El radicalismo podría poner en jaque las posibilidades de La Libertad Avanza de darle media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, más conocida como ley de tierras.

El Comité Nacional del partido, presidido por Leonel Chiarella, emitió un comunicado en el que les pide a sus senadores que no acompañen la ley. El propio presidente del partido se reunió con cada uno de los legisladores para que adopten el posicionamiento partidario.

“Hay buen diálogo de Chiarella con los bloques tanto en Diputados como en el Senado”, explicó una fuente cercana a las conversaciones. “Desde hace unas semanas que se está conversando. Peteco —por Eduardo Vischi, presidente del bloque— participó de la mesa nacional. Hay buen diálogo”, agregaron.

Desde el Comité Nacional les explicaron a sus senadores que no están de acuerdo con el proyecto enviado por el Ejecutivo e instaron a que voten en contra.

“Hay tres sectores. Unos que ya hasta lo dijeron públicamente, otros que están en veremos y un tercero que apoya la provincialización. Estamos tratando de convencer a los últimos dos sectores”. Hasta ahora los que aseguraron que votarán en contra son Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama. Hay siete más que están en duda.

En ese esquema, el impulso del proyecto pierde fuerza. A pesar de que ya van por el decimoquinto borrador desde que ingresó el texto, el bloque que conduce Patricia Bullrich —con 21 senadores— no llegaría a conseguir los 37 que necesita para ir al recinto.

“Nosotros queremos sumar más senadores por la negativa, hasta ahora hay tres pero podría haber alguno más. Con esto ya vemos muy difícil su aprobación”, agregó una alta fuente radical.

Para avanzar, LLA necesita el apoyo del resto de los senadores que forman parte de los bloques provinciales que, aunque en general acompañan al oficialismo, presentarían un nivel de complejidad particular en las provincias de frontera y en aquellas que tienen grandes espejos de agua.

Según varias fuentes del Palacio Legislativo, hasta hoy estaría en duda la posibilidad de sesionar el próximo 6 de agosto porque el oficialismo no logra sumar los votos necesarios para que la norma obtenga media sanción.

El Comité Nacional señaló en un comunicado que “la soberanía se defiende cuidando nuestra tierra” y rechaza la ley porque elimina los límites “razonables” y “compromete la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”.

“Nosotros hicimos un relevamiento de la postura de los EEUU, Australia, Francia y Brasil, que en el primero de los casos es el país referencia de este gobierno y en los otros casos son países de estructura similares a la Argentina. En la mayoría de los casos actualizaron sus normas en los últimos 24 meses. Estados Unidos lo tiene prohibido y el resto le pone límites. El Gobierno acá busca eliminar los límites y la tierra es algo finito, una vez que se vende ya no hay vuelta atrás”.

En medio de las discusiones que encabezó Chiarella, los sectores que se oponen a la norma pusieron sobre la mesa la inconsistencia de la política en cuanto a quiénes se benefician. “Todos son beneficios para los extranjeros, no hay nada para los productores locales que siguen pagando retenciones e impuestos. Pero no solo para los extranjeros sino para aquellos con capital, porque por un lado se les busca dar beneficios para comprar tierras pero a otros se les pide que paguen la salud y la educación. En este esquema, ¿a quién apunta la norma?”, se escuchó en algunas de las conversaciones.

El conflicto interno radica en que no es la primera vez que el Comité Nacional establece una postura y los senadores radicales toman un camino diferente. “Muchos responden a intereses locales y no a los partidarios en algunos casos. A los gobernadores más que al partido. En este caso, tenemos la expectativa de que a los tres que ya dijeron que votaban en contra se sumen algunos más”, reconocieron desde el Comité Nacional.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, habló por primera vez directamente sobre los dichos de Javier Milei en el acto de presentación de la candidatura de Flavio Bolsonaro para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en octubre próximo.

En ese marco, durante un acto que llevó a cabo este jueves en Brasilia donde oficializó su candidatura a presidente por el Partido de los Trabajadores (PTS), el mandatario brasileño afirmó: “Ustedes vieron la payasada que vino a hacer aquí el presidente de Argentina. Yo no dije nada, porque mi relación es una relación de jefe de Estado a Estado, y me gusta el pueblo argentino, así que no voy a estar intercambiando cosas con esa cosa”.

Y continuó: “Aprendí muy temprano a andar con la cabeza en alto. Aprendí muy temprano a valorar el respeto y a respetar a las personas. Aprendí muy temprano que no soy mejor, pero tampoco peor que nadie. Que no soy el menos sabio, pero tampoco el más sabio. Solo quiero ser igual y tener la oportunidad de hacer todo lo que los demás pueden hacer. Quiero decirles que, mientras yo sea presidente, mientras yo esté vivo, nadie de afuera va a meterse en las elecciones brasileñas”.

