Tras apelar la medida cautelar que obliga la aplicación la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno Nacional suma al temario de las sesiones extraordinarias una adaptación de la medida que le permita compensar fondos a universidades, según confirmó una fuente inobjetable a Infobae. Se trata de una determinación que será incorporada por decreto y que persigue la intención de dar respuesta al sector que reclama una actualización presupuestaria para el funcionamiento de las altas casas de estudio.

Tras la media sanción de la reforma laboral, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo del Mercosur, el Poder Ejecutivo resolvió incorporar un último proyecto al temario para intentan apaciguar las demandas de las autoridades universitarias con el debate de una norma que se ajuste a las premisas de equilibrio fiscal que pregonta la administración libertaria.

La tarea involucró al secretario de Educación, Carlos Torrendel, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes se reunieron en los últimos días con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y su vice, Franco Bartolacci, para conversar sobre el tema. Como contó este medio, los planes apuntaban a dar curso a la actualización del financiamiento de las universidades públicas, con previsibilidad fiscal y garantías jurídicas que solicita el sector.

“Trabajamos para implementar los cambios en la ley que nos permita hacerla implementable”, contó ante este medio una fuente calificada.

La determinación se da luego de que el Ejecutivo presentara un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de la Procuración del Tesoro, y solicitara que la apelación que obliga a implementar la ley votada en 2024 sea concedida con efecto suspensivo. “El Estado tiene el deber de apelar todo. Hay cosas que vamos a cumplir pero hay otras que requieren análisis de la cámara”, argumentó un funcionario en tema.

Ante la ambición del Ejecutivo, en Balcarce 50 se muestran optimistas con los objetivos trazados para el receso de verano, y pese a que el reglamento establece que la ampliación del temario debe ser votado en el recinto, existen antencedentes de incorporación de proyectos instrumentados por decreto y sin la necesidad de acuerdos parlamentarios formales de aceptación.

Más allá del reclamo de las autoridades universitarias, el conflicto por el financiamiento escaló notablemente entre 2024 y 2025, y registró movilizaciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Luego de la determinación del mandatario de vetar la ley sancionada, hubo una segunda protesta federal en septiembre de 2025.

Luego de que un sector de la mesa política planteara la necesidad de evitar una escalada legal, en el oficialismo intentarán pasar una ley que modifique el esquema financiero actual y que permita alcanzar el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior.

Asimismo, el decreto que será publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas también incluirá la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero, es decir, un día más de lo planeado para cumplir con el período legal correspondiente de los proyectos tratados antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo.

La determinación apuesta a ordenar el ajustado calendario legislativo, además de dar cumplimiento a la norma expresa en el reglamento de la Cámara de Diputados que establece que si faltan 10 días, o menos, para que termine el período de sesiones, sacar un dictamen carece de efecto práctico.

El objetivo del presidente Javier Milei es sancionar la reforma laboral durante el periódo contemplado en febrero para dar inicio al año legislativo con los nuevos desafíos que expondrá durante su habitual discurso en el que establece la hoja de ruta anual.

El oficialismo consiguió este jueves en la Cámara de Diputados la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea con 203 votos positivos, 42 en contra y 4 abstenciones. Ahora el tratado deberá pasar por el Senado para comenzar a ser aplicado.

El acuerdo contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas y casi todos los espacios provinciales. Pero el dato destacable fue que el peronismo votó dividido: 47 integrantes de Unión por la Patria se manifestaron a favor.

A diferencia de los proyectos de ley, el tratado entre el Mercosur y la UE no podía sufrir modificaciones. Debía ser aprobado o rechazado en su totalidad, lo que simplificó la discusión para el oficialismo.

Cuando el Poder Ejecutivo sumó su tratamiento al temario de las sesiones extraordinarias, explicaron que el objetivo es que Argentina sea el primer país de la región en ratificar parlamentariamente el tratado para poder aventajar a sus socios regionales.

Esto se debe a que el tratado se divide en una parte política y una económica. La parte política quedó frenada debido a que el Parlamento Europeo votó a favor de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. Esta decisión fue interpretada como un revés político ya que la aprobación por los países europeos deberá esperar hasta que los jueces lleguen a una conclusión, lo que podría demorar el proceso hasta dos años.

Sin embargo, las facultades para avanzar con algunos procesos de integración económica ya fueron delegadas en el Consejo Europeo y este podrá comenzar a negociar con los países que ratifiquen el acuerdo, por ejemplo, para ser los primeros en cubrir cuotas de exportación de carne.

Tanto Brasil como Uruguay enviaron los acuerdos al Congreso. Brasil ya lo dictaminó y lo llevará al recinto después del Carnaval, el 24 de febrero. Mientras que Uruguay se tomará hasta el 27 de febrero para escuchar a todos los sectores productivos involucrados.

