el vínculo entre esa estructura y la agenda judicial argentina.

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Fentanilo contaminado: ordenaron nuevos allanamientos para calcular embargos millonarios en la causa por 111 muertes

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El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó nuevos allanamientos en los laboratorios vinculados a la producción del fentanilo contaminado de HLB Pharma, en una causa que ya investiga la muerte de 111 pacientes. Los procedimientos se realizaron en las plantas productoras Ramallo SA, ubicada en esa localidad bonaerense, y HLB Pharma Group SA, que operaba en el municipio de San Isidro. Según pudo reconstruir de manera exclusiva Infobae, la medida judicial —llevada adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina— tuvo como objetivo identificar cada una de las máquinas y avanzar en su valuación para “precisar el embargo” que el magistrado impondrá a los 14 imputados que tiene la causa.

La medida será definida luego de las nuevas declaraciones indagatorias que comenzarán a tomarse a partir de abril. En una primera etapa, los sospechosos habían sido interrogados por 20 muertes, pero la magnitud de la tragedia sanitaria llevó a sumar 91 víctimas fatales más, además de 49 sobrevivientes con secuelas y nuevas pruebas incorporadas al expediente.

En todos los casos, Kreplak los consideró “prima facie” responsables de los delitos de “adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas con resultado de muerte, en al menos 20 casos”, una figura penal que contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión.

Las imágenes exclusivas que reproduce este medio fueron grabadas por las cámaras de seguridad ubicadas en el ingreso de las dos plantas de producción. Allí se observa a la comisión judicial en el ingreso y salida de los laboratorios responsables de elaborar el medicamente adulterado con bacterias resistentes a antibióticos.

Según consta en el expediente, el principal señalado es el empresario Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Ramallo. Entre los otros 13 procesados figuran su madre, Nilda Furfaro, integrante del directorio, y su hermano, Diego García, también directivo de los laboratorios.

La nómina incluye además a directores técnicos y responsables del control de calidad, es decir, los encargados de supervisar los medicamentos producidos en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El juez federal ya dispuso un embargo récord de un billón de pesos sobre García Furfaro como garantía ante eventuales responsabilidades civiles y penales.

En su primera resolución, de 401 fojas, Kreplak analizó el rol de cada integrante de la cadena de producción y control del medicamento adulterado, que estaba contaminado con bacterias multirresistentes. Según los peritajes del Cuerpo Médico Forense, estos microorganismos provocaron la muerte de pacientes o aceleraron su fallecimiento tras la administración del potente anestésico.

Los embargos millonarios

El magistrado también dispuso los siguientes embargos:

  • Diego Hernán García: $500.000.000.000
  • Nilda Furfaro: $500.000.000.000
  • Javier Martín Tchukrán: $500.000.000.000
  • Damián Roberto García: $500.000.000.000
  • Carolina Ansaldi: $100.000.000.000
  • José Antonio Maiorano: $100.000.000.000
  • Adriana Iúdica: $100.000.000.000
  • Wilson Daniel Pons: $50.000.000.000
  • María Victoria García: $50.000.000.000
  • Edgardo Gerardo Antonio Sclafani: $50.000.000.000
  • Eduardo Darchuk: $50.000.000.000
  • Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar: $10.000.000.000
  • Rocío del Cielo Garay: $10.000.000.000

Tras las nuevas indagatorias, Kreplak deberá definir si mantiene, aumenta o reduce estas cifras en los próximos procesamientos.

El mayor desastre sanitario reciente

La tragedia ya es señalada como el mayor desastre sanitario de la historia argentina reciente, y se la ubica en el mismo nivel de impacto que episodios como el Tragedia de Once y el incendio del boliche Tragedia de Cromañón.

La causa tramita bajo el expediente FLP 17371/2025 e investiga la presunta muerte de 111 pacientes y la afectación de otros 49 sobrevivientes por la aplicación de ampollas de fentanilo contaminadas.

El caso se originó el 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta sanitaria y prohibió el uso de varios lotes tras detectarse los primeros fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata.

La investigación incluyó estudios del Instituto Malbrán, que detectaron en las ampollas la presencia de Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica.

Hasta el momento, el análisis de las historias clínicas realizado por el Cuerpo Médico Forense determinó que, en al menos 111 casos, existió una infección asociada al fentanilo adulterado. Además, se comprobó que la exposición a estas bacterias incrementó significativamente el riesgo de muerte, especialmente en pacientes con cuadros clínicos complejos.

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El Gobierno evalúa llevar a la Corte la pelea por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

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Al Gobierno se le están acabando las opciones para no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada el año pasado por parte de la oposición. La Cámara Contencioso Administrativo Federal publicó este martes un fallo que ordena al Poder Ejecutivo Nacional a aplicar esa normativa de manera inmediata, remarcando que la medida no representaba un impacto fiscal sustancial y que el Estado debía priorizar el derecho constitucional a la educación pública universitaria.

Con la decisión judicial firmada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, el Gobierno debe decidir cuál será el próximo paso: implementar las partidas presupuestarias y los desembolsos que prevé la Ley o apelar a la última instancia posible antes, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Dar marcha atrás no es una opción”, aseguró a Infobae una fuente gubernamental que tiene una incidencia total en la decisión final. La postura predominante en el Gobierno es, por estas horas, apelar a la última instancia posible, el máximo tribunal, para ganar tiempo mientras intentan avanzar en el Congreso con su proyecto de ley universitario, el cual implica menor inversión presupuestaria que el que rige actualmente.

Los equipos legales de la Presidencia de la Nación, la Procuración del Tesoro y, principalmente, el del Ministerio de Capital Humano, están evaluando la factibilidad de realizar este movimiento. El responsable de la interlocución con las universidades es el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien responde a la ministra Sandra Pettovello. Este tema en particular es uno que tiene interrelación total con la política fiscal que ejecuta el ministro de Economía, Luis Caputo.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, recordó que “el PEN debe cumplir con la ley” y que la omisión podría constituir “un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”. Añadió que aunque el Estado recurra a la Corte Suprema, la propia jurisprudencia del alto tribunal sostiene que las medidas cautelares no son sentencias definitivas y, por lo tanto, escapan a su competencia.

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