El origen de la disputa se remonta al último sábado cuando Milei participó como invitado en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) en San Pablo y respaldó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro. Durante su discurso de aproximadamente 25 minutos, el mandatario argentino calificó a Lula de “ladrón” y “presidiario” y llamó “basura calva” al juez De Moraes. Las declaraciones provocaron una reacción inmediata de Itamaraty, que convocó al embajador argentino Daniel Raimondi a dar explicaciones y llamó a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli.

El domingo siguiente, Milei profundizó la confrontación al afirmar en Radio Mitre que Brasil era responsable “del 25 por ciento de la campaña antiargentina” desplegada en redes sociales durante el Mundial de fútbol en Estados Unidos. El canciller Mauro Vieira calificó esos nuevos dichos de “provocación sin precedentes”.

La primera reacción pública de Lula había llegado el martes, cuando ante la consulta de periodistas respondió con ironía: “¿Quién es ese tipo?”. El tono del jueves marcó un cambio: de la ironía distante a una respuesta política directa desde el escenario de su propio partido. En el mismo discurso, el mandatario también se refirió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y definió su estrategia ante ambos mandatarios: “Quiero la paz. Quiero la paz y quiero derrotarlos mediante la narrativa. Quiero librar una guerra narrativa: ¿quién dice la verdad y quién miente?”, afirmó.

Pese a la dureza del discurso político, en el plano diplomático la tensión comenzó a ceder. Lula autorizó en las últimas horas el regreso de Bitelli a Buenos Aires, aunque sin fijar una fecha concreta y calificando la decisión como un movimiento “a corto plazo”, según informaron fuentes oficiales a este medio. La resolución se tomó tras una reunión en Brasilia entre el presidente, Vieira y el propio Bitelli, en la que el mandatario evaluó el impacto de la medida diplomática y las reacciones del gobierno argentino en los días posteriores.

Según reveló el portal UOL, Lula se mostró conforme con las expresiones de apoyo que sectores de la sociedad civil y parlamentarios argentinos dirigieron hacia el gobierno brasileño tras la convocatoria del embajador a consultas. Desde Itamaraty ya dieron el visto bueno para el regreso, aunque el momento exacto no está definido. “La decisión está, pero no se sabe cuándo”, afirmaron fuentes diplomáticas a Infobae.

El primer gesto concreto del lado argentino llegó del canciller Pablo Quirno, quien descartó en declaraciones radiales cualquier posibilidad de ruptura de relaciones. “No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones se rompan”, afirmó en Radio Mitre, y agregó que esperaba que Bitelli “retorne al país lo antes posible para seguir desarrollando la extensa agenda bilateral”. Esas declaraciones fueron interpretadas en Brasilia como una señal deliberada de separación entre la diferencia ideológica de ambos presidentes y la relación entre Estados, y resultaron determinantes para acelerar la decisión diplomática.

La reconstrucción del vínculo bilateral enfrenta, no obstante, obstáculos de fondo. Fuentes diplomáticas brasileñas señalaron a Infobae que “antes de octubre no va a pasar, pero después es indispensable” avanzar en ese sentido. Uno de los factores que complica el proceso es la ausencia de interlocutores con experiencia en la relación bilateral dentro del gobierno argentino, tras los cambios de gabinete de fines de 2025 que dejaron sin funciones a figuras como Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Daniel Scioli, exembajador en Brasil durante la presidencia de Alberto Fernández.

La tensión entre ambos mandatarios, en tanto, tiene raíces que se remontan a 2023, cuando Lula manifestó abiertamente su preferencia por Sergio Massa en la campaña presidencial argentina, un antecedente que Milei nunca dejó de mencionar y que el propio mandatario brasileño nunca desmintió.

La última estrategia judicial de Cristina Kirchner tiene un objetivo de fondo bien marcado: quedar habilitada para poder decidir ser candidata a presidenta el año que viene. Es una opción que parece lejana y complicada. Por momentos, imposible. Pero es una jugada que le devuelve centralidad política y abre un interrogante sobre su futuro electoral y el del peronismo.

La defensa judicial de la ex presidenta, que ahora integran los abogados Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, anunció este miércoles que recurrió al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad, lo que implica el comienzo de una nueva etapa en la estrategia judicial luego de haber agotado las instancias de apelaciones en la Argentina.