Durante el debate, el bullrichista Damián Arabia aseguró el acuerdo “representa el esfuerzo de una gran mayoría de argentinos”. “Cuando un país decide integrarse al mundo, decide crecer. Y cuando decide crecer amplía los horizontes posibles para sus ciudadanos. El desarrollo no es compatible con el aislamiento. Tratándose de un mercado sofisticado, no solo vamos a vender más, sino que vamos a vender mejor”, dijo.

“Este acuerdo también es previsibilidad, reglas claras, alineamiento con los estándares internacionales. En un mundo donde el capital busca un destino seguro, estamos en el lugar correcto”, agregó la diputada Juliana Santillán.

Dentro del peronismo, hubo voces muy críticas del acuerdo. El ex canciller Santiago Cafiero aseguró que la negociación que llevó más de 25 años se cerró en 2019 porque el gobierno argentina “se bajó los pantalones y entregó todo”. “Es un mal acuerdo para la industria porque abre indiscriminadamente y consigue rebajas en el 99% de los aranceles agropecuarios. Pero la rebaja arancelaria no otorga acceso a los mercados, porque por ejemplo existen barreras para-arancelarias y salvaguardas, que le permiten a Europa no cumplir este acuerdo”, señaló. Y agregó: “Estamos dejando que se nos defina como exportadores de materias primas, eso no va a generar empleo”.

En la misma línea, el diputado Itai Hagman, cercano a Juan Grabois, argumentó que “existen asimetrías entre los países de productividad y de desarrollo tecnológico, pero en este acuerdo no existe cláusulas para compensar estas asimetrías, por lo tanto se van a seguir profundizando”. “No estamos en contra de hacer acuerdo comerciales, pero las negociaciones tienen que defender el interés nacional”, concluyó.

Sin embargo, una parte importante del bloque Unión por la Patria decidió votar a favor del acuerdo. La posición de este sector, donde se destacan Victoria Tolosa Paz, Germán Martínez, Cecilia Moreau y Agustín Rossi, quedó plasmada en un documento que elaboraron y circularon en la previa del debate. Allí señalaron que la posibilidad de acceder a un mercado de veintisiete países, con elevado poder adquisitivo y estándares de calidad exigentes, representa “una oportunidad significativa para ampliar, diversificar y agregar valor a nuestras exportaciones”.

Asimismo, explicaron que el acuerdo constituye una “herramienta estratégica que, gestionada adecuadamente, puede contribuir a ampliar mercados, fortalecer las economías regionales y mejorar la inserción internacional de la República Argentina”.

Sin embargo, reclamaron que el Gobierno adopte inmediatamente “políticas complementarias de desarrollo productivo, fortalecimiento industrial y promoción de exportaciones que permitan maximizar sus beneficios y mitigar sus eventuales impactos adversos”.

“La experiencia internacional demuestra que la apertura comercial sólo resulta sostenible cuando se articula con instrumentos de política industrial, financiamiento estratégico e innovación tecnológica. Argentina dispone de capacidades consolidadas en sectores como energía nuclear, economía del conocimiento, informática y comunicaciones, que deben ser protegidos y potenciados en el marco de una estrategia nacional de desarrollo”, plantearon.

El ex ministro de Defensa y ex jefe de Gabinete, Agustín Rossi dijo que “es un acuerdo que fortalece el Mercosur, lo consolida como actor económico comercial y lo referencia desde el punto de vista internacional”. También destacó que muchos “compañeros diputados del interior han expresado lo que significa para sus economías regionales”. “En mi Santa Fe la faena de la carne genera 12 mil puestos de trabajo”, concluyó.

¿Qué implica el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea?

El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea abarca dimensiones comerciales, políticas y de cooperación, y que origina uno de los espacios económicos integrados más relevantes, con cerca de 700 millones de personas y alrededor del 25% del PIB mundial.

El tratado propone la eliminación progresiva de más del 90% de los aranceles bilaterales, la reducción de barreras no arancelarias y la unificación de regulaciones en áreas como inversiones, propiedad intelectual y estándares sanitarios y técnicos.

Según el Gobierno, el acuerdo permitiría al Mercosur acceder de manera preferencial a uno de los mercados de mayor poder adquisitivo del mundo, lo que beneficiaría sobre todo a su sector agroindustrial y a la exportación de minerales, alimentos procesados y manufacturas agropecuarias. Para la Unión Europea, el acuerdo fortalecería su presencia en América del Sur y diversificaría sus proveedores estratégicos, especialmente en un contexto de competencia global creciente. Además, las empresas europeas podrían lograr un ahorro anual estimado en hasta 4.000 millones de euros por la reducción de derechos aduaneros, mientras que los flujos de inversión extranjera directa desde Europa hacia el Mercosur podrían duplicarse.

Para el caso argentino, Cancillería prevé que las exportaciones argentinas a la UE crezcan un 76% en los primeros cinco años de vigencia y hasta un 122% en un horizonte de diez años. En particular, destacan que habrá fuerte dinamismo de sectores como la energía y la minería, en particular los proyectos vinculados al litio, el cobre y los hidrocarburos.

