Con las sesiones extraordinarias en curso, el Gobierno se prepara para encarar una semana clave en el diseño de la estrategia legislativa que desplegará para intentar aprobar la reforma laboral, como objetivo de mínima, pero también el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (EU), aplicar modificaciones en la Ley de Glaciares y avanzar en la sanción de la Ley Penal Juvenil.

Bajo la directiva de concretar las metas que el presidente Javier Milei pensó para antes del 1° de marzo, la mesa política se dará cita nuevamente este miércoles, en lo que será la cuarta reunión del año. Durante el intercambio intentarán ordenar el calendario y ultimar los últimos contactos que le permitan al equipo negociador acumular las voluntades necesarias para aprobar el primero de los cuatro desafíos: el proyecto de modernización laboral.

Este miércoles, en el despacho ubicado en la planta baja de Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volverá a recibir a Bullrich y Martín Menen, con la asistencia del ministro del Interior Diego Santilli; el secretario de Asuntos Legislativos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y posiblemente el ministro de Economía, Luis Caputo, quien dio el presente en las últimas reuniones para habilitar las respuestas a los pedidos de los mandatarios provinciales.

Hasta entonces, la idea es que el articulado que aplicará cambios en el esquema de trabajo inicie su tratamiento el miércoles 11 de febrero en la Cámara de Senadores, dado que la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, asegura contar con un piso de respaldos favorables, para luego ser discutida en Diputados.

Para eso, este martes, la ex funcionaria convocó a una reunión con senadores radicales luego de que la asesora y abogada Josefina Tajes recopilara sugerencias al proyecto que genera reticencias en el sindicalismo, algunos sectores del empresariado y gobernadores aliados. Además, prepara una reunión del bloque libertario para centralizar la estrategia que quedará saldada luego de la reunión en Casa Rosada.

El rechazo de las provincias a la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades lo tiene al ministro del Interior, Diego Santilli, en el centro de la escena. Santilli intenta resolver los resquemores planteados sin ceder en la reducción tributaria. Luego de una segunda instancia de recorridas por el interior, y con Misiones como próximo destino y la reunión con el pampeano Sergio Ziliotto por concretar, desde su entorno aseguran que el ex legislador del PRO monitorea los apoyos en el Congreso Nacional.

En diciembre, cuando el Ejecutivo tenía como prioridad el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, el funcionario se volcó a escoltar la negociación legislativa que tuvo como principales alfiles a Patricia Bullrich en la Cámara alta y a Martín Menem en la Baja con la colaboración del secretario de Asuntos Legislativos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, y el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem.

Hasta el momento el representante del Ejecutivo estableció contactos con Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

En paralelo a las negociaciones con el Ejecutivo, los gobernadores maduran un intercambio que podría tener lugar este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para centralizar estrategias que hagan frente a la pérdida de recaudación que supone la reducción en Ganancias.

Con la Reforma Laboral liderando el podio de prioridades, la administración libertaria se muestra abierta a conversar cambios en el articulado, en especial si el capítulo tributario complejiza su sanción. Sin embargo, algunas voces del Gabinete respaldan el planteo de Luis Caputo, que presiona para resistir las modificaciones y brega por mantener el diseño de la ley actual.

Pese al desafío que supone Ganancias, en Casa Rosada aseguran contar con los apoyos necesarios para su sanción, aunque no esconden las dudas que genera el punto en cuestión. “Patricia cuenta con un bloque de 44 en el Senado, por lo que consideramos que en varios artículos contamos con mayoría. Lo complicado es Ganancias”, aseguró una importante fuente a este medio.

En la primera semana de extraordinarias, que se espera esté atravesada por reuniones y alguna comisión, en Balcarce 50 se muestran optimistas con la aprobación de las modificaciones que aspiran a aplicar a la Ley de Glaciares tras argumentar que su tratamiento responde a un pedido directo de los gobernadores.

Algo similar descuentan que ocurrirá con el debate por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. “Trabajaron todos los gobiernos en el tema y lo concretamos después de 25 años, no debería haber ningún sector en contra”, sintetizó una fuente con acceso al despacho presidencial a Infobae. El respaldo legislativo al entendimiento, al que se opuso el Parlamento Europeo, esperanza a un sector del oficialismo que asegura que entraría en vigencia desde su sanción.

A una semana de haber resuelto la inclusión de la Ley Penal Juvenil en el temario de febrero, desde la mesa política aclararon a este medio que el principal objetivo de su tratamiento es la instalación del tema por lo que descuentan introducir algunos cambios en el proyecto, principalmente en la edad de imputabilidad pensada en 13 años, pero que podría aumentar a 14. Además, vaticinan la obtención de media sanción en Diputados para trabajar en su aprobación durante el periodo ordinario.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló de la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que se dio en un contexto de disputas internas sobre la nueva fórmula de medición de la inflación. Tras esto, el Gobierno confirmó la postergación del cambio metodológico originalmente previsto para enero y el funcionario aseguró que “se va a cambiar cuando la inflación sea cero”.