Los pronunciamientos del órgano internacional no son vinculantes, pero pueden generar presión sobre el sistema político e institucional de la Argentina, en el caso de la revisión de la sentencia sea favorable a la cautelar presentada por los abogados de la ex jefa de Estado. CFK está condenada a seis años de prisión y está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

En la carta que ayer publicó, la ex presidenta aseguró que “la proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal” y que “la privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”, dejando en claro que la limitación para competir es en la que se encuadran, en su mirada y la de la fuerza política que conduce, las acusaciones de proscripción.

Cristina Kirchner tiene intenciones de ser candidata. Las tuvo en el 2025, cuando aseguró que iba a competir por una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, por la tercera sección electoral, y las mantiene después de estar un año encerrada en el departamento de San José 1111. Si existe la posibilidad real de que pueda competir, es muy probable que lo haga. Pero falta mucho. Hay un camino judicial y político por recorrer.

Con la nueva estrategia, el cristinismo busca poner en “una situación de igualdad” a la ex presidenta dentro del escenario electoral del 2027. Igualdad para competir y para ser una opción. Esa idea que subsiste desde hace tiempo en el sector más duro del kirchnerismo, está entrelazada con el mensaje público que sostiene Máximo Kirchner cada vez que repite: “Nuestra candidata es Cristina”.

En el entorno de CFK aclaran que el principal objetivo que buscan no es lograr una candidatura, sino tirar abajo lo que consideran que es una proscripción y el aval de la ONU sobre la mirada de que el proceso judicial en el que fue investigada y condenada está completamente viciado.

“Se trata de reparar el funcionamiento del sistema democrático. Romper la proscripción. Es mucho más que una candidatura”, aclaró a Infobae un importante dirigente del cristinismo que, al mismo tiempo, reconoció que, al final del camino, ese sector espera que Cristina Kirchner pueda ser candidata a la presidencia.

La flamante estrategia judicial le da a los dirigentes del cristinismo un nuevo argumento para mantener viva la campaña virtual de CFK 2027. Porque solo si queda habilitada por la justicia argentina, en el caso de que la Corte Suprema revea su postura debido al pronunciamiento de la ONU, podrá cambiar su situación judicial y tener la posibilidad de competir el año que viene. Mientras tanto, su candidatura no está atada a la realidad posible.

El cristinismo va a hacer todo lo posible para visibilizar la causa y para mantener la centralidad de CFK en el escenario político. Tal como hasta ahora, pero con la nueva etapa del proceso judicial latente, lo que le dará otro ímpetu al reclamo y a la proyección de su rol electoral.

En una entrevista brindada a La Nación, Teresa García, que es una de las voces más insistentes respecto a la situación judicial y política de la ex mandataria, sostuvo que el Partido Justicialista (PJ) trabaja tres ejes para que CFK pueda ser candidata el año que viene. El eje territorial, haciendo actividades semanales en la puerta de San José 1111; el eje judicial, enfocado en la defensa en el ámbito nacional; y el eje internacional, donde acaba de arrancar una nueva estrategia para buscar su libertad.

Dentro del peronismo hay cautela sobre los pasos que siguió Cristina Kirchner. Nadie quiere entrar en un ida y vuelta de declaraciones frente a las diferencias que pueden surgir. Incluso, desde la gobernación bonaerense avalaron la presentación en la ONU y aseguraron que la condena es “una aberración jurídica”. Es decir, no se generaron grietas inmediatas, aunque hacia el interior de la fuerza una gran cantidad de dirigentes no comparta que la ex presidenta es la mejor opción para enfrentar a Javier Milei el año que viene.

Cristina Kirchner movió su ficha en el tablero político. Hace todo lo que puede desde el encierro para seguir siendo protagonista, para seguir sumando fuerza pese a las limitaciones judiciales que trastocaron el futuro de su esquema político de poder.

“Nosotros estamos dispuestos a venir a ofrecer un proyecto de país. Nuestra insistencia, que a veces pone nerviosos a muchas personas, es la candidatura de Cristina. Entendemos que es la persona más capacitada para hacerlo. La proscripción que sufre individualmente, la sufren masivamente grandes porciones de la sociedad que la quieren votar”, sostuvo Máximo Kirchner ayer en AM 530.

Las palabras del líder de La Cámpora marcan el sentimiento del cristinismo y la mirada estratégica que tienen hacia adelante. Una mirada donde CFK es la solución a los problemas que tiene la Argentina y donde nadie, dentro del peronismo, tiene el caudal electoral que ella aún mantiene. Esa mirada es la que una parte del peronismo pone en jaque y la que estará latente a lo largo del proceso electoral 2027.