Sin embargo, desde la oposición advirtieron sobre las asimetrías en la relación. Las manufacturas del Mercosur, como textiles, calzado y metalmecánica, enfrentarán mayor competencia europea. Como contracara, la agricultura europea teme el impacto de la entrada de productos sudamericanos. De ahí las protestas, especialmente en Francia.

Para la Unión Europea, el tratado servirá para reducir la dependencia de Asia y reforzar su influencia en América del Sur. En tanto, el Mercosur podrá diversificar alianzas, reducir la dependencia de China y reposicionarse como actor relevante en el comercio global.

El oficialismo logró la media sanción en la Cámara de Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El proyecto impulsado por Patricia Bullrich cosechó 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. El PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuento Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, y Por Santa Cruz votaron junto con los libertarios.

El peronismo logró mantenerse unido para rechazar la iniciativa al momento de la votación en general. Incluso sumó a los diputados de Elijo Catamarca, que responden al gobernador Raúl Jalil. Pero cuando llegó el momento de la votación de los artículos en particular, los diputados del Frente Renovador tomaron distancia y validaron la baja de la edad de punibilidad. Según dejaron trascender, buscaron “respetar la posición histórica del espacio”, que en 2015 presentó un proyecto de Código Penal que ya fijaba el límite en los 14 años.

El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.

Según detallaron, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, a recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluyendo mecanismos restaurativos cuando corresponda.

Al inicio del debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado señaló que la ley actual, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”, ni brinda respuestas a las víctimas, y afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica.

La miembro informante, que además preside la comisión de Legislación Penal y condujo las negociaciones durante el año pasado, también destacó que el régimen actual deja a muchos jóvenes “en un limbo”, sin debido proceso ni políticas de resocialización, y advirtió que esa situación favorece la captación por organizaciones criminales.

En ese sentido, remarcó que el amplio consenso con sectores de la oposición se logró tras un año de trabajo en un plenario de cuatro comisiones, con más de veinte proyectos analizados y el aporte de más de treinta especialistas.

Desde el peronismo criticaron el proyecto por no abordar la problemática desde un enfoque integral. “La edad la pueden bajar a los cero años. No es un problema de bajar o no bajar la edad”, dijo Juan Grabois. En esa línea, planteó que el eje del debate debería estar puesto en la salud mental y los consumos problemáticos, y reclamó herramientas para la internación de adolescentes en situaciones críticas. “Las madres de los barrios piden un lugar de confinamiento, por lo menos hasta que se desintoxique”, argumentó.

“¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación, los salarios de médicos, no tener centros deportivos, etc.?”, se preguntó el peronista Juan Carlos Molina.

“No va a ser la solución definitiva, pero es una respuesta a los jóvenes que cometen delitos graves para que entiendan que son parte de la sociedad y que tienen que responder por sus actos. Para las víctimas. La gente de su barrio, cuadra y municipio, que un joven que cometió un delito grave no pueda volver. No pueden quedar impunes. ¿Hablan de Estado presente? Esta es una función prioritaria del Estado”, dijo a su turno el libertario Santiago Santurio.

El debate fue seguido con atención desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, como Romina Monzón y Virginia, madre y tía de Jeremías Monzón, el joven asesinado a puñaladas en Santa Fe. También estuvieron presentes Viviam Perrone, Isabel Yaconis de ‘Madres del Dolor’, Adriana Mónica Álvarez de USINA de Justicia (abuela de Uma Aguilera), la familia Sperani de Córdoba (padres de Joaquín Sperani), Laura Fernández de USINA de Justicia (madre de Lara Fernández), Guillermo Bargna (padre de Soledad Bargna) y Marcos Rodríguez (padre de Kim).

En la última versión del proyecto, el Gobierno incorporó un artículo especialmente destinado a los aportes presupuestarios para la implementación del nuevo régimen penal: en total serán $23.739.155.303, que se repartirán $3.131.996.784 para el Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 para la Defensoría General de la Nación. El agregado se hizo luego de que los gobernadores amenazaran con no acompañar la iniciativa si todos los costos recaían en las provincias.

“La baja de la punibilidad a 14 años es una medida necesaria y acorde a los estándares internacionales. Pero no seamos hipócritas: sin inversión en establecimientos adecuados y educación, es solo humo para la tribuna. El Estado tiene que dejar de ajustar en lo social si quiere resultados en seguridad”, protestó Miguel Ángel Pichetto.

Desde las provincias plantean que los mayores costos del nuevo régimen no están representados en los gastos en infraestructura sino en los gastos corrientes que significa tener personal especializado y equimos multidisciplinarios que pueda contener a los menores que delinquen.

Minutos antes de votar, la libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que la redacción de algunos artículos fue ajustada para que “no se preste a confusión” la prohibición total de que los menores sean detenidos en el mismo lugar que presos mayores de edad.

El proyecto recibió 149 votos a favor, por lo que el oficialismo se muestra confiando en que podrá aprobar definitivamente la iniciativa en el Senado antes de que terminen las sesiones extraordinarias.