“No queremos que el kirchnerismo utilice como excusa el que nosotros estamos falseando los datos de inflación”, aseguró Adorni. Por ello, el oficialismo decidió mantener el actual método de medición del índice de precios. Y agregó: “De hecho, lo hubiésemos modificado antes si hubiese sido así”

Luego de que se conociera la salida de Lavagna, Guentes de la Casa Rosada señalaron a Infobae que las diferencias entre el ex titular del INDEC y el ministro de Economía, Luis Caputo, tenían larga data y combinaban aspectos técnicos, políticos y personales. Entonces, la nueva metodología para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue vista como la oportunidad para un recambio de conducción.

Caputo explicó en Radio Rivadavia que la discrepancia esencial residió en el momento adecuado para la transición: Lavagna prefería implementarla de inmediato, mientras que el Presidente y el ministro defendieron retrasarla hasta que la desinflación estuviera consolidada, buscando evitar “especulaciones mediáticas” sobre la manipulación de las cifras.

Al respecto, en un diálogo con LN+, Adorni analizó: “Evidentemente, quiso aplicarlo ahora y no vio en su cargo la posibilidad de no hacerlo y se fue. Y esto no es nada ni bueno ni malo ni nada para cuestionar o no cuestionar. Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo, y está muy bien que así sea. Es hasta sano que así sea. Sería muy hipócrita que se sostenga en el cargo pensando que está haciendo algo en contra de lo que cree”.

“Nosotros somos respetuosos de los datos y somos muy respetuosos con las estadísticas. La única manera de mostrarle a la gente si el índice de inflación mejora, empeora o sigue igual, o cuál es la tendencia, es tener datos comparables. Vos tenés datos comparables cuando no cambias la metodología. Entonces, no era justo en términos de transparencia hacia la gente cambiar hoy la canasta de medición. Esa canasta se va a cambiar cuando la inflación sea cero”, detalló el jefe de Gabinete.

Respecto a la proyección del Gobierno sobre cuándo la inflación alcanzará esa cifra, Adorni se basó en los dichos de Javier Milei y ratificó: “A partir de mitad de año vamos a empezar a tener un cero adelante”.

La nueva canasta, resultado de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, reemplazará a la que se aplica desde 2004, con el objetivo de captar con mayor precisión los hábitos actuales de consumo. Según un informe de Qualy, el impacto más notorio recaerá en el peso de los servicios públicos, dado que Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles pasarán de una incidencia del 9,4% al 14,5% en el índice, mientras que Transporte subirá de 11% a 14,3%, Comunicaciones de 2,8% a 5,1% y Educación de 2,3% a 3,1%. En contraste, Alimentos y Bebidas disminuirán de 26,9% a 22,7%. Los expertos de Qualy puntualizaron que “la disminución del peso de los alimentos reduce la sensibilidad del IPC frente a variaciones estacionales y climáticas, así como a la volatilidad de los mercados internacionales de materias primas”.

Este ajuste técnico tiene consecuencias políticas, ya que la administración actual y las futuras dispondrán de mayor capacidad para incidir en la inflación mediante los ajustes tarifarios, dado que “cada ajuste en las tarifas de electricidad o gas tendrá una incidencia mayor en el índice general que con la canasta anterior”. Con la postergación de la nueva fórmula y la continuidad de la actual, el Gobierno busca reducir cualquier margen de sospecha sobre la manipulación de los datos, en especial ante las acusaciones de los sectores opositores y el antecedente de las intervenciones durante la gestión de Guillermo Moreno.

“Si hay algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer es lo que hizo el kirchnerismo: falsear datos. No lo vamos a hacer. En diciembre tuvimos 2.8% de inflación. Entonces, si nosotros tuviésemos alguna intención de querer especular con el cambio de metodología, que en algún momento lo vamos a hacer, porque es efectivamente lo que hay que hacer, lo hubiésemos hecho antes”, afirmó Adorni.

Y continuó: “Esto no se va a modificar, porque es instrucción del Presidente. No estamos dispuestos a que la gente tenga la menor duda del trabajo que estamos haciendo en materia inflacionaria”.

“Lo dijo el ministro Caputo. Cuando haya inflación cero y la no inflación sea una realidad definitiva, ahí podremos cambiar la base de la canasta de consumo”, concluyó el jefe de Gabinete.

Por su parte, Caputo anunció este lunes que el que era segundo en el INDEC, Pedro Lines, asumirá como nuevo titular del organismo y aseguró que la decisión de hacer el reemplazo responde a la implementación de la nueva fórmula de inflación, prevista para enero.

En cuanto al nuevo director, el ministro remarcó que “es un funcionario de excelente trayectoria, intachable” y recordó que, “cuando estaba la sospecha de la manipulación de (Guillermo) Moreno, incluso él se fue”.

Aunque todavía no comenzó a tratarse formalmente en el Congreso, la oposición ya está planificando una manera para intentar frenar en la Justicia la reforma laboral en caso de que sea sancionada, pero el Gobierno confía en que no podrá lograrlo y prepara una estrategia por si tiene que defender la medida en los tribunales.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la mesa judicial de Casa Rosada, no sorprendieron los trascendidos de que el peronismo buscará declarar inconstitucional la iniciativa, pero aseguran que no existen argumentos para hacerlo.

Luego de un enero en el que el oficialismo llevó adelante múltiples contactos con sus aliados con el objetivo de garantizar el apoyo al proyecto, en los próximos días se debatirá el texto en el recinto y todo indica que se aprobará.

Ante esta situación, trascendió que el PJ llevará el tema a la Justicia con la idea de impedir su implementación, como sucedió con los cambios en el sistema laboral con los que el presidente Javier Milei quiso avanzar a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

“No nos preocupa. Es lógico que lo vayan a hacer, pero yo no creo que prospere”, explicó a este medio uno de los integrantes de la mesa judicial libertaria, que señala que hay importantes diferencias entre este proyecto y el mencionado DNU.

En este sentido, las autoridades nacionales remarcan que en el primer caso las modificaciones fueron impuestas por el Poder Ejecutivo, mientras que en esta oportunidad se están discutiendo en el ámbito del Congreso y, si se aprueban, ya tendrían fuerza de ley.

“No esperábamos menos de ellos. No tienen una sola idea, las que tenían no sirvieron, y solo les queda intentar bloquear los cambios. Creemos que, incluso con una Justicia que en gran medida responde a ellos, sobre todo en lo laboral, no van a poder frenar judicialmente la reforma, porque no tienen razones jurídicas. Salvo que los jueces fallen exclusivamente por ideología”, sostienen en Balcarce 50.

En enero del 2024, la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la CGT y suspendió la aplicación del capítulo específico incluido en el DNU 70; el Gobierno apeló y la causa llegó hasta la Corte Suprema, que todavía no se expidió al respecto.

Según plantearon fuentes del peronismo, si esta nueva reforma es sancionada, lo que se podría hacer es plantear que su contenido es inconstitucional, ya que la oposición entiende que afecta el “principio de no regresividad” de los derechos adquiridos.

Por un lado, en el Poder Ejecutivo aseguran que esta iniciativa “no afecta los derechos de los trabajadores, sino de los sindicatos”, ya que “hace más dinámica y moderna la relación” entre el empleador y el personal.

Por ejemplo, si bien no se avanzó con la eliminación de las cuotas solidarias, que representan uno de los principales ingresos de los gremios, el proyecto final sí establece que las empresas ya no estarán obligadas a ser agente de retención.

Por otra parte, las autoridades nacionales también destacan que la Justicia “no debería” frenar la implementación de la ley, si es que la aprueba el Congreso, “porque, en todo caso, el juez lo que tendría que hacer es fallar sobre un caso concreto”.

“Lo que deberá hacer el peronismo es enunciar un derecho que se pierda y que sea en contra de los trabajadores. Algo concreto. Y no lo van a tener. En abstracto, no se puede avanzar. Así lo dispuso la Corte desde siempre. Los jueces resuelven (deberían) casos concretos”, manifestó un integrante de la mesa judicial libertaria.

Incluso, si esto sucediera, y se presentara una demanda colectiva —como pasó con otras medidas del Gobierno—, quienes llevan adelante la estrategia oficial indican que se trataría solamente de un conjunto específico de personas, pero que los cambios seguirían vigentes para el resto de la sociedad.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, pretende que se convoque a votación entre el 10 y el 13 de febrero, para que luego la norma pase a la Cámara de Diputados, donde Martín Menem trabajará para la sanción definitiva.

La bancada Justicialista, que encabeza José Mayans, cuenta con 21 integrantes. A ellos se les podrían sumar los dos legisladores del Frente Cívico por Santiago, de Gerardo Zamora, y los cinco de Convicción Federal, que lidera Fernando Aldo Salino.

Entre todos ellos, de todas formas, están lejos de llegar a los 37 escaños que se necesitan para rechazar la reforma, por lo que —si no hay imprevistos— el Gobierno se anotaría el primer triunfo del año.

Este martes, Bullrich volverá a reunirse con los representantes de los bloques cercanos al oficialismo, para terminar de conversar los detalles del proyecto e ir a la votación con el mayor consenso posible.